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Lagos y la impunidad en Chile

Hace unos días el Pleno de la Corte Suprema tomó una aberrante decisión: en remplazo del juez Milton Juica, el próximo presidente del poder judicial será un juez de reconocida militancia pinochetista, Rubén Ballesteros. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (en La Nación), desde entre 2006 y 2011 el juez Ballesteros falló a favor de los acusados en causas de derechos humanos en 85 de los 90 casos que pasaron por sus manos, aplicando las figuras de prescripción de la acción penal, media prescripción y el decreto de amnistía de la dictadura, dictado en 1978. Pese a la ilegalidad de sus fallos y el evidente prevaricato, nunca fue impugnado y ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera hicieron nada para excluirlo del poder judicial.

Pese a que Chile ha firmado todos los tratados internacionales pertinentes en materia de derechos humanos que prohíben la aplicación de la prescripción penal y amnistía en casos de derechos humanos, el juez Ballesteros continuó aplicando sin protesta alguna figuras patentemente ilegales amparado probablemente en el hecho de que la clase política chilena ha dejado de lado la reforma de las leyes pertinentes para incluir las leyes que emanan de los compromisos internacionales firmados por Chile. Sucesivos gobiernos chilenos borran así con el codo lo que firman con la mano.
Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1961 convierte en innecesario, aunque no inútil, este paso. El tratado establece que en casos de derechos humanos los países firmantes están obligados a aplicar el derecho internacional pese a la ausencia o retraso en la adaptación de sus legislaciones nacionales. En casos de crímenes contra la humanidad, el tratado debe ser aplicado incluso retrospectivamente si a la fecha de cometidos esos delitos de lesa humanidad, estos eran considerados igualmente graves en el derecho internacional.

En su artículo 15, el Pacto establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Vale decir, Chile, con la firma del tratado de 1961, está obligado a respetar el compromiso de no aplicar prescripción ni amnistía en casos de crímenes contra la humanidad, haya o no adaptado sus leyes en conformidad con el pacto y otros tratados.
Pese a esto, sucesivos gobiernos chilenos no sólo no han respetado estos tratados, sino además los han infringido sistemáticamente permitiendo que jueces prevaricadores como Ballesteros apliquen criterios ilegales, perimidos e ilegítimos en sus fallos para proteger a acusados pinochetistas.
Esta es una situación intolerable.

Indigna todavía más saber que este juez paria fue propuesto al poder judicial por el ex presidente Ricardo Lagos en agosto de 2005, haciendo caso omiso de las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos y pese a saber que Ballesteros había sido uno de los colaboradores civiles de la dictadura –por tanto, cómplice de los crímenes de la dictadura pinochetista- como miembro de al menos cinco consejos de guerra militares realizados contra perseguidos políticos.
“Ballesteros participó en los consejos de guerra de Osorno”, escribe Ascanio Cavallo en La Tercera. “No fueron los peores, ese título no se lo disputa nadie a los de la FACh, pero tampoco son un modelo de temperancia. La Comisión Valech estableció, sin espacio de duda, que todos los consejos de guerra actuaron al margen de las normas de debido proceso, lejos de las leyes penales, fuera de los mismos códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Y todo eso sin guerra”.
Según Cavallo el informe Valech menciona dos fallos de los consejos de guerra  de Osorno como “ejemplos de iniquidad jurídica”. En uno de esos consejos se condenó a un militante del MIR porque esa militancia “indica un concierto para alcanzar fines ilícitos” aunque no se hubiese cometido delito alguno. En el otro caso  se condenó a dos militantes socialistas por “espionaje de secretos militares […] para su entrega al enemigo sin especificar cuál sería el impacto de tales secretos sobre las operaciones” ni identificar al enemigo.
Cavallo menciona otro ejemplo de iniquidad jurídica encontrado en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. El acusado Alfonso Heriberto Oliveros Angulo fue condenado a quince años de cárcel por “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado (?)”. Otros dos acusados, Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, chilenos ambos, fueron condenados fantasmagóricamente a veinte años de cárcel por “ingreso clandestino en fecha indeterminada”. Estos consejos ilegales y fallos aberrantes y absurdos fueron dictados tanto por la estupidez como el odio de militantes de extrema derecha como el juez Rubén Ballesteros.

Pero no es todo. Durante su paso por la Corte de Apelaciones de Santiago entre 2001 y 2006, el juez Ballesteros falló sistemáticamente a favor del ex dictador y de otros criminales del régimen de facto en causas como la Caravana de la Muerte, el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, la masacre de Calle Conferencia, los homicidios y atentados terroristas de Operación Cóndor y el caso del Banco Riggs.

Lo más terrible y enervante es que cuando el ex presidente Lagos nombró a Ballesteros, estaba completamente al tanto no sólo de su mediocridad sino especialmente de su complicidad con los crímenes de la dictadura. Fue nombrado por Lagos, pues, pese a ello, o debido precisamente a su pasado. Se sospecha efectivamente que Lagos procedió al nombramiento de Ballesteros como parte de un pacto secreto con el militante y entonces senador de extrema derecha Pablo Longueira justamente para asegurar la impunidad de los acusados en casos de derechos humanos –una decisión inadmisible de todo punto de vista y que ha causado un daño incalculable a las víctimas y familiares de las víctimas y a la causa de los derechos humanos y el retorno de la democracia en Chile.
Sin embargo, esta aberrante decisión del ex presidente Lagos pudo ser, y puede ser todavía anulada. La Constitución Política de Chile establece en su artículo 76 que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. En cualquiera de estos casos, por prevaricación (la aplicación a sabiendas de criterios torcidos o ilegales en la administración de justicia) y denegación de justicia, que es el caso del juez Ballesteros, la Corte Suprema “por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”. Ni la ex presidente Bachelet ni el presidente Piñera han aludido a este caso.
El juez Ballesteros, pese a su complicidad en crímenes de la dictadura, y por ende con los acusados, no se declaró tampoco nunca incompetente o inhabilitado, lo que constituye otro argumento más en su contra por la evidente intención de prevaricar. Ni ha sido nunca llevado a juicio por su actuación durante la dictadura militar y durante el golpe de estado mismo.

Una vez iniciado el proceso de destitución del juez Ballesteros, deberían igualmente declararse nulos los fallos de la Segunda Sala Penal a favor de los acusados pinochetistas si su voto, junto con el del juez Nibaldo Segura, hubiese sido determinante en la aplicación viciada y torcida de la prescripción penal y la amnistía. La corte debería simplemente fallar de nuevo, basándose esta vez en el derecho internacional que Chile dice que respeta y acata, pero que en realidad simplemente se pasa por el sobaco. El juez Segura fue también nombrado en la Corte Suprema por el ex presidente Lagos.

La elección de Ballesteros a la presidencia de la Corte Suprema no hubiese ocurrido si el ex presidente Lagos no lo hubiese propuesto para la corte y, en lugar de eso, hubiese procedido a su procesamiento por su complicidad con la dictadura cuando fue miembro de los aberrantes consejos de guerra de la dictadura. Por eso irrita cuando habla sobre Chile y los desafíos que todavía debemos recuperar la democracia y una justicia que se base en un estado de derecho democrático. Si aún no tenemos democracia, si aún vivimos en una dictadura encubierta, si los criminales pinochetistas siguen libres en las calles con el consecuente peligro para la seguridad nacional, es también en parte gracias a la colaboración de Lagos con esos criminales. Lagos es un factor de impunidad.

Más allá de estos casos aberrantes, el nombramiento de Ballesteros y la permanencia de Segura y otros jueces prevaricadores en el poder judicial deja una vez más de manifiesto la urgente necesidad de efectuar una purga profunda y definitiva de los elementos criminales enquistados en el poder judicial y la necesidad no menos urgente de llevar a juicio a los civiles que colaboraron con la dictadura.

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Casta militar teme a la verdad y al castigo

Es una lástima que este general aparezca implicado en esa desaparición, que es ciertamente un asesinato. Que la Corte Suprema lo haya absuelto, sobre todo después de sus acostumbrados fallos de dudosa legitimidad (cuando, por ejemplo, aplican prescripción en casos de derechos humanos, que son imprescriptibles, o amnistía en casos de delitos inamnistiables) con que se han destacado los jueces de la II Sala, hará sacar a muchos la conclusión contraria. Es penoso, y está empezando a ser patético, que la tercera edad pinochetista, todavía con la ilusión de no pagar por sus crímenes, no sea capaz de acumular coraje para soltar las riendas y dejar que el país vuelva a respirar. Sus amigos debieran decirles que si creen que alguna vez tuvieron un papel justificable, llevan demasiado tiempo sosteniendo una quimera enfermiza y que ciertamente nadie los necesita. Una condición indispensable para la fundación de una nueva derecha decente es precisamente que de verdad rompa lazos con el pinochetismo, con el que nunca debió aliarse, y jure lealtad a los principios de la democracia y la libertad y vuelva a iniciar su liberalismo a partir de los derechos humanos y las libertades personales, y no de la bruta e inútil codicia capitalista.
Una derecha reformulada atraería a muchos ciudadanos que hoy día van por la vida votando por la izquierda. Este general, así como todos los otros asociados de algún modo al pinochetismo, debiesen apartarse y dejar el espacio para oficiales capaces de entender los nuevos retos de Chile, el principal de los cuales es ciertamente la construcción de una democracia verdadera y legítima.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Un ministro que no puede ser presidente

Yo creo que un ministro de Justicia que tolera que los jueces, amparándose en la independencia de los poderes del estado, dicten fallos aberrantes que contravienen los compromisos internacionales de Chile en el ámbito judicial -como por ejemplo la aplicación de la prescripción penal y amnistía en delitos contra la humanidad- o que, movidos sus inclinaciones políticas, dicten penas ridículamente leves en casos de increíble crueldad y violencia, como los crímenes cometidos por militares pinochetistas, no es un buen ministro ni puede ser un buen presidente pero de ningunísima manera. Un ministro que tolera la violación permanente del estado de derecho -como la aplicación de la ley antiterrorista- y que no lucha por la recuperación de la democracia, también en el ámbito judicial, tampoco es un buen ministro. Un ministro que sólo quiera administrar y que no emprenda las urgentes y radicales reformas que requiere el poder judicial, y que no tenga agallas para extirpar a la canalla pinochetista de su seno, no podrá ser nunca un buen presidente.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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La arrogancia del poder

El presidente Piñera, como presidentes chilenos anteriores, continúa con la nefasta determinación de desentenderse, cuando no amparar, los fallos injustos y abusivos, algunos incluso ilegales (como la aplicación de la prescripción o de la amnistía), del poder judicial. Algo debiese moverse en el corazón del presidente cuando observa a un fiscal pidiendo perpetua contra unos jóvenes acusados de hacer estallar petardos, o cuando un juez condena a 25 años a un comunero por el improbable delito de homicidio frustrado, o cuando un carabinero que mató a un mapuche a balazos por la espalda es ‘castigado’ con un traslado, o cuando la CS condena a militares, autores de crímenes horrendos, a penas irrisorias de libertad vigilada. El descaro e impunidad con que los jueces dictan sentencias ridículas, han sido características de la actuación del poder judicial en este y otros gobiernos. Pero el corazón del presidente no parece conmoverse ante estas escandalosas injusticias.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Cárcel común, sin amnistía ni prescripción

Nuestro proceso de recuperación de la democracia, incluyendo el juzgamiento de los represores, no se parece en nada al argentino. Ese país tiene un régimen político democrático, el nuestro no -porque lo impide el binominal. Aparte eso, los represores condenados deben cumplir sus penas en cárcel común, sin ningún tipo de beneficio; no pueden gozar de amnistías ni prescripciones, porque en materia de derechos humanos el derecho internacional y los tratados de derechos humanos lo prohíben y Argentina los respeta; los funcionarios de la dictadura implicados en violaciones a los derechos humanos están inhabilitados a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos; el poder judicial está todavía siendo depurado de los funcionarios que colaboraron con la dictadura (aquí Lagos introdujo infiltrados pinochetistas en la CS, que entorpecen la transición); la función policial ha sido desmilitarizada (aquí, al revés). Ninguna calle ni escuela ni recinto militar puede llevar nombres de represores, de ayer u hoy.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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¿Quién firmó el pacto de impunidad?

Las últimas decisiones en derechos humanos tomadas por el gobierno del presidente Piñera nos hacen creer que en el pacto secreto de impunidad firmado al fin de la dictadura no participó la derecha política y que las graves negligencias y sospechosos nombramientos en estas materias fueron todas obras de la Concertación. ¿Qué penas drásticas quiere el presidente que impongan los jueces cuando la Sala Penal de la CS está infiltrada por jueces pinochetistas (Ballesteros y Segura) nombrados por Lagos? Estos jueces borran con el codo todos los tratados firmados por Chile en materias de ddhh y persisten en aplicar criterios perimidos e ilegales, como la prescripción y media prescripción e incluso la amnistía. Es fácil anunciar justicia, y luego aceptar los fallos de jueces que en realidad son cómplices de la canalla pinochetista.

Comentario sobre nota en La Nación.

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La derecha, principal enemigo de Chile

Después de la 2a Guerra Mundial, muchos alemanes se defendieron diciendo que no sabían lo que estaba pasando. En Chile, lo sabíamos todos. Tan pocos motivos reales tenían los usurpadores, que se vieron obligados a inventar un folleto sobre un inverosímil plan comunista para terminar con la democracia: el Plan Z. En realidad, ese era el plan de los militares que habían sido aproximados y pagados por EUA, como quedó luego claro en la comisión parlamentaria estadounidense que investigó en 1975 la participación de su gobierno en el golpe. Chile se ha negado hasta hoy, incluyendo a sus gobiernos concertacionistas, a juzgar a esos militares por traición a la patria. Este político de RN no es creíble. Tampoco los son presuntos demócratas que no purgan al Poder Judicial, que permiten la presencia de pinochetistas en policías y ffaa, que toleran a jueces como Segura y Ballesteros, que se niegan a derogar la amnistía. Con estos, Chile no necesita enemigos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Jueces pinochetistas y mediocres

http://www.lanacion.cl/suprema-dicta-sentencias-contra-la-dina-en-caso-radrigan/noticias/2010-08-03/175745.html

Los ciudadanos de a pie leemos en la prensa que el estado chileno ha suscrito todos los tratados internacionales concernientes a los ddhh, incluyendo los que prohíben aplicar amnistía o prescripción los autores de delitos en este ámbito. Se hace muy difícil comprender la conducta de estos jueces, que todavía siguen aplicando criterios que nuestro propio estado estima ilegales y que terminan invariablemente favoreciendo a los peores criminales que hemos conocido en nuestra historia. Su destitución depende del presidente de la república, que la puede solicitar a la CS por administración torcida de la justicia o prevaricación. Según el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) es indiferente si los estados nacionales hayan incorporado o no en sus legislaciones estos delitos. Son delitos, y retroactivamente, cuando constituyen violaciones del derecho internacional. Dan pena y rabia estos jueces pinochetistas y mediocres, y la complicidad del gobierno.

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En realidad deberían estar enterrados

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100720/pags/20100720222433.html

Es vergonzoso el espectáculo que brindan los militares pinochetistas y sus aliados civiles. Quizás tan vergonzoso como la simulación de demencia del dictador. No sólo reciben sentencias ridículamente leves preparadas por jueces pinochetistas infiltrados en el poder judicial, que además aplican criterios jurídicos perimidos e ilegales, como la amnistía y la prescripción, con la anuencia de toda la clase política que guarda convenientemente silencio. Los que están en prisión, residen en cárceles de lujo, con todo tipo de privilegios impensables en cárceles comunes. En lugar de indultarlos, el gobierno debiese, primero, purgar el poder judicial de sus elementos pinochetistas, y enviar a los presos a cárceles comunes, sin privilegios. No debe olvidarse nunca la injusticia, crueldad y cobardía con que actuaron; ni que no están arrepentidos; ni que, en realidad, merecían la pena de muerte.

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Sospecha que aterra a muchos ciudadanos

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100719/pags/20100719203234.html#inicio_lista

En realidad, los únicos que pueden perdonar son los familiares de las víctimas, y ese perdón no implica dejar libres a los criminales. Para traducir el perdón en indulto, el presidente debiera consultar primero con los familiares de las víctimas de los reos. De otro modo, sería agregar un agravio más a lo que ha sido una larga lista de humillaciones: reos que se niegan a confesar y revelar dónde están los cadáveres, reos que no se arrepienten y justifican sus crímenes con la complacencia de partidos políticos y parlamentarios, sentencias escandalosamente leves, aplicación de criterios claramente ilegales (como la prescripción y la media prescripción), jueces pinochetistas, decreto de amnistía. Y nadie está en casa. ¿O deberá Piñera retribuir el apoyo pinochetista? Es la sospecha que aterra a muchos ciudadanos.

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En lugar de indulto, cárcel común

http://www.lanacion.cl/la-moneda-define-ejes-para-enfrentar-indulto-bicentenario/noticias/2010-07-19/222555.html

La idea de otorgar amnistía a pinochetistas condenados por causas de ddhh es simplemente repugnante. Para comenzar, la 2a Sala de la CSJ viene dictando sentencias aberrantemente leves en estos casos y, además, aplicando la llamada prescripción, una opción evidentemente torcida, gracias a los jueces pinochetistas introducidos por el presidente Lagos en el poder judicial. Si además de estos fallos de legitimidad dudosa (porque contraviene tratados internacionales suscritos por Chile) se dedica ahora el presidente a sacarlos definitivamente de la cárcel recurriendo a la amnistía, del concepto de justicia no quedará en Chile más que una sombra. Los crímenes cometidos por estos funcionarios afectaron a millones de chilenos, en una orgía de sangre que incluyó detenciones ilegales,  torturas y decapitaciones e incluso la extracción de tapaduras de oro (para venderlas) de los detenidos asesinados. En lugar de perdonarlos, debiesen ser trasladados a cárceles comunes.

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¿Por qué se marchan esos cubanos?

http://www.lanacion.cl/cubano-que-llegaria-a-chile-viaja-a-madrid-esta-semana/noticias/2010-07-20/072722.html

Resulta muy extraño que los cubanos se marchen a España. Según ha declarado el gobierno cubano, los disidentes excarcelados se pueden quedar en Cuba y su alejamiento de la isla es voluntario. Ricardo Alarcón, jefe del parlamento cubano, ha anunciado la liberación de más presos políticos, aparte los 52, lo que confirma las denuncias en ese sentido, pero también ha agregado que los excarcelados pueden quedarse. ¿Por qué se marchan? En muchos casos parecidos, los ex presos se marchan porque es una condición de su liberación. Este no es el caso aquí. Sin embargo, algunas damas de blanco han denunciado que los presos son trasladados directamente al aeropuerto. Eso no implica nada, porque se trata de presos que anunciaron su deseo de marcharse. Tampoco está exactamente claro por qué estaban estos hombres encarcelados y qué pasa con las condenas. ¿La excarcelación es producto de una amnistía?

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Que se vuelvan a su casa

http://www.lanacion.cl/diputados-hondurenos-pediran-a-chile-reconocer-su-gobierno/noticias/2010-06-25/194142.html

Las condiciones que debe satisfacer Honduras no han cambiado: detener la campaña de asesinatos de políticos de oposición y periodistas que empezara la dictadura de Micheletti, llevar a justicia a los autores de las numerosas ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia contra ciudadanos, derogar la figura del diputado vitalicio y derogar la amnistía que decretó el Congreso para blindar a los militares y civiles implicados en el golpe de estado. El gobierno hondureño no acepta ninguna de estas condiciones y, consecuentemente, no hay motivo para oír la petición de los parlamentarios. Los escuadrones de la muerte del gobierno (de Micheletti y luego de Lobo), dirigidos por el fascista Billy Joya, continúan torturando y asesinando prácticamente a cara descubierta. Este criminal es jefe de seguridad del gobierno, pese a que es buscado en el extranjero por delitos contra la humanidad. Estos parlamentarios no deben ni siquiera ser recibidos.

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Embajador Otero, un caballo de Troya

http://www.lanacion.cl/pinera-las-palabras-de-miguel-otero-fueron-equivocas-/noticias/2010-06-13/120312.html

Son asombrosos los dichos con que el ex embajador Otero trató de excusar la violencia del régimen militar, diciendo cosas como que en Chile hubo una guerra civil, o que la mayoría de los chilenos no se enteró de la dictadura. Sobre todo en un país como Argentina , donde el tema de los ddhh es muy sensible y cuyo gobierno ya había demostrado, si se quiere, su descontento con el nombramiento del señor Otero y en momentos en que algunos políticos argentinos reclaman amnistía para los violadores de ddhh o represores, con ocasión del bicentenario. Se ha destacado menos que Otero dijo tan pancho que la industria chilena es mala y cara (“Antes, usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar el precio de lo que se producía en Chile, caro y malo”), lo que ciertamente es otro motivo de agravio.

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Duro golpe contra justicia universal

http://www.lanacion.cl/juez-garzon-sera-juzgado-por-tratar-de-investigar-el-franquismo/noticias/2010-04-07/072452.html#inicio_lista

Más acá de las implicaciones políticas, el más poderoso motivo para reabrir las causas del franquismo era simplemente identificar los cadáveres arrojados en fosas comunes, con la esperanza de encontrar ahí a las decenas de miles de desaparecidos, asesinados por el régimen fascista. Es difícil imaginar que la exhumación de esos cadáveres con el propósito expuesto sea una acción impedida por una amnistía de dudosa legalidad -normalmente, para amnistiar un delito, este debe ser primero conocido.
La suspensión de Garzón sería un duro golpe para el concepto de justicia universal en materia de ddhh, justa causa que empezó un compatriota suyo, el sacerdote Bartolomé de Las Casas.
Ahora los familiares de las víctimas podrían todavía recurrir al TPI, ante la manifiesta incapacidad del estado español de hacer justicia en estos casos.
Sigue siendo igualmente urgente la prohibición de las asociaciones fascistas.

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