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Los comunistas como demócratas

En su columna en La Nación, el escritor Carlos Ernesto Sánchez ofrece un extraordinario y dramático panegírico sobre el papel de los comunistas del Partido Comunista en la historia de Chile. Demasiado elogioso. Comenté su columna en el foro de La Nación, comentario que reproduzco en parte, y extiendo.

De ninguna manera quiero quitar valor al papel que han jugado los comunistas en la defensa de los derechos de los trabajadores desde los inicios mismos de los movimientos sociales organizados ni al aporte de sus intelectuales y artistas a las artes y ciencias en el país ni a su lucha para liberarnos de la dictadura. Pero creo que la historia del periodo 1970-1973 enseñó también a los comunistas el inmenso valor de la democracia y el terrible error que se cometió cuando se la consideró una suerte de fachada de las clases burguesas.
Nunca han mostrado los militares que dieron el golpe de 1973 prueba alguna de que los comunistas preparasen un golpe de estado ni que se aprestaban a tomar el poder, como dijeron para legitimar el golpe de Estado. Para justificarlo, escribieron los militares un panfleto infame en el que intentaban demostrar que habían desbaratado un Plan Z, un escrito lleno de falsedades que debía servir para justificar la campaña de persecución y exterminio que siguió al golpe.
Pero durante el gobierno del presidente Allende no demostraron los comunistas exactamente que adhiriesen a principios democráticos y en muchas instancias crearon la sensación de que la democracia se encontraba amenazada no solamente por los grupos fascistas que empezaron a emerger en todas partes en ese periodo, aún antes del gobierno de Salvador Allende.

En el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde yo estudiaba, la izquierda había creado un clima tan opresivo y enrarecido que reafirmaba en muchos la idea de que los comunistas y la extrema izquierda sí representaban un peligro para el sistema político. El marxismo se había convertido en una materia obligatoria en todas las carreras, gozando de un estatus del que no gozaban materias como el liberalismo o el conservadurismo, para decir algo. Al mismo tiempo, se había eliminado la cátedra de Ética porque las autoridades universitarias de entonces la consideraban una ciencia burguesa inútil.
Después de las elecciones de 1973, en las que la izquierda fue ampliamente derrotada, en el Pedagógico se negaron a tomar distancia de sus funciones, impidieron que asumieran los candidatos elegidos y grupos de comunistas armados de cadenas y porras controlaban las entradas al campus. Muchos disidentes fueron golpeados. Yo mismo debí algunas veces eludir la vigilancia comunista. De los grupos de jóvenes investigadores que se formaron en varios departamentos fueron expulsados todos los que no eran comunistas o de izquierdas (yo fui expulsado del grupo de estudios de movimientos sociales por la doctora Bunster, por mis inclinaciones liberales).1 Muchos veíamos en los fascistas y en muchas tendencias incluso de la Democracia Cristiana una amenaza para la democracia. Pero también veíamos esa amenaza en muchos sectores de izquierda.
No quiero con esto justificar el golpe, ni creo en la teoría de los dos demonios. Lejos de eso. A mí me basta con saber que la derecha, en octubre de 1970, con el respaldo de la embajada de Estados Unidos y la complicidad de El Mercurio, asesinó al comandante en jefe René Schneider con la intención de atribuir el crimen a la izquierda y provocar un levantamiento que impidiera que Salvador Allende fuera investido. Lo demás es anécdota.
Deberíamos alegrarnos si los que en el pasado veían en la democracia un mero mecanismo útil para socavar las instituciones desde dentro para acercarnos así a la dictadura del proletariado, han cambiado y tienen ahora esos conceptos y propósitos como una fea pesadilla. Deberíamos alegrarnos si ahora los comunistas son uno de los pilares de la estabilidad política –no tengo ninguna duda de que luchan, codo a codo con otros, por recuperar la democracia que perdimos hace tanto tiempo.
Pero no siempre fue así.

Notas
1 Dicho esto, muchos marxistas y muchas organizaciones marxistas no han renunciado ni a sus viejos ideales totalitarios ni a sus métodos estalinistas. Colegas míos, que puedo describir como liberales de izquierda, han sido excluidos de publicaciones marxistas online que se presentan como pluralistas y que están asociadas inverosímilmente a sectores socialistas que, en otros aspectos, parecían haber abjurado de sus orígenes cavernícolas.
[La foto viene de The Espresso Stalinist.] 

Tags: /diario La Nación /Carlos Ernesto Sánchez /comunistas /Partido Comunista /historia de Chile /derechos de los trabajadores /movimientos sociales organizados /intelectuales comunistas /dictadura /democracia /clases burguesas /golpe de 1973 /golpe de estado /Plan Z /presidente Allende /principios democráticos /fascistas /Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile /extrema izquierda /marxismo /liberalismo /conservadurismo /cátedra de Ética /ciencia burguesa /doctora Bunster /Democracia Cristiana /teoría de los dos demonios /embajada de Estados Unidos /diario El Mercurio /comandante en jefe René Schneider

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Girardi, clientelismo y democracia

Desde hace unos días se ha desatado un intenso ataque contra el senador del PPD, Guido Girardi, iniciado por el ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que acusa al legislador de clientelismo, malas prácticas y extorsión. El ex ministro de Hacienda acusó a Girardi de haberle pedido que nombrara en su ministerio –cuando fue nombrado por Bachelet en 2006- a más de una decena de asesores, amenazándolo con no apoyar los proyectos de Hacienda si no lo hacía. El senador ha negado parcialmente la acusación. Dijo inicialmente que esos asesores le correspondían al PPD, en conformidad con los votos obtenidos en las elecciones y que él sólo había velado, como presidente que era entonces de su partido, por los intereses legítimos de su colectividad –pero que para eso no había hablado con Velasco. Negó que hubiese amenazado al ministro con no apoyar sus proyectos, y lo demostró recientemente en un programa de televisión mostrando que de los 170 proyectos presentados por el ministerio de Hacienda, él había aprobado 165, es decir, la inmensa mayoría. Y hasta el día de hoy, el ex ministro no ha podido mostrar la lista que presuntamente le hizo llegar el senador.

La acusación de Velasco, en la que piensa basar su campaña electoral, no tiene mucho sustento. Es evidente que si la acusación del ministro fuera fidedigna, el senador no habría votado como lo hizo por los proyectos del ex ministro. Y es igualmente evidente que si el ex ministro no puede mostrar el listado de asesores propuestos, es que ese listado o no existió o no iba dirigido a él. El senador ha igualmente negado que, en ausencia del listado, hubiese llamado por teléfono al ministro con el mismo propósito. Es muy probable, entonces, que para repartir los cargos de asesores en el ministerio de Hacienda, el senador probablemente habló con otros funcionarios –funcionarios asociados a partidos y no con el ministro, que no pertenece a ninguna colectividad política y, por tanto, tampoco le ha correspondido ocuparse de esos asuntos.

La reacción de políticos de la Concertación y de la Alianza no ha sido uniforme. En general, no se condena al senador con muchas palabras, porque los políticos han entendido que si hablan mucho se les pueden caer los dientes. El señor Moreira, del partido UDI (extrema derecha pinochetista), comentó divertido que la diferencia era que ellos no eran tan tontos como para hacer listados (llamaban por teléfono), admitiendo la práctica. Algunos políticos de la Concertación –coalición  a la que pertenece el senador- también lo han condenado, pese a que no existe claridad sobre qué ocurrió exactamente ni si realmente ocurrieron las cosas como dice el ex ministro que ocurrieron.

Pero, ¿qué es el clientelismo? ¿E incurrió Girardi en esa práctica? Según la definición de Wikipedia, el clientelismo “es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema”.
Según la definición, y asumiendo que Girardi efectivamente presionó al ministerio para obtener esos cargos, lo que ocurrió no se puede definir de esa manera. En realidad, la descripción de Velasco se corresponde mejor con la manera de operar de la mafia o de prácticas habituales en entornos rurales algo atrasados, con terratenientes feudales y alcaldes eternos. Si lo que presuntamente hizo Girardi es clientelismo, los funcionarios nombrados deberían ser líderes políticos, porque son estos los únicos que pueden brindar apoyo electoral. Pero las personas a cuyo favor habría actuado el senador eran asesores, no dirigentes políticos. ¿Puede alguien creer que el senador Girardi presionó para instalar a catorce correligionarios a cambio de sus votos? Esa idea es derechamente absurda. Más absurda aun en un régimen electoral que no es exactamente democrático y donde la obtención de apoyo electoral no es una condición determinante para acceder a la legislatura.

Yo creo que lo que ocurrió es perfectamente comprensible y legítimo. En las democracias las elecciones se convocan para dirimir la distribución del poder político. Cuando el candidato es apoyado por un solo partido la repartición del poder no implica problemas graves. El presidente elegido puede nombrar solamente a miembros de su partido en los cargos públicos que le corresponde: todos los ministros, subsecretarios, asesores y jefes de servicio. Cuando el presidente es elegido por una coalición, la cantidad (y destinación) de los cargos públicos depende no de la voluntad del presidente, sino de los votos obtenidos –vale decir, de la voluntad de la ciudadanía. Si tu partido obtuvo un porcentaje x, a tu partido le corresponden tantos ministerios, subsecretarías, asesorías, etc. Así funciona la democracia y simplemente no puede funcionar de otra manera. La democracia es una manera de distribuir el poder de acuerdo a la voluntad ciudadana que se expresa en votos y determina la cantidad de cargos públicos que corresponden a los miembros de las colectividades participantes. Sería ridículo, y se apartaría de las prácticas democráticas, que ganadas las elecciones con la participación de tu partido, algún ministro pretendiera que tu partido no tiene derecho a ningún cargo –lo que querría decir que el ministro se pasa la voluntad ciudadana por el sobaco y que no permitirá que tu partido (tus subsecretarios, tus asesores) ejerzan influencia en la toma de decisiones políticas. La idea de democracia que defiende Velasco es derechamente circense. Lo que quiere Velasco es que el señor Bermúdez nombre a todos los funcionarios, sin tomar en cuenta la votación. Si Girardi hizo llegar un listado de asesores por nombrar, no hizo más que defender los intereses institucionales legítimos de su partido.
Si el clientelismo es la concesión de favores políticos a cambio de apoyo electoral, en Chile no podría existir, por la simple razón de que el sistema electoral chileno no es democrático y, por tanto, no tiene ningún sentido buscar un apoyo electoral que no influye casi en nada en la designación de los cargos públicos. Como sabemos, en Chile los senadores y diputados son nombrados por las directivas de los partidos, y las limitadas elecciones no son más que un paripé para enmascarar la naturaleza profundamente antidemocrática del régimen político.

A veces el clientelismo se confunde con la simple corrupción, como cuando un funcionario público con poder instala en la administración a amigos y parientes, como hacía el presidente Lagos y sus ministros y, en realidad, todos los presidentes, de antes y después de la dictadura, más allá de la cuota de poder que corresponde legítimamente a cada actor político. Esta es una práctica bastante extendida, la cometen todos los partidos sin excepción y está tan enraizada en la cultura que no creo posible que se logre eliminar enteramente. (“Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores”, se lee en el artículo en Wikipedia). Recuérdese solamente el escándalo por la contratación de asesores de los legisladores, cuando se descubrió que nada menos que el treinta por ciento de los asesores contratados eran familiares de los senadores y diputados que los tenían a su servicio.

Volviendo al caso de Girardi, pareciera que vamos a tener que concluir que el clientelismo es mucho más aparente en la prensa que cubre el caso que en el senador. Según la definición en Wikipedia, “resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo”. Me parece que practican el clientelismo los órganos de prensa y periodistas que han atacado ferozmente al senador y sospecho que son clientes de patrones políticos que exigen, a cambio de nombramientos y otros privilegios, que el senador sea atacado. Prácticamente toda la prensa escrita y todos los canales de televisión, todos sin excepción en manos de grupos de derecha y extrema derecha, han presentado el caso de tal manera que pareciera que Girardi efectivamente representa las malas prácticas de las que habla el ex ministro, mientras que en realidad los clientes que devuelven favores son el propio ex ministro y sus compañeros en la prensa. El ex ministro es intensa y ampliamente apoyado por la derecha porque es uno de los funcionarios que contribuyó de manera decisiva a la derrota electoral de la Concertación, porque imprimió un sello antipopular a esa coalición cuando, entre otras cosas, rechazó discutir el aumento del salario mínimo, se negó a quitar el 7 por ciento del seguro médico de los jubilados, conspiró para hacer aprobar el proyecto Hidroaysén y quitó viento al postnatal –proyectos que han sido (aunque no todos) implementados por el actual gobierno. El ex ministro Velasco siempre estuvo más a la derecha que la derecha y defendió brutalmente los intereses de la codicia empresarial. Por eso no sorprende que sea la derecha, en su prensa, la que adopta el punto de vista del ex ministro y ataca al senador, devolviendo los favores políticos que denuncia. Velasco es el hombre de los patrones y en momentos en que se inicia un nuevo proceso electoral, la prensa debe volver a mostrar su lealtad. Eso se llama clientelismo. Es así como se devuelven los favores.

En conclusión, no creo que el senador Girardi haya hecho nada incorrecto Simplemente defendió los intereses legítimos de su partido. Pero el revuelo que ha causado en prensa y televisión es muy sospechoso. A los ciudadanos chilenos mismos no creo que les importe demasiado. Recuérdese que los chilenos eligieron sin escrúpulos a un presidente que tiene antecedentes penales (Piñera fue condenado a tres años de cárcel, por estafa, en un fallo que fue anulado por presión del dictador Pinochet) ni dijeron nada cuando se descubrió que Hidroaysén había donado un millón de dólares a una fundación de la Primera Dama (que, increíblemente, lo aceptó) poco antes de que se decidiera si continuaba o no el proyecto. Ni nadie dice nada porque los políticos, que se fijan los más altos salarios del mundo, sean al mismo tiempo empresarios. Esto no es un elogio, pero en Chile muchos ciudadanos, quizás la mayoría, estarían encantados de tener parientes en la administración pública que les procurasen empleos y privilegios de otro tipo, como becas, subsidios y viajes. No somos un país que se caracterice exactamente por el carácter probo de sus habitantes, que son más bien indiferentes y acomodaticios. A mediano y largo plazo, esta acusación infundada y bruta quizá hasta convenga al senador Girardi.
[La imagen viene de EcoNegocios]. 

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Elecciones primarias precocinadas

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley que instituye y regula las elecciones primarias de los candidatos a presidente, parlamentarios y alcaldes. Ahora el proyecto debe pasar al Senado para su siguiente trámite constitucional.
Muchos políticos, especialmente de gobierno, han celebrado la medida como un desarrollo positivo hacia la democratización. El diputado Salaberry, de la UDI (extrema derecha pinochetista), considera la nueva ley como un perfeccionamiento de la democracia.
Pero, de hecho, con el nuevo proyecto la verdad es que no se avanza en absoluto. Es simplemente una vuelta de burro más a la noria de la desfachatez de la clase política.

Un reclamo persistente de la ciudadanía ha sido que los candidatos a senadores y diputados no son elegidos en elecciones abiertas al interior de los partidos que los postulan. Esos candidatos son simplemente nombrados por las directivas de los partidos, permitiendo así que grupos de poder (clanes) se perpetúen en su mando, rotando a sus candidatos a cargos en alguna de las cámaras. Estos candidatos son luego ratificados por la ciudadanía en un paripé de proceso electoral que, la verdad sea dicha, no sirve absolutamente para nada, excepto crear la ilusión -en todo caso para muchos- de que son los ciudadanos quiénes realmente deciden. Nada más lejos de la verdad.

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Reformas políticas no sirven para nada

Con la inscripción automática y el voto voluntario no me parece que se refuerce la democracia que no tenemos. Para el sistema electoral vigente en las elecciones parlamentarias -el binominal- es completamente indiferente que los ciudadanos se inscriban automáticamente o no y la cantidad de electores es igualmente indiferente. Como nuestros senadores y diputados no son realmente elegidos, el voto ciudadano es un paripé inútil que es una ratificación igualmente torcida de los candidatos designados por las directivas de los partidos -designación que se hace a puertas cerradas y sin participación ni siquiera de los miembros de los partidos. Que los candidatos designados sean, ejem, elegidos por cinco votantes o seis millones no hace ninguna diferencia.
En cuanto al voto voluntario, todo parece indicar que es igualmente un paripé, porque el Senado aprobó una sorprendente y bizarra indicación del senador concertacionista Letelier, según la cual los ciudadanos que han “ejercido su derecho a sufragio, tendrán derecho a ser preferidos en la lista de elegibles para un empleo público y en la adjudicación de becas por parte del estado, frente a quienes no lo hubieren hecho” (en Radio Bíobio). ¿En qué quedamos? Si el voto es voluntario, no se entiende que los políticos quieran castigarnos por no votar o no participar en sus ridículas farsas. Si no votamos, no podremos postular a ser funcionarios públicos ni nos darán becas.
¿Y qué quiere premiar el senador socialista? Pues, nada menos que “a los ciudadanos activos cuando hay igualdad de condiciones”. Llamar ciudadano activo a un votante que acude a las urnas a ratificar a los candidatos designados por los partidos a espaldas de la ciudadanía no es exactamente sinónimo de participación política. El senador Letelier parece tener una idea bastante reaccionaria del concepto. Qué curiosa ironía que haya sido un senador de extrema derecha (Espina, de RN) quien criticara al socialista.
Es de esperar que los diputados muestren más cordura que los senadores y rechacen estas reformas insípidas. El único modo de fomentar la democracia es simplemente recuperándola. Y para ello la única vía posible es la derogación del sistema binominal.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Chile explicado para extranjeros

Muchos extranjeros, y algunos chilenos, suponen que Chile es una democracia. Así lo dicen y repiten sus propias autoridades e incluso algunos políticos de oposición. El presidente no se cansa de repetirlo majaderamente en cuanta ocasión se le presenta, especialmente durante sus viajes al exterior. Hay una sospechosa insistencia. ¿Es Chile una democracia? ¿La recuperaron los chilenos después del fin pactado de la dictadura de extrema derecha en 1990? ¿Es Chile realmente un país social y políticamente estable?

La respuesta a la primera pregunta es no: Chile no es una democracia. Veamos. En el país existen dos regímenes electorales: en las elecciones municipales –de alcaldes y concejales- y en las presidenciales se utiliza la representación proporcional. Como en las democracias normales, los ciudadanos eligen a todos sus representantes y opera el principio de un ciudadano un voto. En estos dos regímenes son elegidos los candidatos que obtienen las primeras mayorías. Pero en las elecciones parlamentarias –de senadores y diputados-, no rige el sistema proporcional ni rige el principio de un ciudadano un voto.
En Chile impera el llamado sistema electoral binominal para las elecciones de sus 38 senadores y 120 diputados. En las elecciones pueden participar sólo dos coaliciones de partidos (los independientes también pueden participar, pero tras un proceso engorroso y difícil cuyo fin es impedir su inscripción): la Alianza (una coalición de partidos de extrema derecha) y la Concertación (coalición de partidos de la centro-izquierda tradicional). Cada coalición debe presentar dos candidatos por circunscripción: 76 candidatos al Senado y 240 a la Cámara Baja. Cada circunscripción debe elegir a dos candidatos. Los senadores elegidos –pongamos por caso- serán los que obtengan la primera mayoría. Pero el segundo candidato elegido no es el que obtiene la segunda mayoría, como en las democracias, sino el que obtiene la primera mayoría de la segunda lista. Esto es, si la primera mayoría es un candidato de la Concertación, el segundo senador elegido será el que obtuvo la primera mayoría de la Alianza, con independencia de los votos emitidos por los ciudadanos.
En las primeras elecciones senatoriales después de la dictadura, los candidatos que se presentaron fueron Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar (por la Concertación) y Jaime Guzmán y Miguel Otero (por la Alianza). Lagos obtuvo el 36,62% de los votos, Zaldívar el 31,27% por ciento, Guzmán el 17,19% y Otero el 15,31%. Los elegidos fueron pues Lagos (primera mayoría de la lista de la Concertación) y Guzmán (pese a haber llegado en tercer lugar con apenas el 17%, fue elegido por ser la primera mayoría de la lista de la Alianza). En una democracia representativa normal, los elegidos habrían sido naturalmente Lagos y Zaldívar. Esto significa, obviamente, que aquí no rige el principio un ciudadano un voto, porque el sistema reduce el valor del voto a exactamente medio voto: los ciudadanos eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores, la otra mitad no la eligen ellos, sino que la impone el sistema. ¿Es esto democracia? No, evidentemente no.

El sistema sí permite, como ya ha ocurrido, que las coaliciones existentes admitan a otros partidos y reserven algunas circunscripciones. Es lo que ha hecho la Concertación y lo que explica que haya algunos senadores y diputados comunistas en el Congreso.

Dije que los ciudadanos “eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores”. Esto se explica porque el sistema no obliga a los partidos a que realicen primarias democráticas para determinar a sus candidatos, lo que implica que estos son nombrados por las directivas de los partidos sin ninguna forma de control por sus propios militantes. A nivel de partido tampoco hay democracia. El resultado evidente es que incluso en el caso de los candidatos al Senado o Cámara Baja elegidos en primera mayoría, tampoco se puede decir con propiedad que fueron elegidos, pues lo que destaca claramente es que en realidad es una elección ya cocinada en la que los ciudadanos sólo ratifican decisiones tomadas a sus espaldas en los cuartos traseros de las sedes de los partidos. Este sistema produce una inmovilidad casi absoluta, pues en el Senado cada coalición tiene exactamente la misma cantidad de senadores: 19, y en la Cámara Baja cada una 60 diputados. Las votaciones terminan en un impasse permanente. Sólo se puede gobernar si algún senador o diputado desobedece o traiciona a la coalición que representa. Y así es como funciona Chile: la traición o la desobediencia es lo único que permite avanzar en la legislación. Por eso no es nada raro que la aprobación de leyes llegue a demorar veinte o más años y que de los proyectos de ley originales no quede ni la sombra, pues en el debate y por la necesidad de hacer compromisos, los proyectos quedan totalmente ahuecados. Esto es un paripé de democracia que no sirve para nada, excepto para mantener los privilegios de la clase política.

Muchos políticos defienden el sistema binominal diciendo que produce estabilidad en el país. Evidentemente, se refieren al hecho de que como se puede avanzar en prácticamente nada, los gobiernos sólo se limitan a mantener el status quo que el país heredó de la dictadura. El sistema binominal lo impuso la dictadura y no es si ni siquiera un proyecto conjunto con la Concertación –que se limitó a lo que dicen que es un perfeccionamiento del sistema, cuando eliminó (el presidente Lagos) a los senadores designados- ni ha sido refrendado por la ciudadanía. Es por eso que no es exagerado definir al sistema chileno como una dictadura encubierta.
Pero la estabilidad no la produce el sistema. Esto ha quedado en evidencia en los últimos meses, durante el gobierno de extrema derecha del presidente Piñera. El país vive momentos convulsos por el masivo rechazo de la ciudadanía a proyectos aprobados de mala manera que afectan gravemente a los ecosistemas del país y por la negativa del gobierno a iniciar reformas de la educación, cuyos fundamentos basados en el lucro defiende a brazo partido contra la opinión de más del 80% de los chilenos. La presunta estabilidad no es más que opresión y terror. Los trabajadores apenas sí tienen derechos sindicales, pueden ser despedidos en cualquier momento sin motivo alguno y si protestan en las calles, la policía está autorizada a reprimir violentamente e incluso a disparar a matar. Desde que terminó la dictadura explícita de Pinochet en 1990, la fuerza pública ha asesinado -en un clima de casi absoluta impunidad- a más de sesenta manifestantes, entre trabajadores, estudiantes y miembros de la minoría mapuche. Todos los gobiernos han recurrido a la aplicación de la ley antiterrorista de la época de Pinochet, que priva de derechos a los detenidos y permite procedimientos aberrantes, como los testigos protegidos, cuyas declaraciones anónimas y no corroboradas pueden enviar a alguien de por vida a la cárcel. La policía sigue aplicando sistemáticamente la tortura de detenidos.  Chile está entre los diez países con la distribución del ingreso menos equitativa del mundo, con más del 80% de sus habitantes endeudados y con un estado permisivo con las clases patronales, a las que les permite todo tipo de abusos e incluso la usura.
Durante el gobierno de Piñera, como han podido ver todos en todo el planeta, y según la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la policía ha empleado métodos brutales de control de las manifestaciones, incluyendo golpizas y torturas de los niños y jóvenes detenidos, abuso sexual de niñas detenidas en los buses policiales, aplicación de tormentos como el submarino contra estudiantes, asesinato premeditado de un niño no participante en un barrio pobre que fue atacado por la policía, homicidio frustrado de otro vecino, niños quemados con químicos por la policía, espionaje a dirigentes sociales y políticos de izquierda y otras incontables y horrorosas  violencias. Aparte los manifestantes muertos y heridos, el gobierno ha detenido en los últimos meses a más de cinco mil manifestantes. En este contexto, el gobierno ha ejercido presión indebida sobre los jueces, amenazándolos con estropear sus carreras en el poder judicial si no se ponen del lado del gobierno y aplican mano dura contra los detenidos  -mano dura  significa dictar prisión preventiva y aceptar de buenas a primeras las pruebas del ministerio público. Esta es quizás una de las más graves amenazas al estado de derecho.

Este régimen brutal, casi de excepción, es lo que explica la llamada estabilidad. Y algo más: ciertamente sin la colaboración de la izquierda tradicional esto no hubiese sido posible. Al final de la dictadura, la Concertación no sólo aceptó una Constitución aberrante (que, entre otras cosas, permite que la empresa privada se apropie y comercialice recursos naturales, como el agua) y un sistema electoral ridículo, sino además la ideología neo-liberal que necesita y predica todos estos abusos. La clase política chilena se ha convertido en una autocracia codiciosa, que sólo gobierna para proteger sus propios intereses y que ha llegado a intolerables extremos, como nombrar en el Senado o Cámara Baja a personas que nunca fueron ni siquiera candidatos (como una conocida senadora de ultraderecha a la que llamamos la Cerdita Nazi, o a un  senador de extrema derecha –Larraín, RN- que, como presidente de su partido, se nombró a sí mismo). Entre otras de las conocidas impudicias de la clase política (derecha e izquierda juntos) se encuentra esta: los senadores y diputados se han fijado a sí mismos los sueldos más altos del mundo. Recibe cada uno al mes unos 32 mil dólares, la mitad por concepto de dieta parlamentaria. En sus cuentas privadas, recibe cada uno pues  16 mil dólares (recuérdese que el salario mínimo chileno es de 300 dólares). Otra impudicia de la clase política es que se han fijado periodos bastante largos sin límites a la “re-elección”. Así, hay senadores que lo han sido durante más de 20 años. El cargo de senador dura 8 años. Un senador recibe durante su cargo un millón 536 mil dólares (16 mil dólares por 96 meses), y por hacer exactamente nada.

Así, amigos y lectores extranjeros, juzguen ustedes si Chile es una democracia de verdad. La mayoría de los chilenos decimos que es una farsa. Chile es una dictadura encubierta, el país entero una práctica colonia penal. Y necesitamos que el resto de mundo se entere y nos ayude a recuperar la democracia que perdimos hace tantos años. Por favor, cuéntenlo, explíquenlo, difúndanlo. Chile no es una democracia.

Comentario inspirado en una nota en La Nación.

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Quiénes son los usurpadores

El senador Girardi simplemente impidió un mal mayor. De haber intervenido la policía, hoy tendríamos mujeres y hombres apaleados, quizás uno o dos niños asesinados a balazos por la espalda y niñas manoseadas y ultrajadas por carabineros en los buses policiales. Con esto, Girardi se gana el respeto y el respaldo de la ciudadanía.
Pero la intervención de los manifestantes en el Senado en Santiago tiene también una dimensión simbólica que no se debe desdeñar. El gobierno quiere eludir su responsabilidad, y justificar de manera encubierta su intención de proteger el lucro en la educación y seguir protegiendo el despojo de nuestros recursos naturales y destruyendo el típico paisaje chileno, enviando proyectos de ley al Congreso, pese a que las organizaciones ciudadanas le habían pedido que las escuchara primero. Vale decir, el gobierno quería arreglarse los bigotes con los políticos por encima de la ciudadanía. Los manifestantes se apersonaron para decirles precisamente eso, e insistir en que fueran tomados en cuenta. Los ciudadanos no tienen muchas oportunidades de hacerse oír y esa era una ocasión. Quizás no es la mejor estrategia, pero es efectiva en cuanto deja en claro para todo el mundo, también para el extranjero, que este conflicto se deriva sobre todo de la falta de legitimidad de la clase política chilena, fundamentalmente porque nadie elige a esos políticos, que se eligen a sí mismos (como Escalona o Larraín, por ejemplo) o se hacen nombrar candidatos (los otros, lo que asegura su elección o reelección). Ningún senador o político chileno es realmente elegido, ni siquiera los que reciben los votos como primeras mayorías. (Esto porque fueron candidatos nombrados por las directivas de sus partidos y no en primarias abiertas y democráticas. El voto ciudadano sólo ratifica una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía.)
Chile no es una democracia y los ciudadanos están hartos. El único modo de recuperar la paz social y que los ciudadanos acepten decisiones tomadas por el Congreso es que este Congreso sea elegido democráticamente, de modo que sus decisiones sean aceptadas aun si no nos gustan. En las condiciones actuales, eso es imposible. Por eso la única solución a corto y largo plazo es derogar el sistema binominal y rescribir la Constitución, para lo cual se hace indispensable convocar a una asamblea constituyente. Recuperar la democracia es la única solución, y sería bueno que todos, izquierda y derecha, se comprometiesen en ello sin trampas ni engaños.
Porque lo que dejó claro la arremetida ciudadana en el Senado es que no son los ciudadanos los usurpadores, sino los políticos que estaban en el edificio, que vienen usurpando la voluntad y representación ciudadana desde 1990. A los dirigentes ecologistas y estudiantiles los eligen al menos sus propias plataformas. A los senadores y diputados no los elige nadie. El edificio del Senado, si pertenece a alguien, es al pueblo, no a una clase política autocrática que carece de toda legitimidad.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Estamos lejos de ser una democracia

Somos muchos los que vemos las cosas de otra manera. Es irritante escuchar a cada rato que somos una democracia cuando es tan evidente que estamos lejos de serlo. ¿Qué pretenden los políticos en insistir una y otra vez en esta descripción inapropiada del régimen político chileno? ¿Lavarnos el cerebro? Debido al binominal, los chilenos sólo elegimos a las primeras mayorías, vale decir, a la mitad de los senadores y diputados. La otra mitad la designan las cúpulas de los partidos. Todo esto se dice con mucha generosidad, porque los políticos que son presentados como candidatos al Senado o a la Cámara Baja no son elegidos en primarias democráticas y abiertas, sino que nombrados por esas mismas cúpulas. Lo que el establishment llama elecciones no es más, si acaso, que una burda ratificación de decisiones tomadas en los cuartos traseros de los cuarteles políticos. ¿A esto le llaman democracia?
Dicho esto, se entiende que cuando el gobierno rechaza el diálogo con los estudiantes, profesores y padres y apoderados que buscan una reforma de la educación, prefiere la brutal represión de las fuerzas especiales de Carabineros y criminaliza la protesta, que cuando pretende que el tema termine en el Parlamento, la ciudadanía empieza a temblar, porque, no tratándose de políticos elegidos democráticamente, y que parecen estar más interesados en mantener el status quo que los convirtió en multimillonarios que en gobernar por el bien común, el temor generalizado es que se arreglen los bigotes con el gobierno. Después de todo, del actual sistema educacional chileno son responsables tanto la dictadura como la Concertación. En educación, y en muchas otras cosas, la Concertación y la Alianza son las dos caras de la misma moneda.
La actuación del senador Girardi fue correcta y se evitaron males mayores. Si se hubiese autorizado la presencia de fuerzas especiales, se habría autorizado que carabineros golpeasen a mujeres y niños indefensos, habrían llenado el edificio de gases lacrimógenos y, quizás, algún elemento más asilvestrado que otros le habría pegado un balazo por la espalda a algún niño. Girardi evitó todo eso. La sesión pudo continuar. El senador merece elogios y todo el respaldo de la ciudadanía.

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Casta militar teme a la verdad y al castigo

Es una lástima que este general aparezca implicado en esa desaparición, que es ciertamente un asesinato. Que la Corte Suprema lo haya absuelto, sobre todo después de sus acostumbrados fallos de dudosa legitimidad (cuando, por ejemplo, aplican prescripción en casos de derechos humanos, que son imprescriptibles, o amnistía en casos de delitos inamnistiables) con que se han destacado los jueces de la II Sala, hará sacar a muchos la conclusión contraria. Es penoso, y está empezando a ser patético, que la tercera edad pinochetista, todavía con la ilusión de no pagar por sus crímenes, no sea capaz de acumular coraje para soltar las riendas y dejar que el país vuelva a respirar. Sus amigos debieran decirles que si creen que alguna vez tuvieron un papel justificable, llevan demasiado tiempo sosteniendo una quimera enfermiza y que ciertamente nadie los necesita. Una condición indispensable para la fundación de una nueva derecha decente es precisamente que de verdad rompa lazos con el pinochetismo, con el que nunca debió aliarse, y jure lealtad a los principios de la democracia y la libertad y vuelva a iniciar su liberalismo a partir de los derechos humanos y las libertades personales, y no de la bruta e inútil codicia capitalista.
Una derecha reformulada atraería a muchos ciudadanos que hoy día van por la vida votando por la izquierda. Este general, así como todos los otros asociados de algún modo al pinochetismo, debiesen apartarse y dejar el espacio para oficiales capaces de entender los nuevos retos de Chile, el principal de los cuales es ciertamente la construcción de una democracia verdadera y legítima.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Ineludible reestructuración de Carabineros

Qué punto de vista tan pequeño. Las conductas abusivas o ilegales de Carabineros no se limitan a este asesinato. En los últimos meses hemos conocido casos de espionaje a parlamentarios, allanamientos ilegales, infiltración de marchas estudiantiles, torturas en buses policiales y otras vejaciones sobre las que ni el gobierno ni la propia institución han tomado medida alguna. Es evidente que el general Gordon es el principal responsable, porque ha defendido públicamente la violencia contra manifestantes y se ha expresado además políticamente, llamando traidores a los que rechazan HidroAysén. Gordon debió marcharse hace meses. Ahora su retiro es urgente. Aunque sonó severo en su declaración, es evidente que nada de eso habría pasado en Carabineros si ese tipo de conductas no hubiesen sido toleradas en el pasado. El gobierno debe demostrar que en el ministerio del Interior manda Hinzpeter, no Gordon.
Las juventudes de derecha podrían haber aprovechado la oportunidad para unirse a los chilenos en su lucha por recuperar la democracia, condenar este asesinato, rechazar su traspaso a la justicia militar y exigir la renuncia de Gordon y la reestructuración de Carabineros.
Los concertacionistas hicieron la vista gorda con otros incidentes de violencia y muerte durante sus gobiernos. Pero las juventudes de derecha vienen haciendo la vista gorda desde hace casi cuarenta años. Pese a los varios asesinatos cometidos por carabineros con ocasión de protestas durante gobiernos de la Concertación, nunca hicieron otra cosa que aplaudir.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Chile debe estabilidad a la traición

El régimen electoral binominal es evidentemente antidemocrático, entre otras cosas porque corrompe uno de los principios fundamentales de la democracia, que es que un ciudadano vale un voto. Con este sistema, el voto ciudadano vale medio voto, porque la mitad de los parlamentarios (senadores y diputados) no son elegidos por los votantes, sino nombrados por las cúpulas de los partidos. El poder de estas cúpulas usurpa la voluntad ciudadana -como hemos visto recientemente con el de la señora von Baer, y el más descarado caso de Larraín, que se nombró a sí mismo. Estas prácticas son completamente inaceptables.
Diga lo que diga el capo de la extrema derecha, nunca podrá convencer a nadie que en un sistema donde un candidato que obtiene una minoría de votos es elegido, y el candidato rival que obtiene la segunda mayoría no (como ocurrió en las primeras binominales de 1990, cuando de 4 candidatos se eligió a Zaldívar con el 31,27% de los votos, y a Guzmán con 17,19%, y no a Lagos, que obtuvo el 30,62%). Esto evidentemente no es democracia.
Disociar los principios éticos del régimen electoral es una postura inmoral. En las democracias verdaderamente representativas, un ciudadano es un voto, y la representación es proporcional.
Es por la representación usurpada que representa el Parlamento actual que se ha convertido en una instancia en la que no se puede confiar. Ese Parlamento no representa a los chilenos. El país necesita recuperar la democracia, entre otras cosas para deshacernos de los usurpadores y terminar con la nefasta influencia de los partidarios del Mal.
Por otro lado, la tan alabada estabilidad del país ciertamente no se debe al binominal. Queda claro en la incoherente frase de Coloma: “Cada vez que yo acompañé a un ex Presidente de la Concertación en algunos de sus viajes, al final terminaba lleno de condecoraciones y alabanzas por la estabilidad política de Chile.” La estabilidad no es el objetivo de la democracia, sino la soberanía popular. El país ha sido estable porque la Concertación abandonó la causa popular y pactó con sus antiguos victimarios para instalar el neoliberalismo y continuar de manera encubierta con la dictadura. El binominal fue la recompensa para repartirse en partes iguales eternamente el poder y sus privilegios.

Comentario sobre entrevista con Juan Antonio Coloma, capo de los fascistas, en La Nación.

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Guzmán es sinónimo de terror y barbarie

Sin justificar el aparente intento de volar el monumento al ideólogo de la extrema derecha, este acto obliga a reflexionar sobre su nefasto papel en la historia reciente de Chile como el político que destruyó su democracia y ayudó a instaurar un régimen de terror que terminó con la vida de más de tres mil ciudadanos. Su influencia aún se deja ver en la Constitución y en muchas de las instituciones de hoy, que siguen obstaculizando la recuperación de la democracia. Por su asociación con los episodios más execrables de nuestra historia, ni él ni su patrón, el general Pinochet, debiesen ser recordados nunca como héroes. Si se acepta que algunos rindan homenaje a un criminal, ¿no debiésemos admitir igualmente que se rinda homenaje a personajes como Hitler, Idi Amín Dada, Stalin, Pol Pot y otros notorios dictadores? Si se admite este culto, ¿por qué razón prohibiríamos la apología del odio racial, de la pedofilia, del canibalismo, del exterminio de algunas razas o nacionalidades, de la xenofobia, del satanismo? ¿Fomentar la democracia es lo mismo que promover los campos de concentración? ¿Tienen neo-nazis y fascistas derecho a ensuciar nuestras calles y espacios públicos con su culto a estos personajes siniestros?
Este es un monumento que no debió erigirse nunca.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Gobierno se pasa ciudadanía por el sobaco

Yo creo que el gobierno todavía no mide la profundidad e intensidad del descontento de la ciudadanía. En momentos en que los ciudadanos piden más democracia, más participación, más inclusión -que es evidente cuando reclaman el fin del binominal, la redacción de una nueva Constitución, la realización de primarias abiertas-, el gobierno decida no sólo ignorar estos anhelos sino además pasárselos por el sobaco, secuestrando a políticos elegidos para nombrarlos en cargos de gobierno (como el caso de la alcaldesa de Recoleta), o al revés, nombrando en cargos parlamentarios a candidatos que no fueron elegidos (como el nombramiento de Ena von Baer como senadora) haciendo todavía más patente que la elección de parlamentarios es en realidad un paripé. Creo que el gobierno realmente no sabe lo que está pasando en la calle y los hogares chilenos. Estos nombramientos son una bofetada a las aspiraciones de mayor democracia.

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Dictadura nos veía a todos como enemigos

Me parece una gran y esperanzadora iniciativa. Debemos hacer esfuerzos para que conozcamos ese periodo de la historia del país y comprendamos que el régimen militar tenía en la mira a todos los chilenos, que su objetivo fue destruir, junto con la democracia y los valores occidentales que inspiraron nuestras repúblicas, la esencia misma de la identidad nacional, introduciendo el veneno del odio y del terror e infiltrando y usurpando desde nuestras tradiciones religiosas hasta el propósito mismo de las nuestras instituciones, incluyendo el poder judicial que colaborara tan abyectamente con la barbarie militar. Debe llegar el día en que todos miremos con horror ese periodo. Cuanto más urgente es, por eso, sanear nuestras instituciones, especialmente las armadas y judiciales, de los elementos del mal que participaron en ese régimen antinacional o encubren todavía a quienes las utilizan como refugio.
Hay muchas otras fechas posibles para marcar la violencia política y social (asesinato del general Schneider en 1970, matanza de Pampa Irigoin en 1969), para no mencionar las numerosísimas instancias de brutalidad policial de los años sesenta, pero el 11 de septiembre señala el momento en que nuestras propias fuerzas armadas y Carabineros usaron sistemáticamente el terror contra los chilenos, convirtiéndose de facto en fuerzas de ocupación.

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La derecha es aún sinónimo de indecencia

Los chilenos estamos todavía esperando el surgimiento de una derecha decente, genuinamente liberal, que haga suya la defensa de los derechos humanos y las libertades personales, que entienda el reto de convertirlos en parte de la identidad chilena, que repudie con vigor las atrocidades de la canalla pinochetista y persiga a sus autores con el mismo dolor y determinación que los familiares de las víctimas. Sin embargo, aparte los ministros Bulnes y Hinzpeter, pareciera que tendremos que seguir esperando. Altos representantes de la derecha rechazan la serie y siguen burlándose de las víctimas, como si sus familiares fueran malos perdedores de algún juego y no los deudos de personas que fueron masacradas tan salvaje como injustamente. Muchos políticos en el gobierno defienden a esos criminales y muchos otros hacen la vista gorda y se escudan en una ilusoria independencia de los poderes. Chile necesita una nueva derecha, decente y verdaderamente liberal (no confundir con el memísimo liberalismo que políticos como Piñera o Larraín aprendieron leyendo a Drácula), que ayude a los chilenos a recuperar la democracia poniendo fin al sistema binominal y redactando una nueva Constitución.

De momento, creo que no necesita demostración que necesitamos urgentemente una ley de derechos humanos que penalice la obediencia de órdenes ilegales y que autorice la denuncia, o en caso extremo la neutralización de los oficiales que las impartan.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Un ministro que no puede ser presidente

Yo creo que un ministro de Justicia que tolera que los jueces, amparándose en la independencia de los poderes del estado, dicten fallos aberrantes que contravienen los compromisos internacionales de Chile en el ámbito judicial -como por ejemplo la aplicación de la prescripción penal y amnistía en delitos contra la humanidad- o que, movidos sus inclinaciones políticas, dicten penas ridículamente leves en casos de increíble crueldad y violencia, como los crímenes cometidos por militares pinochetistas, no es un buen ministro ni puede ser un buen presidente pero de ningunísima manera. Un ministro que tolera la violación permanente del estado de derecho -como la aplicación de la ley antiterrorista- y que no lucha por la recuperación de la democracia, también en el ámbito judicial, tampoco es un buen ministro. Un ministro que sólo quiera administrar y que no emprenda las urgentes y radicales reformas que requiere el poder judicial, y que no tenga agallas para extirpar a la canalla pinochetista de su seno, no podrá ser nunca un buen presidente.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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