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Para qué sirve la esterilización

En los debates sobre la situación de los perros hay ciertas ideas que han ido ganando terreno hasta instalarse en una cómoda transversalidad: tenencia responsable de mascotas, esterilización, abandono, y la siempre tan recurrida sobrepoblación. Rara vez se discuten estos temas con la seriedad que merecen. El concepto sobrepoblación dejó de ser una ratio, o una tasa, o un índice, para convertirse en una descripción antojadiza y arbitraria que normalmente quiere decir que a un individuo le parece que hay muchos perros en los lugares por donde transita. El concepto de abandono está tan mal utilizado que ahora el Senado ha decidido implementar una ley según la cual todos los perros hallados en la calle serán tenidos por abandonados, pese a que sabemos que la mayoría de los perros en situación de calle son en realidad perros perdidos. ¿Por qué no les llamaron a todos perros perdidos en lugar de perros abandonados?
En un artículo publicado en La Nación a principios de noviembre el concejal de La Reina, Francisco Olea, sugería un plan integral para la solución de la sobrepoblación canina, aunque sin decirnos en qué consistía ésta y cómo había llegado a la conclusión de que teníamos sobrepoblación. De cualquier modo, proponía un conjunto de programas, entre ellos campañas educativas de tenencia responsable, registro de animales y campañas de “esterilización masiva”. Propuestas similares las han formulado activistas de todas las cavernas políticas del país. Pero, ¿se han detenido a pensar seriamente en las consecuencias de un plan de esterilizaciones masivas y sistemáticas?
Si se implementara un plan semejante, llegaría un momento en que la supervivencia misma de los perros como especie se pondría en peligro. Pero aún antes de que lleguemos a ese umbral, surgirían numerosos conflictos en la población humana. ¿A qué perros hay que esterilizar: a los hallados en las calles, a los perdidos y abandonados, a los recogidos en caniles, a los peligrosos, a los de raza, a los mestizos, a los de los barrios bajos, a los de los barrios altos, a los enfermos?
Obviamente si se propone la esterilización masiva o sistemática de los perros para que no se reproduzcan, debería al mismo tiempo prohibirse la crianza de perros, tanto la comercial como la familiar. Pero si se prohíben ambas, y en el caso ilusorio de que el estado pudiera controlar todos y cada uno de los patios de Chile, la especie perros empezaría a tener problemas de supervivencia. Y resulta paradojal oír esos llamados a la esterilización canina en boca de personas que normalmente adoran a los perros y sólo les desean bien, y que no han considerado nunca la idea de terminar con ellos.
Pues bien, la perspectiva de terminar con los perros es derechamente absurda. ¿Cuál es el futuro previsible? En algún momento se reclamará el derecho a la reproducción de los canes. Lo reclamarán en primerísimo lugar los criadores de perros, que dirán que han de ser ellos los únicos encargados de la reproducción animal, que nos proveerán de perros de razas buenas y fuertes y sanas y que ellos mismos podrían decidir quiénes en la ciudadanía tendrán derecho a aparear a sus animales –todo ciertamente por un precio. Personajes deleznables que viven de la destrucción de las familias animales se quedarían a cargo de decidir por nosotros qué canes tendrán derecho a la reproducción. ¿Es eso lo que queremos?
Ciertamente la esterilización no es en sí misma una mala idea. Muchas familias humanas simplemente no pueden permitirse que sus canes tengan todos los hijos que puedan. Lo que se ha de hacer es facilitar a esas familias el acceso a esa intervención, pero sin la pretensión de que se trata de una política pública destinada a poner fin a una enfermedad imaginaria que llamamos sobrepoblación. La reproducción canina debe limitarse –de similar manera que la reproducción humana, que no es ni obligatoria ni masiva ni sistemática. Es sencillamente sentido común.
Es evidente que estos debates trasnochados delatan problemas en nuestra relación con las mascotas y otros animales. Pero la solución deberíamos buscarla en una redefinición de la relación humano-animal.
El concejal Olea también incluye en su columna un párrafo sobre los beneficios de las terapias con perros para pacientes humanos y la contribución de los perros en otros ámbitos sociales humanos –los perros de servicio, los perros policías, los rastreadores y otros. En todos estos ámbitos hay todavía muchísimo espacio para los perros, que pueden aprender de todo, que pueden ser educados y rehabilitados para una mejor inserción social. Si viéramos así el problema con los perros, pronto descubriríamos que en realidad los perros no sobran. Las mascotas abandonadas y perdidas se encuentran en situación de desamparo, lo mismo que los humanos cuando se quedan sin trabajo. Ni perros ni humanos sobramos. Todo lo contrario.

Comentario sobre una columna de Francisco Olea en La Nación.

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Sobre la matanza de San Joaquín

Es imposible describir los sentimientos de impotencia y profunda indignación que provoca esta matanza arbitraria, insensible, estúpida, innecesaria y cruel. Nada la justifica y es probablemente uno de los casos más impactantes y claros de maltrato animal cometidos por autoridades edilicias en los últimos años. Los propios autores del maltrato han entregado muchas evidencias indesmentibles de la carnicería, que ningún abogado podrá desvirtuar. En muchos casos anteriores de matanzas de animales los animalistas no llegaron a ninguna parte por la falta de pruebas. En este caso, las pruebas son abundantes, directas y atrozmente gráficas.

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Hay que establecer en primer lugar que esta matanza no se encuentra justificada ni en la ley ni en el polémico dictamen número 69.752 de la Contraloría en 2010. En la respuesta que dio Contraloría a un requerimiento de reconsideración del dictamen, presentada por CEFU (representada por Fernando Andrés Rolleri Saavedra), el contralor reafirma que “[…] el dictamen cuya reconsideración se solicita, no ha autorizado a las municipalidades para eliminar perros vagos […]. Por el contrario, en él se expresa ‘que no existe facultad legal que habilite a los municipios para dar muerte a los perros abandonados en la vía pública, como una forma de controlar la población canina’”. El dictamen autoriza la aplicación de eutanasia a perros hallados en la calle sólo si y cuando se encuentren “enfermos o gravemente heridos [y] cuya vida no [sea] viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios”.
Los perros de San Joaquín no fueron sometidos a eutanasia por razones médicas, que es la única que se permite. Los propios funcionarios que los eliminaron declararon que se trataba de perros sanos. Sabemos también por otras fuentes que no se trataba de perros abandonados, como suelen argumentar las autoridades, sino que de perros en situación de calle bajo el cuidado de tutores, que los cuidaban y alimentaban. El daño psicológico que se les ha causado es enorme.
Recuérdese también que en el caso de ser retirados de la vía pública, la municipalidad no puede hacerlo para eliminarlos, sino para trasladarlos a caniles donde deben ser protegidos y alimentados.

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Un segundo aspecto representa igualmente un terrible escollo para la protección animal y es que los funcionarios subalternos no pueden desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido -exactamente como señalaron los funcionarios sorprendidos en la matanza. Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua “al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores”. Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual para aumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años.

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Los funcionarios entrevistados declararon sentirse apesadumbrados por la matanza. Este es un aspecto que ha tocado de Mérici, señalando que “el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas”. Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los padrinos y madrinas que, ese día, se enteraron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.

Reflexiones sobre una nota en Pachnews.

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