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Eliminar justicia militar es ineludible

Esta es una decisión aberrante e injusta que confirma, lamentablemente, las peores sospechas que abriga la ciudadanía sobre la justicia militar. En sí misma, la decisión da más peso al clamor ciudadano que exige eliminarla derechamente y llevar a juicio a esos jueces militares por casos evidentes de prevaricación. Ciertamente, es una abierta provocación contra las autoridades políticas en momentos en que buscan recomponer las relaciones con la ciudadanía después de los terribles abusos cometidos por las fuerzas especiales de Carabineros. Qué duda cabe que la ausencia de justicia en el país podría conducir, en el mejor de los casos, a llevar este caso, y otros similares, a instancias internacionales, y, en el peor, a hacerse justicia por propia mano. La decisión del tribunal castrense enturbiará evidentemente la percepción de los esfuerzos del gobierno de intervenir en los fallos judiciales, porque se entenderá que mientras pide mano dura para los manifestantes, deja en la impunidad a los elementos policiales que usan su posición para cometer delitos tan graves como homicidios, y hará más profunda la brecha entre ciudadanía de un lado, y fuerzas policiales y gobierno del otro.
La impudicia de la decisión castrense es inaceptable por muchos motivos. Primero, no se entiende por qué fue juzgado por la justicia militar en circunstancias en que el ex sargento Millacura disparó contra civiles y estando de franco. Pero, además, el tribunal castrense deja sin investigar lo que pareció evidente después de cometido ese asesinato, a saber, que ese crimen fue cometido con premeditación, que el entonces sargento Millacura, sin estar de servicio, pudo sin embargo sacar armas de servicio de la comisaría y convenció a otros carabineros para armarse de similar manera y dirigirse al lugar donde cometería el asesinato y el asesinato frustrado contra otra persona que se encontraba en el lugar. Eso se llama conspiración para delinquir, y el crimen, homicidio premeditado.
¿A qué organización pertenece el ex sargento Millacura? ¿Quién le ordenó cometer ese crimen? ¿Quiénes son los otros carabineros que extrajeron armas ilegalmente para cometer ese y otros crímenes? ¿Qué relación tiene el asesinato del joven Gutiérrez con el llamado a carabineros del vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el día anterior, a disparar a matar contra los manifestantes?
Si el gobierno permite esta impunidad, dañará de manera definitiva la imagen que tiene la ciudadanía de la derecha. Manuel Gutiérrez no era un manifestante ni un encapuchado. Era simplemente un observador y fue víctima de una táctica frecuente de Carabineros de disparar a mansalva y a ciegas contra personas en poblaciones pobres en una deleznable estrategia de intimidación social. Si el gobierno admite esta aberración, la ciudadanía le pasará la cuenta de muchas maneras.

La decisión es también mucho más que una provocación contra el gobierno. Es también un repudio explícito de las condenas internacionales que ha recibido Carabineros por los intolerables abusos que ha cometido contra ciudadanos chilenos en los últimos meses.
Lo que también queda en evidencia con esta decisión es que la justicia militar, y en realidad las fuerzas armadas y Carabineros, siguen siendo un enclave autoritario, empecinado en defender no sólo los crímenes del pasado, sino además los abusos policiales actuales.
Por eso es urgente que el gobierno y la clase política emprendan dos tareas que siguen siendo urgentes: la derogación de la justicia militar y una purga definitiva de las fuerzas armadas y carabineros para eliminar de entre sus filas a sus elementos parias, aliados o subalternos de la derecha psicótica.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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No fue violencia innecesaria, fue homicidio

El carabinero Miguel Millacura no estaba de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez. Según todos los informes de prensa que han aparecido desde entonces, Millacura se dirigió voluntariamente a la comisaría y sustrajo, con los otros miembros de la patrulla, subametralladoras UZI. Esto evidentemente implica que los carabineros conspiraron para delinquir y eso se llama normalmente asociación ilícita. También sabemos, por la investigación de la PDI, que el suboficial Millacura mintió cuando dijo que habían disparado en defensa propia porque estaban siendo atacados con armas de fuego. La PDI desmintió que los manifestantes y vecinos que observaban la escena hayan disparado contra los carabineros. Además, la pesquisa posterior ha determinado que Millacura disparó contra otro vecino con la misma UZI, dejándolo herido en un hombro. Entre otros delitos que cometió, los principales son homicidio y homicidio frustrado.
Pero que no haya estado de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez quiere decir principalmente que la acusación es errónea, porque el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte sólo puede ser cometido, evidentemente, por carabineros en actos de servicio. Los delitos cometidos por Millacura son por tanto delitos comunes y consecuentemente escapan al ámbito de la justicia militar. Sus delitos son, además, cubiertos por la legislación antiterrorista, porque el objetivo evidente era castigar, intimidar y aterrorizar a la población civil. Pero supongo que nadie querrá usar esta última argumentación.

Comentario sobre una nota en Radio Bíobio y en La Nación.

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Diputada conspiró para robar

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100408/pags/20100408001534.html

Ayer argumentaba el defensor que el órgano que debía juzgar las cuentas de los parlamentarios, en caso de presunción de fraude, no eran los tribunales de justicia, sino una comisión revisora de la Cámara. De ser verdad, implicaría que la clase política tiene un fuero especial que permite que los parlamentarios escapen al control de la justicia y sean juzgados por sus contables o por ellos mismos -en ambos casos, una situación inaceptable porque coloca a los políticos por encima de la ley.
Ahora dice el defensor que se trata de fondos de libre disposición. Según el fiscal, no lo son. Pero si lo fueran, no se entendería porque la diputada pinochetista montó semejante trama (contrato de asesores falsos que le devolvían el dinero a través de terceros) para que el dinero terminara en su cuenta. La intención dolosa es evidente.

Tags: /Chile /Cámara de Diputados de Chile /corrupción /fraude al fisco /comisión revisora de la Cámara /fondos de libre disposición /conspiración para delinquir /fuero parlamentario /impunidad /diputada pinochetista /UDI