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Ellos

Hace unos días la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ha vuelto a destacarse con su habitual estilo y manera de interpretar algunos temas. Después de que el periodista de Radio Biobío le preguntara insistentemente su opinión sobre las declaraciones de su padre, respondió a regañadientes, con su habitual descaro, que le daba “lata” (en chileno quiere decir que le aburre) referirse al tema de las violaciones a los derechos humanos porque este “se manosea”. Y explicó luego en la entrevista: “hay un tremendo doble estándar:cuando los muertos son de ellos hay problemas feroces de derechos humanos, cuando los carniceros son de ellos entonces se los traen a Chile”.

El detonante de estas indecentes declaraciones fueron las explicaciones de su padre, el general Fernando Matthei, ex miembro de la junta militar que asoló Chile entre 1973 y 1990,    que dijo que se avergonzaba de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar de Augusto Pinochet. El general expresa sólo pesar, pues no se arrepiente del golpe de estado que inició la dictadura. El militar todavía afirma que “estábamos casi en guerra”. Tan en guerra estábamos, en realidad, que los militares, para justificar su intervención, inventaron que los comunistas tenían un plan para imponer una dictadura: el llamado Plan Z, del que se supo, y se confirmó posteriormente, que era enteramente falso y había sido escrito por un historiador de extrema derecha justamente para justificar el golpe. La derecha ha ignorado siempre este detalle, y sigue pretendiendo que nunca existió.
El general obviamente no es una persona coherente. Lamenta las violaciones, dice, pero sigue insistiendo en que estábamos en una situación de guerra, que es precisamente el argumento que esgrime la extrema derecha para justificar las lamentables violaciones a los derechos humanos, especialmente las torturas y ejecuciones extrajudiciales –que hoy todos sabemos que no tuvieron ninguna justificación. El general es inconsistente e insincero. Las conclusiones a la que han llegado las comisiones de la verdad que se han formado, y los fallos del poder judicial, no han tenido hasta hoy ninguna influencia en su interesadísima interpretación del pasado de Chile. Y son esas conclusiones las que más cerca están de la verdad que parecen evadir a los políticos de derechas.

Lo que es muy irritante y una demostración de un insoportable fanatismo y ausencia de sensibilidad humana en la ministra es que sugiere que todos los ciudadanos que protestan o han protestado y denunciado los crímenes de la dictadura y otras violaciones cometidas por militares y la fuerza pública contra civiles en el país, pertenecemos al campo enemigo que la política describe como “ellos”. “Ellos” causan “problemas feroces”, dice la ministra. Esos “ellos” son todos los activistas de derechos humanos y todos los familiares de las víctimas, y las víctima mismas (que sobrevivieron la tiranía), y todos los católicos que se aglutinaron en torno a la Vicaría de la Solidaridad, y todos los humanistas. ¿Qué supone la ministra que deberían hacer, digamos, los familiares de las víctimas? ¿Quedarse callados, no causar “problemas feroces”?
Fundamenta su malestar, y sus reproches, diciendo que los que hoy lloran a sus muertos (a las víctimas de la dictadura), justifican a los carniceros y los traen incluso a Chile, refiriéndose al último dictador de la hoy inexistente República Democrática Alemana). Esta manera de interpretar y de expresarse delata una personalidad rígida, profundamente arrogante, intensamente burda y odiosa. ¿Cómo puede decir una salvajada así? ¿Qué le hace presumir que los familiares de las víctimas de la dictadura pueden estar felices con la llegada a Chile de la familia Honecker? ¿Qué la hace forzar la historia para describirnos a todos como comunistas? La respuesta es: la misma razón que lleva a su padre a seguir mintiendo e insistiendo en que estábamos en guerra, lo que quiere decir que todos esos crímenes cometidos por la dictadura se justificaban. Padre e hija parecen cortados por la misma torcida tijera: también la ministra quiere hacernos creer que todas las violaciones a los derechos humanos son inaceptables. Pero si eso es así, ¿por qué entonces insultar la memoria de las víctimas de la dictadura de su padre, y a sus familiares?
En la peculiar manera de pensar la historia de la ministra ahora parece que la culpa del golpe la tuvieron las dictaduras comunistas de Europa del Este. En su historiografía, las violaciones a los derechos humanos cometidas por esas dictaduras de cierto modo justifican las que cometió la dictadura militar chilena.
Hay otra torpeza en la entrevista: le parece adecuado a la ministra describir a Honecker como “carnicero”. Pero nunca he visto a la política llamar “carnicero” a Pinochet. Del doble estándar que quiere hacernos creer que denuncia, ella es el mejor ejemplo.

Los chilenos no podremos superar nunca las heridas de dejó la dictadura si la derecha no hace un esfuerzo adicional para convertirse en una derecha decente y superar su fase psicótica. Porque es derechamente psicótico justificar la dictadura en un plan comunista de usurpación del poder que nunca existió o en las dictaduras de Europa del Este. Este es un punto de vista tan bruto que el diccionario no incluye palabras decentes para describirlo.
La derecha, que sigue creyendo que ganó una guerra que fue en realidad la masacre cobarde de un pueblo desarmado, persiste en defender lo indefendible porque se sabe poderosa y prefiere adorar a los dioses de la impunidad y la codicia. Hoy en Chile no existen partidos que quieran instalar en el país una dictadura comunista ni socialista. Pero si la izquierda hizo un análisis introspectivo y renunció (felizmente) a muchas de sus creencias, la derecha todavía no se siente interpelada y persiste en defender las aberraciones de la dictadura con un discurso doble y falso: que defienden los derechos humanos, al mismo tiempo que entorpecen la justicia, encubren a criminales, hacen todo lo posible para evitar que estos sean castigados y mienten descaradamente sobre el pasado de Chile.
Con estos políticos no se puede hacer nada. Y tendremos que seguir esperando a que nazcan derechistas decentes, que hagan suya genuinamente la defensa de los derechos humanos (como la tendencia liberal, que la ministra seguramente ignora o niega, que defendía al gobierno socialista) y que no vea a los ciudadanos chilenos como “ellos”.

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La enseñanza de historia

De los programas de estudio para la asignatura de historia, el Consejo Nacional de Educación ha determinado que se remplace la palabra “dictadura” por “régimen militar”. Pero no es el único cambio. El diputado Sergio Ojeda informó que también se remplazaría “violaciones a los derechos humanos” por “excesos”, y “derechos humanos” por “derechos esenciales”. Más que un cambio insensato e inoportuno de terminología, se trata de implantar en los niños una visión torcida de la historia. Digo visión o interpretación torcida de la historia porque creo que hay una verdad que imponen los hechos, que son más difíciles de desarmar, pese a que su descripción misma pueda estar teñida por alguna ideología o por alguna rutina.

Testarudas opciones ideológicas llevan a muchos a tratar el tema de las causas del golpe de estado (o pronunciamiento), pasando por alto el ahora pintoresco Plan Z, y hasta incluso el Libro Blanco, o empiezan ese periodo sin mencionar el asesinato del general Schneider. Otros pretenden que el periodo del presidente Allende fue una taza de leche. No hay para qué pretender que nos vamos a poner de acuerdo.

Pero en la descripción y enseñanza de la historia de ese periodo (1973-88, 1973-90), en lo que se refiere a los capítulos pertinentes, debiesen tomarse como punto de partida las descripciones y conclusiones de los informes de nuestras propias comisiones de la verdad y en los fallos judiciales, que todos o casi todos aceptamos porque creemos que representan el más objetivo acercamiento a la verdad que se ha logrado definir consensualmente y que no puede refutar ni siquiera la extrema derecha.

Por el tenor del debate, es más que evidente que los que idearon y redactaron la reforma no han tomado en cuenta ni esos informes ni fallos de tribunales que, por ejemplo, han descrito a la policía política del régimen militar como una asociación ilícita, los delitos que cometieron como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables, y las violaciones a los derechos humanos como sistemáticas, y no excesos –lo que además evidencia que no se debe tratarse de profesionales. Y esto último es muy preocupante, porque aparentemente los programas de estudio son redactados por personas no idóneas o que creen que la verdad se la chupa uno del dedo. En las democracias las comisiones de investigación se forman precisamente para establecer la verdad, que es el mismo objetivo que persiguen tribunales, justamente para impedir que se interpreten los hechos de cualquier manera.

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Lagos y la impunidad en Chile

Hace unos días el Pleno de la Corte Suprema tomó una aberrante decisión: en remplazo del juez Milton Juica, el próximo presidente del poder judicial será un juez de reconocida militancia pinochetista, Rubén Ballesteros. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (en La Nación), desde entre 2006 y 2011 el juez Ballesteros falló a favor de los acusados en causas de derechos humanos en 85 de los 90 casos que pasaron por sus manos, aplicando las figuras de prescripción de la acción penal, media prescripción y el decreto de amnistía de la dictadura, dictado en 1978. Pese a la ilegalidad de sus fallos y el evidente prevaricato, nunca fue impugnado y ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera hicieron nada para excluirlo del poder judicial.

Pese a que Chile ha firmado todos los tratados internacionales pertinentes en materia de derechos humanos que prohíben la aplicación de la prescripción penal y amnistía en casos de derechos humanos, el juez Ballesteros continuó aplicando sin protesta alguna figuras patentemente ilegales amparado probablemente en el hecho de que la clase política chilena ha dejado de lado la reforma de las leyes pertinentes para incluir las leyes que emanan de los compromisos internacionales firmados por Chile. Sucesivos gobiernos chilenos borran así con el codo lo que firman con la mano.
Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1961 convierte en innecesario, aunque no inútil, este paso. El tratado establece que en casos de derechos humanos los países firmantes están obligados a aplicar el derecho internacional pese a la ausencia o retraso en la adaptación de sus legislaciones nacionales. En casos de crímenes contra la humanidad, el tratado debe ser aplicado incluso retrospectivamente si a la fecha de cometidos esos delitos de lesa humanidad, estos eran considerados igualmente graves en el derecho internacional.

En su artículo 15, el Pacto establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Vale decir, Chile, con la firma del tratado de 1961, está obligado a respetar el compromiso de no aplicar prescripción ni amnistía en casos de crímenes contra la humanidad, haya o no adaptado sus leyes en conformidad con el pacto y otros tratados.
Pese a esto, sucesivos gobiernos chilenos no sólo no han respetado estos tratados, sino además los han infringido sistemáticamente permitiendo que jueces prevaricadores como Ballesteros apliquen criterios ilegales, perimidos e ilegítimos en sus fallos para proteger a acusados pinochetistas.
Esta es una situación intolerable.

Indigna todavía más saber que este juez paria fue propuesto al poder judicial por el ex presidente Ricardo Lagos en agosto de 2005, haciendo caso omiso de las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos y pese a saber que Ballesteros había sido uno de los colaboradores civiles de la dictadura –por tanto, cómplice de los crímenes de la dictadura pinochetista- como miembro de al menos cinco consejos de guerra militares realizados contra perseguidos políticos.
“Ballesteros participó en los consejos de guerra de Osorno”, escribe Ascanio Cavallo en La Tercera. “No fueron los peores, ese título no se lo disputa nadie a los de la FACh, pero tampoco son un modelo de temperancia. La Comisión Valech estableció, sin espacio de duda, que todos los consejos de guerra actuaron al margen de las normas de debido proceso, lejos de las leyes penales, fuera de los mismos códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Y todo eso sin guerra”.
Según Cavallo el informe Valech menciona dos fallos de los consejos de guerra  de Osorno como “ejemplos de iniquidad jurídica”. En uno de esos consejos se condenó a un militante del MIR porque esa militancia “indica un concierto para alcanzar fines ilícitos” aunque no se hubiese cometido delito alguno. En el otro caso  se condenó a dos militantes socialistas por “espionaje de secretos militares […] para su entrega al enemigo sin especificar cuál sería el impacto de tales secretos sobre las operaciones” ni identificar al enemigo.
Cavallo menciona otro ejemplo de iniquidad jurídica encontrado en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. El acusado Alfonso Heriberto Oliveros Angulo fue condenado a quince años de cárcel por “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado (?)”. Otros dos acusados, Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, chilenos ambos, fueron condenados fantasmagóricamente a veinte años de cárcel por “ingreso clandestino en fecha indeterminada”. Estos consejos ilegales y fallos aberrantes y absurdos fueron dictados tanto por la estupidez como el odio de militantes de extrema derecha como el juez Rubén Ballesteros.

Pero no es todo. Durante su paso por la Corte de Apelaciones de Santiago entre 2001 y 2006, el juez Ballesteros falló sistemáticamente a favor del ex dictador y de otros criminales del régimen de facto en causas como la Caravana de la Muerte, el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, la masacre de Calle Conferencia, los homicidios y atentados terroristas de Operación Cóndor y el caso del Banco Riggs.

Lo más terrible y enervante es que cuando el ex presidente Lagos nombró a Ballesteros, estaba completamente al tanto no sólo de su mediocridad sino especialmente de su complicidad con los crímenes de la dictadura. Fue nombrado por Lagos, pues, pese a ello, o debido precisamente a su pasado. Se sospecha efectivamente que Lagos procedió al nombramiento de Ballesteros como parte de un pacto secreto con el militante y entonces senador de extrema derecha Pablo Longueira justamente para asegurar la impunidad de los acusados en casos de derechos humanos –una decisión inadmisible de todo punto de vista y que ha causado un daño incalculable a las víctimas y familiares de las víctimas y a la causa de los derechos humanos y el retorno de la democracia en Chile.
Sin embargo, esta aberrante decisión del ex presidente Lagos pudo ser, y puede ser todavía anulada. La Constitución Política de Chile establece en su artículo 76 que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. En cualquiera de estos casos, por prevaricación (la aplicación a sabiendas de criterios torcidos o ilegales en la administración de justicia) y denegación de justicia, que es el caso del juez Ballesteros, la Corte Suprema “por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”. Ni la ex presidente Bachelet ni el presidente Piñera han aludido a este caso.
El juez Ballesteros, pese a su complicidad en crímenes de la dictadura, y por ende con los acusados, no se declaró tampoco nunca incompetente o inhabilitado, lo que constituye otro argumento más en su contra por la evidente intención de prevaricar. Ni ha sido nunca llevado a juicio por su actuación durante la dictadura militar y durante el golpe de estado mismo.

Una vez iniciado el proceso de destitución del juez Ballesteros, deberían igualmente declararse nulos los fallos de la Segunda Sala Penal a favor de los acusados pinochetistas si su voto, junto con el del juez Nibaldo Segura, hubiese sido determinante en la aplicación viciada y torcida de la prescripción penal y la amnistía. La corte debería simplemente fallar de nuevo, basándose esta vez en el derecho internacional que Chile dice que respeta y acata, pero que en realidad simplemente se pasa por el sobaco. El juez Segura fue también nombrado en la Corte Suprema por el ex presidente Lagos.

La elección de Ballesteros a la presidencia de la Corte Suprema no hubiese ocurrido si el ex presidente Lagos no lo hubiese propuesto para la corte y, en lugar de eso, hubiese procedido a su procesamiento por su complicidad con la dictadura cuando fue miembro de los aberrantes consejos de guerra de la dictadura. Por eso irrita cuando habla sobre Chile y los desafíos que todavía debemos recuperar la democracia y una justicia que se base en un estado de derecho democrático. Si aún no tenemos democracia, si aún vivimos en una dictadura encubierta, si los criminales pinochetistas siguen libres en las calles con el consecuente peligro para la seguridad nacional, es también en parte gracias a la colaboración de Lagos con esos criminales. Lagos es un factor de impunidad.

Más allá de estos casos aberrantes, el nombramiento de Ballesteros y la permanencia de Segura y otros jueces prevaricadores en el poder judicial deja una vez más de manifiesto la urgente necesidad de efectuar una purga profunda y definitiva de los elementos criminales enquistados en el poder judicial y la necesidad no menos urgente de llevar a juicio a los civiles que colaboraron con la dictadura.

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Otro botón de muestra del terror

En la mayoría de los países que sufrieron dictaduras fascistas en los años setenta y ochenta, están concluyendo los juicios por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, siempre nos enteramos de los terribles extremos a los que llegó el odio y el terror envueltos en el ropaje de un estado de excepción o de guerra interior justificada por la lucha anticomunista. Particularmente en Argentina, el catálogo del terror nos sigue asombrando: curas integristas -como los curas pinochetistas chilenos, como el pedófilo obispo Karadima- que participaban en torturas y asesinatos, asesinatos de monjas, violaciones de detenidas y detenidos por perros amaestrados, introducción de ratones en la vagina de las secuestradas, extracción de ojos y dientes de los asesinados, el empalamiento de un niño de 14 años en presencia de sus padres, asesinatos de madres y mujeres de militantes, robo de bebés para venderlos o darlos en adopción y torturas crueles y bizarras en campos de concentración y exterminio controlados por demonios y psicópatas disfrazados de católicos.
Entre las cosas horrendas que es imposible olvidar está la experiencia de algunos prisioneros sobrevivientes que eran mantenidos en húmedas jaulas sin comer ni beber durante días y que eran soltados cada tres días para que se pelearan por las coles podridas que les arrojaban los carceleros (en El cura venido del infierno).
En el reciente libro ‘Grietas en el silencio’, de varias mujeres, prisioneras durante la dictadura, que fueron violadas y sometidas a abusos sexuales, se encuentra la horrible historia de una mujer que tras ser detenida fue sometida a aberrantes formas de abuso sexual. “Cuando me detuvieron”, cuenta en la contribución de Susana Chiarotti, “me pusieron el caño de una pistola en la vagina, me sacaron a mi hijo de seis meses —mientras cursaba el período de lactancia— y me lamían la leche materna. Me decían que ésa era la leche que tendría que estar tomando mi bebé, si no fuese porque lo había abandonado”. Sólo un pervertido sexual puede imaginar un ultraje tan horroroso como lamerle la lecha materna a una prisionera torturada. Sólo un enfermo mental o un psicópata puede justificar estos actos como cosas que ocurren en las guerras. Esto no fue ni guerra ni tiene perdón de Dios.
Estos actos injustificables y de una aberrante perversidad fueron característicos de las dictaduras latinoamericanas. El juez Daniel Rafecas, en la causa por la cárcel secreta de Protobanco, detalló la barbarie de los represores en su intento por eliminar la condición de humanidad de sus víctimas.  Mencionó el juez “condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturados físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas”. Tanto nos odian los demonios, que nada les parece tan placentero como reducirnos - a nosotros, humanos- a la condición o de cosas o de animales.
Que haya algunos -como los jueces de la Segunda Sala de la CS chilena- que esos crímenes prescriben y dicten fallos ridículos que terminan usualmente con esas alimañas caminando libremente por las calles, es un acto que sólo prolonga la barbarie original. Esos fallos, y el olvido, son los últimos capítulos de esos mismos actos de salvajismo.

Comentario sobre una nota en Página 12.

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Chile rinde culto a criminales

Hace unos días el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamaba el retraso en la tramitación de un proyecto de ley que “prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet”. El proyecto de ley se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las policías secretas de la dictadura eran asociaciones ilícitas. Consecuentemente, no es comprensible que Chile rinda tributos a personas que han sido juzgadas y condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, homicidios, torturas, violaciones, saqueo de bienes de las víctimas, internamiento en campos de concentración y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Permitir monumentos públicos a la memoria de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar sería como si Alemania permitiera que se honrara la memoria de Adolf Hilter.
El proyecto de ley de ley especifica que “se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte” y otros miembros de la Junta Militar durante el periodo del gobierno de facto del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
El proyecto fue redactado de alguna manera en el mismo espíritu que la ley argentina, aprobada el año pasado, que prohíbe similarmente el culto a funcionarios de facto condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y se extiende a toda la historia republicana de ese país. La ley argentina prohíbe igualmente que se recuerde a funcionarios de facto en nombres de calles, plazas, escuelas e incluso regimientos.
Por esto, este proyecto chileno debiese ser ampliado para incluir a funcionarios de facto (lo que incluye a los dictadores que ha tenido Chile en su historia) y a funcionarios, entre ellos militares, que hayan cometido delitos graves, como matanzas de manifestantes y felonías similares, que abundan en la historia chilena. Que los nombres de notorios e infames criminales adornen nuestras calles y plazas e incluso sirvan como nombres de escuelas y otros espacios públicos es una afrenta permanente a los que sí merecen nuestro respeto y recuerdo, que son los que fueron víctimas de estas alimañas.
Duele encontrarse en prácticamente todas las ciudades chilenas con calles y plazas con el nombre de personajes como el general Roberto Silva Renard, Rafael Sotomayor, Pedro Montt -responsables de la espantosa carnicería de cientos de mineros conocida como la Matanza de Santa María de Iquique- y, más recientemente, de personas como Edmundo Pérez Zujovic -autor intelectual de la masacre de Pampa Irigoin en 1969, en la que Carabineros dispararon a matar contra un grupo de pobladores desarmados, ultimando a nueve de ellos, entre ellos un bebé. Por ese horrendo crimen, el entonces ministro del Interior no fue juzgado nunca. Ninguna calle, ni plaza, ni escuela, ni regimiento, ni salón, ni universidad, ni nada deben llevar nunca el nombre de ninguno de estos criminales. Su culto hiere y humilla a los descendientes de las víctimas y deshonra y degrada a los que ven a sus victimarios como militares victoriosos.
La aprobación de esta ley, ojalá ampliada para incluir a otros criminales anteriores, y posteriores, a la dictadura de Pinochet, es una tarea urgente.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Gobierno usa la ley para intimidar

El tema es tratado de manera torcida en esta nota. Es incomprensible la formulación de que el gobierno quiere evaluar las “resoluciones que hayan adoptado en las libertades o prisiones que decretan con los delincuentes que participan en actos de violencia tras cada manifestación”. ¿Qué quiere decir? ¿Que los participantes en manifestaciones son delincuentes? ¿O que los delincuentes participan en manifestaciones? ¿O que los detenidos y acusados por el ministerio público de cometer desórdenes públicos son delincuentes? Cualquiera sea el caso, o lo que tuvo el redactor en mente, ningún detenido puede ser considerado delincuente -o sea, que ha cometido el delito del que se le acusa- mientras no lo falle el juez. Describir como delincuentes a los acusados es una aberración ideológica y lingüística. Denota un proceso mental torcido y un mal uso de la lengua.
Que un ciudadano sea detenido y acusado por Carabineros de participar en desórdenes públicos no implica que sea culpable, pues la fuerza pública debe probar primero que ese ciudadano efectivamente participó en ese delito. Evidentemente, la mera palabra de un policía no basta. Abogados de derechos humanos y civiles, organizaciones sociales y la prensa han comprobado que en la mayoría de los casos las detenciones son arbitrarias. Normalmente los agentes no detienen a los vándalos, sino a manifestantes que se encuentran en las cercanías. Los jueces lo saben. Lo aberrante es que los agentes persistan en esta inútil pérdida de tiempo. Se ven de lejos sus intenciones de torcer el sentido de la ley para utilizarla como instrumento de intimidación. Cuando los policías detienen a manifestantes no lo hacen porque hayan participado en desórdenes públicos sino para terminar con la manifestación intimidando -mediante golpizas y otros vejámenes, incluyendo el abuso sexual de las detenidas en los buses policiales- a los participantes. Lo que se impone realmente es investigar por qué repite la fuerza pública esta práctica estéril de acusar falsamente a los detenidos. Esta práctica autoritaria es un delito -abuso de poder- que debiese ser condenado con más severidad cuando es cometido por la fuerza pública.
Es lamentable que los jueces den por superado un intento tan explícitamente totalitario de someter al poder judicial a los designios del gobierno. El Congreso debería intervenir porque simplemente es inaceptable que el ministro Ribera permanezca en el cargo después de las inaceptables amenazas que formuló contra el poder judicial.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Libia, un ejemplo de la barbarie occidental

La dictadura de Gadafi parece haberse caracterizado más por la permanente negación de los derechos civiles, antes que por sus violaciones a los derechos humanos. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Libia del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2007, se acusa al régimen libio de “numerosos y graves abusos”, detallando “malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y [abuso del] régimen de aislamiento [de los reos], y detenciones de muchos años [indefinidas] sin cargos ni juicio”. El artículo de wikipedia agrega: “El poder judicial es controlado por el gobierno, y no hay derecho a juicios abiertos justos. Los libios no tienen un método claro y democrático para cambiar de gobierno. Las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y religión son restringidas por el gobierno libio. Están prohibidas las organizaciones independientes de derechos humanos. Las minorías étnicas y tribales sufren discriminación y el estado continúa restringiendo los derechos laborales de los inmigrantes extranjeros”. Esta es una larga lista de acusaciones, pero ninguna de ellas se puede describir como delito de lesa humanidad. Se trata de violaciones de derechos civiles, no humanos.
En el artículo de Mérici el autor no menciona, dejando de lado la matanza en la cárcel de Abu Salim en 1996 (de la que, sin embargo, sólo se puede decir que Gadafi accedió a su investigación recién en 2009, trece años después de ocurrida), que las mayores violaciones a los derechos humanos, en el sentido definido en el derecho internacional (vale decir, como la violación sistemática y masiva de grupos de la población civil), las cometió el régimen por instigación y en colaboración con potencias occidentales -como señala Sohr en esta columna. La responsabilidad por las entregas de prisioneros, torturas, cárceles secretas y posiblemente ejecuciones extrajudiciales la comparte Libia con Estados Unidos. Qué duda cabe que estos delitos no serán investigados nunca.

Una rápida lectura de la situación de derechos civiles en Libia en comparación con Occidente, especialmente Estados Unidos, deja a Gadafi muy bien parado: durante su dictadura de 42 años murieron menos civiles que en los dos años de gobierno del presidente Obama, cuyo país, en la lucha contra el terrorismo, legalizó los secuestros, las torturas, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos, los campos de concentración, la detención indefinida y sin cargos y, recientemente, el asesinato de gobernantes rivales y sus familias. Pero ningún país se prestará para castigar a la OTAN y a EUA de la manera en que estos destruyeron a uno de los países más ricos del mundo.

Los motivos de la agresión y del asesinato de Gadafi no hay que buscarlos en lo que el coronel haya hecho o dejado de hacer. Sus antecedentes en derechos humanos son en muchos casos más favorables que el de muchos países occidentales.

Recomiendo leer
Gadafi, el Tirano Mártir
Amado de Mérici

Entrada sobre Lybia en wikipedia

Comentario sobre una columna de Raúl Sohr en La Nación.

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Campaña para politizar al poder judicial

Como si el gobierno no tuviese suficientes problemas, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, le abrió un nuevo y duro frente en el poder judicial: en términos que no dejan lugar a dudas amenazó a los jueces con truncar sus carreras en el poder judicial si no acataban las instrucciones de gobierno sobre cómo deben tribunales tratar a los detenidos por desorden público. “Hay que tener claro que […] que los ascensos de los jueces no [son] un tema exclusivo de los jueces, sino que [son] un tema donde también participan otros poderes del Estado”, dijo, refiriéndose al hecho de que en el nombramiento de los jueces el ministerio de Justicia y el propio presidente de la república también deciden (en La Tercera). A la hora de proponerlos, dijo, se considerará el “criterio jurídico” de los candidatos, queriendo decir que si estos se han apartado, en los casos en sus manos, de las instrucciones del gobierno de aplicar mano dura contra los manifestantes detenidos, no serán ascendidos.
Este es un descarado y grave intento de extorsión. Nunca antes declaró un personero de gobierno que los nombramientos de los jueces son en realidad políticos y que el ascenso en sus carreras depende de su acatamiento de las instrucciones de sus patrones. Para todos está claro que nunca ha sido de otro modo. El último descarado caso que recordamos es el nombramiento, en el gobierno de Lagos, de candidatos de extrema derecha, que desde entonces no han hecho otra cosa que utilizar su posición en la Corte Suprema para defender a criminales pinochetistas ignorando los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos sin que el gobierno ni la clase política hayan hecho nunca nada para impedirlo ni para expulsar del poder judicial a sus elementos parias.
La reacción del presidente de la Corte Suprema, que rechaza la extorsión ministerial es correcta, pero insuficiente. El Parlamento debe intervenir y acusar constitucionalmente a Ribera por su intento de colocar al poder judicial bajo el mando directo del Ejecutivo para se que interprete y aplique la ley según los criterios políticos que maneja el equipo de gobierno. Las amenazas y la exigencia de dictar fallos políticos contra los manifestantes que el gobierno considera de izquierda son absolutamente intolerables. Así lo ha entendido la bancada de la Democracia Cristiana, que ha llamado al ministro a dar explicaciones. Pero, en realidad, Ribera debe marcharse.

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CIDH como parte de la política exterior de EUA

Incomprensible la decisión de la CIDH. ¿Supone que el tribunal que condenó a López cometió prevaricato? Si cree eso, debería exigir un nuevo juicio y no sacarse de la manga un fallo que, al menos técnicamente, no se justifica en nada. ¿Hizo la CIDH un nuevo juicio y concluyó que López era inocente? En ese caso, debió haber ofrecido a Venezuela la posibilidad de defender sus procedimientos y posterior fallo, lo que no hizo. Pero, ¿se justifica la intervención de la corte en un caso que evidentemente nada tiene que ver con los derechos humanos? Y, otra cosa, ¿por qué actúa la corte en algunos casos y no en otros? ¿Por qué calló cuando el presidente Piñera era candidato y se le recordó que había fundado su fortuna en una estafa al Banco de Talca y que había vendido acciones de LAN con información privilegiada? ¿Eso no lo inhabilitaba como candidato?
No se trata de que la CIDH no tenga derecho a pronunciarse sobre asuntos internos de otros países, porque el tribunal tiene precisamente esa atribución porque y cuando se trata de casos de violaciones de los derechos humanos -al menos en países que reconocen su autoridad. Venezuela no reconoce su autoridad.
Tampoco puede, ni tiene atribuciones para eso el tribunal, imponer sus propias ideas sobre legislaciones nacionales. Si en un país el delito de desfalco inhabilita al autor para el ejercicio de cargos públicos, no puede la CIDH pretender que eso no es delito y que el acusado debe ser absuelto.
Muchos críticos han observado que las intervenciones de la CIDH, lo mismo que del TPI, se han caracterizado en los últimos tiempos por su extraña coincidencia con desarrollos políticos internacionales impulsados por Estados Unidos. Pareciera que hoy las decisiones de la corte son parte de la política exterior estadounidense. Si aparte de Venezuela otros países llegaran a la misma conclusión, no será difícil predecir el futuro de la CIDH.

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Casta militar teme a la verdad y al castigo

Es una lástima que este general aparezca implicado en esa desaparición, que es ciertamente un asesinato. Que la Corte Suprema lo haya absuelto, sobre todo después de sus acostumbrados fallos de dudosa legitimidad (cuando, por ejemplo, aplican prescripción en casos de derechos humanos, que son imprescriptibles, o amnistía en casos de delitos inamnistiables) con que se han destacado los jueces de la II Sala, hará sacar a muchos la conclusión contraria. Es penoso, y está empezando a ser patético, que la tercera edad pinochetista, todavía con la ilusión de no pagar por sus crímenes, no sea capaz de acumular coraje para soltar las riendas y dejar que el país vuelva a respirar. Sus amigos debieran decirles que si creen que alguna vez tuvieron un papel justificable, llevan demasiado tiempo sosteniendo una quimera enfermiza y que ciertamente nadie los necesita. Una condición indispensable para la fundación de una nueva derecha decente es precisamente que de verdad rompa lazos con el pinochetismo, con el que nunca debió aliarse, y jure lealtad a los principios de la democracia y la libertad y vuelva a iniciar su liberalismo a partir de los derechos humanos y las libertades personales, y no de la bruta e inútil codicia capitalista.
Una derecha reformulada atraería a muchos ciudadanos que hoy día van por la vida votando por la izquierda. Este general, así como todos los otros asociados de algún modo al pinochetismo, debiesen apartarse y dejar el espacio para oficiales capaces de entender los nuevos retos de Chile, el principal de los cuales es ciertamente la construcción de una democracia verdadera y legítima.

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Carabineros y la cultura de la corrupción

Se podría llegar a creer que el general Gordon no intervino para modificar el parte, pese a las declaraciones de uno o más subalternos implicados en el caso, pero no que no se hubiese enterado posteriormente. Tras enterarse, debió haber exigido la reposición del parte original y sancionado a los subalternos implicados por una conducta muy reprochable -la misma que el general rechazó cuando fustigó la mentira con ocasión de su renuncia. Pero lo más probable es que -sobre todo a la luz de otras revelaciones recientes sobre Gordon en cuanto a su intervención para promover a funcionarias de su predilección y en cuanto a otros privilegios de que goza, hoy también conocidos por la opinión pública- en la institución, y en realidad en todas las instituciones chilenas, este tipo de conductas en que autoridades favorecen a familiares son consideradas normales y hasta buenas, según el dogma cultural que obliga a proteger y favorecer a familiares y amigos. Esta suerte de corrupción institucionalizada y enquistada en la cultura es muy difícil de extirpar y es igualmente difícil convencer a otros chilenos de que es una conducta inmoral e indeseable.
¿Por qué puede el presidente nombrar a un primo hermano en un importante cargo público y no puede el jefe de carabineros borrar un parte para proteger a su hijo? ¿Por qué puede el conservador de bienes raíces emplear a toda su familia en la institución y no puede un carabinero favorecer a sus cercanos más leales?
Cuando el general González defendió a Gordon empleó la lengua con innecesaria ligereza -al usar la palabra infamia-, pero es comprensible en su contexto y pierde gravedad cuando el propio general lo reconoce y ofrece sus disculpas. Eso es un buen signo.
Y otro buen signo, y más importante, es que abandonó la justificación de esa falsificación de un documento público cuando argumentó primeramente que los subalternos lo habían hecho para proteger la seguridad de la institución -que no puede ni debe nunca ser defendida mintiendo y delinquiendo, pues con ello se pueden justificar los peores abusos (como cuando se niega colaboración en casos de derechos humanos argumentando que se perjudica la seguridad nacional).
Gordon era un general controvertido cuyo mando se caracterizó por actos ilegales o al filo de la ilegalidad: innecesaria violencia policial, espionaje, torturas, asesinatos cometidos por carabineros y dejados en la impunidad, favoritismo. Amplios sectores de la ciudadanía exigieron durante meses su renuncia. La aceptación de esta por el presidente fue una buena decisión.

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Fiscal del TPI es otro combatiente

Las arbitrariedades del fiscal Luis Moreno terminarán abollando el ya sacudido prestigio del Tribunal Penal Internacional. Gran parte de las acusaciones contra el régimen libio son infundadas o terriblemente exageradas y, ciertamente, no permiten comparación alguna con otros gobiernos en la región -como el sirio o el israelí, cuyos historiales de violencia y violaciones a los derechos humanos son igual de brutales que ampliamente conocidos. Además, el fiscal guarda silencio por los intentos de asesinar a la familia del coronel Gadafi, incluyendo mujeres y niños y decenas de civiles no combatientes, por parte de las potencias occidentales, incluyendo a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en lo que es una clara introducción de una práctica criminal (el asesinato de familiares de políticos) como estrategia de estado, ni nada dice sobre los bombardeos contra objetivos civiles a cargo de la OTAN. Menos aún sobre los innumerables y brutales asesinatos de negros subsaharianos cometidos por las tropas rebeldes en una campaña racista que la prensa occidental ha preferido silenciar.
Pero, además, en las últimas semanas se ha descubierto en Trípoli, tras la ocupación de las tropas rebeldes, documentos que comprueban, una vez más, que parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen libio fueron en realidad cometidas por encargo y/o en colaboración con las mismas potencias occidentales que hoy buscan su destrucción -pese a que políticos como Sarkozy y Berlusconi picotearon la mano generosa del líber libio. Los servicios secretos de Gran Bretaña y Estados Unidos entregaban sospechosos de terrorismo a Libia para que fuesen torturados e interrogados en el marco de la lucha contra el terrorismo islámico. Se calcula en decenas, si no cientos, las personas desaparecidas en las mazmorras libias. Estos son los más graves delitos cometidos por Gadafi en su país.
Pero, conociendo al fiscal, es dudoso que se atreva a llevar a juicio a los cómplices de Gadafi. “El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha declarado que iniciará una investigación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Khadafi”, escribe Atilio A. Borón. “Pero, ¿qué hará con George W. Bush y Tony Blair, partícipes necesarios, cómplices y encubridores de esos crímenes? Además, ¿tendrá las agallas suficientes para hacer lo propio con Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, responsable de (hasta el 1º de septiembre) los 21.200 ataques aéreos contra Libia, causantes de innumerables víctimas civiles y de la casi total destrucción de ese país?”
La respuesta es obvia. En esta guerra, el fiscal Moreno es otro combatiente en la guerra contra el mundo árabe. Debiese, pues, ser tratado como tal y ser excluido del proceso antes de que contamine la necesaria y valiosa labor del TPI.

Sugiero leer
1. Socios del horror (columna de Atilio A. Borón), en Página 12.
2. HRW denunca violencia rebelde, en mQh
3. La CIA, Europa y Gadafi, en mQh.

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La persistencia del mal

El día que renunció el general Gordon a la jefatura de Carabineros, cuando caminaba rodeado por su séquito hacia el Palacio de La Moneda, se le acercó una mujer que lo increpó por no defender a sus hombres, reprochándole haberlos abandonado. El general replicó, entre balbuceos, que él no abandonaba a su gente. La mujer insistió y le dijo que no debería haberlos dado de baja, refiriéndose al sargento Millacura y los otros agentes que se encontraban en la patrulla la noche en que el primero asesinó al joven Manuel Gutiérrez y estuvo a punto a matar a otro vecino que se encontraba cerca de Manuel.
Para esta mujer el asesinato de ese chico es algo legítimo, razón por la cual, en su opinión, no se había cometido ningún delito ni era por tanto explicable que se expulsase a los agentes implicados, pese a que en ese momento ya sabíamos todos, informados por las propias autoridades, que el sargento había disparado sin provocación alguna, que su versión de que los carabineros estaban siendo atacados con armas de fuego era falsa, que los vecinos contra los que disparó no eran manifestantes ni habían atacado a la policía en modo alguno y que había disparado con la intención de matar.
Así, ¿cómo se explica la posición de la mujer? ¿Que matar a chicos que salen por la noche es legítimo? ¿Que un carabinero puede matar siempre y cuando quiera, a cualquiera, en cualquier lugar y sin motivo alguno? ¿Que es bueno que la policía mate de vez en cuando, aunque sea injustamente, para asentar su poder e intimidar a la sociedad civil? ¿Que, tratándose de un barrio pobre y de niños pobres, matarlos es lícito porque sus vidas son desechables?
Probablemente piensa todo eso, y cosas peores. En la declaración que emitió Carabineros explicando por qué habían borrado del parte policial el nombre del hijo del general Gordon después de chocar y darse a la fuga el año pasado, en un accidente carretero sin mayores consecuencias, se explica que agentes subalternos alteraron el parte para proteger la seguridad institucional de la fuerza pública -esto es, que revelar el nombre del hijo del general podría poner en peligro a la institución, un argumento muy similar al que usaron Carabineros y fuerzas armadas para negarse a juzgar o entregar a violadores de derechos humanos porque se pondría en riesgo la seguridad nacional.
Vale decir, en el mejor de los casos, que si los agentes cometen errores o delitos, es necesario ocultarlos y dejarlos impunes para mantener el prestigio y respeto de esas instituciones -una suerte de justificación y elogio de la impunidad.

Hay muchos en Carabineros y fuerzas armadas que comparten esta ideología criminal. El asesinato de Manuel ocurre en un contexto en que la fuerza pública emplea una violencia aberrante para disolver protestas sociales, lo que ha causado a menudo el asesinato de manifestantes en zonas indígenas y en el resto del país. Si no se modifica radicalmente la actual doctrina de Carabineros, estos crímenes volverán a ocurrir. No basta con separar a Gordon, aceptando su renuncia. Es necesario purgar Carabineros, deshacerse de sus elementos pinochetistas y de extrema derecha y simples psicópatas y proveer a la institución con una nueva doctrina en que el respeto de los derechos humanos sea central.

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Ministro Hinzpeter, ¿por qué no se calla?

Como profundamente hiriente, errada, inoportuna e innecesaria ha de considerarse la declaración del ministro Hinzpeter sobre la renuncia del general Gordon. Resulta incoherente que diga que “muchos ciudadanos enfrentan a las fuerzas de orden y seguridad como si fueran sus adversarios o enemigos” cuando nos estamos refiriendo al incidente en que un carabinero asesinó al joven Manuel Gutiérrez.
¿Cómo y por qué ocurrió ese asesinato?
El sargento Millacura, que estaba libre, se trasladó voluntariamente a la comisaría y, con sus compañeros, retiraron varias UZI para salir de patrulla. Originalmente declaró que estaban siendo atacados con armas de fuego y que usó su arma para disuadir el ataque. Todo esto era falso. La investigación de la PDI desmiente que los manifestantes hayan disparado y estos ciertamente no se encontraban en el grupo de vecinos que miraban desde lejos (150 metros) lo que estaba pasando. O sea, el ataque contra ese grupo de vecinos fue arbitrario.
Aun se han de dilucidar muchos aspectos de este asesinato (por ejemplo, quién autorizó u ordenó a los carabineros a llevar armas de guerra para reprimir la manifestación), pero lo que es evidente es que ocurre en el marco o como consecuencia de una doctrina de Carabineros en que no se respetan en absoluto ni los ddhh ni las libertades públicas ni el estado de derecho vigente -una doctrina en la que manifestantes, encapuchados violentos, delincuentes y vecinos de poblaciones pobres son todos una sola y misma cosa: enemigos.
Sin duda hay ciudadanos que ven a Carabineros como enemigos, pero la percepción es comprensible porque Carabineros participó en un golpe de estado y dictadura de inspiración y mandato extranjeros -que empezó con el asesinato del comandante en jefe René Schneider en octubre de 1970, por un grupo neonazi (Patria y Libertad; más tarde se harían pasar por católicos para fundar la UDI) a la paga de la embajada estadounidense. Si algunos ciudadanos ven a Carabineros como enemigos de la patria, hay buenas razones para ello.
Decirle a la familia Gutiérrez que el niño Manuel murió porque muchos chilenos ven a Carabineros como enemigos está muy cerca de la infamia, porque la verdad es que lo mataron porque Carabineros ve a los chilenos como enemigos.
El general Gordon debió haberse marchado hace mucho tiempo, pues su mandato ha estado asociado a intolerables actos de violencia: el asesinato frustrado (por un carabinero) de Kathya Rojas Mora, niña de 10 años, en circunstancias similares al asesinato de Manuel, en septiembre de 2008; el asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009; el asesinato en un furgón policial, de un culatazo en la cabeza, de Francisco Coronado Cárdenas, en junio de 2010; y otros incidentes reprochables, como las golpizas y torturas de estudiantes en buses policiales (comprobado por la directora del Instituto de Derechos Humanos), los allanamientos ilegales (en el sur y en Santiago), el espionaje de parlamentarios, la infiltración de marchas estudiantiles para provocar disturbios y justificar la intervención policial, y muchos otros incidentes que muestran en Carabineros el culto de una violenta cultura policial antipopular (la humillación de Juanito Mozo, el bautizo violento de aspirantes a carabineros, la muerte de dos aspirantes en Curacaví).
Hizo bien el gobierno en aceptar la renuncia de este general, pero sería mejor que el ministro Hinzpeter se abstuviera de declaraciones inoportunas e innecesarias.

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La derecha es aún sinónimo de indecencia

Los chilenos estamos todavía esperando el surgimiento de una derecha decente, genuinamente liberal, que haga suya la defensa de los derechos humanos y las libertades personales, que entienda el reto de convertirlos en parte de la identidad chilena, que repudie con vigor las atrocidades de la canalla pinochetista y persiga a sus autores con el mismo dolor y determinación que los familiares de las víctimas. Sin embargo, aparte los ministros Bulnes y Hinzpeter, pareciera que tendremos que seguir esperando. Altos representantes de la derecha rechazan la serie y siguen burlándose de las víctimas, como si sus familiares fueran malos perdedores de algún juego y no los deudos de personas que fueron masacradas tan salvaje como injustamente. Muchos políticos en el gobierno defienden a esos criminales y muchos otros hacen la vista gorda y se escudan en una ilusoria independencia de los poderes. Chile necesita una nueva derecha, decente y verdaderamente liberal (no confundir con el memísimo liberalismo que políticos como Piñera o Larraín aprendieron leyendo a Drácula), que ayude a los chilenos a recuperar la democracia poniendo fin al sistema binominal y redactando una nueva Constitución.

De momento, creo que no necesita demostración que necesitamos urgentemente una ley de derechos humanos que penalice la obediencia de órdenes ilegales y que autorice la denuncia, o en caso extremo la neutralización de los oficiales que las impartan.

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