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Eliminar justicia militar es ineludible

Esta es una decisión aberrante e injusta que confirma, lamentablemente, las peores sospechas que abriga la ciudadanía sobre la justicia militar. En sí misma, la decisión da más peso al clamor ciudadano que exige eliminarla derechamente y llevar a juicio a esos jueces militares por casos evidentes de prevaricación. Ciertamente, es una abierta provocación contra las autoridades políticas en momentos en que buscan recomponer las relaciones con la ciudadanía después de los terribles abusos cometidos por las fuerzas especiales de Carabineros. Qué duda cabe que la ausencia de justicia en el país podría conducir, en el mejor de los casos, a llevar este caso, y otros similares, a instancias internacionales, y, en el peor, a hacerse justicia por propia mano. La decisión del tribunal castrense enturbiará evidentemente la percepción de los esfuerzos del gobierno de intervenir en los fallos judiciales, porque se entenderá que mientras pide mano dura para los manifestantes, deja en la impunidad a los elementos policiales que usan su posición para cometer delitos tan graves como homicidios, y hará más profunda la brecha entre ciudadanía de un lado, y fuerzas policiales y gobierno del otro.
La impudicia de la decisión castrense es inaceptable por muchos motivos. Primero, no se entiende por qué fue juzgado por la justicia militar en circunstancias en que el ex sargento Millacura disparó contra civiles y estando de franco. Pero, además, el tribunal castrense deja sin investigar lo que pareció evidente después de cometido ese asesinato, a saber, que ese crimen fue cometido con premeditación, que el entonces sargento Millacura, sin estar de servicio, pudo sin embargo sacar armas de servicio de la comisaría y convenció a otros carabineros para armarse de similar manera y dirigirse al lugar donde cometería el asesinato y el asesinato frustrado contra otra persona que se encontraba en el lugar. Eso se llama conspiración para delinquir, y el crimen, homicidio premeditado.
¿A qué organización pertenece el ex sargento Millacura? ¿Quién le ordenó cometer ese crimen? ¿Quiénes son los otros carabineros que extrajeron armas ilegalmente para cometer ese y otros crímenes? ¿Qué relación tiene el asesinato del joven Gutiérrez con el llamado a carabineros del vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el día anterior, a disparar a matar contra los manifestantes?
Si el gobierno permite esta impunidad, dañará de manera definitiva la imagen que tiene la ciudadanía de la derecha. Manuel Gutiérrez no era un manifestante ni un encapuchado. Era simplemente un observador y fue víctima de una táctica frecuente de Carabineros de disparar a mansalva y a ciegas contra personas en poblaciones pobres en una deleznable estrategia de intimidación social. Si el gobierno admite esta aberración, la ciudadanía le pasará la cuenta de muchas maneras.

La decisión es también mucho más que una provocación contra el gobierno. Es también un repudio explícito de las condenas internacionales que ha recibido Carabineros por los intolerables abusos que ha cometido contra ciudadanos chilenos en los últimos meses.
Lo que también queda en evidencia con esta decisión es que la justicia militar, y en realidad las fuerzas armadas y Carabineros, siguen siendo un enclave autoritario, empecinado en defender no sólo los crímenes del pasado, sino además los abusos policiales actuales.
Por eso es urgente que el gobierno y la clase política emprendan dos tareas que siguen siendo urgentes: la derogación de la justicia militar y una purga definitiva de las fuerzas armadas y carabineros para eliminar de entre sus filas a sus elementos parias, aliados o subalternos de la derecha psicótica.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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El responsable se llama Gordon

No creo que sirva para algo pedir la renuncia al ministro Hinzpeter. Lo que es evidente es que Carabineros tiene secuestrado al gobierno en cuanto al orden público y que exige carta blanca, pese a innumerables evidencias de abusos y falta de profesionalismo. Este asesinato es sólo el caso más extremo de violencia policial, pero en los últimos meses hemos presenciado otras numerosas instancias -espionaje a parlamentarios y dirigentes sociales, infiltración policial de las marchas estudiantiles, montajes policiales en complicidad con fiscales, allanamientos ilegales (de una concejala comunista), torturas y malos tratos a detenidos, falsificación de documentos, corrupción- que hacen sospechar que Carabineros actúa sin ningún control político. Si estas cosas ocurren en Carabineros, es porque son o toleradas o incluso encargadas o por el gobierno o por la institución misma, y es inadmisible en los dos casos. Acá hay varios responsables, y uno de ellos es el general Gordon.
Hinzpeter no ha podido impedir ni el espionaje ni la violencia innecesaria ni los allanamientos ilegales. Este es un mal generalizado y sólo se puede reparar con una reestructuración total de Carabineros, incluyendo la exclusión de elementos de extrema derecha y la redefinición de su doctrina.
Pero tengo la impresión de que en esta titánica lucha por la democracia y la libertad contra las fuerzas del Mal, el ministro Hinzpeter ha dado muestras de ser un aliado del primer campo. Removerlo de Interior podría abrir la puerta a fanáticos de extrema derecha (como el subsecretario Ubilla) y eso sería mucho peor. El partido del presidente (RN) no es realmente un partido y no cuenta con profesionales idóneos. Pero en la UDI abundan matones y amatonados, y eso es peligroso.
No podemos esperar que un presidente de derecha como Piñera conduzca a Chile hacia la recuperación de su democracia, pero ahora Chile necesita a toda su gente, de izquierda y derecha, para recuperarla definitivamente y poner fin a una farsa enfermiza que pronto llegará a los cuarenta años.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Es urgente intervenir Carabineros

Lo escandaloso es que sabemos todos desde hace mucho tiempo que hay carabineros y oficiales torcidos que cometen regularmente este tipo de abusos. Entre estos también se incluyen los golpes y torturas a que son sometidos jóvenes de poblaciones. A otros simplemente los agentes les roban sus drogas y todo dinero que puedan portar. Estos hechos son tan repetidos y conocidos que lo vergonzoso aquí es que haya quienes pretenden asombrarse de estas tropelías, empezando por el gobierno. Cuando estos abusos son denunciados por los propios carabineros de asuntos internos, lo común es que sean trasladados, como una forma de castigo por haber delatado a los colegas. Si se legalizaran las drogas, los carabineros no podrían cometer estos abusos -lo que obviamente no reduce la urgente necesidad de reforma de esa institución.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Políticos quieren más torturas y represión

Es derechamente inverosímil que en momentos en que la ciudadanía descubre con creciente horror los espantosos abusos a que someten carabineros y detectives a los detenidos, que incluyen torturas físicas y psicológicas, amenazas de muerte y simulacros de ejecución, robos, allanamientos ilegales, destrucción de enseres e incluso asaltos a mano armada y narcotráfico en una seguidilla de casos que no son más que la punta del iceberg, los diputados se reúnan para aprobar una ley que “crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos”. El reciente proyecto solo destaca una vez más la completa ilegitimidad de una clase política que se elige a sí misma y la urgente necesidad de terminar con este sistema político y recuperar la democracia para Chile.

Comentario sobre una nota en Diario de la Cámara.

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Apología del crimen debe terminar

http://www.lanacion.cl/exigencias-en-ddhh-al-gobierno-de-pinera/noticias/2010-01-29/225213.html

Existe gran preocupación por la situación de ddhh con el nuevo gobierno, cuya coalición incluye a un partido que todavía justifica y defiende los crímenes de la dictadura. La preocupación no podría pues ser más natural.
Sin embargo, no se trata solamente de llevar a conclusión los casos de violaciones a los ddhh cometidas durante la dictadura que están hoy en tribunales, y de los que todavía esperan la atención del poder judicial, sino además expresiones actuales de intolerancia, por un lado, y de persistentes abusos cometidos por las fuerzas policiales cuando se trata de dispersar manifestaciones, por otro.
Como ejemplo de lo primero baste señalar la escandalosa conducta de militantes de RN y UDI celebrando el asesinato de opositores -militantes que muchos esperamos que sean como mínimo expulsados de esos partidos. Como ejemplo de lo segundo, los asesinatos y violencia policial en el sur contra manifestantes mapuches.
La apología del crimen debe terminar.

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