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Girardi, clientelismo y democracia

Desde hace unos días se ha desatado un intenso ataque contra el senador del PPD, Guido Girardi, iniciado por el ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que acusa al legislador de clientelismo, malas prácticas y extorsión. El ex ministro de Hacienda acusó a Girardi de haberle pedido que nombrara en su ministerio –cuando fue nombrado por Bachelet en 2006- a más de una decena de asesores, amenazándolo con no apoyar los proyectos de Hacienda si no lo hacía. El senador ha negado parcialmente la acusación. Dijo inicialmente que esos asesores le correspondían al PPD, en conformidad con los votos obtenidos en las elecciones y que él sólo había velado, como presidente que era entonces de su partido, por los intereses legítimos de su colectividad –pero que para eso no había hablado con Velasco. Negó que hubiese amenazado al ministro con no apoyar sus proyectos, y lo demostró recientemente en un programa de televisión mostrando que de los 170 proyectos presentados por el ministerio de Hacienda, él había aprobado 165, es decir, la inmensa mayoría. Y hasta el día de hoy, el ex ministro no ha podido mostrar la lista que presuntamente le hizo llegar el senador.

La acusación de Velasco, en la que piensa basar su campaña electoral, no tiene mucho sustento. Es evidente que si la acusación del ministro fuera fidedigna, el senador no habría votado como lo hizo por los proyectos del ex ministro. Y es igualmente evidente que si el ex ministro no puede mostrar el listado de asesores propuestos, es que ese listado o no existió o no iba dirigido a él. El senador ha igualmente negado que, en ausencia del listado, hubiese llamado por teléfono al ministro con el mismo propósito. Es muy probable, entonces, que para repartir los cargos de asesores en el ministerio de Hacienda, el senador probablemente habló con otros funcionarios –funcionarios asociados a partidos y no con el ministro, que no pertenece a ninguna colectividad política y, por tanto, tampoco le ha correspondido ocuparse de esos asuntos.

La reacción de políticos de la Concertación y de la Alianza no ha sido uniforme. En general, no se condena al senador con muchas palabras, porque los políticos han entendido que si hablan mucho se les pueden caer los dientes. El señor Moreira, del partido UDI (extrema derecha pinochetista), comentó divertido que la diferencia era que ellos no eran tan tontos como para hacer listados (llamaban por teléfono), admitiendo la práctica. Algunos políticos de la Concertación –coalición  a la que pertenece el senador- también lo han condenado, pese a que no existe claridad sobre qué ocurrió exactamente ni si realmente ocurrieron las cosas como dice el ex ministro que ocurrieron.

Pero, ¿qué es el clientelismo? ¿E incurrió Girardi en esa práctica? Según la definición de Wikipedia, el clientelismo “es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema”.
Según la definición, y asumiendo que Girardi efectivamente presionó al ministerio para obtener esos cargos, lo que ocurrió no se puede definir de esa manera. En realidad, la descripción de Velasco se corresponde mejor con la manera de operar de la mafia o de prácticas habituales en entornos rurales algo atrasados, con terratenientes feudales y alcaldes eternos. Si lo que presuntamente hizo Girardi es clientelismo, los funcionarios nombrados deberían ser líderes políticos, porque son estos los únicos que pueden brindar apoyo electoral. Pero las personas a cuyo favor habría actuado el senador eran asesores, no dirigentes políticos. ¿Puede alguien creer que el senador Girardi presionó para instalar a catorce correligionarios a cambio de sus votos? Esa idea es derechamente absurda. Más absurda aun en un régimen electoral que no es exactamente democrático y donde la obtención de apoyo electoral no es una condición determinante para acceder a la legislatura.

Yo creo que lo que ocurrió es perfectamente comprensible y legítimo. En las democracias las elecciones se convocan para dirimir la distribución del poder político. Cuando el candidato es apoyado por un solo partido la repartición del poder no implica problemas graves. El presidente elegido puede nombrar solamente a miembros de su partido en los cargos públicos que le corresponde: todos los ministros, subsecretarios, asesores y jefes de servicio. Cuando el presidente es elegido por una coalición, la cantidad (y destinación) de los cargos públicos depende no de la voluntad del presidente, sino de los votos obtenidos –vale decir, de la voluntad de la ciudadanía. Si tu partido obtuvo un porcentaje x, a tu partido le corresponden tantos ministerios, subsecretarías, asesorías, etc. Así funciona la democracia y simplemente no puede funcionar de otra manera. La democracia es una manera de distribuir el poder de acuerdo a la voluntad ciudadana que se expresa en votos y determina la cantidad de cargos públicos que corresponden a los miembros de las colectividades participantes. Sería ridículo, y se apartaría de las prácticas democráticas, que ganadas las elecciones con la participación de tu partido, algún ministro pretendiera que tu partido no tiene derecho a ningún cargo –lo que querría decir que el ministro se pasa la voluntad ciudadana por el sobaco y que no permitirá que tu partido (tus subsecretarios, tus asesores) ejerzan influencia en la toma de decisiones políticas. La idea de democracia que defiende Velasco es derechamente circense. Lo que quiere Velasco es que el señor Bermúdez nombre a todos los funcionarios, sin tomar en cuenta la votación. Si Girardi hizo llegar un listado de asesores por nombrar, no hizo más que defender los intereses institucionales legítimos de su partido.
Si el clientelismo es la concesión de favores políticos a cambio de apoyo electoral, en Chile no podría existir, por la simple razón de que el sistema electoral chileno no es democrático y, por tanto, no tiene ningún sentido buscar un apoyo electoral que no influye casi en nada en la designación de los cargos públicos. Como sabemos, en Chile los senadores y diputados son nombrados por las directivas de los partidos, y las limitadas elecciones no son más que un paripé para enmascarar la naturaleza profundamente antidemocrática del régimen político.

A veces el clientelismo se confunde con la simple corrupción, como cuando un funcionario público con poder instala en la administración a amigos y parientes, como hacía el presidente Lagos y sus ministros y, en realidad, todos los presidentes, de antes y después de la dictadura, más allá de la cuota de poder que corresponde legítimamente a cada actor político. Esta es una práctica bastante extendida, la cometen todos los partidos sin excepción y está tan enraizada en la cultura que no creo posible que se logre eliminar enteramente. (“Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores”, se lee en el artículo en Wikipedia). Recuérdese solamente el escándalo por la contratación de asesores de los legisladores, cuando se descubrió que nada menos que el treinta por ciento de los asesores contratados eran familiares de los senadores y diputados que los tenían a su servicio.

Volviendo al caso de Girardi, pareciera que vamos a tener que concluir que el clientelismo es mucho más aparente en la prensa que cubre el caso que en el senador. Según la definición en Wikipedia, “resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo”. Me parece que practican el clientelismo los órganos de prensa y periodistas que han atacado ferozmente al senador y sospecho que son clientes de patrones políticos que exigen, a cambio de nombramientos y otros privilegios, que el senador sea atacado. Prácticamente toda la prensa escrita y todos los canales de televisión, todos sin excepción en manos de grupos de derecha y extrema derecha, han presentado el caso de tal manera que pareciera que Girardi efectivamente representa las malas prácticas de las que habla el ex ministro, mientras que en realidad los clientes que devuelven favores son el propio ex ministro y sus compañeros en la prensa. El ex ministro es intensa y ampliamente apoyado por la derecha porque es uno de los funcionarios que contribuyó de manera decisiva a la derrota electoral de la Concertación, porque imprimió un sello antipopular a esa coalición cuando, entre otras cosas, rechazó discutir el aumento del salario mínimo, se negó a quitar el 7 por ciento del seguro médico de los jubilados, conspiró para hacer aprobar el proyecto Hidroaysén y quitó viento al postnatal –proyectos que han sido (aunque no todos) implementados por el actual gobierno. El ex ministro Velasco siempre estuvo más a la derecha que la derecha y defendió brutalmente los intereses de la codicia empresarial. Por eso no sorprende que sea la derecha, en su prensa, la que adopta el punto de vista del ex ministro y ataca al senador, devolviendo los favores políticos que denuncia. Velasco es el hombre de los patrones y en momentos en que se inicia un nuevo proceso electoral, la prensa debe volver a mostrar su lealtad. Eso se llama clientelismo. Es así como se devuelven los favores.

En conclusión, no creo que el senador Girardi haya hecho nada incorrecto Simplemente defendió los intereses legítimos de su partido. Pero el revuelo que ha causado en prensa y televisión es muy sospechoso. A los ciudadanos chilenos mismos no creo que les importe demasiado. Recuérdese que los chilenos eligieron sin escrúpulos a un presidente que tiene antecedentes penales (Piñera fue condenado a tres años de cárcel, por estafa, en un fallo que fue anulado por presión del dictador Pinochet) ni dijeron nada cuando se descubrió que Hidroaysén había donado un millón de dólares a una fundación de la Primera Dama (que, increíblemente, lo aceptó) poco antes de que se decidiera si continuaba o no el proyecto. Ni nadie dice nada porque los políticos, que se fijan los más altos salarios del mundo, sean al mismo tiempo empresarios. Esto no es un elogio, pero en Chile muchos ciudadanos, quizás la mayoría, estarían encantados de tener parientes en la administración pública que les procurasen empleos y privilegios de otro tipo, como becas, subsidios y viajes. No somos un país que se caracterice exactamente por el carácter probo de sus habitantes, que son más bien indiferentes y acomodaticios. A mediano y largo plazo, esta acusación infundada y bruta quizá hasta convenga al senador Girardi.
[La imagen viene de EcoNegocios]. 

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Incoherencia e inmoralidad del cavernícola

Hoy publica la prensa algunos resultados de la encuesta CERC con una espeluznante medición: el 12 por ciento de los entrevistados dijo justificar los asesinatos y otras violencias cometidas por los militares para impedir el comunismo. Las mismas personas desglosadas por intención de voto arrojan los siguientes resultados: UDI, un 23 por ciento (vale decir, el 23 por ciento de los entrevistados que dijeron que votarían por un candidato de la UDI); Democracia Cristiana, 20 por ciento: Renovación Nacional, 18 por ciento y PPD, 16 por ciento. Llama la atención que haya más partidarios de los crímenes entre los demócrata-cristianos, que han gobernado con la centro-izquierda durante los últimos veinte años, aparentemente más por oportunismo que por principios, que entre los conservadores de RN. Pero lo más sorprendente es que el 6 por ciento de los que votarían por el Partido Socialista, cuyos militantes fueran igualmente perseguidos y asesinados, también justifica la barbarie. Y nada menos que el 4 por ciento de los que votarían por el Partido Comunista, que suma la mayor cantidad de víctimas de la dictadura, también justifica las masacres.

¿Estamos leyendo bien? De por sí, estos resultados son impresionantes, pero la idea de que personas que votan comunista aprueben la eliminación arbitraria de ciudadanos comunistas es derechamente incomprensible.  Equivale a decir incoherencias como: “Estoy muy contento que hayan matado a los comunistas. A mí me gustan los comunistas, así que espero que también me asesinen a mí”. O: “Matar a una persona inocente e indefensa con torturas, es un acto noble y valiente”. O: “Los militares chilenos que violaban a las detenidas son héroes”. O: “Mi mamá es comunista. Ojalá la violen y maten con torturas porque el comunismo es muy malo. Incluso me gustaría que los valientes militares me entregaran sus huesos para hacer una sopa”. ¿Existe alguna ideología que defienda barbaries semejantes? Y si esto es dudoso, ¿cómo se explica esa respuesta? ¿Entendieron los encuestados las preguntas?

Si alguna de estas opiniones incoherentes refleja creencias reales, y no es el resultado de una encuesta mal hecha o con preguntas torcidas, que el 12 por ciento de los chilenos justifique la barbarie militar demuestra que los gobiernos de los últimos veinte años no han hecho bien su trabajo. Tuvieron veinte años para educar e informar a la población de que la dictadura no fue nunca justificada, que los argumentos de los militares para dar el golpe de estado eran falsos, que nunca hubo una conspiración comunista (Plan Z) para instaurar una dictadura, que el golpe fue instigado y pagado por Estados Unidos, que el dictador Pinochet recibió dinero de ese país, que la desaparición forzada (vale decir, el asesinato de los detenidos o secuestrados) fue utilizada para impedir que los detenidos contaran la verdad sobre los militares y hacer creer al resto de los chilenos y del mundo que aquí había una guerra que nunca hubo.

Si alguna vez algún gobierno de la Concertación intentó contar la verdad, esta encuesta demuestra que fracasó. Pero lo más probable, si se toma en cuenta que hay ciudadanos que se llaman cristianos y otros de izquierda también justifican la barbarie militar, es que esos partidos y esos gobiernos no hayan querido nunca contar la verdad. Y quizás el nombramiento de dos jueces pinochetistas (uno de ellos con pasado militar, que participó incluso en los ridículos consejos de guerra) a la Segunda Sala de la Corte Suprema, que han defendido siempre a los acusados pinochetistas en violación incluso de los tratados internacionales firmados por Chile, por el presidente Lagos, quizás, digo, tenga que ver con esta idea aberrante de que es bueno matar comunistas aunque no hayan cometido ningún delito y que es bueno matar a otros y decir que eran comunistas para poder robarles, y que es igualmente bueno introducir ratas en las vaginas de las detenidas y arrancar los ojos a los asesinados y extraer sus dientes de oro para venderlos en el mercado, como hacía el general Contreras, jefe de la policía política del dictador y agente de la CIA. Digo, un 12 por ciento de los chilenos tiene probablemente menos principios morales que una sanguijuela.

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