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Lagos y la impunidad en Chile

Hace unos días el Pleno de la Corte Suprema tomó una aberrante decisión: en remplazo del juez Milton Juica, el próximo presidente del poder judicial será un juez de reconocida militancia pinochetista, Rubén Ballesteros. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (en La Nación), desde entre 2006 y 2011 el juez Ballesteros falló a favor de los acusados en causas de derechos humanos en 85 de los 90 casos que pasaron por sus manos, aplicando las figuras de prescripción de la acción penal, media prescripción y el decreto de amnistía de la dictadura, dictado en 1978. Pese a la ilegalidad de sus fallos y el evidente prevaricato, nunca fue impugnado y ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera hicieron nada para excluirlo del poder judicial.

Pese a que Chile ha firmado todos los tratados internacionales pertinentes en materia de derechos humanos que prohíben la aplicación de la prescripción penal y amnistía en casos de derechos humanos, el juez Ballesteros continuó aplicando sin protesta alguna figuras patentemente ilegales amparado probablemente en el hecho de que la clase política chilena ha dejado de lado la reforma de las leyes pertinentes para incluir las leyes que emanan de los compromisos internacionales firmados por Chile. Sucesivos gobiernos chilenos borran así con el codo lo que firman con la mano.
Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1961 convierte en innecesario, aunque no inútil, este paso. El tratado establece que en casos de derechos humanos los países firmantes están obligados a aplicar el derecho internacional pese a la ausencia o retraso en la adaptación de sus legislaciones nacionales. En casos de crímenes contra la humanidad, el tratado debe ser aplicado incluso retrospectivamente si a la fecha de cometidos esos delitos de lesa humanidad, estos eran considerados igualmente graves en el derecho internacional.

En su artículo 15, el Pacto establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Vale decir, Chile, con la firma del tratado de 1961, está obligado a respetar el compromiso de no aplicar prescripción ni amnistía en casos de crímenes contra la humanidad, haya o no adaptado sus leyes en conformidad con el pacto y otros tratados.
Pese a esto, sucesivos gobiernos chilenos no sólo no han respetado estos tratados, sino además los han infringido sistemáticamente permitiendo que jueces prevaricadores como Ballesteros apliquen criterios ilegales, perimidos e ilegítimos en sus fallos para proteger a acusados pinochetistas.
Esta es una situación intolerable.

Indigna todavía más saber que este juez paria fue propuesto al poder judicial por el ex presidente Ricardo Lagos en agosto de 2005, haciendo caso omiso de las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos y pese a saber que Ballesteros había sido uno de los colaboradores civiles de la dictadura –por tanto, cómplice de los crímenes de la dictadura pinochetista- como miembro de al menos cinco consejos de guerra militares realizados contra perseguidos políticos.
“Ballesteros participó en los consejos de guerra de Osorno”, escribe Ascanio Cavallo en La Tercera. “No fueron los peores, ese título no se lo disputa nadie a los de la FACh, pero tampoco son un modelo de temperancia. La Comisión Valech estableció, sin espacio de duda, que todos los consejos de guerra actuaron al margen de las normas de debido proceso, lejos de las leyes penales, fuera de los mismos códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Y todo eso sin guerra”.
Según Cavallo el informe Valech menciona dos fallos de los consejos de guerra  de Osorno como “ejemplos de iniquidad jurídica”. En uno de esos consejos se condenó a un militante del MIR porque esa militancia “indica un concierto para alcanzar fines ilícitos” aunque no se hubiese cometido delito alguno. En el otro caso  se condenó a dos militantes socialistas por “espionaje de secretos militares […] para su entrega al enemigo sin especificar cuál sería el impacto de tales secretos sobre las operaciones” ni identificar al enemigo.
Cavallo menciona otro ejemplo de iniquidad jurídica encontrado en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. El acusado Alfonso Heriberto Oliveros Angulo fue condenado a quince años de cárcel por “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado (?)”. Otros dos acusados, Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, chilenos ambos, fueron condenados fantasmagóricamente a veinte años de cárcel por “ingreso clandestino en fecha indeterminada”. Estos consejos ilegales y fallos aberrantes y absurdos fueron dictados tanto por la estupidez como el odio de militantes de extrema derecha como el juez Rubén Ballesteros.

Pero no es todo. Durante su paso por la Corte de Apelaciones de Santiago entre 2001 y 2006, el juez Ballesteros falló sistemáticamente a favor del ex dictador y de otros criminales del régimen de facto en causas como la Caravana de la Muerte, el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, la masacre de Calle Conferencia, los homicidios y atentados terroristas de Operación Cóndor y el caso del Banco Riggs.

Lo más terrible y enervante es que cuando el ex presidente Lagos nombró a Ballesteros, estaba completamente al tanto no sólo de su mediocridad sino especialmente de su complicidad con los crímenes de la dictadura. Fue nombrado por Lagos, pues, pese a ello, o debido precisamente a su pasado. Se sospecha efectivamente que Lagos procedió al nombramiento de Ballesteros como parte de un pacto secreto con el militante y entonces senador de extrema derecha Pablo Longueira justamente para asegurar la impunidad de los acusados en casos de derechos humanos –una decisión inadmisible de todo punto de vista y que ha causado un daño incalculable a las víctimas y familiares de las víctimas y a la causa de los derechos humanos y el retorno de la democracia en Chile.
Sin embargo, esta aberrante decisión del ex presidente Lagos pudo ser, y puede ser todavía anulada. La Constitución Política de Chile establece en su artículo 76 que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. En cualquiera de estos casos, por prevaricación (la aplicación a sabiendas de criterios torcidos o ilegales en la administración de justicia) y denegación de justicia, que es el caso del juez Ballesteros, la Corte Suprema “por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”. Ni la ex presidente Bachelet ni el presidente Piñera han aludido a este caso.
El juez Ballesteros, pese a su complicidad en crímenes de la dictadura, y por ende con los acusados, no se declaró tampoco nunca incompetente o inhabilitado, lo que constituye otro argumento más en su contra por la evidente intención de prevaricar. Ni ha sido nunca llevado a juicio por su actuación durante la dictadura militar y durante el golpe de estado mismo.

Una vez iniciado el proceso de destitución del juez Ballesteros, deberían igualmente declararse nulos los fallos de la Segunda Sala Penal a favor de los acusados pinochetistas si su voto, junto con el del juez Nibaldo Segura, hubiese sido determinante en la aplicación viciada y torcida de la prescripción penal y la amnistía. La corte debería simplemente fallar de nuevo, basándose esta vez en el derecho internacional que Chile dice que respeta y acata, pero que en realidad simplemente se pasa por el sobaco. El juez Segura fue también nombrado en la Corte Suprema por el ex presidente Lagos.

La elección de Ballesteros a la presidencia de la Corte Suprema no hubiese ocurrido si el ex presidente Lagos no lo hubiese propuesto para la corte y, en lugar de eso, hubiese procedido a su procesamiento por su complicidad con la dictadura cuando fue miembro de los aberrantes consejos de guerra de la dictadura. Por eso irrita cuando habla sobre Chile y los desafíos que todavía debemos recuperar la democracia y una justicia que se base en un estado de derecho democrático. Si aún no tenemos democracia, si aún vivimos en una dictadura encubierta, si los criminales pinochetistas siguen libres en las calles con el consecuente peligro para la seguridad nacional, es también en parte gracias a la colaboración de Lagos con esos criminales. Lagos es un factor de impunidad.

Más allá de estos casos aberrantes, el nombramiento de Ballesteros y la permanencia de Segura y otros jueces prevaricadores en el poder judicial deja una vez más de manifiesto la urgente necesidad de efectuar una purga profunda y definitiva de los elementos criminales enquistados en el poder judicial y la necesidad no menos urgente de llevar a juicio a los civiles que colaboraron con la dictadura.

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Presidente comete crimen por omisión

El dudoso fallo de la Corte Suprema, y los corcoveos previos del Ministerio Público, que ignoran no sólo los reclamos de los afectados sino además la intención manifiesta del gobierno, muestra la falta de liderazgo del presidente, que no es tomado en cuenta ni por sus partidarios, y el estado de indefensión de los chilenos frente a un poder judicial torcido e infiltrado por elementos de extrema derecha (los fanáticos ministros Segura y Ballesteros), que desde su introducción por el presidente Lagos, no han dejado de actuar protegiendo a criminales pinochetistas. La causa mapuche contra la ley antiterrorista es una causa de todos los chilenos que queremos recuperar el estado de derecho. La criminalización de la causa mapuche, y otras, puede conducir a actos irremediables. Quizá le divierta al presidente jugar con la vida de otros. Cuando mueran, ¿qué dirá? Este es un crimen por omisión, un asesinato múltiple en cámara lenta.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Clase política sólo defiende sus privilegios

Esta es una situación totalmente intolerable. Los condenados por violaciones a los ddhh debiesen cumplir sus penas en cárceles comunes sin ningún tipo de privilegio, como en Argentina. Pero también, como en Argentina, los funcionarios y militares asociados a la dictadura debiesen haber sido excluidos a perpetuidad del servicio público y de las ffaa, incluyendo a sus familiares. Nada justifica que se prolongue esta situación. También debiera excluirse del poder judicial a los jueces que colaboraron con la dictadura y a los que hoy en día continúan negando el derecho internacional y los tratados de ddhh suscritos por Chile (como Segura, Ballesteros y otros) y dictan penas ridículamente leves. Nada de esto es probable que ocurra. La clase política aceptó un sistema político aberrante, una absurda farsa de democracia, que sólo sirve sus propios intereses y sólo se mueve para proteger sus propios privilegios. De ellos no tenemos nada que esperar.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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El rey de la prevaricación

El juez Herrera Piedrabuena es quizás el ejemplo más extraordinario de cómo interpreta la ley un fascista. Acaba de sobreseer a un grupo de represores de La Rioja (Argentina), procesados por secuestros y torturas en la cárcel secreta del Instituto de Rehabilitación Social de la provincia durante la última dictadura. Según opina, sólo el jefe, Luciano Menéndez, es responsable de esos delitos. Los interrogadores y torturadores bajo su mando, y el juez Roberto Catalán, que tomaba declaración a detenidos vendados, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que determinaba hasta dónde torturar a los secuestrados, no son responsables.
Su interpretación de las leyes es increíblemente aberrante. En su fallo desestima la acusación de tortura argumentando que es un delito de mano propia, por lo que no se puede procesar a quienes dieron las órdenes, sino solamente a quienes efectivamente cometieron torturas. Seguidamente argumenta que los detenidos habían sido habidos legítimamente, y no secuestrados, en virtud de una ley antisubversiva de tiempos de la dictadura. La violación de domicilio tampoco fue ilegítima, alega, porque se hizo con el consentimiento de las víctimas. Tampoco se puede acusar a los represores de asociación ilícita, porque si se cometieron delitos, fueron actos aislados cometidos en desconocimiento de sus superiores.
Esta aberrante interpretación, que niega que se trata de delitos de lesa humanidad e ignora el plan sistemático de exterminio de los opositores políticos, ya fue apelada y será vista por la Cámara Federal de Córdoba.
Este fascista experto en prevaricación, tan parecido a los jueces pinochetistas chilenos Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, que rechazan igualmente el derecho humanitario internacional, debiese ser, como mínimo, expulsado del poder judicial. Como mínimo.

Comentario sobre una nota en Página 12.

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Qué hacer para que nos tomen en serio

http://www.lanacion.cl/pinera-evalua-medidas-por-apablaza-con-zaldivar/noticias/2010-10-04/090344.html

No entiendo cómo no puede entender el presidente que la imagen que tiene Chile en el exterior difiere mucho de lo que él cree que es la imagen que tenemos. No somos una democracia, y cuando lo decimos los vecinos callan por cortesía o vergüenza ajena. El poder judicial no ha sido purgado de los jueces que colaboraron con la dictadura. Al contrario, cuenta con jueces abiertamente pinochetistas (Segura, Ballesteros y otros) que han entorpecido en incontables ocasiones que se dicte verdadera justicia, amparan a los criminales y fijan sentencias ridículas. En 2000 Chile rechazó el pedido de extradición de Pinochet y otros represores, que también contribuye a nuestra imagen.  Y lo peor es que uno de los partidos de gobierno es un partido que apoyó y justificó la dictadura. Encima, tenemos una institución extinta en democracias, que llamamos incoherentemente justicia militar. Queda mucho por hacer para que nos tomen en serio.

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Segura y Ballesteros deben ser excluidos

http://www.lanacion.cl/carcel-para-ex-carabineros-por-crimen-de-hermanos-vergara-toledo/noticias/2010-08-04/150640.html

Encuentro lamentable que la redacción de La Nación admita expresiones injuriosas, insultos y calumnias en las opiniones de los lectores. En mi opinión, lectores como Raúl MC debiesen ser excluidos del espacio de opinión, que viola uno de los criterios explícitos de La Nación misma: el que dice que se publicarán las opiniones “que cumplan con el respeto a las personas”. Las injurias y falsedades del lector mencionado no contribuyen en nada al debate y, ciertamente, no constituyen opinión.
Es de lamentar que nuevamente esos dos jueces pinochetistas (Segura y Ballesteros), introducidos por el presidente Lagos en la CS, intenten ahuecar el espíritu de la ley para acomodarlo a sus preferencias parapolíticas. La aplicación de la prescripción o media prescripción es simplemente ilegal. ¿No hay modo de castigar o excluir a estos jueces?

Este comentario no fue publicado por La Nación, pero el comentario injurioso al que me refiero fue retirado. En el comentario el autor celebraba el asesinato de los hermanos Vergara Toledo en términos que no pueden ser reproducidos. Es bueno que La Nación se distinga de diarios como La Tercera, que publica todos los comentarios sin distinción alguna, permitiendo insultos y notas injuriosas y dejando a los lectores la tarea de censurar no solamente lo que parece o es derechamente incorrecto, sino además a los escritores de otras preferencias políticas -convirtiendo el espacio de comentarios en una diaria guerra de diatribas.

Me interesa mucho lo que pasa en La Nación después del cambio de gobierno. Creo que este incidente refleja las lagunas en la política de redacción. Estar dispuestos a aceptar cambios o corregir y reformular es una buena manera de encarar la labor editorial. Informar bien, y guardando la debida distancia y respeto, es posible y no tiene relación alguna ni con la política ni con la ideología. Es también simplemente una cuestión de buenas maneras.

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Estrategia para garantizar la impunidad

http://www.lanacion.cl/garzon-marginan-a-victimas-de-crimenes-de-lesa-humanidad/noticias/2010-08-02/075103.html

Muchos gobiernos adoptan una actitud doble sobre los derechos humanos. Aquí en Chile, por ejemplo, pese a que Chile ha ratificado todos los tratados internacionales pertinentes en asuntos de derechos humanos, que prohíben la amnistía y la prescripción, algunos jueces sigan aplicando criterios perimidos y devenidos ilegales tras la ratificación. Pero el descaro de estos jueces no es ni impedido ni castigado ni por el gobierno ni por los órganos superiores de Justicia que debiesen actuar, y no lo hacen. Nuestra Constitución castiga el delito de prevaricación o administración torcida de la justicia, que es el delito que cometen estos jueces testarudos (como Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros) y pueden ser destituidos por la CS si el procedimiento lo inicia el presidente de la república. Bachelet no lo hizo. Y es de temer que este gobierno recurrirá al mismo procedimiento de borrar con el codo lo que se firma con la mano para perpetuar la impunidad.

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¿Qué hacía Novoa el día del crimen?

http://www.latercera.com/contenido/674_213575_9.shtml#boxComentarios

Con esta resolución se confirma que en el cuerpo del presidente se encontraron talio y componentes de gas mostaza y, por tanto, su muerte fue un asesinato; y que el juez Madrid tiene presunciones fundadas para el encausamiento de estas personas. Llama la atención que de los 2 jueces pinochetistas de la CS -Segura y Ballesteros-, este último haya votado contra. El presidente del Senado, Sr. Novoa, puede estar implicado en el encubrimiento de ese crimen: era subsecretario de Interior en la época.

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Jueces torcidos dañan credibilidad de Chile

http://www.latercera.com/contenido/680_186298_9.shtml

No se informa aquí que la sentencia fue de fallo dividido y que los ministros Segura y Ballesteros votaron por la prescripción -que, luego de que Chile ratificara su adhesión a la CPI y su aceptación de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, es derechamente una interpretación torcida de la ley, que es, según el art. 76 de la Constitución, un acto punible con la remoción, proceso que debe iniciar la presidenta. Es la primera condena en Chile por delitos contra la humanidad.

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Con jueces torcidos Chile pierde credibilidad

http://mqh.blogia.com/2009/092601-condenan-a-militares-por-torturas.php

http://www.lanacion.cl/condenan-a-ex-fach-por-torturas-contra-17-personas-en-aga/noticias/2009-09-25/135907.html

Indigna nuevamente la actuación concertada de estos dos ministros pinochetistas -Nibaldo Segura y Ruben Ballesteros-, introducidos por el presidente Lagos en la CS. Desde su nombramiento han causado enormes daños a la causa de los derechos humanos y a la simple justicia, sumiendo en el dolor y la impotencia a cientos de familiares de víctimas del régimen militar con la anuencia de las autoridades de la Concertación.
La presidenta tiene la facultad de pedir la destitución de estos jueces torcidos. La Constitución, en su artículo 76, que los responsabiliza personalmente por los delitos de cohecho, denegación y torcida administración de justicia y prevaricación, autoriza al presidente a solicitar su remoción a la Corte Suprema.
Sobre todo ahora que Chile ha ratificado su adhesión a la CPI, que establece específicamente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, las opiniones de estos jueces son injustificables. En aras de la credibilidad del país, su expulsión es urgente.

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La impunidad tiene mucho que ver con Lagos

http://www.latercera.com/contenido/680_153121_9.shtml

En este caso ya se había dictado una sentencia condenatoria, ratificada por una corte de apelaciones. Que el criminal se encuentre absuelto se debe al criterio torcido de los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, más el voto del abogado Pozo, conocidos por su empedernida defensa de los criminales pinochetistas. Que haya encubridores de criminales en el poder judicial se lo debemos al ex presidente Lagos, que nombró a esos jueces, y a la indiferencia de la presidente Bachelet. El resultado se llama impunidad.

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