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El precio del fascista

Hace unos días leí una curiosa defensa del papel, y de los actos de violencia generalizada cometidos por la policía secreta y fuerzas armadas argentinas, del mismo modo que acá sus compañeros pinochetistas defienden delitos similarmente espantosos. Se trata del represor José Javier de la Torre, del Segundo Cuerpo del Ejército, procesado en noviembre de 2011, con el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe del ejército en Rosario, Ramón Díaz Bessone. El juez le concedió prisión domiciliaria y está acusado de “homicidio agravado [de veintisiete personas], privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, supresión de estado civil de un menor, sustracción de un menor y asociación ilícita”. La menor es la nieta 103 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

El juez Marcelo Bailaque le permitió quedarse en régimen de prisión domiciliaria, pero a no haber cumplido la edad legal para ello (el acusado cumplirá 70 años este 31 de mayo). Ahora el régimen domiciliario es suspendido por haberlo violado.
De la Torre quedó a vivir en su casa, la quinta La Chacra, en el camino rural Los Cardales, en Capilla del Señor, que además cuenta con cabañas de alquiler. En octubre del año pasado cuatro matrimonios amigos alquilaron cabañas en la quinta “sin saber que allí vivía un acusado por delitos de lesa humanidad”. En el patio, uno de los turistas sorprendió a de la Torre manoseando y “tocándole los pechos a la nena” [de nueve años] y mostrándole sus genitales. El padre de la niña, Luis Alberto Acosta, increpó al abusador.
Así se defendió y justificó el ex militar:

“Estás equivocado, flaco, no me podés sacar de acá, yo maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen”.

La polémica decisión del juez, de permitir la prisión domiciliaria del pervertido, ha sido enérgica y ampliamente rechazada: no cumple todavía setenta años;  no hay centros médicos en las cercanías que podrían eventualmente atenderlo en caso de urgencia -que era una razón para la prisión domiciliaria-; y, además, las razones esgrimidas para este régimen penitenciario eran truchas: los informes de los psiquiatras dicen que “sus recuerdos aparecen simulados o distorsionados en forma burda frente a preguntas que lo comprometen”; “su discurso está impregnado de connotaciones que apuntan a colocarse en postura de víctima” y que “manifiesta no saber por qué está detenido en su casa, y luego alega motivaciones políticas y se irrita y se pone agresivo cuando intenta explicar las circunstancias judiciales en las que se encuentra inmerso”. La causa por abuso sexual la lleva el Juzgado de Garantías N1 de Campana, a cargo de Graciela Cione.

A mí, en realidad, la defensa que hace el militar de sus actos delictivos (abuso sexual de una niña y homicidios durante la dictadura) me parece tan incomprensible que llega incluso a plantearme problemas epistemológicos. En esencia, este es el alegato del ex militar:

No me pueden hacer nada. Maté a mucha gente por ustedes, para que ustedes puedan vivir en libertad.

¿Qué querrá decir? He oído muchas veces defender algunos actos del dictador y otros militares (como el tráfico de cocaína, la absolución de Sebastián Piñera por el desfalco de un banco y otros innumerables delitos de este tipo, relacionados algunos con sus familiares, violaciones, robo de propiedades de detenidos desaparecidos, asesinatos por encargo en financieras militares ilegales), diciendo que Chile no le había pagado o no le pagaba lo que merecía por haber salvado al país del comunismo. Por tanto, se justificaba que el dictador Pinochet, y otros, recurrieran a estos delitos simplemente para resarcirse. En este razonamiento, nada es delito ni tiene relación alguna con lo moral. Si yo mato a los dirigentes sindicales para que puedas trabajar tranquilo y ganar lo que quieres –parece decir el pinochetista al empresario que pasa unos días en un balneario-, tendrás que hacer la vista gorda, no solamente con lo que ocurra en las comisarías, cárceles y cuarteles durante el periodo duro, sino también que defender y bancarte nuestras propias inclinaciones personales –que puede incluir violación de niñas de menos de diez años, asesinatos en serie y otros delitos generalmente espeluznantes. El empresario y el fascista saben una cosa: esos crímenes que se van a cometer, no serán cometidos por cualquiera, porque para cometerlos se necesitan violentas y aberrantes patologías mentales. También existe la amenaza de que si estos criminales  no son protegidos de este modo, pueden volverse contra sus patrones y, entre otras cosas, terminen confesando todo.

El concepto libertad del fascismo no se parece en nada a ningún otro y se acerca mucho más a una noción embrutecida del concepto de poder. Tener la libertad de, poder hacer libremente una cosa u otra es la capacidad o poder real de poder hacerlo más allá de las normas morales de la sociedad. “Maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen”, dice el fascista. ¿Pero qué libertad tienen? A raíz de este compromiso, el militar tiene la libertad de ultrajar y violar a las hijitas de unos empresarios que también son, al mismo tiempo, sus seguidores y admiradores. “Es gracias a mí que tienen la libertad de ser ricos”. ¿Qué otra libertad tendrán? ¿También la de entregar a sus hijas para que sus salvadores las violen? Porque vivir en libertad, para el fascista, quiere decir hacer lo que quieres por encima de la voluntad de los otros, e implica estar más allá del bien y del mal, más allá del delito. El concepto de libertad del fascista incluye realidades monstruosas, como por ejemplo la idea de que la violación de una niña (incluyendo hijas) pueda servir como forma de pago por crímenes sociales espantosos (como la matanza de sindicalistas) cometidos por encargo o por fanáticos amatonados víctimas de sus propias enfermizas fantasmagorías ideológicas.

La libertad a la que se refiere el ex militar es cualquier libertad. No es la idea de libertad como derecho que nos es más habitual. En un régimen democrático, decimos muchos, tenemos el derecho a denunciar y llevar a tribunales a individuos que ultrajen a nuestros hijos y cobrarnos justicia allí, de acuerdo a la ley. Y ciertamente no es la libertad, o el derecho, de violar a las hijitas de tu vecino.

A nivel personal, ¿qué otra cosa revela de sí misma una persona que, según expertos psiquiatras que lo examinaron, miente sobre el pasado y distorsiona sus recuerdos cuando le causan problemas, se presenta como víctima y dice no saber por qué está siendo procesado, pese a que se lo acusa de delitos gravísimos, como homicidios, secuestros, robo de bebés y abuso sexual? Si lo descubriésemos, descubriríamos también por qué el juez Bailaque le concede prisión domiciliaria sin tener derecho a ella, por qué de la Torre tiene todavía amigos y por qué todavía nos parece normal que un criminal semejante defienda públicamente sus actos. Este es el retrato de un demente, de uno de esos que debería estar eternamente a disposición del gobierno.

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Reconciliación y perversión fascista

Leí hace poco el desgarrador testimonio de una mujer que fue detenida y encarcelada sin motivo alguno para que sirviera de esclava sexual de un grupo de fascistas argentinos. Griselda Pratto tenía dieciséis años cuando fue detenida en febrero de 1977, durante la dictadura argentina. No era una militante política ni guerrillera ni nada. Simplemente estaba en casa de su hermana Luisa, acompañándola. Estuvo 49 días secuestrada. Treinta y seis años después, en el juicio que lleva el Tribunal Oral de Santa Fe, identificó a todos sus secuestradores y violadores, entre ellos entonces jefe de inteligencia de una base aérea y el jefe de inteligencia de la policía santafesina.

Fue violada, encapuchada en una celda, la misma noche de su detención, por el cabo Estofaretti, robándole su virginidad. La torturaron salvajemente, con una picana eléctrica, en la vagina, en los pechos, en las axilas. Luego los policías la violaron en grupo: “Las violaciones fueron por todos lados. Jugaban con mi cuerpo. Tenía que tomar el semen de cada uno de ellos. Después, me llevaron al baño, donde había materia fecal en el inodoro, me metieron la cabeza dentro del inodoro y me hicieron comer la materia fecal. No podía evitarlo. No tenía más fuerzas. Quería evitar hacer eso, pero no podía. Luego me encapucharon y me llevaron a la Base Aérea”.
En los días que siguieron volvieron a repetirse las violaciones, vejámenes y torturas, entre éstas simulacros de fusilamiento. “Mi desayuno eran la picana y los golpes. La cena, las violaciones. La última vez me bañaron con semen. Yo escribía en las paredes. Le pedía a Dios que se apiade de mí. Le decía: soy tu hija. Le pedía que tenga misericordia de mí”.

Estos espantosos actos de violencia eran pan de todos los días durante la dictadura y no casos extremos o aislados. Pensando en la sistematicidad de estas arbitrarias violencias, se pregunta uno, entre otras cosas, qué sentido puede tener el repetido llamado a la reconciliación. ¿Puede un humano reconciliarse con los autores de estos actos? Recuérdese que no están maltratando ni vejando a un enemigo político, ni un combatiente armado, sino a una niña de dieciséis, y que no tienen motivos atendibles para detenerla, mucho menos para someterla a esos martirios. Pero para el fascista estas conductas, en su mente, están totalmente justificadas. La chica era hermana de una izquierdista. Tenía dieciséis años y ellos necesitaban descargarse. Aceptar o someterse a sus impulsos sexuales es algo que ven como un derecho de los vencedores. Esas acciones no se justifican primariamente en la acusación de que la chica era comunista, sino fundamentalmente en que ellos tienen el poder de hacerlo y que no hay nadie que pueda impedirlo.
El mismo tipo de violencia ejercieron los paramilitares fascistas en Colombia y los militares pinochetistas en Chile. Pareciera que para ellos la política y la ideología son meras excusas. Van a estar siempre de lado que los que les den el poder de hacer lo que quieran, a cambio de imponer el orden y resguardar los intereses de sus patrones. Seguridad a cambio de que puedan dar rienda suelta a sus patologías y abusos, a veces en nombre del Occidente cristiano y la civilización, como decían algunos esperpentos.
En la foto aparecen algunos de ellos, viejos, incluso con aspecto inofensivo. Pero son tan peligrosos como un nazi y debieran vestir permanentemente un traje de palo.

¿Qué tienen en mente los que llaman a la reconciliación, incluso como algo más urgente que la justicia? ¿Podemos reconciliarnos con estas bestias? Es más fácil reconciliarse con Drácula que con estos monstruos. Es derechamente imposible. La reconciliación simplemente no es deseable.

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Qué hay en la casa de un pobre

El diario Página 12 publica en su edición del 14 de noviembre el espeluznante caso de un predicador y su mujer que secuestraron a una de sus seguidoras, a la que robaron, torturaron y violaron durante tres meses. El predicador tiene antecedentes por estafa; la mujer es una conocida periodista de la televisión local en la localidad de Coronel Suárez. La secuestrada, que logró escapar en un momento de descuido, relata que la alimentaban dos veces a la semana con “polenta y alimento para perros”. La secta se llamaba Centro Cristiano Amar es Combatir. La pareja de secuestradores poseía cuatro perros en el patio de la propiedad en Pueblo San José.

En una de las notas que publica el diario sobre el caso, se comenta uno de los programas de la secuestradora –la periodista y presentadora Estefanía Heit-en la que esta entrevista a una mujer pobre. “Contanos, ¿por qué sos pobre?”, le pregunta. “¿Cómo es vivir la pobreza?” “Y ¿qué hay en la casa de un pobre?” Esta última pregunta la respondió de este modo la entrevistada: “Lo que sí te puedo asegurar es que nunca falta un vidrio roto tapado con algún cartón, una frutera con mandarinas y varios perros, no sé por qué pero siempre hay varios perros en la casa de un pobre, más que nada es eso.”
Es también la impresión que tenemos muchos: que las familias pobres tienen muchos perros y/o que las familias pobres son más piadosas que las ricas –también acogen a otros humanos, que son llamados allegados. Pero justamente ayer publicaba Care2 un decidor artículo (Are Pets Only for the Rich?) sobre la relación entre ingresos y mascotas, y la conclusión es que sí hay una relación entre afluencia y cantidad de mascotas. “Los cinco países donde la gente gasta más dinero en alimento para perros por perro son relativamente afluentes: Suiza, Australia, Suecia y Austria. “Los ingresos más altos permiten que la gente tenga mascotas”, dice el autor.
La conclusión parece apresurada. Yo tiendo a creer que las familias pobres, tanto en países pobres como ricos, tienden a tener (o recoger o adoptar) más perros y gatos que las familias ricas y los pobres parecen ser más solidarios que los ricos. Si se trata de mitos, estos son ampliamente compartidos. En las poblaciones se ven más perros que en los barrios ricos, ¿o será solo que en estos últimos simplemente no se los deja salir a la calle ni, gracias a las murallas, se les ve desde la calle o quizás se trata de perros mascotas, que viven dentro de la casa y  no en el patio?

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Ellos

Hace unos días la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ha vuelto a destacarse con su habitual estilo y manera de interpretar algunos temas. Después de que el periodista de Radio Biobío le preguntara insistentemente su opinión sobre las declaraciones de su padre, respondió a regañadientes, con su habitual descaro, que le daba “lata” (en chileno quiere decir que le aburre) referirse al tema de las violaciones a los derechos humanos porque este “se manosea”. Y explicó luego en la entrevista: “hay un tremendo doble estándar:cuando los muertos son de ellos hay problemas feroces de derechos humanos, cuando los carniceros son de ellos entonces se los traen a Chile”.

El detonante de estas indecentes declaraciones fueron las explicaciones de su padre, el general Fernando Matthei, ex miembro de la junta militar que asoló Chile entre 1973 y 1990,    que dijo que se avergonzaba de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar de Augusto Pinochet. El general expresa sólo pesar, pues no se arrepiente del golpe de estado que inició la dictadura. El militar todavía afirma que “estábamos casi en guerra”. Tan en guerra estábamos, en realidad, que los militares, para justificar su intervención, inventaron que los comunistas tenían un plan para imponer una dictadura: el llamado Plan Z, del que se supo, y se confirmó posteriormente, que era enteramente falso y había sido escrito por un historiador de extrema derecha justamente para justificar el golpe. La derecha ha ignorado siempre este detalle, y sigue pretendiendo que nunca existió.
El general obviamente no es una persona coherente. Lamenta las violaciones, dice, pero sigue insistiendo en que estábamos en una situación de guerra, que es precisamente el argumento que esgrime la extrema derecha para justificar las lamentables violaciones a los derechos humanos, especialmente las torturas y ejecuciones extrajudiciales –que hoy todos sabemos que no tuvieron ninguna justificación. El general es inconsistente e insincero. Las conclusiones a la que han llegado las comisiones de la verdad que se han formado, y los fallos del poder judicial, no han tenido hasta hoy ninguna influencia en su interesadísima interpretación del pasado de Chile. Y son esas conclusiones las que más cerca están de la verdad que parecen evadir a los políticos de derechas.

Lo que es muy irritante y una demostración de un insoportable fanatismo y ausencia de sensibilidad humana en la ministra es que sugiere que todos los ciudadanos que protestan o han protestado y denunciado los crímenes de la dictadura y otras violaciones cometidas por militares y la fuerza pública contra civiles en el país, pertenecemos al campo enemigo que la política describe como “ellos”. “Ellos” causan “problemas feroces”, dice la ministra. Esos “ellos” son todos los activistas de derechos humanos y todos los familiares de las víctimas, y las víctima mismas (que sobrevivieron la tiranía), y todos los católicos que se aglutinaron en torno a la Vicaría de la Solidaridad, y todos los humanistas. ¿Qué supone la ministra que deberían hacer, digamos, los familiares de las víctimas? ¿Quedarse callados, no causar “problemas feroces”?
Fundamenta su malestar, y sus reproches, diciendo que los que hoy lloran a sus muertos (a las víctimas de la dictadura), justifican a los carniceros y los traen incluso a Chile, refiriéndose al último dictador de la hoy inexistente República Democrática Alemana). Esta manera de interpretar y de expresarse delata una personalidad rígida, profundamente arrogante, intensamente burda y odiosa. ¿Cómo puede decir una salvajada así? ¿Qué le hace presumir que los familiares de las víctimas de la dictadura pueden estar felices con la llegada a Chile de la familia Honecker? ¿Qué la hace forzar la historia para describirnos a todos como comunistas? La respuesta es: la misma razón que lleva a su padre a seguir mintiendo e insistiendo en que estábamos en guerra, lo que quiere decir que todos esos crímenes cometidos por la dictadura se justificaban. Padre e hija parecen cortados por la misma torcida tijera: también la ministra quiere hacernos creer que todas las violaciones a los derechos humanos son inaceptables. Pero si eso es así, ¿por qué entonces insultar la memoria de las víctimas de la dictadura de su padre, y a sus familiares?
En la peculiar manera de pensar la historia de la ministra ahora parece que la culpa del golpe la tuvieron las dictaduras comunistas de Europa del Este. En su historiografía, las violaciones a los derechos humanos cometidas por esas dictaduras de cierto modo justifican las que cometió la dictadura militar chilena.
Hay otra torpeza en la entrevista: le parece adecuado a la ministra describir a Honecker como “carnicero”. Pero nunca he visto a la política llamar “carnicero” a Pinochet. Del doble estándar que quiere hacernos creer que denuncia, ella es el mejor ejemplo.

Los chilenos no podremos superar nunca las heridas de dejó la dictadura si la derecha no hace un esfuerzo adicional para convertirse en una derecha decente y superar su fase psicótica. Porque es derechamente psicótico justificar la dictadura en un plan comunista de usurpación del poder que nunca existió o en las dictaduras de Europa del Este. Este es un punto de vista tan bruto que el diccionario no incluye palabras decentes para describirlo.
La derecha, que sigue creyendo que ganó una guerra que fue en realidad la masacre cobarde de un pueblo desarmado, persiste en defender lo indefendible porque se sabe poderosa y prefiere adorar a los dioses de la impunidad y la codicia. Hoy en Chile no existen partidos que quieran instalar en el país una dictadura comunista ni socialista. Pero si la izquierda hizo un análisis introspectivo y renunció (felizmente) a muchas de sus creencias, la derecha todavía no se siente interpelada y persiste en defender las aberraciones de la dictadura con un discurso doble y falso: que defienden los derechos humanos, al mismo tiempo que entorpecen la justicia, encubren a criminales, hacen todo lo posible para evitar que estos sean castigados y mienten descaradamente sobre el pasado de Chile.
Con estos políticos no se puede hacer nada. Y tendremos que seguir esperando a que nazcan derechistas decentes, que hagan suya genuinamente la defensa de los derechos humanos (como la tendencia liberal, que la ministra seguramente ignora o niega, que defendía al gobierno socialista) y que no vea a los ciudadanos chilenos como “ellos”.

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Quién mató al carabinero en Ercilla

Una bala calibre 38 mató al sargento segundo Hugo Albornoz en Ercilla. No se sabe todavía quién es autor de su muerte. La prensa informó originalmente que se trataba de una bala calibre 9, que es el calibre habitual que es posible encontrar ilegalmente en manos de civiles. Las armas calibre 38 son usadas preferentemente por fuerzas policiales. 

Sobre su muerte habrá todavía mucho que decir. Es un hecho lamentable, cualquiera sea su responsable.
Pero desde ya se pueden constatar irregularidades y falsedades en el parte policial. Según las declaraciones del sacerdote jesuita que se encontraba en la comunidad a la hora del allanamiento y que fue testigo ocular directo de los acontecimientos, al lugar llegaron cerca de cincuenta carabineros fuertemente armados para realizar un allanamiento. El incomprensible exceso de fuerza es evidente en la composición de la caravana policial, que incluía una tanqueta, un zorrillo, un bus blindado y varias camionetas. Es evidente que este contingente paramilitar para realizar un allanamiento es desproporcionado. Detener a una vecina mapuche por poseer un pasamontañas y un cartucho de escopeta es igual de arbitrario que absurdo. Nada de eso constituye delito. Su detención es totalmente ilegal.
Las afirmaciones de Carabineros de que fueron emboscados son igualmente falsas. Según las declaraciones del sacerdote, no había manifestantes ni hubo enfrentamientos. En las colinas cercanas se podía observar a sólo dos encapuchados. No es creíble que sean los autores del disparo que terminó con la vida del sargento Albornoz.
Por otro lado, el Observatorio Ciudadano, también sobre la base del testimonio del sacerdote católico, constató que se trató de un allanamiento innecesariamente violento en el que los carabineros de fuerzas especiales irrumpieron en la comunidad “violentando a hombres, mujeres y niños, rompiendo puertas y dejando orificios en las paredes en las viviendas de la comunidad” . Como ya es una deleznable práctica policial, los carabineros aprovecharon la oportunidad para robar “materiales de trabajo, vestuario y dinero en efectivo”. Esta práctica ha sido denunciada en numerosas ocasiones. Es casi una costumbre que en allanamientos policiales en sectores pobres o en casas de familias pobres, los carabineros destruyen y roban todo lo que pueden, incluyendo, delitos como el robo de ganado y abusos sexuales contra las mujeres. Estos actos aberrantes y completamente ilegales, lo mismo que la tortura de detenidos, ocurren a vista y paciencia de las autoridades políticas y policiales.
Es hora de que Carabineros se convierta en una institución que guarde genuinamente las leyes y no las utilice como excusa para cometer abusos como los descritos.
No sabemos todavía quién mató al sargento Albornoz, ni sabemos qué abusos cometió. Pero el contexto en que ocurrió su muerte hay demasiada violencia, demasiados abusos y humillaciones, demasiada destrucción y robos, demasiados asesinatos cometidos por fuerzas especiales como para sorprenderse.
Lo peor, en este contexto, es que la ciudadanía no puede esperar demasiado ni de las autoridades judiciales ni de la clase política. Los carabineros en Chile matan con práctica y absoluta impunidad, reciben penas ridículamente bajas en sus propios tribunales militares y, con las fiscalías, tienen el hábito de falsificar las evidencias, o crearlas enteramente. Cuando en septiembre de 2007 una bala mató al cabo Vera (véase Mérici), se culpó y encarceló a un joven que es evidentemente inocente de esa muerte, con argumentos fantasmagóricos: según el tribunal, y pese a los testimonios de expertos, una bala calibre 9, disparada a más de setenta metros, habría atravesado el escudo y casco del carabinero Vera, causándole la muerte tras atravesar su cráneo y volver a salir para perderse para siempre. En ese caso, lo más probable no fue nunca investigado: que el cabo Vera fue asesinado, quizá accidentalmente, por otro carabinero, pues su muerte fue provocada por una bala de grueso calibre, incluso, según peritos, por un arma de guerra (calibre 38 o 45, o quizá un fusil de 7mm o un rifle M16 o un AK 47). En el asesinato anterior de un manifestante (Cristián Castillo Díaz), en septiembre de 2005, el autor –un carabinero- negó durante un año haber sido el autor del disparo que mató al joven, pero finalmente confesó y declaró que era una práctica habitual, tolerada u ordenada por sus superiores, llevar armas de grueso calibre para reprimir manifestaciones sociales. Las armas debían ser ilegales, para  poder desviar la investigación en caso de que se usaran, y tenían la orden de negar toda participación en ese tipo de crímenes.
Estos antecedentes no nos permiten esperar ni transparencia ni justicia. La doctrina de Carabineros parece reñida con la verdad. Las instigaciones de la institución y las insólitas declaraciones del ministro del Interior nos hacen esperar lo peor.         

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A algunos presos los quemaron vivos

Ayer publicaba Página 12 una entrevista con el historiador argentino Miguel di Fino, que escribe la historia de represión ilegal en la ciudad de Campana durante la dictadura. Uno de sus hallazgos más impresionantes es que algunos secuestrados por las fuerzas de seguridad fueron quemados vivos. “[…] En un barrio de Campana que se llama Las Praderas”, cuenta, “hay un lugar que hemos denominado ‘la hoguera de las praderas’. En la bajada hacia los bañados llegaban los camiones del Ejército cargados de cuerpos y los quemaban en cubiertas. Y muchos de ellos llegaban vivos y los quemaban vivos”. El historiador se basa en declaraciones de un testigo ocular.

Pese a su horripilante violencia, esta masacre de los años ochenta en Argentina no es la primera en la que ciudadanos secuestrados por agentes de seguridad durante dictaduras o campañas represivas de extrema derecha sean quemados vivos. Se sabe que algunas milicias paramilitares colombianas llegaron a construir hornos crematorios para deshacerse de sus víctimas, algunas de las cuales fueron quemadas vivas. Los hornos crematorios fuero utilizados en Norte de Santander. Alias el Iguano confesó “que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas”. “Hay muchos muertos que no se han encontrado”, declaró, “porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos”. El objetivo era hacer desaparecer a las víctimas. La primera víctima que fue quemada viva fue uno de sus propios hombres, “porque se había robado una plata”. El paramilitar prosigue: “El horno lo manejaba un señor que le decían ‘Funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”. El Iguano mismo, según propia confesión, echó vivas al horno a cerca de quince personas; y muertas, a cerca de cincuenta. Alias Danielito, uno de los proponentes del horno crematorio, fue igualmente quemado vivo cuando se disputó con uno de los cabecillas.
En Chile la dictadura usó, en algunos casos, hornos para deshacerse de los cadáveres. En sesiones de tortura, Manuel Contreras, jefe de la policía política de Pinochet y agente de la CIA, solía quemar a los prisioneros con un soplete. Algunas de las víctimas eran luego envenenadas con cianuro y sus ojos extraídos de las cuencas. Un agente de Contreras les sacaba las tapaduras y dientes de oro, que eran posteriormente reducidos en el mercado. Es escalofriante pensar que puede haber personas en Chile que compraron al general esas piezas de oro y que ahora las llevan en sus bocas, como antes las víctimas del matón pinochetista. Aparentemente, en esa época era peligroso lucir dientes dorados: te acusaban de comunista para matarte y quitártelos.

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Incoherencia e inmoralidad del cavernícola

Hoy publica la prensa algunos resultados de la encuesta CERC con una espeluznante medición: el 12 por ciento de los entrevistados dijo justificar los asesinatos y otras violencias cometidas por los militares para impedir el comunismo. Las mismas personas desglosadas por intención de voto arrojan los siguientes resultados: UDI, un 23 por ciento (vale decir, el 23 por ciento de los entrevistados que dijeron que votarían por un candidato de la UDI); Democracia Cristiana, 20 por ciento: Renovación Nacional, 18 por ciento y PPD, 16 por ciento. Llama la atención que haya más partidarios de los crímenes entre los demócrata-cristianos, que han gobernado con la centro-izquierda durante los últimos veinte años, aparentemente más por oportunismo que por principios, que entre los conservadores de RN. Pero lo más sorprendente es que el 6 por ciento de los que votarían por el Partido Socialista, cuyos militantes fueran igualmente perseguidos y asesinados, también justifica la barbarie. Y nada menos que el 4 por ciento de los que votarían por el Partido Comunista, que suma la mayor cantidad de víctimas de la dictadura, también justifica las masacres.

¿Estamos leyendo bien? De por sí, estos resultados son impresionantes, pero la idea de que personas que votan comunista aprueben la eliminación arbitraria de ciudadanos comunistas es derechamente incomprensible.  Equivale a decir incoherencias como: “Estoy muy contento que hayan matado a los comunistas. A mí me gustan los comunistas, así que espero que también me asesinen a mí”. O: “Matar a una persona inocente e indefensa con torturas, es un acto noble y valiente”. O: “Los militares chilenos que violaban a las detenidas son héroes”. O: “Mi mamá es comunista. Ojalá la violen y maten con torturas porque el comunismo es muy malo. Incluso me gustaría que los valientes militares me entregaran sus huesos para hacer una sopa”. ¿Existe alguna ideología que defienda barbaries semejantes? Y si esto es dudoso, ¿cómo se explica esa respuesta? ¿Entendieron los encuestados las preguntas?

Si alguna de estas opiniones incoherentes refleja creencias reales, y no es el resultado de una encuesta mal hecha o con preguntas torcidas, que el 12 por ciento de los chilenos justifique la barbarie militar demuestra que los gobiernos de los últimos veinte años no han hecho bien su trabajo. Tuvieron veinte años para educar e informar a la población de que la dictadura no fue nunca justificada, que los argumentos de los militares para dar el golpe de estado eran falsos, que nunca hubo una conspiración comunista (Plan Z) para instaurar una dictadura, que el golpe fue instigado y pagado por Estados Unidos, que el dictador Pinochet recibió dinero de ese país, que la desaparición forzada (vale decir, el asesinato de los detenidos o secuestrados) fue utilizada para impedir que los detenidos contaran la verdad sobre los militares y hacer creer al resto de los chilenos y del mundo que aquí había una guerra que nunca hubo.

Si alguna vez algún gobierno de la Concertación intentó contar la verdad, esta encuesta demuestra que fracasó. Pero lo más probable, si se toma en cuenta que hay ciudadanos que se llaman cristianos y otros de izquierda también justifican la barbarie militar, es que esos partidos y esos gobiernos no hayan querido nunca contar la verdad. Y quizás el nombramiento de dos jueces pinochetistas (uno de ellos con pasado militar, que participó incluso en los ridículos consejos de guerra) a la Segunda Sala de la Corte Suprema, que han defendido siempre a los acusados pinochetistas en violación incluso de los tratados internacionales firmados por Chile, por el presidente Lagos, quizás, digo, tenga que ver con esta idea aberrante de que es bueno matar comunistas aunque no hayan cometido ningún delito y que es bueno matar a otros y decir que eran comunistas para poder robarles, y que es igualmente bueno introducir ratas en las vaginas de las detenidas y arrancar los ojos a los asesinados y extraer sus dientes de oro para venderlos en el mercado, como hacía el general Contreras, jefe de la policía política del dictador y agente de la CIA. Digo, un 12 por ciento de los chilenos tiene probablemente menos principios morales que una sanguijuela.

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Otro botón de muestra del terror

En la mayoría de los países que sufrieron dictaduras fascistas en los años setenta y ochenta, están concluyendo los juicios por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, siempre nos enteramos de los terribles extremos a los que llegó el odio y el terror envueltos en el ropaje de un estado de excepción o de guerra interior justificada por la lucha anticomunista. Particularmente en Argentina, el catálogo del terror nos sigue asombrando: curas integristas -como los curas pinochetistas chilenos, como el pedófilo obispo Karadima- que participaban en torturas y asesinatos, asesinatos de monjas, violaciones de detenidas y detenidos por perros amaestrados, introducción de ratones en la vagina de las secuestradas, extracción de ojos y dientes de los asesinados, el empalamiento de un niño de 14 años en presencia de sus padres, asesinatos de madres y mujeres de militantes, robo de bebés para venderlos o darlos en adopción y torturas crueles y bizarras en campos de concentración y exterminio controlados por demonios y psicópatas disfrazados de católicos.
Entre las cosas horrendas que es imposible olvidar está la experiencia de algunos prisioneros sobrevivientes que eran mantenidos en húmedas jaulas sin comer ni beber durante días y que eran soltados cada tres días para que se pelearan por las coles podridas que les arrojaban los carceleros (en El cura venido del infierno).
En el reciente libro ‘Grietas en el silencio’, de varias mujeres, prisioneras durante la dictadura, que fueron violadas y sometidas a abusos sexuales, se encuentra la horrible historia de una mujer que tras ser detenida fue sometida a aberrantes formas de abuso sexual. “Cuando me detuvieron”, cuenta en la contribución de Susana Chiarotti, “me pusieron el caño de una pistola en la vagina, me sacaron a mi hijo de seis meses —mientras cursaba el período de lactancia— y me lamían la leche materna. Me decían que ésa era la leche que tendría que estar tomando mi bebé, si no fuese porque lo había abandonado”. Sólo un pervertido sexual puede imaginar un ultraje tan horroroso como lamerle la lecha materna a una prisionera torturada. Sólo un enfermo mental o un psicópata puede justificar estos actos como cosas que ocurren en las guerras. Esto no fue ni guerra ni tiene perdón de Dios.
Estos actos injustificables y de una aberrante perversidad fueron característicos de las dictaduras latinoamericanas. El juez Daniel Rafecas, en la causa por la cárcel secreta de Protobanco, detalló la barbarie de los represores en su intento por eliminar la condición de humanidad de sus víctimas.  Mencionó el juez “condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturados físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas”. Tanto nos odian los demonios, que nada les parece tan placentero como reducirnos - a nosotros, humanos- a la condición o de cosas o de animales.
Que haya algunos -como los jueces de la Segunda Sala de la CS chilena- que esos crímenes prescriben y dicten fallos ridículos que terminan usualmente con esas alimañas caminando libremente por las calles, es un acto que sólo prolonga la barbarie original. Esos fallos, y el olvido, son los últimos capítulos de esos mismos actos de salvajismo.

Comentario sobre una nota en Página 12.

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Chile rinde culto a criminales

Hace unos días el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamaba el retraso en la tramitación de un proyecto de ley que “prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet”. El proyecto de ley se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las policías secretas de la dictadura eran asociaciones ilícitas. Consecuentemente, no es comprensible que Chile rinda tributos a personas que han sido juzgadas y condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, homicidios, torturas, violaciones, saqueo de bienes de las víctimas, internamiento en campos de concentración y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Permitir monumentos públicos a la memoria de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar sería como si Alemania permitiera que se honrara la memoria de Adolf Hilter.
El proyecto de ley de ley especifica que “se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte” y otros miembros de la Junta Militar durante el periodo del gobierno de facto del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
El proyecto fue redactado de alguna manera en el mismo espíritu que la ley argentina, aprobada el año pasado, que prohíbe similarmente el culto a funcionarios de facto condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y se extiende a toda la historia republicana de ese país. La ley argentina prohíbe igualmente que se recuerde a funcionarios de facto en nombres de calles, plazas, escuelas e incluso regimientos.
Por esto, este proyecto chileno debiese ser ampliado para incluir a funcionarios de facto (lo que incluye a los dictadores que ha tenido Chile en su historia) y a funcionarios, entre ellos militares, que hayan cometido delitos graves, como matanzas de manifestantes y felonías similares, que abundan en la historia chilena. Que los nombres de notorios e infames criminales adornen nuestras calles y plazas e incluso sirvan como nombres de escuelas y otros espacios públicos es una afrenta permanente a los que sí merecen nuestro respeto y recuerdo, que son los que fueron víctimas de estas alimañas.
Duele encontrarse en prácticamente todas las ciudades chilenas con calles y plazas con el nombre de personajes como el general Roberto Silva Renard, Rafael Sotomayor, Pedro Montt -responsables de la espantosa carnicería de cientos de mineros conocida como la Matanza de Santa María de Iquique- y, más recientemente, de personas como Edmundo Pérez Zujovic -autor intelectual de la masacre de Pampa Irigoin en 1969, en la que Carabineros dispararon a matar contra un grupo de pobladores desarmados, ultimando a nueve de ellos, entre ellos un bebé. Por ese horrendo crimen, el entonces ministro del Interior no fue juzgado nunca. Ninguna calle, ni plaza, ni escuela, ni regimiento, ni salón, ni universidad, ni nada deben llevar nunca el nombre de ninguno de estos criminales. Su culto hiere y humilla a los descendientes de las víctimas y deshonra y degrada a los que ven a sus victimarios como militares victoriosos.
La aprobación de esta ley, ojalá ampliada para incluir a otros criminales anteriores, y posteriores, a la dictadura de Pinochet, es una tarea urgente.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Congreso no puede hacer la vista gorda

Las declaraciones del ministro Ribera, y las del presidente Piñera posteriormente, constituyen una de las más graves amenazas del gobierno contra el estado de derecho. La exigencia de que los jueces, en casos de detenidos por desórdenes públicos, deben aplicar la mano dura que exige el gobierno, pasando por el alto los procedimientos judiciales, es completa y derechamente intolerable y así se lo ha hecho saber la Corte Suprema al gobierno. El gobierno ha amenazado con frustrar o entorpecer la carrera de los jueces que no acaten sus recomendaciones.
Es precisamente por esta razón que el Congreso no puede hacer la vista gorda ni desentenderse del asunto ni lavarse las manos. Pretender que no ha pasado nada y que el entuerto se puede solucionar con un almuerzo, enviaría a los jueces, y a la ciudadanía la ominosa señal de la clase política finalmente también comparte la visión del gobierno y que en el futuro los jueces serán ascendidos o no dependiendo de si han acatado o no las recomendaciones del gobierno de aplicar mano dura. Si los jueces se sienten amenazados y aceptan estas recomendaciones del gobierno, estaremos ad portas de una tiranía.
Hemos conocido una situación similar durante la dictadura, cuando los jueces aceptaron colaborar con la represión rechazando sistemáticamente los recursos de amparo de prisioneros políticos, lo que le costó la vida a innumerables compatriotas. Los jueces que colaboraron con el régimen dictatorial, dicho sea de paso, todavía no han sido juzgados.
Lo que pretende el gobierno es que los jueces acepten sin más las evidencias que entregue el ministerio sobre los detenidos, pese a que es de conocimiento público que la gran mayoría de los detenidos en manifestaciones no son ni han sido los manifestantes violentos o los vándalos que aprovechan la ocasión para saquear el comercio, sino maestros, jóvenes y niños que no han cometido otro delito que ejercer su derecho a manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la ordenar a fuerzas especiales la represión de los manifestantes, que está alcanzado niveles de una brutalidad impresionante: las torturas a que son sometidos niños en los buses de carabineros, incluyendo la tortura llamado el submarino -simulacro de asfixia-, y las tocaciones y abusos sexuales a que son sometidas las niñas detenidas en esos mismos buses. Sobre esto el gobierno hace la vista gorda.
Por todo esto es urgente que el Congreso inicie una acusación constitucional contra el ministro y exija su destitución. Debe quedar claro para toda la ciudadanía que esta interferencia con el trabajo de los jueces es intolerable y un peligro para el frágil estado de derecho que tenemos. De no hacerlo, el Congreso perdería todavía más su menguada legitimidad. Este Congreso que nadie eligió sólo puede redimirse poniéndose del lado de la ciudadanía y protegiéndola contra los abusos del gobierno.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Libia, un ejemplo de la barbarie occidental

La dictadura de Gadafi parece haberse caracterizado más por la permanente negación de los derechos civiles, antes que por sus violaciones a los derechos humanos. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Libia del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2007, se acusa al régimen libio de “numerosos y graves abusos”, detallando “malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y [abuso del] régimen de aislamiento [de los reos], y detenciones de muchos años [indefinidas] sin cargos ni juicio”. El artículo de wikipedia agrega: “El poder judicial es controlado por el gobierno, y no hay derecho a juicios abiertos justos. Los libios no tienen un método claro y democrático para cambiar de gobierno. Las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y religión son restringidas por el gobierno libio. Están prohibidas las organizaciones independientes de derechos humanos. Las minorías étnicas y tribales sufren discriminación y el estado continúa restringiendo los derechos laborales de los inmigrantes extranjeros”. Esta es una larga lista de acusaciones, pero ninguna de ellas se puede describir como delito de lesa humanidad. Se trata de violaciones de derechos civiles, no humanos.
En el artículo de Mérici el autor no menciona, dejando de lado la matanza en la cárcel de Abu Salim en 1996 (de la que, sin embargo, sólo se puede decir que Gadafi accedió a su investigación recién en 2009, trece años después de ocurrida), que las mayores violaciones a los derechos humanos, en el sentido definido en el derecho internacional (vale decir, como la violación sistemática y masiva de grupos de la población civil), las cometió el régimen por instigación y en colaboración con potencias occidentales -como señala Sohr en esta columna. La responsabilidad por las entregas de prisioneros, torturas, cárceles secretas y posiblemente ejecuciones extrajudiciales la comparte Libia con Estados Unidos. Qué duda cabe que estos delitos no serán investigados nunca.

Una rápida lectura de la situación de derechos civiles en Libia en comparación con Occidente, especialmente Estados Unidos, deja a Gadafi muy bien parado: durante su dictadura de 42 años murieron menos civiles que en los dos años de gobierno del presidente Obama, cuyo país, en la lucha contra el terrorismo, legalizó los secuestros, las torturas, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos, los campos de concentración, la detención indefinida y sin cargos y, recientemente, el asesinato de gobernantes rivales y sus familias. Pero ningún país se prestará para castigar a la OTAN y a EUA de la manera en que estos destruyeron a uno de los países más ricos del mundo.

Los motivos de la agresión y del asesinato de Gadafi no hay que buscarlos en lo que el coronel haya hecho o dejado de hacer. Sus antecedentes en derechos humanos son en muchos casos más favorables que el de muchos países occidentales.

Recomiendo leer
Gadafi, el Tirano Mártir
Amado de Mérici

Entrada sobre Lybia en wikipedia

Comentario sobre una columna de Raúl Sohr en La Nación.

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Gobierno prefiere el matonaje

Este es un proyecto completamente innecesario que sólo surge de la necesidad del gobierno de tapar su propia incompetencia y sus propios errores y falencias, desviando la atención de la opinión pública: ciertamente, el delito que ha afectado a más chilenos (La Polar) no llama la atención del presidente, pese a que sería una buena oportunidad de imponer penas más duras para delitos de este nivel de conmoción social. Los delitos económicos graves, como el de La Polar y otras empresas similares, debiesen ser imprescriptibles y llevar la pena adicional de inhabilitación perpetua para cargos públicos y para participar en actividades económicas. Los graves delitos que cometen carabineros: torturas, malos tratos, humillaciones, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, cobros ilegales, asesinato de manifestantes, montajes policiales, infiltración de movimientos sociales, seguirán igual, pese a que son muchísimo más graves que los destrozos que causan los encapuchados. Y los agentes del Estado (incluyendo las agencias de espionaje) que espíen a senadores y otros ciudadanos chilenos debiesen sufrir también penas duras. Esos eran los temas que nos ocupaban hasta la renuncia del general Gordon, y no los hemos olvidado.
El evidente intento de criminalizar las protestas sociales es una decisión infame y contraproducente que no ataca las causas del problema. Castigar a los estudiantes exaltados y a infiltrados ajenos al movimiento social, y dejar sin castigo de prisión efectiva e inhabilitación a los ejecutivos de La Polar, sólo puede explicarse de una manera: esos delincuentes de cuello blanco pertenecen a la misma clase que el presidente y han sido y son colaboradores y socios del presidente, y, como ha informado la prensa, pertenecen también a los círculos de amigos del presidente.
Quiere uno creer que los políticos binominales mostrarán sensatez y se abstendrán de aprobar este proyecto inútil. Esto es, si quieren tener alguna esperanza de ser elegidos democráticamente una vez que recuperemos la democracia, cuando en Chile vuelva a tener sentido el uso del voto como castigo. Si persisten, cuando vuelva la democracia los ciudadanos, y los otros chilenos que no lo son plenamente, ajustarán cuentas con ellos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Carabineros y la cultura de la corrupción

Se podría llegar a creer que el general Gordon no intervino para modificar el parte, pese a las declaraciones de uno o más subalternos implicados en el caso, pero no que no se hubiese enterado posteriormente. Tras enterarse, debió haber exigido la reposición del parte original y sancionado a los subalternos implicados por una conducta muy reprochable -la misma que el general rechazó cuando fustigó la mentira con ocasión de su renuncia. Pero lo más probable es que -sobre todo a la luz de otras revelaciones recientes sobre Gordon en cuanto a su intervención para promover a funcionarias de su predilección y en cuanto a otros privilegios de que goza, hoy también conocidos por la opinión pública- en la institución, y en realidad en todas las instituciones chilenas, este tipo de conductas en que autoridades favorecen a familiares son consideradas normales y hasta buenas, según el dogma cultural que obliga a proteger y favorecer a familiares y amigos. Esta suerte de corrupción institucionalizada y enquistada en la cultura es muy difícil de extirpar y es igualmente difícil convencer a otros chilenos de que es una conducta inmoral e indeseable.
¿Por qué puede el presidente nombrar a un primo hermano en un importante cargo público y no puede el jefe de carabineros borrar un parte para proteger a su hijo? ¿Por qué puede el conservador de bienes raíces emplear a toda su familia en la institución y no puede un carabinero favorecer a sus cercanos más leales?
Cuando el general González defendió a Gordon empleó la lengua con innecesaria ligereza -al usar la palabra infamia-, pero es comprensible en su contexto y pierde gravedad cuando el propio general lo reconoce y ofrece sus disculpas. Eso es un buen signo.
Y otro buen signo, y más importante, es que abandonó la justificación de esa falsificación de un documento público cuando argumentó primeramente que los subalternos lo habían hecho para proteger la seguridad de la institución -que no puede ni debe nunca ser defendida mintiendo y delinquiendo, pues con ello se pueden justificar los peores abusos (como cuando se niega colaboración en casos de derechos humanos argumentando que se perjudica la seguridad nacional).
Gordon era un general controvertido cuyo mando se caracterizó por actos ilegales o al filo de la ilegalidad: innecesaria violencia policial, espionaje, torturas, asesinatos cometidos por carabineros y dejados en la impunidad, favoritismo. Amplios sectores de la ciudadanía exigieron durante meses su renuncia. La aceptación de esta por el presidente fue una buena decisión.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Aberrante e injustificada violencia policial

No se puede decir que “la policía ha enfrentado en forma prudente y mesurada la violencia desatada en muchos sectores de la capital, incluso con ataques armados” en los meses que vivimos de protestas estudiantiles. Ni tampoco se puede asumir, como pretende el autor del editorial de La Tercera, que los que han atacado a Carabineros incluso con armas de fuego hayan tenido algo que ver con las manifestaciones. Esa es una idea infame que La Tercera no puede probar.
No se puede decir que la policía haya sido prudente porque sólo haya asesinado a dos manifestantes y no a diez, por ejemplo. La manera en que Carabineros cree que se pueden resolver problemas de orden público de este tipo es aberrante y revela un fanatismo político, un clasismo fomentado por las autoridades políticas y una falta atroz de profesionalismo.
Con la represión injustificada y sin provocaciones, que ha sido la norma en los últimos meses, Carabineros pretende ocultar su incapacidad profesional y el gobierno mantiene la situación porque cree que le conviene que los ciudadanos asocien las protestas con vandalismo. Y esto viene ocurriendo desde hace muchos años.
Pero La Tercera olvida una larga lista de conductas policiales violentas inadmisibles: golpizas y torturas a estudiantes en buses policiales, de las que fue testigo presencial, y casi víctima, la directora del Instituto de Derechos Humanos; allanamientos ilegales (de una concejala de Santiago); infiltración policial de protestas para incitar y provocar disturbios y justificar la intervención policial; espionaje de parlamentarios y dirigentes sociales a cargo del servicio secreto de Carabineros. Ninguno de estos actos delictivos tiene nada que ver con el resguardo del orden público.
Muchos de los actos violentos que cometen Carabineros ocurren porque existe un marco en el que la policía considera a los manifestantes como enemigos a los que se ha de machacar, no como ciudadanos con derechos. Cuando un carabinero dispara con balas de guerra en un barrio pobre con construcciones de madera sabe que puede fallar el tiro, pero le da lo mismo, porque manifestantes, delincuentes y pobladores pobres son para él, como para la clase política y el gobierno, una sola y misma cosa. Su vida tiene poco valor. Son ciudadanos de segunda, desechables.
Esto lo que tiene que cambiar. Los efectivos implicados en estos actos de violencia deben ser excluidos todos del cuerpo de Carabineros y llevados a justicia. Los enclaves autoritarios deben ser destruidos: se debe hacer una purga profunda y definitiva de los elementos pinochetistas en las instituciones armadas. Pero más fundamentalmente lo que debe cambiar es la doctrina que orienta a Carabineros y otras instituciones.

Comentario sobre una nota en La Tercera.

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El responsable se llama Gordon

No creo que sirva para algo pedir la renuncia al ministro Hinzpeter. Lo que es evidente es que Carabineros tiene secuestrado al gobierno en cuanto al orden público y que exige carta blanca, pese a innumerables evidencias de abusos y falta de profesionalismo. Este asesinato es sólo el caso más extremo de violencia policial, pero en los últimos meses hemos presenciado otras numerosas instancias -espionaje a parlamentarios y dirigentes sociales, infiltración policial de las marchas estudiantiles, montajes policiales en complicidad con fiscales, allanamientos ilegales (de una concejala comunista), torturas y malos tratos a detenidos, falsificación de documentos, corrupción- que hacen sospechar que Carabineros actúa sin ningún control político. Si estas cosas ocurren en Carabineros, es porque son o toleradas o incluso encargadas o por el gobierno o por la institución misma, y es inadmisible en los dos casos. Acá hay varios responsables, y uno de ellos es el general Gordon.
Hinzpeter no ha podido impedir ni el espionaje ni la violencia innecesaria ni los allanamientos ilegales. Este es un mal generalizado y sólo se puede reparar con una reestructuración total de Carabineros, incluyendo la exclusión de elementos de extrema derecha y la redefinición de su doctrina.
Pero tengo la impresión de que en esta titánica lucha por la democracia y la libertad contra las fuerzas del Mal, el ministro Hinzpeter ha dado muestras de ser un aliado del primer campo. Removerlo de Interior podría abrir la puerta a fanáticos de extrema derecha (como el subsecretario Ubilla) y eso sería mucho peor. El partido del presidente (RN) no es realmente un partido y no cuenta con profesionales idóneos. Pero en la UDI abundan matones y amatonados, y eso es peligroso.
No podemos esperar que un presidente de derecha como Piñera conduzca a Chile hacia la recuperación de su democracia, pero ahora Chile necesita a toda su gente, de izquierda y derecha, para recuperarla definitivamente y poner fin a una farsa enfermiza que pronto llegará a los cuarenta años.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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