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El precio del fascista

Hace unos días leí una curiosa defensa del papel, y de los actos de violencia generalizada cometidos por la policía secreta y fuerzas armadas argentinas, del mismo modo que acá sus compañeros pinochetistas defienden delitos similarmente espantosos. Se trata del represor José Javier de la Torre, del Segundo Cuerpo del Ejército, procesado en noviembre de 2011, con el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe del ejército en Rosario, Ramón Díaz Bessone. El juez le concedió prisión domiciliaria y está acusado de “homicidio agravado [de veintisiete personas], privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, supresión de estado civil de un menor, sustracción de un menor y asociación ilícita”. La menor es la nieta 103 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

El juez Marcelo Bailaque le permitió quedarse en régimen de prisión domiciliaria, pero a no haber cumplido la edad legal para ello (el acusado cumplirá 70 años este 31 de mayo). Ahora el régimen domiciliario es suspendido por haberlo violado.
De la Torre quedó a vivir en su casa, la quinta La Chacra, en el camino rural Los Cardales, en Capilla del Señor, que además cuenta con cabañas de alquiler. En octubre del año pasado cuatro matrimonios amigos alquilaron cabañas en la quinta “sin saber que allí vivía un acusado por delitos de lesa humanidad”. En el patio, uno de los turistas sorprendió a de la Torre manoseando y “tocándole los pechos a la nena” [de nueve años] y mostrándole sus genitales. El padre de la niña, Luis Alberto Acosta, increpó al abusador.
Así se defendió y justificó el ex militar:

“Estás equivocado, flaco, no me podés sacar de acá, yo maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen”.

La polémica decisión del juez, de permitir la prisión domiciliaria del pervertido, ha sido enérgica y ampliamente rechazada: no cumple todavía setenta años;  no hay centros médicos en las cercanías que podrían eventualmente atenderlo en caso de urgencia -que era una razón para la prisión domiciliaria-; y, además, las razones esgrimidas para este régimen penitenciario eran truchas: los informes de los psiquiatras dicen que “sus recuerdos aparecen simulados o distorsionados en forma burda frente a preguntas que lo comprometen”; “su discurso está impregnado de connotaciones que apuntan a colocarse en postura de víctima” y que “manifiesta no saber por qué está detenido en su casa, y luego alega motivaciones políticas y se irrita y se pone agresivo cuando intenta explicar las circunstancias judiciales en las que se encuentra inmerso”. La causa por abuso sexual la lleva el Juzgado de Garantías N1 de Campana, a cargo de Graciela Cione.

A mí, en realidad, la defensa que hace el militar de sus actos delictivos (abuso sexual de una niña y homicidios durante la dictadura) me parece tan incomprensible que llega incluso a plantearme problemas epistemológicos. En esencia, este es el alegato del ex militar:

No me pueden hacer nada. Maté a mucha gente por ustedes, para que ustedes puedan vivir en libertad.

¿Qué querrá decir? He oído muchas veces defender algunos actos del dictador y otros militares (como el tráfico de cocaína, la absolución de Sebastián Piñera por el desfalco de un banco y otros innumerables delitos de este tipo, relacionados algunos con sus familiares, violaciones, robo de propiedades de detenidos desaparecidos, asesinatos por encargo en financieras militares ilegales), diciendo que Chile no le había pagado o no le pagaba lo que merecía por haber salvado al país del comunismo. Por tanto, se justificaba que el dictador Pinochet, y otros, recurrieran a estos delitos simplemente para resarcirse. En este razonamiento, nada es delito ni tiene relación alguna con lo moral. Si yo mato a los dirigentes sindicales para que puedas trabajar tranquilo y ganar lo que quieres –parece decir el pinochetista al empresario que pasa unos días en un balneario-, tendrás que hacer la vista gorda, no solamente con lo que ocurra en las comisarías, cárceles y cuarteles durante el periodo duro, sino también que defender y bancarte nuestras propias inclinaciones personales –que puede incluir violación de niñas de menos de diez años, asesinatos en serie y otros delitos generalmente espeluznantes. El empresario y el fascista saben una cosa: esos crímenes que se van a cometer, no serán cometidos por cualquiera, porque para cometerlos se necesitan violentas y aberrantes patologías mentales. También existe la amenaza de que si estos criminales  no son protegidos de este modo, pueden volverse contra sus patrones y, entre otras cosas, terminen confesando todo.

El concepto libertad del fascismo no se parece en nada a ningún otro y se acerca mucho más a una noción embrutecida del concepto de poder. Tener la libertad de, poder hacer libremente una cosa u otra es la capacidad o poder real de poder hacerlo más allá de las normas morales de la sociedad. “Maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen”, dice el fascista. ¿Pero qué libertad tienen? A raíz de este compromiso, el militar tiene la libertad de ultrajar y violar a las hijitas de unos empresarios que también son, al mismo tiempo, sus seguidores y admiradores. “Es gracias a mí que tienen la libertad de ser ricos”. ¿Qué otra libertad tendrán? ¿También la de entregar a sus hijas para que sus salvadores las violen? Porque vivir en libertad, para el fascista, quiere decir hacer lo que quieres por encima de la voluntad de los otros, e implica estar más allá del bien y del mal, más allá del delito. El concepto de libertad del fascista incluye realidades monstruosas, como por ejemplo la idea de que la violación de una niña (incluyendo hijas) pueda servir como forma de pago por crímenes sociales espantosos (como la matanza de sindicalistas) cometidos por encargo o por fanáticos amatonados víctimas de sus propias enfermizas fantasmagorías ideológicas.

La libertad a la que se refiere el ex militar es cualquier libertad. No es la idea de libertad como derecho que nos es más habitual. En un régimen democrático, decimos muchos, tenemos el derecho a denunciar y llevar a tribunales a individuos que ultrajen a nuestros hijos y cobrarnos justicia allí, de acuerdo a la ley. Y ciertamente no es la libertad, o el derecho, de violar a las hijitas de tu vecino.

A nivel personal, ¿qué otra cosa revela de sí misma una persona que, según expertos psiquiatras que lo examinaron, miente sobre el pasado y distorsiona sus recuerdos cuando le causan problemas, se presenta como víctima y dice no saber por qué está siendo procesado, pese a que se lo acusa de delitos gravísimos, como homicidios, secuestros, robo de bebés y abuso sexual? Si lo descubriésemos, descubriríamos también por qué el juez Bailaque le concede prisión domiciliaria sin tener derecho a ella, por qué de la Torre tiene todavía amigos y por qué todavía nos parece normal que un criminal semejante defienda públicamente sus actos. Este es el retrato de un demente, de uno de esos que debería estar eternamente a disposición del gobierno.

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La enseñanza de historia

De los programas de estudio para la asignatura de historia, el Consejo Nacional de Educación ha determinado que se remplace la palabra “dictadura” por “régimen militar”. Pero no es el único cambio. El diputado Sergio Ojeda informó que también se remplazaría “violaciones a los derechos humanos” por “excesos”, y “derechos humanos” por “derechos esenciales”. Más que un cambio insensato e inoportuno de terminología, se trata de implantar en los niños una visión torcida de la historia. Digo visión o interpretación torcida de la historia porque creo que hay una verdad que imponen los hechos, que son más difíciles de desarmar, pese a que su descripción misma pueda estar teñida por alguna ideología o por alguna rutina.

Testarudas opciones ideológicas llevan a muchos a tratar el tema de las causas del golpe de estado (o pronunciamiento), pasando por alto el ahora pintoresco Plan Z, y hasta incluso el Libro Blanco, o empiezan ese periodo sin mencionar el asesinato del general Schneider. Otros pretenden que el periodo del presidente Allende fue una taza de leche. No hay para qué pretender que nos vamos a poner de acuerdo.

Pero en la descripción y enseñanza de la historia de ese periodo (1973-88, 1973-90), en lo que se refiere a los capítulos pertinentes, debiesen tomarse como punto de partida las descripciones y conclusiones de los informes de nuestras propias comisiones de la verdad y en los fallos judiciales, que todos o casi todos aceptamos porque creemos que representan el más objetivo acercamiento a la verdad que se ha logrado definir consensualmente y que no puede refutar ni siquiera la extrema derecha.

Por el tenor del debate, es más que evidente que los que idearon y redactaron la reforma no han tomado en cuenta ni esos informes ni fallos de tribunales que, por ejemplo, han descrito a la policía política del régimen militar como una asociación ilícita, los delitos que cometieron como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables, y las violaciones a los derechos humanos como sistemáticas, y no excesos –lo que además evidencia que no se debe tratarse de profesionales. Y esto último es muy preocupante, porque aparentemente los programas de estudio son redactados por personas no idóneas o que creen que la verdad se la chupa uno del dedo. En las democracias las comisiones de investigación se forman precisamente para establecer la verdad, que es el mismo objetivo que persiguen tribunales, justamente para impedir que se interpreten los hechos de cualquier manera.

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No fue violencia innecesaria, fue homicidio

El carabinero Miguel Millacura no estaba de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez. Según todos los informes de prensa que han aparecido desde entonces, Millacura se dirigió voluntariamente a la comisaría y sustrajo, con los otros miembros de la patrulla, subametralladoras UZI. Esto evidentemente implica que los carabineros conspiraron para delinquir y eso se llama normalmente asociación ilícita. También sabemos, por la investigación de la PDI, que el suboficial Millacura mintió cuando dijo que habían disparado en defensa propia porque estaban siendo atacados con armas de fuego. La PDI desmintió que los manifestantes y vecinos que observaban la escena hayan disparado contra los carabineros. Además, la pesquisa posterior ha determinado que Millacura disparó contra otro vecino con la misma UZI, dejándolo herido en un hombro. Entre otros delitos que cometió, los principales son homicidio y homicidio frustrado.
Pero que no haya estado de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez quiere decir principalmente que la acusación es errónea, porque el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte sólo puede ser cometido, evidentemente, por carabineros en actos de servicio. Los delitos cometidos por Millacura son por tanto delitos comunes y consecuentemente escapan al ámbito de la justicia militar. Sus delitos son, además, cubiertos por la legislación antiterrorista, porque el objetivo evidente era castigar, intimidar y aterrorizar a la población civil. Pero supongo que nadie querrá usar esta última argumentación.

Comentario sobre una nota en Radio Bíobio y en La Nación.

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El rey de la prevaricación

El juez Herrera Piedrabuena es quizás el ejemplo más extraordinario de cómo interpreta la ley un fascista. Acaba de sobreseer a un grupo de represores de La Rioja (Argentina), procesados por secuestros y torturas en la cárcel secreta del Instituto de Rehabilitación Social de la provincia durante la última dictadura. Según opina, sólo el jefe, Luciano Menéndez, es responsable de esos delitos. Los interrogadores y torturadores bajo su mando, y el juez Roberto Catalán, que tomaba declaración a detenidos vendados, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que determinaba hasta dónde torturar a los secuestrados, no son responsables.
Su interpretación de las leyes es increíblemente aberrante. En su fallo desestima la acusación de tortura argumentando que es un delito de mano propia, por lo que no se puede procesar a quienes dieron las órdenes, sino solamente a quienes efectivamente cometieron torturas. Seguidamente argumenta que los detenidos habían sido habidos legítimamente, y no secuestrados, en virtud de una ley antisubversiva de tiempos de la dictadura. La violación de domicilio tampoco fue ilegítima, alega, porque se hizo con el consentimiento de las víctimas. Tampoco se puede acusar a los represores de asociación ilícita, porque si se cometieron delitos, fueron actos aislados cometidos en desconocimiento de sus superiores.
Esta aberrante interpretación, que niega que se trata de delitos de lesa humanidad e ignora el plan sistemático de exterminio de los opositores políticos, ya fue apelada y será vista por la Cámara Federal de Córdoba.
Este fascista experto en prevaricación, tan parecido a los jueces pinochetistas chilenos Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, que rechazan igualmente el derecho humanitario internacional, debiese ser, como mínimo, expulsado del poder judicial. Como mínimo.

Comentario sobre una nota en Página 12.

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Ex agentes no pueden ser inocentes

http://www.latercera.com/contenido/678_183141_9.shtml

La situación de estos ex guardias es similar a la de los ex agentes de las policías secretas de Pinochet. El caso de los alemanes es más grave por el hecho de que hay testigos que presenciaron algunas de las acciones de los guardias; en el caso chileno, los ex agentes desempeñaron funciones que no permiten acusarlos directamente de homicidio o de la aplicación de torturas, pero sí de haber sido instrumentos necesarios para la comisión de estos delitos. No son inocentes de ningunísima manera.

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Cómplices de delitos contra la humanidad

http://www.latercera.com/contenido/674_179483_9.shtml

Todos los funcionarios que fueron miembros de la DINA y CNI deben ser desvinculados de las fuerzas armadas y procesados. Estas organizaciones no fueron instituciones policiales normales, porque tenían como misión el exterminio de opositores políticos y mantener aterrorizada a la población civil. Son en todo sentido comparables con las SS nazis. Como mínimo son culpables de asociación ilícita para delinquir y cómplices o accesorios de delitos contra la humanidad.

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El equivalente de la DINA son las SS nazis

http://www.lanacion.cl/permanencia-de-ex-agentes-no-procesados-en-el-debate/noticias/2009-09-07/230544.html

Este realmente es un tema de decencia y sentido común. Considerando que sus objetivos era el exterminio de los opositores políticos, la DINA, CNI y DINE deben ser consideradas organizaciones criminales, del estilo de las SS nazis. Por esa razón, la presunción de inocencia simplemente no se aplica. El mero hecho de haber pertenecido a ellas es un delito -el de asociación ilícita.
Además, resulta indecente que el estado que se hizo culpable de terrorismo de estado y que trató a sus ciudadanos como enemigos de guerra extranjeros, persista en proteger y recompensar a esos criminales que, lejos de servir a la patria, actuaron al servicio de una potencia extranjera -Manuel Contreras era agente de la CIA en esa época.
En realidad, la propia justicia militar debería justificar su inútil existencia juzgando a esos elementos y a los otros que han sido protegidos por la Corte Suprema, por traición a la patria.

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Señales equívocas de la clase política

http://www.lanacion.cl/afdd-pidio-que-contraloria-investigue-pagos-del-ejercito-a-ex-agentes/noticias/2009-09-04/162141.html

Es aberrante que ex agentes de seguridad puedan seguir en las fuerzas armadas o en cualquier otra institución del estado. Ni la DINA ni la CNI pueden ser definidas como organizaciones policiales normales. Eran organizaciones criminales, creadas asesinar a los opositores políticos y son pues muy parecidas a las SS nazis. Cualquiera que haya sido voluntariamente miembro ha cometido al menos el delito de asociación ilícita.
Pero hay que reconocer que las fuerzas armadas reciben señales equívocas de la clase política. ¿Si el señor Novoa, que fue ministro del Interior de la dictadura, puede ser hoy presidente del Senado, por qué no puede ser asesor de las fuerzas armadas un torturador de poca monta? Lagos contribuyó a la confusión dejándonos el pestilente legado de dos jueces pinochetistas en la Corte Suprema.
Los funcionarios ligados a la dictadura debieron ser, y deben serlo todavía, inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos o para trabajar para el estado en cualquier modalidad.

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Urge ley de inhabilitación de represores

http://lanacion2007.altavoz.net/prontus_noticias_v2/site/artic/20090902/pags/20090902011337.html

La presunción de inocencia no puede esgrimirse en defensa de estos individuos. Tampoco se presumía inocentes a los miembros de las SS nazis que fueron capturados después de la guerra. En el caso eventual de que no hubiesen cometido ningún crimen, lo que parece bastante improbable, sí participaron en una organización criminal voluntariamente. Lo más lógico sería que se impidiese legalmente que antiguos funcionarios del régimen militar puedan tener cargos en la administración y fuerzas armadas.

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