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Elecciones primarias precocinadas

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley que instituye y regula las elecciones primarias de los candidatos a presidente, parlamentarios y alcaldes. Ahora el proyecto debe pasar al Senado para su siguiente trámite constitucional.
Muchos políticos, especialmente de gobierno, han celebrado la medida como un desarrollo positivo hacia la democratización. El diputado Salaberry, de la UDI (extrema derecha pinochetista), considera la nueva ley como un perfeccionamiento de la democracia.
Pero, de hecho, con el nuevo proyecto la verdad es que no se avanza en absoluto. Es simplemente una vuelta de burro más a la noria de la desfachatez de la clase política.

Un reclamo persistente de la ciudadanía ha sido que los candidatos a senadores y diputados no son elegidos en elecciones abiertas al interior de los partidos que los postulan. Esos candidatos son simplemente nombrados por las directivas de los partidos, permitiendo así que grupos de poder (clanes) se perpetúen en su mando, rotando a sus candidatos a cargos en alguna de las cámaras. Estos candidatos son luego ratificados por la ciudadanía en un paripé de proceso electoral que, la verdad sea dicha, no sirve absolutamente para nada, excepto crear la ilusión -en todo caso para muchos- de que son los ciudadanos quiénes realmente deciden. Nada más lejos de la verdad.

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Grupos de base y causa animalista

En debates recientes en el movimiento animalista ha surgido lo que parece una creciente oposición entre ONGs y organizaciones ciudadanas. La oposición se ha exacerbado ahora porque en la discusión del actual proyecto de ley sobre tenencia responsable y responsabilidad civil que se discute en el Parlamento, la Comisión de Salud del Senado ha invitado persistentemente a funcionarias de ONGs, dejando de lado a los ciudadanos y organizaciones de base. 

No creo que haya mala fe en esta aparente exclusión, al menos no de parte de los senadores. Ciertamente las ONGs son más visibles, más ruidosas, más burocratizadas y más centralizadas que los grupos de base. Incluyen también habitualmente a profesionales. Actúan con relativa rapidez y ocupan rápidamente los espacios de donde se excluye, a veces por mala fe, a veces naturalmente (cuando los grupos de base no se dan a conocer y ni siquiera aparecen), a las bases. También, sociológicamente, están mucho más cerca de los senadores que los grupos de base.

Con ciudadanos y grupos de base me refiero a las innumerables asociaciones de barrios y comunas formadas habitualmente por mujeres que se ocupan de alimentar, cuidar y proteger a los perros de la calle y que también habitualmente gestionan, a lo largo de todo el país, decenas sino cientos de miles de pequeños refugios familiares. En estos refugios, normalmente de entre cinco a diez perros (aunque los hay de veinte y más, hasta de cien o más chuchos), se reúne a perros previamente en situación de calle (sea porque se perdieron o porque fueron abandonados). Los perros son alimentados, provistos de cuidados médico-sanitarios, esterilizados, desparasitados, vacunados, y, sobre todo, considerados y tratados como miembros de una familia humana. Estos refugios, y las madrinas y padrinos que los llevan (incluyendo a las que sólo trabajan con perros de la calle), no reciben ayuda oficial y viven en un permanente estado de zozobra. Los grupos ciudadanos son muy diversos. Algunos sólo de ocupan de esterilizar. Otros sólo aparecen en invierno. Muchos de estos grupos se inspiran en la filosofía de San Francisco de Asís y utilizan su nombre para denominarse. Siempre activos, se desarrollan en una casi total marginación del mundo oficial y manifiestan una declarada desconfianza hacia todo lo que provenga de ese mundo, especialmente de las autoridades y la clase política.
Aparentemente, como consecuencia de la influencia y agitación de las ONGs, los senadores parecen que han decidido proporcionar fondos a las ONGs, sin incluir en su generosidad ni a estos grupos ciudadanos y sin considerar ninguna de sus reivindicaciones más habituales. Quizá piensan que estos grupos ciudadanos van a seguir actuando, cuenten o no con apoyo oficial. Esta es una tremenda verdad. La ausencia de ayuda y de reconocimiento no les ha impedido actuar nunca, y no es probable que ocurra ahora. Estos grupos no se mueven por consideraciones políticas, ni de oportunidad, ni de empleo, ni nada. Son grupos fundamentalmente éticos.

No sé si estos grupos y su papel en el ámbito de la protección de las mascotas –las callejeras y otras- han sido estudiados alguna vez a fondo en todo el país. Pero no me cabe ninguna duda de que sin ellos en Chile tendríamos un macanudo problema con los perros de la calle. Cientos de miles de ellos, quizás millones, no están en la calle porque han sido adoptados por ciudadanos movidos por la piedad. Esta es la mayor fortaleza de estos grupos. Y pueden absorber a todavía más chuchos en situación de calle. Su efecto en sus comunidades no se limita a estas adopciones ni a su socorro de los perros que no pueden ser incorporados en esos refugios familiares. También esterilizan, procuran atención médica y enseñan a otros miembros de sus comunidades en lo que se llama habitualmente tenencia responsable.

Estos ciudadanos están en un permanente enfrentamiento con las autoridades locales, las que no escatiman esfuerzos por hacerles la vida imposible, en lugar de ayudarlos. Abundan los alcaldes que sacrifican ilegalmente a los perros de la calle (como el aborrecido alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría), y abundan las ordenanzas, con amenazas de multas, que prohíben alimentar a los perros de la calle, o construirles casetas para que sobrevivan los rigores de las temporadas frías. Son las autoridades, que se pretenden responsables, pero que matan y maltratan a las mascotas de la calle, las que entorpecen a estos admirables grupos de vecinas. Pero sus necesidades no son reconocidas, ni siquiera mencionadas.

¿Qué podrían los senadores hacer por estos grupos de base –en los que participan no apenas algunos profesionales, sino cientos de miles de personas? Muchas cosas. Por ejemplo, prohibir por ley esas ordenanzas brutas que amenazan con multas y prohíben alimentar o dar cobijo a los perros de la calle. Por ejemplo, destinar fondos para crear clínicas veterinarias de base sin fines de lucro. Por ejemplo, otorgar un subsidio a los refugios familiares. Por ejemplo, facilitar sus acciones cuando organizan campañas de adopción. Por ejemplo, proveerlos de medios para crear y fortalecer sus redes. Muchas cosas más.

Pero muchos sospechan que las ONGs ven la presencia de estos grupos como competidores por los recursos que las autoridades definen como escasos, o hacen escasos, creando innecesarios recelos y conflictos. Más que dinero, los grupos de base necesitan reconocimiento y una mayor integración a nivel municipal. Por esta razón, las organizaciones profesionales ignoran y silencian la labor de los grupos de base. En medio del bosque de funcionarias que compiten entre ellas y que han rodeado a los senadores, es muy difícil que los grupos de base se abran camino para explicar sus necesidades.

Sin embargo, creo que este conflicto puede ser superado con un poco de buena voluntad. Los grupos de base pueden hacer mucho para avanzar en una nueva relación humano-animal. Los refugios familiares pueden absorber a los chuchos perdidos. Pueden educar en sus comunidades. Pueden hacer muchas cosas más, incluso a nivel de la creación de pequeñas empresas asociadas al mundo de las mascotas. Lo que se entiende como el problema con las mascotas no tendrá solución si se ignora a estos grupos.

Pero hay algunas cosas que estos grupos ciudadanos no pueden hacer. Por ejemplo, crear clínicas veterinarias (obviamente sin fines de lucro). Por ejemplo, crear y financiar centros jurídicos para ofrecer asistencia en casos de maltrato animal. Por ejemplo, crear centros de estudio para contribuir con investigaciones profesionales serias a un mejor conocimiento de la realidad de las mascotas en muchos ámbitos (sólo para mencionar algunos temas: la realidad de los perros perdidos, por qué existe el abandono y cómo podemos atacar sus causas y no sólo sus síntomas, la calidad del alimentos comercial para mascotas y su efecto en la salud de nuestros chuchos y meninos, cómo funcionan los refugios familiares y cuántos hay en el país).

Es evidente que los grupos ciudadanos y ONGs pueden colaborar en muchos sentidos. Los refugios familiares en los barrios, los perros que todavía viven en situación de calle, seguirán necesitando cuidados médicos profesionales. En los numerosos litigios por maltrato animal en los municipios esos grupos y ciudadanos animalistas seguirán necesitando ayuda jurídica. Seguirán necesitando asesoría sobre la alimentación de los chuchos. Y seguirán necesitando a profesionales para estudiar la realidad de los chuchos e influir, si posible, en las autoridades municipales –para convencerles, por ejemplo, que prohibir que nuestras queridas viejas locas alimenten a las mascotas en la calle es una demostración de una intolerable inhumanidad. No es lo que la gente entiende por tenencia responsable.

Más por Francisco de Asís que por otra cosa, estos grupos rechazan el sacrificio de mascotas y se puede decir por ello que pertenecen al amplio movimiento Sacrificio Cero. En sus estrategias y planes, las iniciativas profesionales (como el canil de Ñuñoa y organizaciones como EDRA) y los grupos de ciudadanos son reconocidamente aliados: ambos implementan campañas permanentes de adopción como una solución permanente al problema de los perros en situación de calle y rechazan el sacrificio de perros asilados en caniles municipales. Estas dos organizaciones han implementado proyectos de un inmenso valor y en el curso de menos de dos años han logrado dar en adopción a miles de chuchos.

Algunas ONGs rechazan estos proyectos porque creen, pese a las evidencias, que no contribuyen a la solución del problema. Las mismas rechazan igualmente a los grupos de base, porque postulan que la solución sólo puede provenir de gremios profesionales (como los veterinarios). Este tipo de ONG (que son, derechamente, las asociadas a la WSPA o que han adoptado sus puntos de vista) son obviamente enemigas irreconciliables del movimiento animalista de base que acabo de describir, que son ellos mismos ya una gran parte de la solución que andamos buscando todos: las mascotas en situación de calle deben encontrar su camino hacia familias humanas adoptivas.

Pero con la mayoría de las ONGs las diferencias que menciono pueden ser superadas, porque son en gran parte artificiales. Es necesario, y urgente que las ONGs que actúan de buena fe, pero que igualmente hasta el momento han preferido ignorar al movimiento ciudadano, dejen de bloquear su acceso a la Comisión de Salud y les permitan explicar su filosofía, sus necesidades, sus estrategias y sus planes.
[Foto viene del blog El Mundo de Ayer y Hoy.]

Lecturas recomendadas

Pepa García
La verdad sobre la WSPA

Amado de Mérici
Qué hace la WSPA en Chile

[Hay una versión abreviada.]

Claudio Lísperguer
Girardi y la declaración de la WSPA

Tags: /mascotas /perros /Chile /movimiento animalista /ONGs /organizaciones ciudadanas /tenencia responsable de mascotas /responsabilidad civil /Comisión de Salud del Senado /grupos de base /agrupaciones de barrio /refugios familiares /perros callejeros /esterilización /desparasitación /vacunas /viejas locas /San Francisco de Asís /clase política /madrinas /padrinos /piedad /adopciones /matanzas de perros /sacrificio animal ilegal /alcalde de San Joaquín /Sergio Echeverría /ordenanza municipal /clínicas veterinarias /centros de ayuda jurídica

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Congreso no puede hacer la vista gorda

Las declaraciones del ministro Ribera, y las del presidente Piñera posteriormente, constituyen una de las más graves amenazas del gobierno contra el estado de derecho. La exigencia de que los jueces, en casos de detenidos por desórdenes públicos, deben aplicar la mano dura que exige el gobierno, pasando por el alto los procedimientos judiciales, es completa y derechamente intolerable y así se lo ha hecho saber la Corte Suprema al gobierno. El gobierno ha amenazado con frustrar o entorpecer la carrera de los jueces que no acaten sus recomendaciones.
Es precisamente por esta razón que el Congreso no puede hacer la vista gorda ni desentenderse del asunto ni lavarse las manos. Pretender que no ha pasado nada y que el entuerto se puede solucionar con un almuerzo, enviaría a los jueces, y a la ciudadanía la ominosa señal de la clase política finalmente también comparte la visión del gobierno y que en el futuro los jueces serán ascendidos o no dependiendo de si han acatado o no las recomendaciones del gobierno de aplicar mano dura. Si los jueces se sienten amenazados y aceptan estas recomendaciones del gobierno, estaremos ad portas de una tiranía.
Hemos conocido una situación similar durante la dictadura, cuando los jueces aceptaron colaborar con la represión rechazando sistemáticamente los recursos de amparo de prisioneros políticos, lo que le costó la vida a innumerables compatriotas. Los jueces que colaboraron con el régimen dictatorial, dicho sea de paso, todavía no han sido juzgados.
Lo que pretende el gobierno es que los jueces acepten sin más las evidencias que entregue el ministerio sobre los detenidos, pese a que es de conocimiento público que la gran mayoría de los detenidos en manifestaciones no son ni han sido los manifestantes violentos o los vándalos que aprovechan la ocasión para saquear el comercio, sino maestros, jóvenes y niños que no han cometido otro delito que ejercer su derecho a manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la ordenar a fuerzas especiales la represión de los manifestantes, que está alcanzado niveles de una brutalidad impresionante: las torturas a que son sometidos niños en los buses de carabineros, incluyendo la tortura llamado el submarino -simulacro de asfixia-, y las tocaciones y abusos sexuales a que son sometidas las niñas detenidas en esos mismos buses. Sobre esto el gobierno hace la vista gorda.
Por todo esto es urgente que el Congreso inicie una acusación constitucional contra el ministro y exija su destitución. Debe quedar claro para toda la ciudadanía que esta interferencia con el trabajo de los jueces es intolerable y un peligro para el frágil estado de derecho que tenemos. De no hacerlo, el Congreso perdería todavía más su menguada legitimidad. Este Congreso que nadie eligió sólo puede redimirse poniéndose del lado de la ciudadanía y protegiéndola contra los abusos del gobierno.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Quiénes son los usurpadores

El senador Girardi simplemente impidió un mal mayor. De haber intervenido la policía, hoy tendríamos mujeres y hombres apaleados, quizás uno o dos niños asesinados a balazos por la espalda y niñas manoseadas y ultrajadas por carabineros en los buses policiales. Con esto, Girardi se gana el respeto y el respaldo de la ciudadanía.
Pero la intervención de los manifestantes en el Senado en Santiago tiene también una dimensión simbólica que no se debe desdeñar. El gobierno quiere eludir su responsabilidad, y justificar de manera encubierta su intención de proteger el lucro en la educación y seguir protegiendo el despojo de nuestros recursos naturales y destruyendo el típico paisaje chileno, enviando proyectos de ley al Congreso, pese a que las organizaciones ciudadanas le habían pedido que las escuchara primero. Vale decir, el gobierno quería arreglarse los bigotes con los políticos por encima de la ciudadanía. Los manifestantes se apersonaron para decirles precisamente eso, e insistir en que fueran tomados en cuenta. Los ciudadanos no tienen muchas oportunidades de hacerse oír y esa era una ocasión. Quizás no es la mejor estrategia, pero es efectiva en cuanto deja en claro para todo el mundo, también para el extranjero, que este conflicto se deriva sobre todo de la falta de legitimidad de la clase política chilena, fundamentalmente porque nadie elige a esos políticos, que se eligen a sí mismos (como Escalona o Larraín, por ejemplo) o se hacen nombrar candidatos (los otros, lo que asegura su elección o reelección). Ningún senador o político chileno es realmente elegido, ni siquiera los que reciben los votos como primeras mayorías. (Esto porque fueron candidatos nombrados por las directivas de sus partidos y no en primarias abiertas y democráticas. El voto ciudadano sólo ratifica una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía.)
Chile no es una democracia y los ciudadanos están hartos. El único modo de recuperar la paz social y que los ciudadanos acepten decisiones tomadas por el Congreso es que este Congreso sea elegido democráticamente, de modo que sus decisiones sean aceptadas aun si no nos gustan. En las condiciones actuales, eso es imposible. Por eso la única solución a corto y largo plazo es derogar el sistema binominal y rescribir la Constitución, para lo cual se hace indispensable convocar a una asamblea constituyente. Recuperar la democracia es la única solución, y sería bueno que todos, izquierda y derecha, se comprometiesen en ello sin trampas ni engaños.
Porque lo que dejó claro la arremetida ciudadana en el Senado es que no son los ciudadanos los usurpadores, sino los políticos que estaban en el edificio, que vienen usurpando la voluntad y representación ciudadana desde 1990. A los dirigentes ecologistas y estudiantiles los eligen al menos sus propias plataformas. A los senadores y diputados no los elige nadie. El edificio del Senado, si pertenece a alguien, es al pueblo, no a una clase política autocrática que carece de toda legitimidad.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Leyes autoritarias e irrelevantes

Es dudosa la necesidad de este paquete de leyes autoritarias. Muy probablemente son irrelevantes y serán pasto de lingüistas y juristas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que los saqueos, en términos de cifras y de personas perjudicadas, desaparecen en la nada si se los compara con las cifras que se manejan en casos de estafa -como la del presidente Piñera cuando era ejecutivo en Talca y robó 240 millones de dólares- y otros delitos económicos -como vender o comprar acciones con información privilegiada -otro delito del que el propio presidente se ha hecho culpable. Estos delitos, que han afectado a millones de chilenos (el escándalo de la Polar afectó a más de un millón de personas), quedan intocados. Los ladrones de la Polar, amigos del presidente, no irán a prisión. Las propuestas de convertir algunos delitos económicos de esta magnitud en delitos imprescriptibles y con inhabilitación perpetua para cargos públicos, aparentemente no han llegado a oídos del presidente.
Por otro lado, hacer más severas las penas para delitos relacionados con Carabineros y el orden público es derechamente un insulto a la inteligencia de los chilenos. No necesitamos más leyes que castiguen a los ciudadanos. Necesitamos, en cambio, leyes más severas para castigar a carabineros que disparan contra manifestantes y leyes para castigar a los jueces que les protegen y encubren. Necesitamos leyes más severas para castigar a los funcionarios policiales que se extralimiten en sus atribuciones y para castigar la corrupción. En realidad, la mayor sensación de inseguridad no la provocan los vándalos, sino la policía: son numerosas e indesmentibles las denuncias de que la propia policía infiltra las manifestaciones para provocar disturbios, la que -con la complicidad de fiscales- monta juicios falsos con acusaciones falsas y evidencias falsas, la que en democracia sigue torturando y asesinando sin pagar por ello las consecuencias. Y es mayor el peligro de un carabinero corrupto o violento que se sabe protegido por sus superiores, que un vándalo al que de todos modos puedes meter en prisión.
Estas propuestas deficientes nos permitirán juzgar nuevamente a la inútil clase política. Los que apoyen estos proyectos, quedarán marcados como enemigos del pueblo.

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Quiénes pagan la educación

Qué extravagante creencia la del presidente, de que si la educación fuera gratuita, los más pobres terminarían financiando la educación de los más ricos -por los impuestos. Pero, ¿está diciendo que los pobres pagan los mismos impuestos que los ricos? De todos modos, el origen de toda nuestra riqueza es el trabajo, y el capital, en tanto que es la forma que adopta el trabaja ahorrado y, por lo general, apropiado, de modo tal que en realidad los trabajadores, pobres y menos pobres, son los que pagan absolutamente todo, incluyendo el sueldo del presidente y los privilegios de las clases ricas y de la clase política que nos gobierna a todos, en nuestro nombre, pero que sin que podamos elegir a sus miembros. No creo que después de tantos siglos de explotación a los pobres les preocupe financiar la educación de los ricos: lo han hecho siempre. Y financian no solamente la educación, sino que todo, sus empresas, sus bancos, sus negocios, incluso sus empleadas y jardineros. Así que cuando se quiere una educación pública a costas del estado, lo que se quiere es que esas clases privilegiadas devuelvan esos capitales a la sociedad para reinvertirlos en el bien común -lo que ciertamente esas clases no han hecho nunca. Esta es una realidad que ve todo el mundo, incluso en el extranjero -por ejemplo, el editorialista del diario El País, que escribe que “una enseñanza pública, de calidad y gratuita, (…) es la mejor garantía para una nación próspera en democracia”-, pero no nuestro propio presidente.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Inevitable crisis de legitimidad

Muchos de los problemas que está teniendo el presidente Piñera ahora, no los tuvieron en esa medida los gobiernos de la Concertación porque entre la sociedad civil y esa coalición política se compartía la lucha contra la dictadura y porque esos gobiernos lograron darle una cara humana al neo-liberalismo. Pero en estos dos últimos años se agudizaron las peores falencias del modelo político y económico chileno. El sistema binominal es una burda usurpación de la voluntad ciudadana y despoja de legitimidad toda acción de la clase política. Lo sabíamos desde 1990, cuando fue elegido el senador fascista Jaime Guzmán con apenas el 17% de los votos. Ese tipo de burda y descarada usurpación se vuelve a reproducir con la designación senatorial de von Baer y Larraín -y es especialmente reprochable la primera designación, pues la señora von Baer venía de perder las elecciones. Estos nombramientos han sido cruciales para el estallido social que estamos viviendo.
El caso de La Polar ha dejado en evidencia las prácticas usureras y la desprotección de los consumidores que ha favorecido la clase política en su conjunto. La gigantesca dimensión de la estafa parece haber sido posible porque sus directivos se sentían protegidos o por el gobierno o por la clase política. Quizá no sea así. Pero el hecho de que entre sus directivos hubiera asesores y amigos del presidente y parientes de parlamentarios y ministros refuerza la temible imagen de que ejecutivos de grandes empresas y parlamentarios y ministros pertenecen a un solo y mismo grupo. El escándalo de HidroAysén pertenece igualmente a esta serie: una decisión irregular, presiones, falsificaciones y dos hechos terribles -que el director de la empresa sea cuñado del presidente y que la primera dama recibiera una donación de un millón de euros para su fundación. Eso huele terriblemente mal.
Luego el escándalo de la educación por lucro, el endeudamiento, la segregación. La intolerable represión de los mapuches. La violencia policial injustificada. La infiltración policial de las marchas. El espionaje de parlamentarios. La politización de las fuerzas de orden por un general que da opiniones política de ultradrecha sin que nadie lo llame al orden. Los montajes policiales. El vergonzoso salario mínimo y el descaro con que ministros y políticos discuten alegremente sobre si reajustar ese salario con un dólar más -mientras que, al mismo tiempo, senadores y diputados se han fijado los salarios más altos del mundo (unos 15 mil dólares).
Estas protestas ciudadanas pudieron haber ocurrido hace más de treinta años. Ocurren ahora porque la caldera ya no aguanta más. Chile vive una permanente y cada vez más grave crisis de legitimidad. Y la solución sigue siendo la recuperación de la democracia.

Comentario sobre una columna de Antonio Leal en La Nación.

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Estamos chatos con el sistema

Con injurias y provocaciones no logrará Larraín ni convencer de que el descontento sea producto de una conspiración comunista ni contribuirá en nada para superar este periodo. Su estilo ordinario y agresivo podría incluso empeorar la situación si empuja a la oposición a negarse al diálogo con los partidos de gobierno. Podría provocar que el presidente Piñera se vea obligado a marcharse a casa anticipadamente, como le está ocurriendo a Rodríguez Zapatero en España. Su, ejem, análisis, no tiene ningún asidero. Primero, debería demostrar, ojalá en tribunales, que los comunistas están implicados en una conspiración. Y podría explicar, de paso, por qué considera comunistas al 80% de los chilenos que, como los estudiantes, rechazan la educación por lucro y favorecen el retorno a la educación pública.
Le irrita seguramente, como dicen prácticamente todos los actores sociales en este momento, que la solución es simplemente redactar una nueva Constitución, pues en esta está el origen del mal. En la Constitución y en un sistema electoral aberrante que usurpa la representación ciudadana. Por esta sencilla razón tienen los estudiantes y profesores toda la razón en rechazar de plano el recurso al Parlamento. Allá los políticos, alejados de la vida real y designados por ellos mismos en sus partidos, ciertamente se pondrían de acuerdo en archivar el caso -porque este sistema educacional y la estúpida sociedad en la que nos han obligado a vivir como esclavos es un engendro compartido por la dictadura y la clase política en su conjunto.
Si la Concertación quiere recuperar su vínculo con los chilenos, deberá rehusar toda componenda con el oficialismo y exigir de una vez por todas sentarse a dialogar para convocar a una asamblea constituyente, derogar el sistema binominal, terminar definitivamente con los enclaves de la dictadura y purgar de manera estricta de sus elementos fascistas a las ffaa, Carabineros y el poder judicial. Estos deben ser los únicos temas sobre los que la oposición debe acceder a tratar durante este gobierno, dejando todos los demás hasta después de la entrada en vigor de una nueva Constitución. El gobierno debe acceder a dar este paso histórico, o hundirse en medio de una revuelta social sin parangón, con huelgas indefinidas, manifestaciones, sabotajes y desobediencia civil. La democracia nos conviene a todos, a la derecha y a la izquierda, pero fundamentalmente a todos los chilenos. Estamos hartos. Estamos indignados. Estamos chatos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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La marihuana es una droga buena

La clase política chilena, en lo que se refiere a este capítulo de las costumbres, se ha demostrado incapaz de representar a la población que dice que representa y no hace nada por reformar una legislación que es cada vez más represiva e injusta. Empeora la situación la autoritaria y burda concepción de delito que es común en el país: es delito aquí lo que la autoridad define como tal. En interpretaciones más modernas -como la argentina, por ejemplo- se empieza a considerar un acto como delictivo cuando se causa daño o perjudica a terceros. Si no un existe una tercera parte afectada, simplemente no se puede hablar de delito. Es lo que ocurre con las drogas, y especialmente con la marihuana, cuyo uso en Chile es tradicional y extendido.
Lo segundo es que la clase política y otros estamentos, como el médico, se niegan aún a reconocer que drogas como la marihuana y la cocaína son escandalosamente menos nocivas que el alcohol y el tabaco, substancias que hasta hace poco eran fomentadas por las mismas autoridades que perseguían a los usuarios de las primeras -como el ministerio de Salud, por ejemplo. No sólo eso: también se destacan por su aberrante negación de las propiedades medicinales de la marihuana, que se utiliza en el tratamiento de muchos males -como el cáncer, el mal de Parkinson, el alzheimer y muchos otros.
Y en tercer lugar, la prohibición del consumo de drogas que no afectan a terceros viola al menos dos principios constitucionales: el derecho a la integridad moral o psíquica, que es el derecho a vivir tu vida del modo que quieras si no dañas a otros, y el derecho al acceso a la salud, que es evidente en el rechazo a reconocer las propiedades medicinales de algunas drogas.

Comentario sobre una columna de Juan Costeau en La Nación.

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Esta olla podrida debe estallar pronto

Entre catorce y ocho años deberán pasar en prisión cuatro comuneros mapuches cuyos delitos, lejos de estar comprobados, parecen en realidad haber sido producto de un montaje: atentado frustrado contra un fiscal, y robo con intimidación, según testigos anónimos y pagados por la propia fiscalía. Es tan infame la ley antiterrorista, como infames son los que se lavan las manos y no hacen nada por su derogación. Hace unos días, cuatro ex militares pinochetistas fueron condenados en Talca a penas de prisión ridículas (entre 2 y 4 años) de libertad vigilada por el asesinato premeditado y alevoso de 3 civiles chilenos. En total, estas ratas alcanzaron a estar exactamente 6 días presos, en 2004. Para juzgar a esos criminales no hay jueces tan vociferantemente partidarios de la mano dura como en La Araucanía. Y esos fallos, tan diferentes a los que se dictan contra los mapuches, demuestran que militares pinochetistas, jueces, gobierno y clase política son todos una sola y misma cosa que todos esperamos que reviente alguna vez, ojalá pronto.

Comentario sobre una nota en Radio Biobío.

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Pitoniso Piñera cura males y maleficios

Es ridículo que esto lo diga el presidente de un país que es uno de los más desiguales del mundo, que no ha sido todavía capaz de recuperar la democracia, que es gobernado por una clase autocrática que nadie elige, que tiene una Constitución aberrante, que sus dirigentes políticos son al mismo tiempo empresarios, que sus ancianos mueren de frío en la calle, que tiene la mayor cantidad de ciudadanos en la cárcel en el continente, que penaliza como delitos graves lo que en otros países no son ni siquiera faltas, que mata por fuego a sus presos, que tiene un sistema educacional mediocre y que sólo produce mediocres con títulos comprados, que tiene un sistema de salud aberrante e ineficiente que tolera la usura. En resumen, una vergüenza de país, en que se permite que cómplices de la dictadura ocupen cargos políticos y otros delincuentes, de cuello blanco, se encumbren a las más altas esferas del estado.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Asamblea constituyente ahora

Este descontento empezó con la dictadura y se mantiene hasta hoy y ninguna reforma terminará con él, menos aún si las reformas, como la de la educación, por ejemplo, sólo consisten en más dinero. (De paso, si era posible subir las becas de 70 mil a 140 mil, ¿por qué esperaron las protestas para subirlas? ¿El límite de 70 mil era pues arbitrario?) El problema de fondo es que no somos una democracia. Gracias al binominal, no elegimos a todos nuestros representantes. Y gracias a una Constitución aberrante, pueden ocurrir cosas como HidroAysén e incluso La Polar. De este estado de cosas es culpable toda la clase política, una autocracia acomodaticia que, en uno de los países más desiguales del mundo, se fija los salarios para políticos más altos del mundo. Impresentable. La única solución es derogar el binominal, recuperar la democracia representativa que perdimos y redactar una nueva Constitución.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Prevaricación de CS envía mensaje equivocado

Como dice monseñor, esperaban que se anulase la farsa y que se realizara un juicio justo. El presidente calló. La clase política se desentendió. La Corte Suprema cometió prevaricato, vale decir la administración torcida de la ley. Esto porque la corte reformuló las penas sobre la base de un proceso viciado, con informaciones obtenidas de soplones y testigos anónimos y pagados y tras burdos montajes. Lo correcto hubiese realizar otro juicio. Con esta decisión, el poder judicial envía un mensaje dudoso: en Chile, los jueces (algunos de ellos fanáticos de extrema derecha) dictan fallos que no se ajustan a derecho y los ciudadanos no tienen a quién recurrir. Buscar justicia en tribunales es un error. Los conflictos han de solucionarse de otro modo que recurriendo a la ley. Como el presidente no expulsará a los prevaricadores, el castigo lo tendrán que imponer los ciudadanos. Este no es el mensaje que queremos oír. Derogar la ley antiterrorista seguirá siendo un deber de todos los chilenos.

Comentario sobre nota en La Nación.

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Las propuestas de la revolución española

Son ocho las propuestas de los manifestantes congregados en la Puerta del Sol y en decenas de ciudades españolas. La primera es la eliminación de los privilegios de la clase política, incluyendo la equiparación del salario de los representantes (que hoy ganan 12 mil euros al mes, muy similar a los 15 mil dólares de los chilenos) con el salario medio español, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Proponen el reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral y la jubilación a los 65 (y no a los 67). Exigen control de los bancos, la prohibición de invertir en paraísos fiscales y del rescate bancario. Mayor fiscalización del fraude fiscal, referendos obligatorios en temas importantes, reforma del sistema electoral que favorece el binominalismo en detrimento de la representatividad democrática, mayor democracia interna en los partidos y reducción del gasto militar. Empezando con la exigencia de democracia, ¿no parecen formuladas pensando en Chile?

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Clase política sólo defiende sus privilegios

Esta es una situación totalmente intolerable. Los condenados por violaciones a los ddhh debiesen cumplir sus penas en cárceles comunes sin ningún tipo de privilegio, como en Argentina. Pero también, como en Argentina, los funcionarios y militares asociados a la dictadura debiesen haber sido excluidos a perpetuidad del servicio público y de las ffaa, incluyendo a sus familiares. Nada justifica que se prolongue esta situación. También debiera excluirse del poder judicial a los jueces que colaboraron con la dictadura y a los que hoy en día continúan negando el derecho internacional y los tratados de ddhh suscritos por Chile (como Segura, Ballesteros y otros) y dictan penas ridículamente leves. Nada de esto es probable que ocurra. La clase política aceptó un sistema político aberrante, una absurda farsa de democracia, que sólo sirve sus propios intereses y sólo se mueve para proteger sus propios privilegios. De ellos no tenemos nada que esperar.

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