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La marihuana secuestrada

Muchos de los partidarios de la legalización de la marihuana insisten a menudo en el autocultivo, excluyendo la posibilidad de su producción para el mercado y prohibiendo su venta. No sé qué tan bien fundamentado esté este punto de vista. ¿Qué harán entonces las personas que no tienen ni jardín ni patio, las que viven en departamentos, las que simplemente no tienen tiempo ni ganas o talento para dedicarse al cultivo o las que viven en casas con mascotas? Estas personas, sin embargo, seguirán siendo usuarios. No es razonable ignorar a este grupo y esperar que dependan de las dádivas de los amigos, como parece que le ocurre al senador Rossi. Para un usuario que no puede o no quiere dedicarse al cultivo, la única opción es comprar.

¿De dónde viene esta reivindicación? ¿Qué problema tiene la venta? ¿Por qué no puede haber personas que cultiven para el mercado? Lo que debería ocurrir es la legalización total de la marihuana, permitiendo su producción y venta. Una vez que se legalice, ocurrirá con la marihuana lo mismo que ocurre con cualquier otro producto. Habrá productores que adquirirán tierras para su plantación, que elegirán las mejores semillas para ofrecer un producto de calidad y tratarán de ser competitivos –del mismo modo que ocurre con miles de productos. Su producción y su venta serán reguladas y fiscalizadas, tal como ocurre con las hierbas medicinales, los tomates y los zapatos. ¿Qué hay de malo en esto?
Todo lo que uno puede imaginar como el lado B de la legalización, es que se formen monopolios o se violen las leyes de libre competencia o que se adultere el producto en alguna fase de su producción –por ejemplo, que los productores le agreguen anfetaminas o alguna otra porquería para hacerla más potente. Pero todas estas prácticas abusivas afectan a toda la producción en general, ya se cometen, y serán idealmente combatidas y penalizadas de la misma manera que otros productos. No hay motivo alguno para hacer una excepción con la marihuana.

Hoy la ilegalidad de la marihuana es responsable de un buen montón de males que desaparecerán con su legalización. Convirtiéndose en un negocio legal, las disputas tenderán a ser resueltas en tribunales, y no a balazos en las calles. Debemos suponer que esto también implica que habrá menos abusos policiales relacionados con las drogas, y menos corrupción policial. Nadie ignora que la policía maltrata a los vendedores de drogas (porque estos difícilmente protestarán formalmente) y suele requisar ilegalmente sus productos. Hay muchos policías que quitan la droga a los vendedores en un barrio, para venderla en otro. Menos violencia, menos muertes, menos ajustes de cuentas, menos violencia policial, menos corrupción policial: ¿no es lo que todos queremos?

Legalizando las drogas se vaciarían las cárceles del país. Recuérdese que prácticamente el cincuenta por ciento de las personas encarceladas, lo están por causas relacionadas con las drogas, y de estas un gran porcentaje por lo que la justicia llama “tráfico de drogas”, que habitualmente quiere decir personas que fueron sorprendidas portando entre cinco y veinte gramos. Es inhumano y estúpido que se destruya la vida de estas personas por conductas que en muchos países ni siquiera son delito. También se reduciría enormemente la carga de los tribunales, que podrían dedicarse a asuntos más serios y que pertenezcan realmente al fuero judicial. También se reduciría la carga policial y podrían nuestros policías dedicarse a lo que dicen que les gusta, que es combatir el crimen. Perseguir, detener, robar, torturar y encarcelar a jóvenes de entre quince y treinta por tráfico de drogas está muy alejado de lo que llamamos tareas policiales. Imaginemos un mundo donde la policía persigue a asesinos, violadores, ladrones… ¿No es lo que queremos todos?
Además de todo esto, la legalización de la marihuana implicará un tremendo empujón a la economía, asociado al surgimiento de una nueva actividad y un nuevo grupo social: los que las autoridades clasifican como delincuentes, serán comerciantes establecidos, que respetan las reglas del juego y contribuyen a la recaudación fiscal. En países como Holanda, este grupo, lo mismo que los inmigrantes, son los que más respetan las leyes y menos fraude cometen, porque no quieren tener a la ley encima de ellos. En una nada de tiempo, si se les permite, serán reconocidos como los ciudadanos respetables que son la mayoría de ellos (véase mérici). ¿Acaso piensan algunos que los que llaman narcotraficantes se meten por masoquismo en el oficio de vender drogas? ¿No será que es un oficio para el que no se necesita diploma y en el que se puede ganar bien? ¿No son estos los motivos del oficio de comerciante por naturaleza? ¿O tienen los productores de habas otros motivos? Seguro que hay personas a las que les gusta andar armadas para defenderse de policías y otros maleantes, y dejar la vida en ello, o que les gusta ser perseguidos, detenidos, maltratados, torturados, humillados, encarcelados, insultados en la prensa. Pero imagino que deben ser los menos.

Si se insiste en el autocultivo y se excluye reivindicar la libertad total para producir y vender, el problema del narcotráfico persistirá, simplemente porque la demanda de marihuana no desaparecerá. Y pretender que los que no se dedican a cultivar, pues, que se jodan, no es una posición ni razonable ni defendible.

Otro punto irritante en los partidarios del autocultivo es que se arropan en el lenguaje del poder y justifican su posición arremetiendo contra lo que llaman “tráfico de drogas”. ¿Por qué no decir, simplemente, comercio en drogas? Nadie habla de tráfico de boldo, me decía una amiga, ni de tráfico de manzanilla, ni de alcachofas o tomates. Ese es el lenguaje que utiliza el poder. Y cuando activistas o los medios usan ese lenguaje, sabemos que están haciendo suya la visión del poder. Con algunos vocablos, como narcotráfico, ocurre lo mismo que con la palabra “sujeto”. Los periodistas llaman “sujetos” a los delincuentes. Pero, obviamente, no a todos. Nadie llamó nunca “sujeto” al presidente Piñera, pese a su abultado prontuario por delitos económicos. Son “sujetos” los asaltantes y ladrones de clase baja. De Plaza Italia para arriba, la frecuencia de los sujetos disminuye. ¿Se refirió la prensa a Pinochet, durante su periodo en Londres, como el “sujeto de nacionalidad chilena”. No en la prensa chilena.
Se define el síndrome de Estocolmo como una “reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro, o persona retenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con quien la ha secuestrado. En ocasiones, dichas personas secuestradas pueden acabar ayudando a sus captores a alcanzar sus fines o a evadir a la policía”. En relación con las drogas, el poder comete una suerte de secuestro ideológico. E incluso los partidarios de la legalización de la marihuana se sienten obligados a comulgar con el poder –por miedo o por convencerse bajo presión de la postura de la clase política. Adoptan su lenguaje. Describen como enemigos a los que se dedican a la producción o venta de marihuana. Les llaman narcotraficantes. Sujetos. Delincuentes. Ese es el lenguaje que usa el poder para referirse a los dealers, que muchos consideramos que son los verdaderos héroes de esta película.

No hay razón alguna para temer la legalización total de la marihuana. El país daría una tremenda muestra de madurez y lucidez. Cambiaría la noción de delito y la definiríamos como en casi todo el mundo occidental como el daño o perjuicio que se ocasiona a terceros, y no como se define hoy en día en Chile como lo que decide la autoridad. No puede la clase política tratar a los ciudadanos como si fuesen niños irresponsables sin capacidad de juicio y que deben vivir bajo la tutela permanente de los mayores –como se trataba antiguamente a las mujeres y a los que no tenían propiedades inmuebles, a los niños y a las mascotas. Poder decidir uno mismo usar o no usar marihuana es algo que pertenece al ámbito de las libertades personales. Además de esto, considerando que la marihuana es una hierba medicinal que se usa ampliamente como un poderoso analgésico de uso universal, que no conoce efectos secundarios negativos irreparables, que se emplea ampliamente en el tratamiento de un sinnúmero de enfermedades –como el cáncer, el Parkinson y otras-, persistir en prohibir su uso es derechamente un atentado no ya sólo contra nuestras libertades personales, sino también contra nuestro derecho a la salud y al acceso a la salud, y contra nuestro derecho, garantizado por la Constitución, a preservar nuestra integridad psíquica.
Obviamente se necesitarán campañas permanentes de información fidedigna sobre la marihuana y deberá insistirse en domesticar su uso (consumirla después del trabajo o en los fines de semana, no conducir fumado, no hacer trabajos físicos bajo su influencia), tal como ha ocurrido con substancias como el alcohol, que sabemos que un quince por ciento de los chilenos no logra controlar. El tipo de dependencia que produce la marihuana es muy diferente y sus efectos nocivos no son irreparables, como los del alcohol y la carne. Habrá siempre personas que se engancharán de mala manera, como los alcohólicos, pero no es nada que no podamos tratar o financiar. Muy posiblemente la legalización de la marihuana conduzca a una disminución del consumo de alcohol y a un estado sanitario general mucho mejor, por lo que la población no necesitará ni servicios médicos ni fármacos con la misma frecuencia que hoy. Quizá es aquí donde radica la oposición a su legalización. Los “traficantes de alcohol” quieren mantenernos embrutecidos y enfermos de modo tal que sus parientes, los “traficantes de fármacos”, puedan ofrecernos las medicinas que nos convencerán que necesitamos.
[Imagen viene de Life Is Savage].

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Violencia policial en Estados Unidos

[El sitio criminology.com, que ha compilado datos sobre la violencia policial en Estados Unidos en 2011, publica un espeluznante gráfico sobre abusos y crímenes cometidos por agentes de policía]. Se entiende fácilmente, pese a que lo reproduzco en su idioma original:

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Presidente Piñera se está asilvestrando

Es penoso e irritante que el presidente vuelva a amenazar a los jueces con una acción tan grave como truncar las carreras de los jueces si no adoptan el punto de vista del gobierno en casos de detenidos por desorden público. El presidente no logra entender que el estado que acusa a los detenidos es sólo una parte en el litigio y no puede ser parte y juez a la vez. Ese modo de pensar demuestra que no entiende el propósito de la justicia y, lo peor, que está dispuesto a violentar el estado de derecho para salirse con la suya.
Las declaraciones del presidente refuerzan las amenazas del ministro Ribera y hacen urgente e inevitable una acusación constitucional. Si los parlamentarios deciden no hacerlo, pondrán en grave peligro la independencia del poder judicial, cuyos miembros presumiblemente ya se sienten amenazados y necesitan saber que el Congreso y la ciudadanía rechazan categóricamente los intentos del gobierno de poner los tribunales a su servicio. Lo que quiere el presidente se llama derechamente tiranía.
Es conocido que los gobiernos autoritarios recurren a figuras como estas -detención por desorden público, por resistirse a la detención, por sospechas- para intimidar y oprimir, y es justamente la razón por la que los jueces no deben aceptar sin más los cargos del gobierno. La figura del desorden público -turbar “gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado”- es frecuentemente utilizado de manera abusiva por la fuerza pública y abogados de derechos civiles vienen denunciando esta práctica desde hace muchos años. Abogados, organizaciones sociales y de derechos humanos y la prensa han constatado que la gran mayoría de las detenciones por desorden público son arbitrarias, y la propia policía ha enfatizado lo difícil que les ha sido detener a los verdaderos vándalos en las manifestaciones. La inmensa mayoría de los detenidos no estaban cometiendo ningún desorden ni alterando la tranquilidad pública cuando fueron detenidos, y es la razón por la que los jueces se niegan a dictar prisión preventiva. Además, el ministerio público no demuestra casi nunca la veracidad de las acusaciones. Insistir en una interpretación autoritaria y bruta de la ley amenaza el estado de derecho.

Por otro lado, frente a hechos realmente graves el presidente ha adoptado una actitud de complicidad con los excesos de la fuerza pública. No vi al presidente indignado por la violencia policial. Cuando el carabinero Millacura asesinó a sangre fría al niño Manuel Gutiérrez no le oí llamar a endurecer las leyes contra los carabineros parias ni ha enviado ningún proyecto de ley para castigar con más rigor a ese tipo de criminales, ni siquiera ha sugerido ni prometido impedir que ese carabinero sea juzgado por sus superiores en las farsas que monta la justicia militar. Ni menos se le ha oído insinuar que eliminará la aberrante justicia militar. No le he visto pedir la expulsión del poder judicial de jueces prevaricadores -como Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y otros fanáticos de extrema derecha- que protegen a los criminales pinochetistas torciendo el sentido de las leyes y aplicando artículos que contravienen los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, especialmente los que declaran ilegal el otorgamiento de amnistía o la aplicación de prescripción penal a delitos de lesa humanidad. Ni le he visto lamentar ni tratar de reparar el hecho de que los peores criminales de la historia Chile se encuentren en libertad, con grave peligro para la ciudadanía, o en cárceles especiales que no merecen, ni le he visto prometer que serán enviados a cárceles comunes, como debiese ser. En buen castellano, eso se llama hipocresía.

Comentario sobre una nota en La Nación.

Tags: /presidente Piñera /detenidos por desorden público /estado de derecho /ministro Ribera /acusación constitucional /independencia del poder judicial /Congreso /tiranía /gobiernos autoritarios /desorden público /resistirse a la detención /detención por sospecha /fuerza pública /abogados de derechos civiles /detenciones arbitrarias /tranquilidad pública /prisión preventiva /ministerio público /violencia policial /carabinero Millacura /Manuel Gutiérrez /carabineros parias /justicia militar /poder judicial /jueces prevaricadores /Nibaldo Segura /Rubén Ballesteros /extrema derecha /criminales pinochetistas /tratados de derechos humanos

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No es bueno gobernar a palos

El que miente es ciertamente Chadwick. Pero aparte sus habituales y torpes falsedades, la decisión de Girardi simplemente impidió que las cosas pasaran a peor, si se considera la salvaje violencia que emplean las fuerzas especiales especialmente cuando agreden a mujeres y niños chilenos. Luego de desplegar los lienzos y de la intervención del presidente del Senado, los manifestantes se marcharon y la sesión pudo continuar. Si se hubiese hecho caso al ministro o a Chadwick, los matones asilvestrados de la fuerza pública habrían entrado al edificio, se habrían ensañado golpeando a mujeres y niños y otros ciudadanos indefensos y desarmados, habrían dejado lleno el local de gases lacrimógenos, alguno más asilvestrado que otros le habría disparado a algún niño por la espalda y hoy las cosas estarían mucho peor. No es buena receta gobernar a palos. Con su actitud y arrogancia, el gobierno está empujando al país a una ruptura constitucional que hará imposible que Piñera siga gobernando. Se tendrá que marchar a casa y llamar a elecciones presidenciales mucho antes del término legal de su gobierno.
La situación actual nos reitera la urgencia de recuperar la democracia para Chile e introducir reformas como el muy necesario plebiscito presidencial revocatorio: cuando el apoyo ciudadano al gobierno descienda por debajo del 30%, y si ese 30% se mantiene durante semanas en un clima ingobernabilidad, el presidente debería llamar a plebiscito para decidir su continuidad. De perderlo, debería convocar a elecciones presidenciales en el más corto plazo posible.

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Cruzada contra las libertades públicas

Yo creo que es de burros insistir, como hace el ministro Chadwick, que los manifestantes se vienen manifestando por la reforma de la educación desde hace cinco meses para pedir la educación gratis para los ricos. Además de ser una irritante distorsión de la posición de estudiantes y profesores -y de la opinión del 80% de los chilenos-, es de manifiesta mala fe. Resulta insólito que este ministro acuse a los estudiantes indignados de ser intransigentes. ¿Cómo podría saberlo si ni siquiera sabe interpretar correctamente el punto de vista de los proponentes de la reforma?
El proyecto de ley sobre el orden público es un claro intento de socavar las libertades públicas e intimidar a los ciudadanos, y es innecesaria. La incapacidad policial no puede ser encubierta por una ley autoritaria. El gobierno puede decir todo lo que quiera, pero desde que empezaron las manifestaciones estudiantiles los carabineros han ejercido una salvaje e injustificada violencia contra manifestantes, algunos de ellos niños de 12 o 15 años, y contra vecinos en general, arrojando bombas lacrimógenas en edificios, infiltrando las marchas, golpeando a los estudiantes en los buses, torturando, asesinando a Manuel Gutiérrez, agrediendo a niñas que bailan -y esas imágenes, además de indesmentibles, han dado la vuelta por todo el mundo. No se ha escuchado a ninguna autoridad de gobierno anunciar un proyecto de ley para castigar más severamente los abusos, atropellos, insolencias y violencias a que someten carabineros a los manifestantes.
Expresiones como “no nos va a temblar la mano” son impropias de un ministro, que no soluciona problemas blandiendo un arma. Ese tipo de frases hechas pertenecen al mundo de las películas de vaqueros, y ahí deben quedar.

Comentario sobre una nota en La Nación.

Tags: /ministro Chadwick /reforma de la educación /educación gratis para los ricos /orden público /libertades públicas /intimidación /incapacidad policial /manifestaciones estudiantiles /carabineros /bombas lacrimógenas /infiltración de marchas /violencia policial /Manuel Gutiérrez

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Gobierno prefiere el matonaje

Este es un proyecto completamente innecesario que sólo surge de la necesidad del gobierno de tapar su propia incompetencia y sus propios errores y falencias, desviando la atención de la opinión pública: ciertamente, el delito que ha afectado a más chilenos (La Polar) no llama la atención del presidente, pese a que sería una buena oportunidad de imponer penas más duras para delitos de este nivel de conmoción social. Los delitos económicos graves, como el de La Polar y otras empresas similares, debiesen ser imprescriptibles y llevar la pena adicional de inhabilitación perpetua para cargos públicos y para participar en actividades económicas. Los graves delitos que cometen carabineros: torturas, malos tratos, humillaciones, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, cobros ilegales, asesinato de manifestantes, montajes policiales, infiltración de movimientos sociales, seguirán igual, pese a que son muchísimo más graves que los destrozos que causan los encapuchados. Y los agentes del Estado (incluyendo las agencias de espionaje) que espíen a senadores y otros ciudadanos chilenos debiesen sufrir también penas duras. Esos eran los temas que nos ocupaban hasta la renuncia del general Gordon, y no los hemos olvidado.
El evidente intento de criminalizar las protestas sociales es una decisión infame y contraproducente que no ataca las causas del problema. Castigar a los estudiantes exaltados y a infiltrados ajenos al movimiento social, y dejar sin castigo de prisión efectiva e inhabilitación a los ejecutivos de La Polar, sólo puede explicarse de una manera: esos delincuentes de cuello blanco pertenecen a la misma clase que el presidente y han sido y son colaboradores y socios del presidente, y, como ha informado la prensa, pertenecen también a los círculos de amigos del presidente.
Quiere uno creer que los políticos binominales mostrarán sensatez y se abstendrán de aprobar este proyecto inútil. Esto es, si quieren tener alguna esperanza de ser elegidos democráticamente una vez que recuperemos la democracia, cuando en Chile vuelva a tener sentido el uso del voto como castigo. Si persisten, cuando vuelva la democracia los ciudadanos, y los otros chilenos que no lo son plenamente, ajustarán cuentas con ellos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Quién fue el cerebro del asesinato de Manuel

Carlos X, el principal instigador del asesinato de Manuel sería el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que precisamente el día anterior (miércoles 24 de agosto) presentó o dijo que iba a presentar un proyecto de ley que permitiera a los carabineros disparar contra los encapuchados y revoltosos, argumentando el caso con una serie de patéticas incoherencias. Entre otras cosas, dijo, en una conversación en un lugar público, que sería bueno que los carabineros dispararan a la guata de los manifestantes, diciendo que era menos peligroso. Y lo repitió en al menos dos entrevistas de radio y televisión que oí ese mismo día. Al día siguiente ocurrió todo lo que sabemos. ¿Había escuchado el suboficial Millacura la entrevista del político pinochetista? ¿Fue eso lo que lo llevó a cometer esos crímenes? Igualmente sería muy interesante saber cómo y de quién surgió la idea de sustraer las subametralladoras y salir a disparar en los barrios donde estaban ocurriendo disturbios. O si, en realidad, obedecieron una orden.

Comentario sobre una nota en Radio Bíobio.

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Carabineros y la cultura de la corrupción

Se podría llegar a creer que el general Gordon no intervino para modificar el parte, pese a las declaraciones de uno o más subalternos implicados en el caso, pero no que no se hubiese enterado posteriormente. Tras enterarse, debió haber exigido la reposición del parte original y sancionado a los subalternos implicados por una conducta muy reprochable -la misma que el general rechazó cuando fustigó la mentira con ocasión de su renuncia. Pero lo más probable es que -sobre todo a la luz de otras revelaciones recientes sobre Gordon en cuanto a su intervención para promover a funcionarias de su predilección y en cuanto a otros privilegios de que goza, hoy también conocidos por la opinión pública- en la institución, y en realidad en todas las instituciones chilenas, este tipo de conductas en que autoridades favorecen a familiares son consideradas normales y hasta buenas, según el dogma cultural que obliga a proteger y favorecer a familiares y amigos. Esta suerte de corrupción institucionalizada y enquistada en la cultura es muy difícil de extirpar y es igualmente difícil convencer a otros chilenos de que es una conducta inmoral e indeseable.
¿Por qué puede el presidente nombrar a un primo hermano en un importante cargo público y no puede el jefe de carabineros borrar un parte para proteger a su hijo? ¿Por qué puede el conservador de bienes raíces emplear a toda su familia en la institución y no puede un carabinero favorecer a sus cercanos más leales?
Cuando el general González defendió a Gordon empleó la lengua con innecesaria ligereza -al usar la palabra infamia-, pero es comprensible en su contexto y pierde gravedad cuando el propio general lo reconoce y ofrece sus disculpas. Eso es un buen signo.
Y otro buen signo, y más importante, es que abandonó la justificación de esa falsificación de un documento público cuando argumentó primeramente que los subalternos lo habían hecho para proteger la seguridad de la institución -que no puede ni debe nunca ser defendida mintiendo y delinquiendo, pues con ello se pueden justificar los peores abusos (como cuando se niega colaboración en casos de derechos humanos argumentando que se perjudica la seguridad nacional).
Gordon era un general controvertido cuyo mando se caracterizó por actos ilegales o al filo de la ilegalidad: innecesaria violencia policial, espionaje, torturas, asesinatos cometidos por carabineros y dejados en la impunidad, favoritismo. Amplios sectores de la ciudadanía exigieron durante meses su renuncia. La aceptación de esta por el presidente fue una buena decisión.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Quién le dijo a Millacura que disparara

Ahora se olvida el señor Desbordes que apenas hace unos días él mismo contribuyó al clima de violencia con su proyecto -inútil, redundante, ridículo- para permitir que Carabineros use balines en las manifestaciones. ¿Qué se puede esperar de un subalterno si oye a uno de los más altos dirigentes políticos del país proponer semejante memez? Y el sargento Millacura hizo exactamente lo que Desbordes proponía en un lugar público (soy testigo): “A los encapuchados hay que dispararles a la guata”. (En la explicación que dio posteriormente, dijo que los tiros en el estómago no eran peligrosos y que se resolvía todo llevando a los heridos al hospital para que les extraigan los proyectiles.)
RN hace un papelón pidiendo a estos inútiles que defiendan al ministro Hinzpeter. Podría ser incluso contraproducente.
“El agua y el gas no son suficientes”, dijo Desbordes, “y hay pensar en autorizar el uso de otros elementos de disuasión mayor como por ejemplo balines de goma” en una declaración que el periodista de esta nota omitió mencionar.
Actos delictivos cometidos por carabineros no son hechos aislados. Aun en los casos en que se trata de reacciones individuales irracionales -lo que es posible-, estas ocurren en un contexto en que Carabineros maneja una doctrina que define a la población civil de su propio país como grupo enemigo. Ese carabinero disparó contra un grupo de gente al que definió de antemano como hostil. Que hubiesen sido ellos los que les habían atacado previamente, dejó de tener interés. Ese carabinero disparó o porque tenía órdenes de hacerlo o porque le parece que, en ese lugar, manifestantes y vecinos son todos lo mismo.
Sin embargo, dudo que un carabinero con 18 años en la institución cometa semejante crimen sin haber recibido órdenes. Ahora urge saber quién se las dio.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Ineludible reestructuración de Carabineros

Qué punto de vista tan pequeño. Las conductas abusivas o ilegales de Carabineros no se limitan a este asesinato. En los últimos meses hemos conocido casos de espionaje a parlamentarios, allanamientos ilegales, infiltración de marchas estudiantiles, torturas en buses policiales y otras vejaciones sobre las que ni el gobierno ni la propia institución han tomado medida alguna. Es evidente que el general Gordon es el principal responsable, porque ha defendido públicamente la violencia contra manifestantes y se ha expresado además políticamente, llamando traidores a los que rechazan HidroAysén. Gordon debió marcharse hace meses. Ahora su retiro es urgente. Aunque sonó severo en su declaración, es evidente que nada de eso habría pasado en Carabineros si ese tipo de conductas no hubiesen sido toleradas en el pasado. El gobierno debe demostrar que en el ministerio del Interior manda Hinzpeter, no Gordon.
Las juventudes de derecha podrían haber aprovechado la oportunidad para unirse a los chilenos en su lucha por recuperar la democracia, condenar este asesinato, rechazar su traspaso a la justicia militar y exigir la renuncia de Gordon y la reestructuración de Carabineros.
Los concertacionistas hicieron la vista gorda con otros incidentes de violencia y muerte durante sus gobiernos. Pero las juventudes de derecha vienen haciendo la vista gorda desde hace casi cuarenta años. Pese a los varios asesinatos cometidos por carabineros con ocasión de protestas durante gobiernos de la Concertación, nunca hicieron otra cosa que aplaudir.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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El responsable se llama Gordon

No creo que sirva para algo pedir la renuncia al ministro Hinzpeter. Lo que es evidente es que Carabineros tiene secuestrado al gobierno en cuanto al orden público y que exige carta blanca, pese a innumerables evidencias de abusos y falta de profesionalismo. Este asesinato es sólo el caso más extremo de violencia policial, pero en los últimos meses hemos presenciado otras numerosas instancias -espionaje a parlamentarios y dirigentes sociales, infiltración policial de las marchas estudiantiles, montajes policiales en complicidad con fiscales, allanamientos ilegales (de una concejala comunista), torturas y malos tratos a detenidos, falsificación de documentos, corrupción- que hacen sospechar que Carabineros actúa sin ningún control político. Si estas cosas ocurren en Carabineros, es porque son o toleradas o incluso encargadas o por el gobierno o por la institución misma, y es inadmisible en los dos casos. Acá hay varios responsables, y uno de ellos es el general Gordon.
Hinzpeter no ha podido impedir ni el espionaje ni la violencia innecesaria ni los allanamientos ilegales. Este es un mal generalizado y sólo se puede reparar con una reestructuración total de Carabineros, incluyendo la exclusión de elementos de extrema derecha y la redefinición de su doctrina.
Pero tengo la impresión de que en esta titánica lucha por la democracia y la libertad contra las fuerzas del Mal, el ministro Hinzpeter ha dado muestras de ser un aliado del primer campo. Removerlo de Interior podría abrir la puerta a fanáticos de extrema derecha (como el subsecretario Ubilla) y eso sería mucho peor. El partido del presidente (RN) no es realmente un partido y no cuenta con profesionales idóneos. Pero en la UDI abundan matones y amatonados, y eso es peligroso.
No podemos esperar que un presidente de derecha como Piñera conduzca a Chile hacia la recuperación de su democracia, pero ahora Chile necesita a toda su gente, de izquierda y derecha, para recuperarla definitivamente y poner fin a una farsa enfermiza que pronto llegará a los cuarenta años.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Carabineros conspiran contra Chile

¿Cuál puede ser la intención de publicar esta entrevista con un militar que defiende un punto de vista eminentemente irracional? Porque es irracional ciertamente sostener que los responsables de la muerte de Manuel Gutiérrez son los que convocaron a la manifestación. Esta asignación arbitraria de responsabilidades se puede cultivar hasta el absurdo. ¿En qué sentido podrían ser responsables? ¿Por qué provocaron la furia incomprensible de ese paco? ¿Qué tendría que haber ocurrido para que los convocadores no fuesen los responsables? Pensemos en primer lugar que la muerte de Gutiérrez fue un asesinato a sangre fría, después de los disturbios con carabineros y no durante, como se afirma en esta nota, en la que un efectivo policial premeditó el atentado, lo cometió sin provocación alguna y luego lo negó y trató de ocultar las huellas. Pese a ello, al ex director de Carabineros, general Cordero, justifica el asesinato diciendo que no le parece una actitud desmedida porque en las manifestaciones han habido cerca de cien carabineros lesionados. Según el genio, esas dos cosas están relacionadas.
¿Se puede imaginar una idea tan burda? Si unos manifestantes hieren a pedradas a un carabinero, deben tener estos, dice el cavernícola, la posibilidad de disparar a matar contra cualquier vecino que se encuentre mirando, especialmente si se trata de niños -porque eso fue lo que ocurrió. Que un carabinero defienda este punto de vista es derechamente intolerable y debiese ser motivo de destitución. En Carabineros es frecuente encontrar este tipo de opiniones irracionales. Es una tarea urgente de la clase política que legisle para dificultar que psicópatas como el descrito ingresen a las fuerza armadas y para que la doctrina de ddhh se transforme en pilar de la institución. Es urgente que el gobierno elimine de las instituciones armadas a los elementos pinochetistas que siguen usurpando el propósito de esas instituciones y continúan conspirando contra la sociedad civil. Es fundamental que los medios no se conviertan en tribuna de dementes.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Los pacos se están asilvestrando

No se espera otra cosa de este gobierno que muestre a la ciudadanía que todavía está a cargo del orden público y que no se dejará intimidar por una fuerza pública asilvestrada. Carabineros no puede seguir sosteniendo que esos actos violentos son reacciones individuales y espontáneas. Las repetidas violencias (el atentado contra el sindicato de Carteros, los manifestantes sometidos a torturas en los buses policiales, el asesinato a sangre fría de Manuel Gutiérrez, el allanamiento ilegal de una concejala del Partido Comunista, el espionaje a parlamentarios, la infiltración de las marchas por elementos policiales) dejan en evidencia que hay una estrategia de amedrantamiento y provocación a cargo del servicio de inteligencia de Carabineros y que dar de baja a subalternos es insuficiente. Este gobierno, entre otra de sus tareas históricas, deberá emprender una purga definitiva y total de las fuerzas de orden público y armadas para deshacerse de los elementos pinochetistas que siguen controlando la institución y que son probablemente los autores de esta campaña de hostilidad y amenazas contra la población civil.

Comentario sobre nota en La Nación.

Tags: /Carabineros /violencia policial /sindicato de carteros /asesinatos /Manuel Gutiérrez /torturas /allanamientos ilegales /Partido Comunista /espionaje a parlamentarios /infiltración policial /purga /pinochetistas /población civil

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O Hinzpeter o Gordon, uno está demás

Nunca es bueno sacar conclusiones apresuradas, pero en este caso contamos con la declaración del hermano de la víctima, que estaba a su lado. No sería la primera vez que Carabineros, como institución, recurre al asesinato selectivo con ocasión de manifestaciones y protestas y por eso no se puede atribuir demasiado valor a las declaraciones de la policía. En septiembre de 2005 un carabinero mató de un balazo en el corazón a Cristián Castillo Díaz, de 16 años, desarmado, que ayudaba a montar una barricada en Lo Hermida. El carabinero identificado negó, junto con su institución, que el hubiese disparado. Pero al año siguiente sufrió una crisis moral y confesó la verdad: llevaba a las manifestaciones un arma propia, 38, pero con permiso de sus jefes, los que lo negarían si era sorprendido. Esta trama no fue nunca investigada. Carabineros se encuentra dirigido por un general acusado abuso de autoridad y corrupción en varias ocasiones y que defiende abiertamente, sin que el gobierno tome medidas, opiniones de extrema derecha. No sorprende el asesinato. Sorprende que hayan demorado tanto en cometer uno -si fueron los pacos. Uno de los dos debe marcharse: o Hinzpeter o Gordon.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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