November132011
Chile rinde culto a criminales
Hace unos días el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamaba el retraso en la tramitación de un proyecto de ley que “prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet”. El proyecto de ley se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las policías secretas de la dictadura eran asociaciones ilícitas. Consecuentemente, no es comprensible que Chile rinda tributos a personas que han sido juzgadas y condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, homicidios, torturas, violaciones, saqueo de bienes de las víctimas, internamiento en campos de concentración y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Permitir monumentos públicos a la memoria de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar sería como si Alemania permitiera que se honrara la memoria de Adolf Hilter.
El proyecto de ley de ley especifica que “se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte” y otros miembros de la Junta Militar durante el periodo del gobierno de facto del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
El proyecto fue redactado de alguna manera en el mismo espíritu que la ley argentina, aprobada el año pasado, que prohíbe similarmente el culto a funcionarios de facto condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y se extiende a toda la historia republicana de ese país. La ley argentina prohíbe igualmente que se recuerde a funcionarios de facto en nombres de calles, plazas, escuelas e incluso regimientos.
Por esto, este proyecto chileno debiese ser ampliado para incluir a funcionarios de facto (lo que incluye a los dictadores que ha tenido Chile en su historia) y a funcionarios, entre ellos militares, que hayan cometido delitos graves, como matanzas de manifestantes y felonías similares, que abundan en la historia chilena. Que los nombres de notorios e infames criminales adornen nuestras calles y plazas e incluso sirvan como nombres de escuelas y otros espacios públicos es una afrenta permanente a los que sí merecen nuestro respeto y recuerdo, que son los que fueron víctimas de estas alimañas.
Duele encontrarse en prácticamente todas las ciudades chilenas con calles y plazas con el nombre de personajes como el general Roberto Silva Renard, Rafael Sotomayor, Pedro Montt -responsables de la espantosa carnicería de cientos de mineros conocida como la Matanza de Santa María de Iquique- y, más recientemente, de personas como Edmundo Pérez Zujovic -autor intelectual de la masacre de Pampa Irigoin en 1969, en la que Carabineros dispararon a matar contra un grupo de pobladores desarmados, ultimando a nueve de ellos, entre ellos un bebé. Por ese horrendo crimen, el entonces ministro del Interior no fue juzgado nunca. Ninguna calle, ni plaza, ni escuela, ni regimiento, ni salón, ni universidad, ni nada deben llevar nunca el nombre de ninguno de estos criminales. Su culto hiere y humilla a los descendientes de las víctimas y deshonra y degrada a los que ven a sus victimarios como militares victoriosos.
La aprobación de esta ley, ojalá ampliada para incluir a otros criminales anteriores, y posteriores, a la dictadura de Pinochet, es una tarea urgente.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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September192011
Quién era Jorge Noguera
Hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a veinticinco años de prisión al ex director del servicio secreto colombiano -el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-, Jorge Noguera, por el asesinato de un profesor de izquierda y por nexos con paramilitares durante su cargo de 2002 a octubre de 2005 -aunque se le acusa de varias decenas de homicidios y otros delitos. Fue nombrado en el cargo por su protector el ex presidente Álvaro Uribe.
Noguera entregaba a los paramilitares, listas negras de personas que debían ser perseguidas, amenazadas o asesinadas. Los asesinatos que más conmovieron a la opinión pública fueron los del profesor Alfredo Correa d’Andreis, la periodista Zully Codina Pérez, el sindicalista Adán Pacheco, el defensor del pueblo Pedro Pérez Orozco y el profesor Fernando Pisciotti Van Strahalen, pero en realidad fueron asesinadas 36 personas de esas listas y otras 61 fueron amenazadas de muerte -lo que muchas veces obliga a las víctimas a marcharse al exilio en el extranjero. Las víctimas eran personas consideradas enemigos políticos por el director del servicio secreto: dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, líderes indígenas.
Naturalmente, todas las sospechas recayeron siempre sobre el presidente Uribe. Gran parte de las sospechas las atrae el propio Uribe por su fanatismo y debido a que ha sido acusado muy convincentemente de haber estado asociado con grupos paramilitares para extender su propia hacienda. Pero también porque el cargo de director de la inteligencia es de responsabilidad directa del presidente, al que debe entregar un informe diario a primera hora. Era difícil -lo sigue siendo- creer que el presidente no supiera en qué andaba su protegido. No suena verosímil. Muchos pensábamos que Noguera no hacía más que obedecer órdenes del llamado “Número Uno.”
Todavía más increíble es otro de los hallazgos de la investigación de la fiscalía: entre las listas halladas, también había unas que sólo incluían a ladrones y prostitutas y presumiblemente otros delincuentes -lo que, de paso, demuestra también que Noguera contaba con la colaboración de otros en el servicio secreto. Estos últimos encargos no dejan de llamar la atención. Otra cosa de que se acusa a Noguera es de haber filtrado información a narcotraficantes sobre allanamientos y órdenes de captura. Es difícil entender cómo un hombre que hace parte de una organización que roba, estafa, asesina, extorsiona, trafica y secuestra, pueda reprobar con rigor de muerte a ladrones y putas.
En esos mismos días, un tribunal de Cali condenó a 46 años de cárcel a nueve militares por el asesinato de cuatro civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate -para recibir recompensa o privilegios o permisos. En Colombia en estos casos hablan de falsos positivos. A veces estos asesinatos arbitrarios por lucro coinciden con campañas de limpieza social, con las que agentes del estado y paramilitares asesinan a personas consideradas indeseables, como ladrones, rateros, delincuentes de poca monta, prostitutas, débiles mentales, homosexuales, vendedores ambulantes.
Lo que sorprende en este caso es que una tan alta autoridad del estado haya estado detrás de semejante infamia. Siempre se quiso creer que los casos de asesinatos de civiles por lucro eran puntuales y cometidos por psicópatas en provincias remotas -hasta que el relator de la ONU concluyera en 2009 que formaban parte de un plan sistemático. Pero no dijo que el cerebro detrás de estas atrocidades era el propio jefe del servicio secreto, el primero el cargo de mayor confianza del presidente y lo segundo el organismo que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.
Pobre Colombia.
La noticia de la condena de Noguera no llamó la atención de toda la prensa. La Nación no publicó ni una línea sobre el asunto.
Recomiendo leer
1 Jorge Noguera condenado a 25 años de cárcel
2 Los crímenes de Jorge Noguera
3 Jorge Noguera: ¿el espía de los paras?
4 Juez condena a 9 militares por ‘falsos positivos’
Comentario sobre una nota en Radio Bíobio.
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September162011
Casta militar teme a la verdad y al castigo
Es una lástima que este general aparezca implicado en esa desaparición, que es ciertamente un asesinato. Que la Corte Suprema lo haya absuelto, sobre todo después de sus acostumbrados fallos de dudosa legitimidad (cuando, por ejemplo, aplican prescripción en casos de derechos humanos, que son imprescriptibles, o amnistía en casos de delitos inamnistiables) con que se han destacado los jueces de la II Sala, hará sacar a muchos la conclusión contraria. Es penoso, y está empezando a ser patético, que la tercera edad pinochetista, todavía con la ilusión de no pagar por sus crímenes, no sea capaz de acumular coraje para soltar las riendas y dejar que el país vuelva a respirar. Sus amigos debieran decirles que si creen que alguna vez tuvieron un papel justificable, llevan demasiado tiempo sosteniendo una quimera enfermiza y que ciertamente nadie los necesita. Una condición indispensable para la fundación de una nueva derecha decente es precisamente que de verdad rompa lazos con el pinochetismo, con el que nunca debió aliarse, y jure lealtad a los principios de la democracia y la libertad y vuelva a iniciar su liberalismo a partir de los derechos humanos y las libertades personales, y no de la bruta e inútil codicia capitalista.
Una derecha reformulada atraería a muchos ciudadanos que hoy día van por la vida votando por la izquierda. Este general, así como todos los otros asociados de algún modo al pinochetismo, debiesen apartarse y dejar el espacio para oficiales capaces de entender los nuevos retos de Chile, el principal de los cuales es ciertamente la construcción de una democracia verdadera y legítima.
Comentario sobre una nota en La Nación.
Tags: /Corte Suprema de Justicia /derechos humanos /delitos imprescriptibles /prescripción de la acción penal /amnistía /delitos inamnistiables /pinochetismo /nueva derecha /democracia /libertad /liberalismo /libertades personales /codicia /izquierda /general González
July102011
Enfermiza tolerancia del poder judicial
Un aspecto interesante de este fallo es que originalmente la jueza Juana Venegas había resuelto la absolución de los acusados por prescripción de la acción penal, que algunos jueces chilenos aplican ilegalmente -ilegal porque lo prohíbe el derecho internacional- ante la indiferencia de las autoridades. La Corte de Apelaciones de Talca, pese a que ha dictado penas ridículas de libertad vigilada, revocó la aberrante absolución por estimar que “los hechos deben ser sancionados bajo tratados internacionales de derechos humanos”, o sea que son delitos imprescriptibles. Esto hace ver todavía más infame la postura del gobierno de no exigir al poder judicial que extirpe de su medio a jueces prevaricadores, que ingresaron a la CS sólo con el fin de proteger a sus aliados pinochetistas. ¿Por qué razón los jueces de Talca sí acatan el derecho internacional, y los de Santiago no? ¿Y por qué tolera el presidente estas injusticias?
Comentario sobre una nota en La Nación.
Tags: /juez Juana Venegas /poder judicial chileno /Corte de Apelaciones de Talca /libertad vigilada /derecho internacional /prescripción de la acción penal /derechos humanos /delitos imprescriptibles /prevaricación /Corte Suprema de Justicia /pinochetistas /Talca /Santiago /presidente Piñera
July72011
Ministro encubre a criminales
Qué difícil es interpretar una noticia como esta. Obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es que el ministro miente, o que le mienten y hace la vista gorda, porque necesita encubrir a esos criminales que, en su época, eran sus héroes. El hecho de que el partido del ministro habla aplaudido esos crímenes (el bombardeo de tus propias instituciones por orden extranjera), lo convierte de inmediato en sospechoso de encubrimiento. Pero ¿por qué razón ocultar la identidad de los pilotos antipatriotas? ¿Por cobardía? ¿Para no rendir cuentas y salirse con la suya? ¿Tienen miedo de que los pinochetistas de la Corte Suprema los condenen a penas de prisión efectivas, por ejemplo a prisión perpetua? ¿Tienen miedo a la mirada de sus hijos? ¿Miedo a ser escupidos o agredidos en la calle? ¿Miedo a que sus hijos o mujer sean insultados? Es inimaginable tanta cobardía. ¿Dejarán de serlo algún día? Y el ministro hace suyo el punto de vista de los cobardes y se queda tan pancho. Vaya.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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June132011
Algunas leyes se aplican retroactivamente
Human Rights Watch viene de condenar enérgicamente la decisión del Parlamento uruguayo de otorgar impunidad a los responsables de crímenes contra la humanidad cometidos por militares durante la dictadura militar en ese país entre 1973 y 1985. Previamente, en dos plebiscitos, la población había votado a favor de la impunidad. La Corte Suprema de Justicia de ese país, en mayo de 2011, declaró también inimputables a dos militares responsables de desapariciones forzadas, alegando que este delito recién se había incorporado al derecho interno uruguayo en 2006. Los militares son autores de la desaparición forzada (asesinatos, pero sin que los cuerpos hayan sido encontrados) de 28 personas. Esta situación, o similares, se presenta en todos los países que sufrieron dictaduras de extrema derecha.
En opinión del director de la sección Américas de HRW, José Miguel Vivanco, esos militares uruguayos, y, por extensión, todos los otros uniformados acusados de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, deben ser juzgados independientemente de si en la época en que se cometieron esos delitos la figura penal de la desaparición forzada hubiese o no sido incorporada a la legislación uruguaya.
La CSJ uruguaya alegó que aplicar esta ley retroactivamente viola el principio de legalidad. ¿Tiene razón?
No. La argumentación de HRW es contundente. Tratándose de delitos imprescriptibles, el principio de legalidad caduca, pues sólo se aplica a los delitos comunes. Es decir, si los delitos cometidos por los militares fueran comunes, correspondería aplicar la prescripción de la acción penal. Pero no son delitos comunes: son delitos de lesa humanidad o contra la humanidad. Dicho de otro modo, tratándose de delitos permanentes, es indiferente si la ley se aplica retroactivamente.
Por otro lado, el principio de legalidad, que imposibilitaría la aplicación retroactiva de la ley, no tiene por fin dejar impunes delitos cometidos. El espíritu de la ley no puede ser nunca facilitar la impunidad, porque en el momento de su comisión el derecho internacional ya los reconocía como delitos permanentes.
Según el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, ratificado sin reservas por Uruguay en 1970, establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Los delitos de los militares durante esa y otras dictaduras en Sudamérica, para cuando fueron cometidos, ya eran delitos en el derecho internacional.
Además, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
En otras palabras, tanto los dos plebiscitos -de 1989 y de 2009- como la decisión reciente del Parlamento uruguayo de otorgar impunidad a los autores de delitos contra la humanidad, carecen de valor y deben ser derogados. Ante el rechazo del Parlamento de anular la ley de amnistía, HRW llama al poder judicial uruguayo a velar porque se respete el derecho humanitario internacional. La misma corte ha amenazado a Uruguay con medidas disciplinarias, que pudieran terminar con la exclusión de ese país de algunos organismos interamericanos.
La decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debiese ser aplicada también en otros países de la región que sufren procesos similares. En Chile, la CSJ continúa aplicando la prescripción penal y la amnistía en casos de delitos contra la humanidad alegando que no han sido todavía incorporados en el derecho nacional. La argumentación, como se ve, es insostenible, porque esos delitos, cometidos a partir de 1970 (antes de la dictadura, cuando la embajada de Estados Unidos y una organización fascista asesinaron al comandante en jefe René Schneider), y especialmente entre 1973 y 1990, ya eran delitos en el derecho humanitario internacional.
La CSJ chilena actúa así al margen del derecho internacional, pese a que el país ha ratificado todos los tratados que lo establecen.
Según la legislación chilena, el único que puede poner fin a la prevaricación y administración torcida de la justicia de los jueces es el presidente de la República. Ningún presidente de la Concertación se ha atrevido a desafiar a la corte, perpetuando con ello el clima de impunidad que reina en el país sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. No es de esperar que el gobierno de Sebastián Piñera, que incluye en su gobierno a civiles implicados en los crímenes de la dictadura, vaya a impugnar a esos jueces con el fin de inhabilitarlos y excluirlos del poder judicial.
Por eso sigue siendo urgente que las organizaciones de derechos humanos en Chile, tanto las gubernamentales como las formadas por víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, presenten el caso chileno ante la corte interamericana, con el fin de anular algunos de los juicios por derechos humanos en los que se han dictado penas aberrantemente leves, incluyendo la aplicación de la amnistía y la prescripción. Si no se obtiene justicia plena, se conseguirá al menos que el resto del mundo sepa la verdad, se entere del clima de impunidad que sigue reinando en el país y se muestre al planeta la verdadera calaña del poder judicial y la clase política chilenos.
Comentario sobre artículo en la página web de Human Rights Watch.
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June72011
Presidente comete crimen por omisión
El dudoso fallo de la Corte Suprema, y los corcoveos previos del Ministerio Público, que ignoran no sólo los reclamos de los afectados sino además la intención manifiesta del gobierno, muestra la falta de liderazgo del presidente, que no es tomado en cuenta ni por sus partidarios, y el estado de indefensión de los chilenos frente a un poder judicial torcido e infiltrado por elementos de extrema derecha (los fanáticos ministros Segura y Ballesteros), que desde su introducción por el presidente Lagos, no han dejado de actuar protegiendo a criminales pinochetistas. La causa mapuche contra la ley antiterrorista es una causa de todos los chilenos que queremos recuperar el estado de derecho. La criminalización de la causa mapuche, y otras, puede conducir a actos irremediables. Quizá le divierta al presidente jugar con la vida de otros. Cuando mueran, ¿qué dirá? Este es un crimen por omisión, un asesinato múltiple en cámara lenta.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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April262011
La arrogancia del poder
El presidente Piñera, como presidentes chilenos anteriores, continúa con la nefasta determinación de desentenderse, cuando no amparar, los fallos injustos y abusivos, algunos incluso ilegales (como la aplicación de la prescripción o de la amnistía), del poder judicial. Algo debiese moverse en el corazón del presidente cuando observa a un fiscal pidiendo perpetua contra unos jóvenes acusados de hacer estallar petardos, o cuando un juez condena a 25 años a un comunero por el improbable delito de homicidio frustrado, o cuando un carabinero que mató a un mapuche a balazos por la espalda es ‘castigado’ con un traslado, o cuando la CS condena a militares, autores de crímenes horrendos, a penas irrisorias de libertad vigilada. El descaro e impunidad con que los jueces dictan sentencias ridículas, han sido características de la actuación del poder judicial en este y otros gobiernos. Pero el corazón del presidente no parece conmoverse ante estas escandalosas injusticias.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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April252011
Que lo devuelvan al zoológico
El fiscal Peña es uno de los personajes más manipuladores y mal intencionados e inescrupulosos que haya conocido, excepción hecha de los jueces pinochetistas infiltrados en la Corte Suprema, el poder judicial. Es penoso presenciar que cuenta con la protección del gobierno. Es humanamente impresentable que este incluya entre sus filas a fiscales tan despiadados, que, como Peña, hace unas semanas, pedía presidio perpetuo para los acusados de colocar bombas de ruido, o sea, petardos, que habían estallado de noche y no habían causado nunca ninguna víctima. Enterarse luego de que el fiscal ha pagado a informantes y testigos para dar testimonio falso y poder así lograr el objetivo de castigarlos a la inverosímil exigencia de reclusión perpetua, es verdaderamente espeluznante. Es el colmo de la maldad y la mala fe y deshonra al gobierno, que debiese no sólo despedirlo, sino además inhabilitarlo a perpetuidad para el ejercicio de su profesión. Su castigo debe ser ejemplar.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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Castigo de fiscal rata debe ser ejemplar
Junto con los jueces pinochetistas infiltrados por el presidente Lagos en la Corte Suprema, el fiscal Peña pertenece al sector más arrastrado y vil del aparato judicial chileno. Este enano resentido, que no conoce ni escrúpulos ni ley, pidió hace apenas unas semanas presidio perpetuo para los acusados en el llamado Caso Bombas. Amparado en la ley antiterrorista, contrató a testigos protegidos para que declarasen falsamente, a cambio de dinero, para inculpar a los anarquistas encarcelados. Si la denuncia del diputado Aguiló se sostiene, este ex fiscal debiese ser despedido inmediatamente, procesado, encarcelado e inhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de su profesión. Debe recordarse que el delito que quiere castigar este bruto es la colocación de bombas de ruido, que nunca causaron víctimas, y que la culpabilidad de los detenidos, apuntalada por testigos falsos pagados por el fiscal, está lejos de ser comprobada. Por eso, el castigo debe ser ejemplarísimo.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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February42011
Corte Suprema infiltrada por pinochetismo
Parece que el diputado no se ha enterado de que la CNI, así como la DINA, fueron declaradas por la Corte Suprema, asociaciones ilícitas terroristas. Su pertenencia a ella es un delito, haya sido o no una dependencia del ejército. Por lo mismo, los militares que han estado encubriendo y protegiendo a sus miembros, como el general Izurieta, debieran ser destituidos. El gobierno debiese tener el valor de expulsar definitivamente de las fuerzas armadas a los elementos pinochetistas, una tarea que la Concertación no fue capaz de emprender. Una ley debiese inhabilitar a todo funcionario de alto nivel y político de la dictadura para el ejercicio de cargos públicos. Es igualmente urgente limpiar al poder judicial, que se encuentra totalmente infiltrado por el pinochetismo, gracias a la colaboración de Lagos, que nos legó a los nefastos jueces Segura y Ballesteros.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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February32011
La CNI era una asociación ilícita terrorista
El hecho de haber pertenecido a la CNI debería haberlo inhabilitado al ejercicio de cargos públicos y, obviamente, a la carrera militar. Ese organismo, lo mismo que la policía secreta previa (DINA), ha sido definido por la Corte Suprema como una asociación ilícita terrorista y varios de sus miembros han sido condenados por ese delito. Lamentablemente, la clase política en su conjunto ha permitido que antiguos funcionarios de la dictadura puedan continuar sus carreras militares y asumir cargos públicos, aunque claramente debiesen ser inhabilitados a perpetuidad. El gobierno debiese insistir en que las fuerzas armadas y todas las instituciones del estado, incluyendo el poder judicial, se deshagan de todo funcionario implicado en violaciones a los derechos humanos. Su permanencia es derechamente inaceptable.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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December72010
Ratas de la CS absuelven a rata del ejército
http://www.lanacion.cl/absuelto-oficial-r-del-ejercito-por-crimen-de-medico-en-1974/noticias/2010-12-06/104353.html
Este es un fallo tan mal fundado, que es evidente que detrás de él están los jueces pinochetistas todavía infiltrados, con la general complacencia de este gobierno y los anteriores, en el poder judicial y que explican el increíble nivel de impunidad de que goza la canalla fascista en el país. Después de haber sido condenado este oficial a diez años de prisión, la CS resuelve absolverlo argumentando que quien asesinó al médico fue un conscripto y no el oficial que le ordenó asesinarlo, una versión de los hechos tan inverosímil que parece escrita solo para zaherir todavía más a los familiares y amigos de la víctima. Si algún familiar o amigo de la víctima hiciera justicia por su propia mano, abarcando en su reivindicación tanto a los criminales como a los jueces que les protegen, ¿quién podría decir que actúa mal? Estos fallos aberrantemente injustos ponen en peligro la siempre frágil convivencia social en Chile.
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October292010
Fallos torcidos justifican dudas sobre CS
http://www.lanacion.cl/absueltos-ex-carabineros-por-crimen-de-pellegrin-y-magni/noticias/2010-10-28/124418.html
Estos fallos aberrantes son los que, aquí y al otro lado de la frontera, justifican la desconfianza en el poder judicial chileno. Mientras el gobierno busca furibundo la extradición de un ciudadano acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, el poder judicial absuelve a los autores del asesinato de dos militantes de la resistencia, ocurrido dos años antes y que está probablemente en el origen de la conspiración para asesinar al senador. La obscenidad ideológica de esta situación es evidente. Por otro lado, la CS condenó a los encubridores del homicidio en Colonia Dignidad a un año y medio de prisión remitida, pero con el voto en contra de los jueces Segura y Ballesteros, que preferían aplicar la prescripción penal, pese a los tratados que los jueces borran tan frecuentemente con el codo. Nuestro poder judicial no ha sido purgado. Lo demuestra este fallo.
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