May112012
Funar o no funar al rey de España
[Quieren funar al rey Juan Carlos de España, pese a que pidió perdón por su excursión de caza en Botsuana. ¿Es correcto? Cuando pensamos en la campaña para prohibir la caza recreativa o deportiva, ¿cómo pensamos a Juan Carlos: como aliado o como enemigo?]
En relación con el viaje del rey de España a Chile en junio, algunas organizaciones han llamado a recibirlo con una funa por su escandalosa excursión de cacería en Botsuana, donde se fotografió junto a un elefante abatido que se supone que mató él mismo. El mortífero safari del rey causó escándalo y el rey se apresuró, saliendo del hospital donde era atendido, a pedir perdón y a prometer que no lo volvería a hacer. Por esta razón, no creo que recibir al rey con una funa sea la acción más apropiada. En realidad, la funa es un recurso de última instancia en casos en que la ciudadanía o las víctimas de un delito o ambas sienten que no se ha hecho justicia y que los victimarios han quedado impunes. Ese ha sido el caso de numerosos criminales asociados a la dictadura de Pinochet y que han sido o son tratados con mano blanda por jueces prevaricadores y corruptos que colaboraron con la dictadura y continúan usando sus posiciones en el poder judicial para encubrir y proteger a esos criminales, sin que las autoridades políticas tomen decisiones significativas para evitar esos casos de flagrante prevaricación.
No es ni de lejos el caso del rey Juan Carlos. Someterle al escarnio público que implica la funa es un despropósito. ¿Qué se lograría con esta acción que no se haya logrado ya sin ninguna funa de ningún tipo? El rey pidió perdón, que es uno de los objetivos de toda funa, y prometió no volver a hacerlo. ¿Por qué razón pues seguir acosándolo? Al contrario, si el rey se dio cuenta de la aberración que cometió, es muy probable que ahora sea partidario de ese capítulo de la causa animalista –la caza recreativa o la caza deportiva- y tal vez se le pueda incluso enganchar para la campaña que busca su prohibición. ¿Por qué no? El rey podría incluso ser una fuente importante de financiamiento para cualquier proyecto de refugio para acoger a elefantes y otras especies exóticas. O para cualquier campaña que quiera terminar con estas formas aberrantes de cacería.
Probablemente los activistas que planean esta funa han pensado aprovechar la oportunidad para poner en primera plana su propia causa, a costas de la humillación del rey. Pero este plan es derechamente inadmisible. A un hombre que ha pedido perdón y prometido no volver a hacerlo, no se le puede tratar como si nada de ese arrepentimiento hubiese ocurrido y seguir considerándolo culpable y buscando su castigo. Esta idea oportunista es deleznable. En las prácticas judiciales estadounidenses es común observar que los querellantes se tomen la justicia en sus manos y convencidos de la culpabilidad del acusado, incluso antes de un juicio que la determine, lo acusan con todo tipo de delitos no relacionados con la causa de la protección animal. Por ejemplo, a un director de una protectora se le puede acusar de abuso sexual o de robo, con el objetivo que quitarlo de su posición. Pero esta manera de actuar, y de pensar, es una aberración moral, porque el querellante se transforma en fiscal, juez y verdugo a la vez. Es profundamente injusto y constituye una perversión intolerable de los criterios de justicia.
La situación del rey es comparable con la de una persona que ha dejado de comer carne tras reconocer que es un crimen. Si deja de tolerar la esclavitud y martirio animal para consumir su carne, ¿debemos seguir atormentándolo toda la vida por haber sido carnívoro previamente? Pero todos hemos sido carnívoros alguna vez, y cuando dejamos de hacerlo no esperamos que se nos continúe reprochando por lo que hicimos inmersos en una cultura que justifica ese tipo de prácticas. Cuando dejamos de comer carne, marcamos nuestra historia personal con un antes y un después. El rey se encuentra en la misma posición. No volverá a cazar. No volverá a matar elefantes ni otros animales exóticos. No merece ni reproches ni indiferencia. Merece elogio. Ojalá otros presidentes y monarcas del mundo reconocieran que matar animales por deporte, u otros motivos, es un crimen y prometieran no volver a hacerlo. A partir del día en que pidió perdón, el rey debe ser visto como un posible aliado, no como un enemigo.
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October232011
Chile ad portas de la tiranía
Está demás subrayar la gravedad de las palabras del ministro Ribera. No son amenazas veladas; son amenazas explícitas. El ministro ha amenazado con truncar la carrera judicial de los jueces si no aplican la interpretación de la ley que favorece el gobierno cuando se trata de detenidos por desórdenes públicos. Es una amenaza escandalosa que debiese implicar una acusación constitucional y la destitución del ministro.
Aparte de que viola el derecho constitucional que consagra la independencia de los poderes, en lo que atañe el fondo la exigencia de que los jueces fallen según le parece al gobierno implica que, por decreto, los jueces debiesen adoptar el punto de vista de una de las partes en el litigio, lo que es una aberración en la jurisprudencia occidental. Ese punto de vista nos acerca peligrosamente a una tiranía.
El poder judicial no está libre de culpa. Durante la dictadura hizo la vista gorda o colaboró con el régimen. Ninguno de esos jueces colaboracionistas ha sido ni denunciado ni llevado a juicio. Los nombramientos políticos, aberrantes en algunos casos, han implicado fallos escandalosos que protegen a los criminales pinochetistas con penas ridículamente leves, aplicación de la ley de amnistía o de prescripción de la acción penal -pese a que Chile ha firmado todos los convenios internacionales que tienen estas figuras como ilegales. Los crímenes de derechos humanos no prescriben ni pueden ser amnistiados. Sin embargo, ni los gobiernos de la Concertación ni este de la Alianza han emprendido nada contra esos jueces -que son en realidad fanáticos de extrema derecha infiltrados en el poder judicial por el presidente Lagos- por lo que debiéramos suponer que fueron nombrados, y son tolerados justamente para que se encarguen del trabajo sucio de proteger a los militares más cobardes, traidores y crueles en la historia de Chile como parte del pacto entre la dictadura y la clase política a fines de los años ochenta.
Si además de esta situación que describo, ahora los jueces debieran aplicar la ley según le parece a este gobierno de extrema derecha, entraríamos de lleno en una situación que sólo se puede describir como tiranía.
Comentario sobre una nota en La Nación.
Tags: /ministro Ribera /amenazas /carrera judicial /detenidos por desórdenes públicos /acusación constitucional /destitución del ministro /derecho constitucional /independencia de los poderes /jurisprudencia occidental /tiranía /poder judicial /jueces colaboracionistas /nombramientos políticos /pinochetistas /ley de amnistía /prescripción de la acción penal /delitos imprescriptibles /delitos inamnistiables /Concertación /Alianza /extrema derecha /presidente Lagos /clase política
Libia, un ejemplo de la barbarie occidental
La dictadura de Gadafi parece haberse caracterizado más por la permanente negación de los derechos civiles, antes que por sus violaciones a los derechos humanos. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Libia del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2007, se acusa al régimen libio de “numerosos y graves abusos”, detallando “malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y [abuso del] régimen de aislamiento [de los reos], y detenciones de muchos años [indefinidas] sin cargos ni juicio”. El artículo de wikipedia agrega: “El poder judicial es controlado por el gobierno, y no hay derecho a juicios abiertos justos. Los libios no tienen un método claro y democrático para cambiar de gobierno. Las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y religión son restringidas por el gobierno libio. Están prohibidas las organizaciones independientes de derechos humanos. Las minorías étnicas y tribales sufren discriminación y el estado continúa restringiendo los derechos laborales de los inmigrantes extranjeros”. Esta es una larga lista de acusaciones, pero ninguna de ellas se puede describir como delito de lesa humanidad. Se trata de violaciones de derechos civiles, no humanos.
En el artículo de Mérici el autor no menciona, dejando de lado la matanza en la cárcel de Abu Salim en 1996 (de la que, sin embargo, sólo se puede decir que Gadafi accedió a su investigación recién en 2009, trece años después de ocurrida), que las mayores violaciones a los derechos humanos, en el sentido definido en el derecho internacional (vale decir, como la violación sistemática y masiva de grupos de la población civil), las cometió el régimen por instigación y en colaboración con potencias occidentales -como señala Sohr en esta columna. La responsabilidad por las entregas de prisioneros, torturas, cárceles secretas y posiblemente ejecuciones extrajudiciales la comparte Libia con Estados Unidos. Qué duda cabe que estos delitos no serán investigados nunca.
Una rápida lectura de la situación de derechos civiles en Libia en comparación con Occidente, especialmente Estados Unidos, deja a Gadafi muy bien parado: durante su dictadura de 42 años murieron menos civiles que en los dos años de gobierno del presidente Obama, cuyo país, en la lucha contra el terrorismo, legalizó los secuestros, las torturas, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos, los campos de concentración, la detención indefinida y sin cargos y, recientemente, el asesinato de gobernantes rivales y sus familias. Pero ningún país se prestará para castigar a la OTAN y a EUA de la manera en que estos destruyeron a uno de los países más ricos del mundo.
Los motivos de la agresión y del asesinato de Gadafi no hay que buscarlos en lo que el coronel haya hecho o dejado de hacer. Sus antecedentes en derechos humanos son en muchos casos más favorables que el de muchos países occidentales.
Recomiendo leer
Gadafi, el Tirano Mártir
Amado de Mérici
Entrada sobre Lybia en wikipedia
Comentario sobre una columna de Raúl Sohr en La Nación.
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Campaña para politizar al poder judicial
Como si el gobierno no tuviese suficientes problemas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, le abrió un nuevo y duro frente en el poder judicial: en términos que no dejan lugar a dudas amenazó a los jueces con truncar sus carreras en el poder judicial si no acataban las instrucciones de gobierno sobre cómo deben tribunales tratar a los detenidos por desorden público. “Hay que tener claro que […] que los ascensos de los jueces no [son] un tema exclusivo de los jueces, sino que [son] un tema donde también participan otros poderes del Estado”, dijo, refiriéndose al hecho de que en el nombramiento de los jueces el ministerio de Justicia y el propio presidente de la república también deciden (en La Tercera). A la hora de proponerlos, dijo, se considerará el “criterio jurídico” de los candidatos, queriendo decir que si estos se han apartado, en los casos en sus manos, de las instrucciones del gobierno de aplicar mano dura contra los manifestantes detenidos, no serán ascendidos.
Este es un descarado y grave intento de extorsión. Nunca antes declaró un personero de gobierno que los nombramientos de los jueces son en realidad políticos y que el ascenso en sus carreras depende de su acatamiento de las instrucciones de sus patrones. Para todos está claro que nunca ha sido de otro modo. El último descarado caso que recordamos es el nombramiento, en el gobierno de Lagos, de candidatos de extrema derecha, que desde entonces no han hecho otra cosa que utilizar su posición en la Corte Suprema para defender a criminales pinochetistas ignorando los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos sin que el gobierno ni la clase política hayan hecho nunca nada para impedirlo ni para expulsar del poder judicial a sus elementos parias.
La reacción del presidente de la Corte Suprema, que rechaza la extorsión ministerial es correcta, pero insuficiente. El Parlamento debe intervenir y acusar constitucionalmente a Ribera por su intento de colocar al poder judicial bajo el mando directo del Ejecutivo para se que interprete y aplique la ley según los criterios políticos que maneja el equipo de gobierno. Las amenazas y la exigencia de dictar fallos políticos contra los manifestantes que el gobierno considera de izquierda son absolutamente intolerables. Así lo ha entendido la bancada de la Democracia Cristiana, que ha llamado al ministro a dar explicaciones. Pero, en realidad, Ribera debe marcharse.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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August22011
Dictadura nos veía a todos como enemigos
Me parece una gran y esperanzadora iniciativa. Debemos hacer esfuerzos para que conozcamos ese periodo de la historia del país y comprendamos que el régimen militar tenía en la mira a todos los chilenos, que su objetivo fue destruir, junto con la democracia y los valores occidentales que inspiraron nuestras repúblicas, la esencia misma de la identidad nacional, introduciendo el veneno del odio y del terror e infiltrando y usurpando desde nuestras tradiciones religiosas hasta el propósito mismo de las nuestras instituciones, incluyendo el poder judicial que colaborara tan abyectamente con la barbarie militar. Debe llegar el día en que todos miremos con horror ese periodo. Cuanto más urgente es, por eso, sanear nuestras instituciones, especialmente las armadas y judiciales, de los elementos del mal que participaron en ese régimen antinacional o encubren todavía a quienes las utilizan como refugio.
Hay muchas otras fechas posibles para marcar la violencia política y social (asesinato del general Schneider en 1970, matanza de Pampa Irigoin en 1969), para no mencionar las numerosísimas instancias de brutalidad policial de los años sesenta, pero el 11 de septiembre señala el momento en que nuestras propias fuerzas armadas y Carabineros usaron sistemáticamente el terror contra los chilenos, convirtiéndose de facto en fuerzas de ocupación.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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July242011
Un ministro que no puede ser presidente
Yo creo que un ministro de Justicia que tolera que los jueces, amparándose en la independencia de los poderes del estado, dicten fallos aberrantes que contravienen los compromisos internacionales de Chile en el ámbito judicial -como por ejemplo la aplicación de la prescripción penal y amnistía en delitos contra la humanidad- o que, movidos sus inclinaciones políticas, dicten penas ridículamente leves en casos de increíble crueldad y violencia, como los crímenes cometidos por militares pinochetistas, no es un buen ministro ni puede ser un buen presidente pero de ningunísima manera. Un ministro que tolera la violación permanente del estado de derecho -como la aplicación de la ley antiterrorista- y que no lucha por la recuperación de la democracia, también en el ámbito judicial, tampoco es un buen ministro. Un ministro que sólo quiera administrar y que no emprenda las urgentes y radicales reformas que requiere el poder judicial, y que no tenga agallas para extirpar a la canalla pinochetista de su seno, no podrá ser nunca un buen presidente.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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July102011
Esta olla podrida debe estallar pronto
Entre catorce y ocho años deberán pasar en prisión cuatro comuneros mapuches cuyos delitos, lejos de estar comprobados, parecen en realidad haber sido producto de un montaje: atentado frustrado contra un fiscal, y robo con intimidación, según testigos anónimos y pagados por la propia fiscalía. Es tan infame la ley antiterrorista, como infames son los que se lavan las manos y no hacen nada por su derogación. Hace unos días, cuatro ex militares pinochetistas fueron condenados en Talca a penas de prisión ridículas (entre 2 y 4 años) de libertad vigilada por el asesinato premeditado y alevoso de 3 civiles chilenos. En total, estas ratas alcanzaron a estar exactamente 6 días presos, en 2004. Para juzgar a esos criminales no hay jueces tan vociferantemente partidarios de la mano dura como en La Araucanía. Y esos fallos, tan diferentes a los que se dictan contra los mapuches, demuestran que militares pinochetistas, jueces, gobierno y clase política son todos una sola y misma cosa que todos esperamos que reviente alguna vez, ojalá pronto.
Comentario sobre una nota en Radio Biobío.
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June292011
Seguiremos sin votar
Llega a ser irritante que algunos crean que a los ciudadanos nos puedan interesar estas reformas y dejar el intacto el binominal, que está en el origen de todos nuestros males. ¿Para qué queremos inscripción automática si nuestro voto vale igualmente la mitad, si acaso? La mitad de los parlamentarios no son elegidos, sino nombrados. O mienten, o son ciegos los que llaman democracia a esta farsa. ¿Y qué hacen con ese poder? Se otorgan los sueldos más altos del mundo, toleran la usura que estruja a los chilenos, instituyen una educación por lucro que es ejemplo de mediocridad, llenan las cárceles de ciudadanos que no han cometido delito alguno cuando reclaman sus libertades personales, y, con sus familias, ocupan cual casta todas las posiciones de privilegio en el estado, en el poder judicial, en las ffaa y en el mundo privado, lo que explica porqué notorios delincuentes ocupan cargos políticos. En este Chile no nos representa nadie. Y seguiremos sin votar.
Comentario sobre nota en La Nación.
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June72011
Presidente comete crimen por omisión
El dudoso fallo de la Corte Suprema, y los corcoveos previos del Ministerio Público, que ignoran no sólo los reclamos de los afectados sino además la intención manifiesta del gobierno, muestra la falta de liderazgo del presidente, que no es tomado en cuenta ni por sus partidarios, y el estado de indefensión de los chilenos frente a un poder judicial torcido e infiltrado por elementos de extrema derecha (los fanáticos ministros Segura y Ballesteros), que desde su introducción por el presidente Lagos, no han dejado de actuar protegiendo a criminales pinochetistas. La causa mapuche contra la ley antiterrorista es una causa de todos los chilenos que queremos recuperar el estado de derecho. La criminalización de la causa mapuche, y otras, puede conducir a actos irremediables. Quizá le divierta al presidente jugar con la vida de otros. Cuando mueran, ¿qué dirá? Este es un crimen por omisión, un asesinato múltiple en cámara lenta.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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April262011
La arrogancia del poder
El presidente Piñera, como presidentes chilenos anteriores, continúa con la nefasta determinación de desentenderse, cuando no amparar, los fallos injustos y abusivos, algunos incluso ilegales (como la aplicación de la prescripción o de la amnistía), del poder judicial. Algo debiese moverse en el corazón del presidente cuando observa a un fiscal pidiendo perpetua contra unos jóvenes acusados de hacer estallar petardos, o cuando un juez condena a 25 años a un comunero por el improbable delito de homicidio frustrado, o cuando un carabinero que mató a un mapuche a balazos por la espalda es ‘castigado’ con un traslado, o cuando la CS condena a militares, autores de crímenes horrendos, a penas irrisorias de libertad vigilada. El descaro e impunidad con que los jueces dictan sentencias ridículas, han sido características de la actuación del poder judicial en este y otros gobiernos. Pero el corazón del presidente no parece conmoverse ante estas escandalosas injusticias.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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Que lo devuelvan al zoológico
El fiscal Peña es uno de los personajes más manipuladores y mal intencionados e inescrupulosos que haya conocido, excepción hecha de los jueces pinochetistas infiltrados en la Corte Suprema, el poder judicial. Es penoso presenciar que cuenta con la protección del gobierno. Es humanamente impresentable que este incluya entre sus filas a fiscales tan despiadados, que, como Peña, hace unas semanas, pedía presidio perpetuo para los acusados de colocar bombas de ruido, o sea, petardos, que habían estallado de noche y no habían causado nunca ninguna víctima. Enterarse luego de que el fiscal ha pagado a informantes y testigos para dar testimonio falso y poder así lograr el objetivo de castigarlos a la inverosímil exigencia de reclusión perpetua, es verdaderamente espeluznante. Es el colmo de la maldad y la mala fe y deshonra al gobierno, que debiese no sólo despedirlo, sino además inhabilitarlo a perpetuidad para el ejercicio de su profesión. Su castigo debe ser ejemplar.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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April222011
Ratas condenadas a penas remitidas
Este sigue siendo uno de los problemas más graves de nuestra mal llamada transición: la infiltración pinochetista del poder judicial y la falta de voluntad política, tanto en la derecha como en la izquierda, para realizar una purga profunda que ponga fin a estos fallos injustos y ridículos. Ciertamente, estos fallos son una bomba de tiempo: los familiares de los masacrados pueden buscar justicia en tribunales internacionales, lo que afectará negativamente la imagen del país. Y luego, los ciudadanos, constatando el abandono del estado y gobierno y la complicidad de parte de la clase política con los crímenes de la dictadura, pueden sentirse obligados a buscar justicia por sus propias manos. Si ocurriese, sería imposible reprocharles. Pero estos fallos aberrantes son una herida y mancha permanente en nuestra identidad nacional, porque tenemos que vivir en un país regido por bestias infrahumanas que excusan estos crímenes y encubren y protegen a sus perpetradores.
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March122011
Ni pan ni agua para la derecha psicótica
Lo que debiese decir claramente el presidente es simplemente que no habrá indulto para ningún reo que esté condenado por violaciones a los derechos humanos ni ningún reo que haya cometido delitos de sangre. Excepto unos pocos, los militares que obedecieron las órdenes ilegales de la dictadura han sido condenados a penas ridículamente leves gracias a la infiltración pinochetista del poder judicial. También es urgente terminar con esta infiltración, anular esos juicios, y hacer una purga profunda y definitiva del poder judicial y de las fuerzas armadas. Los beneficios en la cárcel (que debiese ser común) debiesen depender de la colaboración con la justicia. Los funcionarios de facto (desde ministros a jefes de servicios de la dictadura) debiesen ser inhabilitados de por vida. Si obedece a la derecha psicótica, el presidente hundirá al país en una grave crisis.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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March102011
Reconciliación es idea grotesca y perversa
Realmente indignan las palabras de la diputada Cristi, y considero un grave error que el presidente le preste atención, que considera héroes y defensores de la patria a los militares encarcelados. Lo que ha quedado en claro después de los juicios, es que sus crímenes fueron injustificados, cobardes y arbitrarios y que sus violaciones, robos y asesinatos nada tuvieron que ver nunca con la imaginaria amenaza comunista. Pese a las penas ridículamente leves, obtenidas en parte por la infiltración pinochetista del poder judicial, hemos avanzado en el reconocimiento de la verdadera naturaleza del régimen militar, ayudados por un poder judicial que Cristi también dice respetar. Para esta eh, señora, introducir ratas en la vagina de las detenidas es una labor patriótica. Con personajes endemoniados como ella, la idea de reconciliación es tan grotesca e indeseable como el beso de un demonio.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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February32011
La CNI era una asociación ilícita terrorista
El hecho de haber pertenecido a la CNI debería haberlo inhabilitado al ejercicio de cargos públicos y, obviamente, a la carrera militar. Ese organismo, lo mismo que la policía secreta previa (DINA), ha sido definido por la Corte Suprema como una asociación ilícita terrorista y varios de sus miembros han sido condenados por ese delito. Lamentablemente, la clase política en su conjunto ha permitido que antiguos funcionarios de la dictadura puedan continuar sus carreras militares y asumir cargos públicos, aunque claramente debiesen ser inhabilitados a perpetuidad. El gobierno debiese insistir en que las fuerzas armadas y todas las instituciones del estado, incluyendo el poder judicial, se deshagan de todo funcionario implicado en violaciones a los derechos humanos. Su permanencia es derechamente inaceptable.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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