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Girardi, clientelismo y democracia

Desde hace unos días se ha desatado un intenso ataque contra el senador del PPD, Guido Girardi, iniciado por el ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que acusa al legislador de clientelismo, malas prácticas y extorsión. El ex ministro de Hacienda acusó a Girardi de haberle pedido que nombrara en su ministerio –cuando fue nombrado por Bachelet en 2006- a más de una decena de asesores, amenazándolo con no apoyar los proyectos de Hacienda si no lo hacía. El senador ha negado parcialmente la acusación. Dijo inicialmente que esos asesores le correspondían al PPD, en conformidad con los votos obtenidos en las elecciones y que él sólo había velado, como presidente que era entonces de su partido, por los intereses legítimos de su colectividad –pero que para eso no había hablado con Velasco. Negó que hubiese amenazado al ministro con no apoyar sus proyectos, y lo demostró recientemente en un programa de televisión mostrando que de los 170 proyectos presentados por el ministerio de Hacienda, él había aprobado 165, es decir, la inmensa mayoría. Y hasta el día de hoy, el ex ministro no ha podido mostrar la lista que presuntamente le hizo llegar el senador.

La acusación de Velasco, en la que piensa basar su campaña electoral, no tiene mucho sustento. Es evidente que si la acusación del ministro fuera fidedigna, el senador no habría votado como lo hizo por los proyectos del ex ministro. Y es igualmente evidente que si el ex ministro no puede mostrar el listado de asesores propuestos, es que ese listado o no existió o no iba dirigido a él. El senador ha igualmente negado que, en ausencia del listado, hubiese llamado por teléfono al ministro con el mismo propósito. Es muy probable, entonces, que para repartir los cargos de asesores en el ministerio de Hacienda, el senador probablemente habló con otros funcionarios –funcionarios asociados a partidos y no con el ministro, que no pertenece a ninguna colectividad política y, por tanto, tampoco le ha correspondido ocuparse de esos asuntos.

La reacción de políticos de la Concertación y de la Alianza no ha sido uniforme. En general, no se condena al senador con muchas palabras, porque los políticos han entendido que si hablan mucho se les pueden caer los dientes. El señor Moreira, del partido UDI (extrema derecha pinochetista), comentó divertido que la diferencia era que ellos no eran tan tontos como para hacer listados (llamaban por teléfono), admitiendo la práctica. Algunos políticos de la Concertación –coalición  a la que pertenece el senador- también lo han condenado, pese a que no existe claridad sobre qué ocurrió exactamente ni si realmente ocurrieron las cosas como dice el ex ministro que ocurrieron.

Pero, ¿qué es el clientelismo? ¿E incurrió Girardi en esa práctica? Según la definición de Wikipedia, el clientelismo “es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema”.
Según la definición, y asumiendo que Girardi efectivamente presionó al ministerio para obtener esos cargos, lo que ocurrió no se puede definir de esa manera. En realidad, la descripción de Velasco se corresponde mejor con la manera de operar de la mafia o de prácticas habituales en entornos rurales algo atrasados, con terratenientes feudales y alcaldes eternos. Si lo que presuntamente hizo Girardi es clientelismo, los funcionarios nombrados deberían ser líderes políticos, porque son estos los únicos que pueden brindar apoyo electoral. Pero las personas a cuyo favor habría actuado el senador eran asesores, no dirigentes políticos. ¿Puede alguien creer que el senador Girardi presionó para instalar a catorce correligionarios a cambio de sus votos? Esa idea es derechamente absurda. Más absurda aun en un régimen electoral que no es exactamente democrático y donde la obtención de apoyo electoral no es una condición determinante para acceder a la legislatura.

Yo creo que lo que ocurrió es perfectamente comprensible y legítimo. En las democracias las elecciones se convocan para dirimir la distribución del poder político. Cuando el candidato es apoyado por un solo partido la repartición del poder no implica problemas graves. El presidente elegido puede nombrar solamente a miembros de su partido en los cargos públicos que le corresponde: todos los ministros, subsecretarios, asesores y jefes de servicio. Cuando el presidente es elegido por una coalición, la cantidad (y destinación) de los cargos públicos depende no de la voluntad del presidente, sino de los votos obtenidos –vale decir, de la voluntad de la ciudadanía. Si tu partido obtuvo un porcentaje x, a tu partido le corresponden tantos ministerios, subsecretarías, asesorías, etc. Así funciona la democracia y simplemente no puede funcionar de otra manera. La democracia es una manera de distribuir el poder de acuerdo a la voluntad ciudadana que se expresa en votos y determina la cantidad de cargos públicos que corresponden a los miembros de las colectividades participantes. Sería ridículo, y se apartaría de las prácticas democráticas, que ganadas las elecciones con la participación de tu partido, algún ministro pretendiera que tu partido no tiene derecho a ningún cargo –lo que querría decir que el ministro se pasa la voluntad ciudadana por el sobaco y que no permitirá que tu partido (tus subsecretarios, tus asesores) ejerzan influencia en la toma de decisiones políticas. La idea de democracia que defiende Velasco es derechamente circense. Lo que quiere Velasco es que el señor Bermúdez nombre a todos los funcionarios, sin tomar en cuenta la votación. Si Girardi hizo llegar un listado de asesores por nombrar, no hizo más que defender los intereses institucionales legítimos de su partido.
Si el clientelismo es la concesión de favores políticos a cambio de apoyo electoral, en Chile no podría existir, por la simple razón de que el sistema electoral chileno no es democrático y, por tanto, no tiene ningún sentido buscar un apoyo electoral que no influye casi en nada en la designación de los cargos públicos. Como sabemos, en Chile los senadores y diputados son nombrados por las directivas de los partidos, y las limitadas elecciones no son más que un paripé para enmascarar la naturaleza profundamente antidemocrática del régimen político.

A veces el clientelismo se confunde con la simple corrupción, como cuando un funcionario público con poder instala en la administración a amigos y parientes, como hacía el presidente Lagos y sus ministros y, en realidad, todos los presidentes, de antes y después de la dictadura, más allá de la cuota de poder que corresponde legítimamente a cada actor político. Esta es una práctica bastante extendida, la cometen todos los partidos sin excepción y está tan enraizada en la cultura que no creo posible que se logre eliminar enteramente. (“Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores”, se lee en el artículo en Wikipedia). Recuérdese solamente el escándalo por la contratación de asesores de los legisladores, cuando se descubrió que nada menos que el treinta por ciento de los asesores contratados eran familiares de los senadores y diputados que los tenían a su servicio.

Volviendo al caso de Girardi, pareciera que vamos a tener que concluir que el clientelismo es mucho más aparente en la prensa que cubre el caso que en el senador. Según la definición en Wikipedia, “resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo”. Me parece que practican el clientelismo los órganos de prensa y periodistas que han atacado ferozmente al senador y sospecho que son clientes de patrones políticos que exigen, a cambio de nombramientos y otros privilegios, que el senador sea atacado. Prácticamente toda la prensa escrita y todos los canales de televisión, todos sin excepción en manos de grupos de derecha y extrema derecha, han presentado el caso de tal manera que pareciera que Girardi efectivamente representa las malas prácticas de las que habla el ex ministro, mientras que en realidad los clientes que devuelven favores son el propio ex ministro y sus compañeros en la prensa. El ex ministro es intensa y ampliamente apoyado por la derecha porque es uno de los funcionarios que contribuyó de manera decisiva a la derrota electoral de la Concertación, porque imprimió un sello antipopular a esa coalición cuando, entre otras cosas, rechazó discutir el aumento del salario mínimo, se negó a quitar el 7 por ciento del seguro médico de los jubilados, conspiró para hacer aprobar el proyecto Hidroaysén y quitó viento al postnatal –proyectos que han sido (aunque no todos) implementados por el actual gobierno. El ex ministro Velasco siempre estuvo más a la derecha que la derecha y defendió brutalmente los intereses de la codicia empresarial. Por eso no sorprende que sea la derecha, en su prensa, la que adopta el punto de vista del ex ministro y ataca al senador, devolviendo los favores políticos que denuncia. Velasco es el hombre de los patrones y en momentos en que se inicia un nuevo proceso electoral, la prensa debe volver a mostrar su lealtad. Eso se llama clientelismo. Es así como se devuelven los favores.

En conclusión, no creo que el senador Girardi haya hecho nada incorrecto Simplemente defendió los intereses legítimos de su partido. Pero el revuelo que ha causado en prensa y televisión es muy sospechoso. A los ciudadanos chilenos mismos no creo que les importe demasiado. Recuérdese que los chilenos eligieron sin escrúpulos a un presidente que tiene antecedentes penales (Piñera fue condenado a tres años de cárcel, por estafa, en un fallo que fue anulado por presión del dictador Pinochet) ni dijeron nada cuando se descubrió que Hidroaysén había donado un millón de dólares a una fundación de la Primera Dama (que, increíblemente, lo aceptó) poco antes de que se decidiera si continuaba o no el proyecto. Ni nadie dice nada porque los políticos, que se fijan los más altos salarios del mundo, sean al mismo tiempo empresarios. Esto no es un elogio, pero en Chile muchos ciudadanos, quizás la mayoría, estarían encantados de tener parientes en la administración pública que les procurasen empleos y privilegios de otro tipo, como becas, subsidios y viajes. No somos un país que se caracterice exactamente por el carácter probo de sus habitantes, que son más bien indiferentes y acomodaticios. A mediano y largo plazo, esta acusación infundada y bruta quizá hasta convenga al senador Girardi.
[La imagen viene de EcoNegocios]. 

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La UDI y los neonazis

Hace unos días, en el programa del 2 de abril de Tolerancia Cero, de Chilevisión, la senadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, hizo impresionantes declaraciones sobre la campaña de acoso de la que fue víctima cuando era candidata a senadora en 2009. Según contó, entonces fue objeto de una persistente campaña de odio que incluyó no solamente panfletos, sino además “intentos de agresión” y “amenazas reiteradas”. La senadora denunció el episodio, la policía investigó el caso y la campaña terminó en un juicio oral, en el que se determinó que su organizador o ejecutor era un delincuente neonazi con antecedentes penales que obedecía órdenes del político Marcelo Forni, del partido de extrema derecha UDI (Unión Demócrata Independiente, pinochetista), entonces compañero de lista de la senadora.

La acusación es grave, aunque no tan sorprendente. Pese a la declaración de fe democrática y católica que se encuentra en los llamados principios de la UDI, este partido, declaradamente partidario del terror de la dictadura pinochetista, surgió de la organización neonazi Patria y Libertad de los años setenta. El grupo era financiado por la embajada estadounidense, la que en octubre de 1970, como se sabe, ordenó el asesinato del comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, en una inútil conspiración con El Mercurio para provocar un golpe de estado que impidiese la investidura del presidente socialista Salvador Allende. Fue el primer crimen político de ese periodo.
Durante el gobierno socialista, esa organización cometió incontables asesinatos y atentados terroristas con el objetivo de desestabilizar al país y crear una situación de caos que justificara una intervención militar. Muchos de esos terroristas son ahora funcionarios de gobierno, incluso senadores y hasta ministros.
Tras el golpe, esa organización de disolvió. Una parte de sus integrantes se incorporaron a la policía política y otros servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet. Otros se reagruparon, a fines de los años ochenta, para fundar el partido Unión Demócrata Independiente, bajo el liderazgo del ideólogo pedófilo Jaime Guzmán, el que sería asesinado poco después de su nombramiento binominal como senador en 1990.
La profesión democrática y de fe católica del partido pinochetista es obviamente un paripé, una maniobra de encubrimiento, un discurso insincero para cubrir las apariencias y justificar, si eso fuera posible, sus horrendos crímenes bajo la excusa de que fueron necesarios para proteger, por incoherente que suene esto, la civilización occidental y la religión católica. De cultura occidental y catolicismo saben estos pinochetistas tanto como las hienas de zoología.
No olvidemos tampoco que cuando los católicos, y su iglesia, rechazaron y se opusieron a la dictadura, el dictador amenazó con abrir las puertas al protestantismo, cosa que finalmente hizo, encontrando en estas sectas fundamentalistas aliados para sus campañas de represión, intolerancia y odio.
Tampoco es concebible un partido que se define como democrático y que, al mismo tiempo, defiende a brazo partido el sistema binominal, que tergiversa, tuerce, corrompe y secuestra la voluntad ciudadana.

Las declaraciones de la senadora liberal dejan nuevamente en evidencia que detrás de la fachada apenas suficiente de decencia y respetabilidad de sus políticos, la UDI sigue siendo una organización neonazi y que tiene sus propias y fundadas razones para entorpecer el proyecto de ley contra la intolerancia. Los neonazis son sus tropas de choque, sus hijos no reconocidos.
[La foto muestra el logo –una versión de la suástica nazi- de la organización Patria y Libertad, que hoy integra al partido UDI. Viene de Nueva Agenda.]

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Incoherencia e inmoralidad del cavernícola

Hoy publica la prensa algunos resultados de la encuesta CERC con una espeluznante medición: el 12 por ciento de los entrevistados dijo justificar los asesinatos y otras violencias cometidas por los militares para impedir el comunismo. Las mismas personas desglosadas por intención de voto arrojan los siguientes resultados: UDI, un 23 por ciento (vale decir, el 23 por ciento de los entrevistados que dijeron que votarían por un candidato de la UDI); Democracia Cristiana, 20 por ciento: Renovación Nacional, 18 por ciento y PPD, 16 por ciento. Llama la atención que haya más partidarios de los crímenes entre los demócrata-cristianos, que han gobernado con la centro-izquierda durante los últimos veinte años, aparentemente más por oportunismo que por principios, que entre los conservadores de RN. Pero lo más sorprendente es que el 6 por ciento de los que votarían por el Partido Socialista, cuyos militantes fueran igualmente perseguidos y asesinados, también justifica la barbarie. Y nada menos que el 4 por ciento de los que votarían por el Partido Comunista, que suma la mayor cantidad de víctimas de la dictadura, también justifica las masacres.

¿Estamos leyendo bien? De por sí, estos resultados son impresionantes, pero la idea de que personas que votan comunista aprueben la eliminación arbitraria de ciudadanos comunistas es derechamente incomprensible.  Equivale a decir incoherencias como: “Estoy muy contento que hayan matado a los comunistas. A mí me gustan los comunistas, así que espero que también me asesinen a mí”. O: “Matar a una persona inocente e indefensa con torturas, es un acto noble y valiente”. O: “Los militares chilenos que violaban a las detenidas son héroes”. O: “Mi mamá es comunista. Ojalá la violen y maten con torturas porque el comunismo es muy malo. Incluso me gustaría que los valientes militares me entregaran sus huesos para hacer una sopa”. ¿Existe alguna ideología que defienda barbaries semejantes? Y si esto es dudoso, ¿cómo se explica esa respuesta? ¿Entendieron los encuestados las preguntas?

Si alguna de estas opiniones incoherentes refleja creencias reales, y no es el resultado de una encuesta mal hecha o con preguntas torcidas, que el 12 por ciento de los chilenos justifique la barbarie militar demuestra que los gobiernos de los últimos veinte años no han hecho bien su trabajo. Tuvieron veinte años para educar e informar a la población de que la dictadura no fue nunca justificada, que los argumentos de los militares para dar el golpe de estado eran falsos, que nunca hubo una conspiración comunista (Plan Z) para instaurar una dictadura, que el golpe fue instigado y pagado por Estados Unidos, que el dictador Pinochet recibió dinero de ese país, que la desaparición forzada (vale decir, el asesinato de los detenidos o secuestrados) fue utilizada para impedir que los detenidos contaran la verdad sobre los militares y hacer creer al resto de los chilenos y del mundo que aquí había una guerra que nunca hubo.

Si alguna vez algún gobierno de la Concertación intentó contar la verdad, esta encuesta demuestra que fracasó. Pero lo más probable, si se toma en cuenta que hay ciudadanos que se llaman cristianos y otros de izquierda también justifican la barbarie militar, es que esos partidos y esos gobiernos no hayan querido nunca contar la verdad. Y quizás el nombramiento de dos jueces pinochetistas (uno de ellos con pasado militar, que participó incluso en los ridículos consejos de guerra) a la Segunda Sala de la Corte Suprema, que han defendido siempre a los acusados pinochetistas en violación incluso de los tratados internacionales firmados por Chile, por el presidente Lagos, quizás, digo, tenga que ver con esta idea aberrante de que es bueno matar comunistas aunque no hayan cometido ningún delito y que es bueno matar a otros y decir que eran comunistas para poder robarles, y que es igualmente bueno introducir ratas en las vaginas de las detenidas y arrancar los ojos a los asesinados y extraer sus dientes de oro para venderlos en el mercado, como hacía el general Contreras, jefe de la policía política del dictador y agente de la CIA. Digo, un 12 por ciento de los chilenos tiene probablemente menos principios morales que una sanguijuela.

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Elecciones primarias precocinadas

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley que instituye y regula las elecciones primarias de los candidatos a presidente, parlamentarios y alcaldes. Ahora el proyecto debe pasar al Senado para su siguiente trámite constitucional.
Muchos políticos, especialmente de gobierno, han celebrado la medida como un desarrollo positivo hacia la democratización. El diputado Salaberry, de la UDI (extrema derecha pinochetista), considera la nueva ley como un perfeccionamiento de la democracia.
Pero, de hecho, con el nuevo proyecto la verdad es que no se avanza en absoluto. Es simplemente una vuelta de burro más a la noria de la desfachatez de la clase política.

Un reclamo persistente de la ciudadanía ha sido que los candidatos a senadores y diputados no son elegidos en elecciones abiertas al interior de los partidos que los postulan. Esos candidatos son simplemente nombrados por las directivas de los partidos, permitiendo así que grupos de poder (clanes) se perpetúen en su mando, rotando a sus candidatos a cargos en alguna de las cámaras. Estos candidatos son luego ratificados por la ciudadanía en un paripé de proceso electoral que, la verdad sea dicha, no sirve absolutamente para nada, excepto crear la ilusión -en todo caso para muchos- de que son los ciudadanos quiénes realmente deciden. Nada más lejos de la verdad.

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La verdad manipulada

Ayer (5 de noviembre de 2011) alcancé a ver una parte del programa ‘Cita con la historia’ en el canal de televisión del Senado chileno en la que la historiadora Patricia Arancibia Clavel entrevistó a Federico Willoughby, periodista, que fue el primer portavoz de la Junta Militar, hasta su rompimiento con la dictadura algunos años después. Un entrevistado muy interesante, pese a que la entrevistadora deja mucho que desear -interrupciones inoportunas en momentos importantes de las declaraciones del entrevistado, que en algunos casos no pudo terminar sus relatos y, sobre todo, insinuaciones e inferencias indebidas. Al final, me indignó la actitud de la entrevistadora.
Una de las lagunas más enervantes tiene que ver con el periodo previo a la investidura del presidente Allende, elegido el 4 de septiembre de 1970. Antes de su investidura el 4 de noviembre muchos políticos trataron de evitar que asumiera el poder, pese a la tradición chilena de respetar al candidato con la primera mayoría, que, en medio de terribles presiones, logró finalmente imponerse. Producto de esas presiones surgió la exigencia de la oposición de que Allende y los partidos de izquierda firmaran un pacto de garantías democráticas. Luego de abordar este tema, la historiadora pasa inmediatamente a una pregunta sobre las organizaciones de izquierda revolucionaria, que hasta entonces habían pregonado la lucha armada para la instauración de un régimen socialista, y de grupos terroristas justicialistas de izquierda.
Pero en ningún mencionó la historiadora Arancibia Clavel (hermana de un agente de la policía secreta de Pinochet) que la violencia política la iniciaron grupos de extrema derecha que actuaban en cooperación o bajo órdenes de la embajada estadounidense en Santiago. No estoy inventando nada. A estas conclusiones llegaron entonces los tribunales. En octubre de 1970, un mes después de la elección pero uno antes de la investidura, la organización Patria y Libertad (que entonces se pretendía neo-nazi con sus militantes armados y vestidos de uniformes negros y con un emblema que era una suástica alargada, que fue posteriormente el núcleo de donde surgió tanto la policía política como el partido Unión Democrática Independiente (UDI), que hoy se pretende democrático y católico) y un grupo de militares traidores (uno de ellos, Camilo Valenzuela, se arrepintió y devolvió el dinero y las armas a la embajada norteamericana, según contó Willoughby y Arancibia Clavel en el programa ayer), asesinaron a tiros al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, con el plan, en el que debía intervenir el diario de la extrema derecha El Mercurio, de achacárselo a terroristas de izquierda para provocar y justificar una intervención militar que impidiese la investidura de Allende. Bien, sobre este episodio, la historiadora no dijo absolutamente nada.
Luego mencionó -la historiadora-, como al paso, la violencia de la extrema izquierda durante el periodo de Salvador Allende, sin aludir en ningún momento a la violencia de la extrema derecha. Esto es impresentable. La izquierda revolucionaria chilena había accedido a la petición de Allende de abandonar o suspender la lucha armada para darle una oportunidad a su proyecto de socialismo en libertad. Esa petición se convirtió en un acuerdo explícito y algunos miembros del MIR, por ejemplo, llegaron a formar parte del séquito de seguridad del presidente Allende. Las acciones armadas fueron suspendidas. Acusar a la izquierda revolucionaria de incitar a la violencia es pues enteramente injustificado.
En ese periodo, desde octubre de 1970, la extrema derecha se propuso desestabilizar al gobierno socialista y cometió literalmente miles de atentados terroristas contra instalaciones oficiales, puentes, acueductos, vías férreas, torres de alta tensión, etc., más incontables actos de sabotaje, huelgas pagadas por la embajada norteamericana (como la de los camioneros y la de las gasolineras) e incluso asesinatos de militantes de izquierda y, en julio de 1973, del edecán del presidente Allende, Araya Peeters.
En realidad, el acto de violencia más importante cometido por grupos de extrema izquierda en ese periodo fue el asesinato del ex ministro del Interior del presidente Eduardo Frei Montalva, en junio de 1971. Los militantes que asesinaron al ex ministro no habían aceptado el pacto con Salvador Allende y continuaron con su proyecto de asesinar al político por su responsabilidad en la masacre de Pampa Irigoin en marzo de 1969 (la policía atacó y dio muerte a un grupo de familias que habían ocupado un sitio eriazo en la ciudad de Puerto Montt). Tras el atentado, la policía capturó y ejecutó a los autores.
Comparar la violencia de la extrema derecha, organizada y financiada por Estados Unidos y las propias fuerzas armadas chilenas no es de ninguna manera comparable con la violencia de la izquierda entonces. Con esto no quiero desconocer el rol de la extrema izquierda en las ocupaciones de fábricas y predios agrícolas, pero no creo que esa violencia social se pueda comparar con la violencia de inspiración extranjera. Son actos que pertenecen a ámbitos diferentes. La escasa amenaza que representaban los grupos de extrema izquierda al estado de derecho entonces queda de manifiesto si se considera que muchos militantes estaban presos y estaban siendo juzgados por actos violentos o por la Ley de Seguridad Interior y que, para justificar el golpe de estado, la Junta Militar recurrió a la comprobada invención de un Plan Zeta, en el que se justificaba el golpe pretendiendo que Salvador Allende, los comunistas y extrema izquierda planeaban un golpe de estado. La historiadora justifica el golpe de estado recurriendo a una falsedad que la mera publicación del Plan Zeta desmiente. Si la violencia de extrema izquierda amenazaba al país, ¿para qué inventar un Plan Zeta imaginario?
Sobre esta intervención norteamericana en el derrocamiento de Allende, la historiadora trató de minimizar la traición diciendo que los soviéticos también intervenían en Chile, lo que es una afirmación que no tiene ningún fundamento y no ha sido nunca demostrada. No se sabe que los soviéticos hayan financiado ni atentados terroristas ni huelgas ni nada parecido. Que hubiesen tratado de influir de otros modos es ciertamente normal y era una práctica habitual entonces y hoy (almuerzos en la embajada norteamericana, lo mismo que almuerzos en la embajada soviética). La respuesta de Willoughby, muy honesta, le quitó viento a las insinuaciones de Arancibia Clavel, situando el tema en el ámbito del espionaje. Obviamente había espías soviéticos, dijo Willoughby. También había espías norteamericanos, cubanos y franceses, por decir algo. Pero ese espionaje no tiene nada que ver con la intervención descarada de Estados Unidos en Chile entonces, que tramó y financió, entre otras cosas, el asesinato del general René Schneider y la extensa e intensa campaña terrorista contra el gobierno del presidente Allende.
Esta entrevista de Arancibia Clavel es una decepción. Sólo la salva la claridad y honestidad con que respondió el entrevistado. Gracias a él nos enteramos de que las intenciones iniciales de muchos militares que participaron engañados en el golpe era convocar a elecciones en un plazo de no más de seis meses. Esto, como sabemos, cambió cuando Pinochet recibió la orden (de Nixon) de instaurar una dictadura que durara al menos diez años, lo que el general hizo. A partir de ese momento, Pinochet empezó una campaña de asesinato de los militares nacionalistas (entre ellos, el general Bachelet, padre de la ex presidenta Bachelet) y de exterminio de los opositores de izquierda. (Pese a que está claro que hubo militares traidores que acataban órdenes norteamericanas -como el general Contreras, hoy en prisión-, nunca se les ha juzgado por traición a la patria).
Es una lástima que la pasión política todavía induzca a algunos a mentir o a manipular la verdad. Sobre ese periodo deberíamos formar una comisión de la verdad histórica, cuyos resultados debiesen impedir que historiadores mediocres sigan propagando y defendiendo falsedades. Ese periodo es suficientemente complejo y doloroso como para seguir admitiendo que se lo manipule.

No hay enlace. En la página del Senado chileno no logré reencontrar ni el programa ‘Cita con la historia’ ni el nombre de Patricia Arancibia Clavel. En el sitio de la historiadora, la entrevista aún no había sido subida.

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Catolicismo de la derecha es un paripé

Hay premisas erróneas y ausencias en esta columna. Creo que es fantasmagórico definir a la derecha conservadora como nacionalista. Si Pinochet fue conservador, ciertamente no fue nacionalista, o su nacionalismo fue sólo un paripé. Él mismo, y su jefe de la policía política, fueron ambos agentes del servicio de inteligencia norteamericano y estuvieron en su planilla de pago -vale decir, no fueron solamente aliados de Estados Unidos ni buscaron su apoyo para un golpe de estado y acciones terroristas que ese país ciertamente apoyaría, sino que fueron funcionarios pagados y ejecutaron órdenes de autoridades políticas de ese país (en particular, Nixon y Kissinger). El asesinato del general Schneider, en octubre de 1970 (un mes antes de que Allende asumiera la presidencia), y el del edecán Araya para esas mismas fechas, obedecieron a órdenes directas de la embajada norteamericana y fueron ejecutadas por el grupo, entonces neo-nazi, Patria y Libertad, hoy UDI y presuntamente católico. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son posturas enteramente falsas. La derecha chilena de las últimas décadas adoptó un lenguaje católico y nacionalista sólo para encubrir su verdadera naturaleza antipatriota y anticatólica (recuérdese que fue Pinochet quien facilitó la introducción del protestantismo en Chile y lo hizo presumiblemente para vengarse de la iglesia católica que lo rechazó desde el principio).
En Chile no existe una derecha liberal, que se supone ciertamente que no toleraría nada parecido, por ejemplo, al sistema binominal, ni aceptaría que el poder judicial y la clase política encubran y protejan a criminales pinochetistas -el liberalismo tiene entre sus principios fundamentales la defensa de los derechos humanos- ni permitiría la asfixia permanente de las libertades personales y públicas que caracterizan al Chile de hoy. Hoy, un verdadero liberal no podría formar parte del gobierno de Piñera.
Quedaron en el tintero los liberales de izquierda, que hasta 1973 formaron parte de llamado Partido Nacional. Muchos ignoran que esta tendencia del liberalismo, encabezada por ideólogos como el historiador Feliú Cruz, se oponía fuertemente a la derecha reaccionaria, psicótica y neofascista de esos años y apoyaba al gobierno del presidente Allende. Alguno de sus miembros corrieron el mismo destino que muchos dirigentes de izquierda durante la dictadura.

Comentario sobre una columna de Pablo Ortúzas en La Nación.

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Chile no es un país estable, sino oprimido

Lo único que se puede hacer con el sistema binominal es derogarlo y remplazarlo por el sistema electoral proporcional característico de las democracias representativas. El binominal usurpa la voluntad ciudadana y convierte las elecciones en una farsa ridícula -en todo igual a las elecciones cubanas, donde, en un sistema muy similar al chileno, la Asamblea Popular designa a la mitad de los nuevos representantes. En el sistema chileno, los ciudadanos eligen sólo a la mitad de los representantes -los que tienen las más altas mayorías. La otra mitad de los políticos la designan las directivas de los partidos. En los dos casos, la ciudadanía sólo ratifica decisiones que son tomadas a sus espaldas. Pese a ello -pese al voto de primera mayoría- tampoco se puede decir que estas primeras mayorías son realmente elegidas, por la sencilla razón de esos candidatos a senadores y diputados han sido designados por las cúpulas de los partidos mediante procedimientos que están lejos de ser democráticos -los candidatos no son elegidos en primarias abiertas. El binominal reduce el voto ciudadano a la ratificación de candidatos nombrados por personas que no tienen ni la autoridad ni el derecho para hacerlo. Encima, el sistema chileno admite que algunos sean nombrados senadores (ejemplos son los senadores Larraín y Escalona y la señora Nazi) sin elección alguna.
El binominal crea una imagen falsa de las preferencias ciudadanas, creando ilusiones ópticas -por ejemplo, haciéndonos creer que la derecha psicótica (UDI) es el partido más grande. Ese conteo es falso, porque se hace sobre la base de votos no emitidos -RN y UDI tienen la mitad de los políticos elegidos no por voluntad ciudadana sino por la operación del sistema binominal. En elecciones en un sistema proporcional, es dudoso que la extrema derecha se empine por encima del 8 a 10 por ciento.
La característica fundamental de la democracia es que los representantes son elegidos por los ciudadanos según la fórmula un ciudadano un voto. Cualquier sistema que se aparte de esto, simplemente no es democrático. La historia del binominal debiese servir de advertencia: fue creado por la dictadura comunista polaca, que se aseguraba así el control permanente de la política del país independientemente de la voluntad ciudadana.
La idea de que el régimen trae estabilidad es simplemente falsa. La estabilidad -que es otro modo de decir opresión y la asfixia de las libertades públicas y personales (como por ejemplo, la severamente limitada libertad de expresión y las limitaciones a la asociación sindical) tan características de Chile- se debe fundamentalmente a que, durante veinte años, la Concertación y la Alianza compartieron la ideología neoliberal en economía y su apoyo a estructuras políticas autoritarias. Agréguese a ello el régimen de terror impuesto a los trabajadores y se entenderá qué quieren decir los ultraderechistas con estabilidad.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Liberalismo y derecha psicótica

Renovación Nacional no es un partido liberal y dudo que haya liberales de verdad en ese partido. Sobre esto no hay mucho que decir: un liberal no se habría aliado jamás con un partido de extrema derecha -la UDI. Quizás la acusación de que RN se ha derechizado no es completamente correcta, pero que tenga como secretario general a Mario Desbordes, un fanático de la tendencia psicótica que propuso un bruto proyecto de ley para permitir que Carabineros disolviera las manifestaciones y protestas sociales a balazos justo el día antes de que un carabinero asesinara a balazos al joven Manuel Gutiérrez, habla de la insolvencia moral de RN. De paso, nadie ha señalado la responsabilidad intelectual de Desbordes en ese asesinato.
No estoy de acuerdo en que el candidato Piñera haya seducido al país con alguna mística. Creo que su elección dejó ver algunos de los peores aspectos de nuestra identidad como chilenos: la pusilanimidad y el carácter acomodaticio. Sigue siendo incomprensible que los votantes hayan optado por un hombre con antecedentes delictivos por estafa. Todavía creo que de esto no puede salir nada bueno.
Sí, los empresarios aplaudieron los gobiernos de la Concertación. Esto demuestra también que no es el régimen binominal el que explica la estabilidad de Chile, sino el hecho de que los partidos tradicionales de izquierda simplemente traicionaron las causas populares y adoptaron la ideología y las instituciones que legó la dictadura.
Un verdadero liberalismo lucharía, entre otras cosas, por recuperar la democracia, derogar (no modificar) el sistema binominal, terminar con la designación de parlamentarios, fortalecer las libertades personales y purgar las instituciones armadas y el poder judicial de sus elementos psicóticos y de extrema derecha.

Comentario sobre una entrevista con el senador Francisco Chahuán en La Nación.

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Binominal distorsiona voluntad ciudadana

En Chile ningún parlamentario es realmente elegido, como en las democracias representativas, que no somos. Cuando los ciudadanos deben optar por ley entre dos opciones, no se puede hablar de elección. Por la misma razón es ilusorio creer que en este sistema hay partidos con más votación que otros. Eso es un espejismo que crea el propio sistema binominal. (Esto quiere decir, por ejemplo, que en una democracia tradicional, no secuestrada, la UDI no superaría el 12% de los votos y ciertamente no sería un gran partido. Normalmente hablando, los partidos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, superan rara vez el 12% de los votos.) La burla de la ciudadanía se viene prolongando desde 1973.
¿Repasemos el binominal? De los 38 senadores que deben ser elegidos, en cada circunscripción (19) cada bloque (Concertación y Alianza) presenta 2 candidatos (o sea 4, y hay que elegir a 2). El que saca la mayor votación es elegido 1er senador. Pero el 2o senador no es el que tenga la mayoría de votos, sino la 1ra mayoría de la otra lista, aunque tenga menos votos que el 2o candidato de la lista rival. Por eso hay siempre el mismo número de senadores aliancistas que senadores concertacionistas, en un empate eterno que impide gobernar y distorsiona gravemente la voluntad ciudadana. Nuestro sistema electoral es una farsa estúpida y, junto con la aberrante Constitución del dúo de sátrapas Pinochet-Lagos, un obstáculo para recuperar la democracia.

Comentario sobre una nota en El Ciudadano.

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Extrema derecha gobierna en Chile

La terrible impresión que queda es que estos atentados pudieron ser evitados si la policía hubiese actuado con más eficacia. Este terrorista -que la nota tiene como cristiano al mismo tiempo que neonazi, lo que es una contradicción- es un extremista declarado que no ocultaba sus intenciones y que pudo con toda tranquilidad comprar hasta 6 toneladas de fertilizantes sin que nadie lo interrogara. Y eso quiere decir muy simplemente que la inteligencia noruega no consideró necesario controlar ni infiltrar a los grupos de extrema derecha, pese a que son, allá como aquí, los más peligrosos. Ahora la tarea será descubrir quién ordenó esos ataques. Se pregunta uno si acaso los terroristas de extrema derecha son vigilados en Chile. Tengo dudas. El propio jefe de Carabineros (el general Gordon) es un extremista de derecha que ha ordenado infiltrar los movimientos ciudadanos, espiar a políticos de izquierda y efectuar montajes policiales para facilitar la aplicación de la ley antiterrorista. Actúa con impunidad, porque lo protege el propio gobierno. Ojalá que no le dé por poner bombas.

Ahora me parece ingenuo lo que acabo de comentar. Olvidé que el gobierno de Piñera incluye elementos de extrema derecha, que en el pasado cometieron delitos todavía peores que los atentados en Noruega. Prácticamente todos los miembros de la UDI tienen pasados comprometidos con hechos de sangre, cuando trabajaban, como el neonazi noruego, en la persecución y asesinato de inocentes. Aparte, tengo la impresión de que en muchos países europeos no se controla a los neonazis porque el orden establecido los considera como una carta a jugar en caso de necesidad y porque comparten muchos, ejem, valores, como el odio hacia los extranjeros y la exaltación de la violencia.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Gobierno o purga Carabineros o se marcha

Estas revelaciones, más la denuncia efectuada por el diputado Gutiérrez de que su teléfono fue interceptado por Carabineros, ponen en tela de juicio la lealtad a la democracia del gobierno y de los partidos que lo respaldan. Como no se puede a esta altura dudar de la veracidad de las denuncias, el gobierno deberá tomar medidas inusualmente drásticas para probar su compromiso irrestricto con el actual estado de derecho. Los responsables en la inteligencia policial, así como los responsables del orden público, incluyendo entre ellos al general Gordon (el antipatriota que confunde los intereses de la familia Matte con los de Chile), deben ser expulsados deshonrosamente del cuerpo de Carabineros. Da escalofríos imaginar que esta canalla persigue, tortura y encarcela a ciudadanos a los que, en colaboración con fiscales arrastrados, incluso acusa de actos terroristas ideados e incitados por los propios Carabineros. El presidente debe actuar con extrema severidad si quiere conservar credibilidad que le queda. Si fuera esta una conspiración pinochetista para deshacerse de Hinzpeter, no tendrá el presidente más alternativa razonable que deshacerse de la UDI.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Reconciliación es idea grotesca y perversa

Realmente indignan las palabras de la diputada Cristi, y considero un grave error que el presidente le preste atención, que considera héroes y defensores de la patria a los militares encarcelados. Lo que ha quedado en claro después de los juicios, es que sus crímenes fueron injustificados, cobardes y arbitrarios y que sus violaciones, robos y asesinatos nada tuvieron que ver nunca con la imaginaria amenaza comunista. Pese a las penas ridículamente leves, obtenidas en parte por la infiltración pinochetista del poder judicial, hemos avanzado en el reconocimiento de la verdadera naturaleza del régimen militar, ayudados por un poder judicial que Cristi también dice respetar. Para esta eh, señora, introducir ratas en la vagina de las detenidas es una labor patriótica. Con personajes endemoniados como ella, la idea de reconciliación es tan grotesca e indeseable como el beso de un demonio.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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UDI y RN, una alianza contra natura

La alianza de RN con la UDI es contra natura y que en algún momento los que se definen como liberales en ese partido entenderán que es una aberración insostenible. En realidad, ideológicamente, hay más cercanía entre partidos de la Concertación y RN que entre esta y la UDI. Pero se argumenta que este es un partido poderoso: el más grande del país, medido por sus diputados y senadores. Eso es no comprender el sistema binominal. Al dividir artificialmente la votación en dos mitades, y eliminar la representación proporcional, se distorsiona de tal modo la voluntad ciudadana que pretender que la mayoría de un partido signifique algo es simplemente una necedad. En una democracia de verdad, con una pluralidad de partidos, y con representación proporcional, la UDI, como partido extremista, no superaría el 12 a 15% de la votación, y ya no podría ni secuestrar la voluntad ciudadana ni extorsionar a nadie.

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Ni sal ni agua

Lo más grave de este episodio es que el plan de reconstrucción contó con el apoyo de la oposición, y ciertamente no es la intención que ese apoyo se convierta en privilegios indebidos para los seguidores de la intendenta de ultraderecha, Van Rysselberghe. ¿Qué sentido tendría en el futuro apoyar otros planes, incluyendo el presupuesto, si ha quedado demostrado que el gobierno maneja dos agendas, una para convencer a la oposición haciendo llamados a la unidad nacional, y otra secreta que incluye el desvío de fondos públicos? La oposición debiese simplemente endurecer su posición en sus relaciones con el oficialismo y negarse a legislar mientras no se termine con el binominal (que da poder, aunque imaginario, a la UDI) y se reintroduzca un sistema electoral proporcional como única garantía de una representación democrática. Quizá es este el momento para terminar definitivamente con la dictadura y recuperar la democracia.

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¿Quién manda cuando el presidente se esconde?

Después de este vergonzoso episodio, la oposición se ha quedado sin un interlocutor válido. Aparentemente, el presidente ya no manda en palacio, se deja insultar por subalternos (Paya), admite que se le mienta y se esconde. Hinzpeter pasó de ministro a mocito de los recados del subsecretario de la dictadura (Novoa). Muchos explican esta vergonzosa actitud del gobierno por el poderío de la UDI. Lo que prefieren ignorar es que ese poder es imaginario. El sistema binominal introduce tal distorsión en las opciones políticas de la ciudadanía, que toda mayoría es ilusoria. En las democracias representativas occidentales los partidos extremistas (tanto de derecha como de izquierda) rara vez superan el 15% de los votos. En elecciones verdaderas, la UDI no sacaría más de ese porcentaje. Cuando recuperemos la democracia, el partido del terror desaparecerá. No hay motivo para dejarese intimidar por esos políticos amatonados.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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