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Girardi, clientelismo y democracia

Desde hace unos días se ha desatado un intenso ataque contra el senador del PPD, Guido Girardi, iniciado por el ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que acusa al legislador de clientelismo, malas prácticas y extorsión. El ex ministro de Hacienda acusó a Girardi de haberle pedido que nombrara en su ministerio –cuando fue nombrado por Bachelet en 2006- a más de una decena de asesores, amenazándolo con no apoyar los proyectos de Hacienda si no lo hacía. El senador ha negado parcialmente la acusación. Dijo inicialmente que esos asesores le correspondían al PPD, en conformidad con los votos obtenidos en las elecciones y que él sólo había velado, como presidente que era entonces de su partido, por los intereses legítimos de su colectividad –pero que para eso no había hablado con Velasco. Negó que hubiese amenazado al ministro con no apoyar sus proyectos, y lo demostró recientemente en un programa de televisión mostrando que de los 170 proyectos presentados por el ministerio de Hacienda, él había aprobado 165, es decir, la inmensa mayoría. Y hasta el día de hoy, el ex ministro no ha podido mostrar la lista que presuntamente le hizo llegar el senador.

La acusación de Velasco, en la que piensa basar su campaña electoral, no tiene mucho sustento. Es evidente que si la acusación del ministro fuera fidedigna, el senador no habría votado como lo hizo por los proyectos del ex ministro. Y es igualmente evidente que si el ex ministro no puede mostrar el listado de asesores propuestos, es que ese listado o no existió o no iba dirigido a él. El senador ha igualmente negado que, en ausencia del listado, hubiese llamado por teléfono al ministro con el mismo propósito. Es muy probable, entonces, que para repartir los cargos de asesores en el ministerio de Hacienda, el senador probablemente habló con otros funcionarios –funcionarios asociados a partidos y no con el ministro, que no pertenece a ninguna colectividad política y, por tanto, tampoco le ha correspondido ocuparse de esos asuntos.

La reacción de políticos de la Concertación y de la Alianza no ha sido uniforme. En general, no se condena al senador con muchas palabras, porque los políticos han entendido que si hablan mucho se les pueden caer los dientes. El señor Moreira, del partido UDI (extrema derecha pinochetista), comentó divertido que la diferencia era que ellos no eran tan tontos como para hacer listados (llamaban por teléfono), admitiendo la práctica. Algunos políticos de la Concertación –coalición  a la que pertenece el senador- también lo han condenado, pese a que no existe claridad sobre qué ocurrió exactamente ni si realmente ocurrieron las cosas como dice el ex ministro que ocurrieron.

Pero, ¿qué es el clientelismo? ¿E incurrió Girardi en esa práctica? Según la definición de Wikipedia, el clientelismo “es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema”.
Según la definición, y asumiendo que Girardi efectivamente presionó al ministerio para obtener esos cargos, lo que ocurrió no se puede definir de esa manera. En realidad, la descripción de Velasco se corresponde mejor con la manera de operar de la mafia o de prácticas habituales en entornos rurales algo atrasados, con terratenientes feudales y alcaldes eternos. Si lo que presuntamente hizo Girardi es clientelismo, los funcionarios nombrados deberían ser líderes políticos, porque son estos los únicos que pueden brindar apoyo electoral. Pero las personas a cuyo favor habría actuado el senador eran asesores, no dirigentes políticos. ¿Puede alguien creer que el senador Girardi presionó para instalar a catorce correligionarios a cambio de sus votos? Esa idea es derechamente absurda. Más absurda aun en un régimen electoral que no es exactamente democrático y donde la obtención de apoyo electoral no es una condición determinante para acceder a la legislatura.

Yo creo que lo que ocurrió es perfectamente comprensible y legítimo. En las democracias las elecciones se convocan para dirimir la distribución del poder político. Cuando el candidato es apoyado por un solo partido la repartición del poder no implica problemas graves. El presidente elegido puede nombrar solamente a miembros de su partido en los cargos públicos que le corresponde: todos los ministros, subsecretarios, asesores y jefes de servicio. Cuando el presidente es elegido por una coalición, la cantidad (y destinación) de los cargos públicos depende no de la voluntad del presidente, sino de los votos obtenidos –vale decir, de la voluntad de la ciudadanía. Si tu partido obtuvo un porcentaje x, a tu partido le corresponden tantos ministerios, subsecretarías, asesorías, etc. Así funciona la democracia y simplemente no puede funcionar de otra manera. La democracia es una manera de distribuir el poder de acuerdo a la voluntad ciudadana que se expresa en votos y determina la cantidad de cargos públicos que corresponden a los miembros de las colectividades participantes. Sería ridículo, y se apartaría de las prácticas democráticas, que ganadas las elecciones con la participación de tu partido, algún ministro pretendiera que tu partido no tiene derecho a ningún cargo –lo que querría decir que el ministro se pasa la voluntad ciudadana por el sobaco y que no permitirá que tu partido (tus subsecretarios, tus asesores) ejerzan influencia en la toma de decisiones políticas. La idea de democracia que defiende Velasco es derechamente circense. Lo que quiere Velasco es que el señor Bermúdez nombre a todos los funcionarios, sin tomar en cuenta la votación. Si Girardi hizo llegar un listado de asesores por nombrar, no hizo más que defender los intereses institucionales legítimos de su partido.
Si el clientelismo es la concesión de favores políticos a cambio de apoyo electoral, en Chile no podría existir, por la simple razón de que el sistema electoral chileno no es democrático y, por tanto, no tiene ningún sentido buscar un apoyo electoral que no influye casi en nada en la designación de los cargos públicos. Como sabemos, en Chile los senadores y diputados son nombrados por las directivas de los partidos, y las limitadas elecciones no son más que un paripé para enmascarar la naturaleza profundamente antidemocrática del régimen político.

A veces el clientelismo se confunde con la simple corrupción, como cuando un funcionario público con poder instala en la administración a amigos y parientes, como hacía el presidente Lagos y sus ministros y, en realidad, todos los presidentes, de antes y después de la dictadura, más allá de la cuota de poder que corresponde legítimamente a cada actor político. Esta es una práctica bastante extendida, la cometen todos los partidos sin excepción y está tan enraizada en la cultura que no creo posible que se logre eliminar enteramente. (“Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores”, se lee en el artículo en Wikipedia). Recuérdese solamente el escándalo por la contratación de asesores de los legisladores, cuando se descubrió que nada menos que el treinta por ciento de los asesores contratados eran familiares de los senadores y diputados que los tenían a su servicio.

Volviendo al caso de Girardi, pareciera que vamos a tener que concluir que el clientelismo es mucho más aparente en la prensa que cubre el caso que en el senador. Según la definición en Wikipedia, “resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo”. Me parece que practican el clientelismo los órganos de prensa y periodistas que han atacado ferozmente al senador y sospecho que son clientes de patrones políticos que exigen, a cambio de nombramientos y otros privilegios, que el senador sea atacado. Prácticamente toda la prensa escrita y todos los canales de televisión, todos sin excepción en manos de grupos de derecha y extrema derecha, han presentado el caso de tal manera que pareciera que Girardi efectivamente representa las malas prácticas de las que habla el ex ministro, mientras que en realidad los clientes que devuelven favores son el propio ex ministro y sus compañeros en la prensa. El ex ministro es intensa y ampliamente apoyado por la derecha porque es uno de los funcionarios que contribuyó de manera decisiva a la derrota electoral de la Concertación, porque imprimió un sello antipopular a esa coalición cuando, entre otras cosas, rechazó discutir el aumento del salario mínimo, se negó a quitar el 7 por ciento del seguro médico de los jubilados, conspiró para hacer aprobar el proyecto Hidroaysén y quitó viento al postnatal –proyectos que han sido (aunque no todos) implementados por el actual gobierno. El ex ministro Velasco siempre estuvo más a la derecha que la derecha y defendió brutalmente los intereses de la codicia empresarial. Por eso no sorprende que sea la derecha, en su prensa, la que adopta el punto de vista del ex ministro y ataca al senador, devolviendo los favores políticos que denuncia. Velasco es el hombre de los patrones y en momentos en que se inicia un nuevo proceso electoral, la prensa debe volver a mostrar su lealtad. Eso se llama clientelismo. Es así como se devuelven los favores.

En conclusión, no creo que el senador Girardi haya hecho nada incorrecto Simplemente defendió los intereses legítimos de su partido. Pero el revuelo que ha causado en prensa y televisión es muy sospechoso. A los ciudadanos chilenos mismos no creo que les importe demasiado. Recuérdese que los chilenos eligieron sin escrúpulos a un presidente que tiene antecedentes penales (Piñera fue condenado a tres años de cárcel, por estafa, en un fallo que fue anulado por presión del dictador Pinochet) ni dijeron nada cuando se descubrió que Hidroaysén había donado un millón de dólares a una fundación de la Primera Dama (que, increíblemente, lo aceptó) poco antes de que se decidiera si continuaba o no el proyecto. Ni nadie dice nada porque los políticos, que se fijan los más altos salarios del mundo, sean al mismo tiempo empresarios. Esto no es un elogio, pero en Chile muchos ciudadanos, quizás la mayoría, estarían encantados de tener parientes en la administración pública que les procurasen empleos y privilegios de otro tipo, como becas, subsidios y viajes. No somos un país que se caracterice exactamente por el carácter probo de sus habitantes, que son más bien indiferentes y acomodaticios. A mediano y largo plazo, esta acusación infundada y bruta quizá hasta convenga al senador Girardi.
[La imagen viene de EcoNegocios]. 

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Reformas políticas no sirven para nada

Con la inscripción automática y el voto voluntario no me parece que se refuerce la democracia que no tenemos. Para el sistema electoral vigente en las elecciones parlamentarias -el binominal- es completamente indiferente que los ciudadanos se inscriban automáticamente o no y la cantidad de electores es igualmente indiferente. Como nuestros senadores y diputados no son realmente elegidos, el voto ciudadano es un paripé inútil que es una ratificación igualmente torcida de los candidatos designados por las directivas de los partidos -designación que se hace a puertas cerradas y sin participación ni siquiera de los miembros de los partidos. Que los candidatos designados sean, ejem, elegidos por cinco votantes o seis millones no hace ninguna diferencia.
En cuanto al voto voluntario, todo parece indicar que es igualmente un paripé, porque el Senado aprobó una sorprendente y bizarra indicación del senador concertacionista Letelier, según la cual los ciudadanos que han “ejercido su derecho a sufragio, tendrán derecho a ser preferidos en la lista de elegibles para un empleo público y en la adjudicación de becas por parte del estado, frente a quienes no lo hubieren hecho” (en Radio Bíobio). ¿En qué quedamos? Si el voto es voluntario, no se entiende que los políticos quieran castigarnos por no votar o no participar en sus ridículas farsas. Si no votamos, no podremos postular a ser funcionarios públicos ni nos darán becas.
¿Y qué quiere premiar el senador socialista? Pues, nada menos que “a los ciudadanos activos cuando hay igualdad de condiciones”. Llamar ciudadano activo a un votante que acude a las urnas a ratificar a los candidatos designados por los partidos a espaldas de la ciudadanía no es exactamente sinónimo de participación política. El senador Letelier parece tener una idea bastante reaccionaria del concepto. Qué curiosa ironía que haya sido un senador de extrema derecha (Espina, de RN) quien criticara al socialista.
Es de esperar que los diputados muestren más cordura que los senadores y rechacen estas reformas insípidas. El único modo de fomentar la democracia es simplemente recuperándola. Y para ello la única vía posible es la derogación del sistema binominal.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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La inversión privada no ayuda al desarrollo

La inversión privada no contribuye al desarrollo del país. Al contrario, es uno de los factores que contribuye a su estancamiento. Estas dos afirmaciones son polémicas. Ponen en duda los planes de muchos gobiernos para salir o evitar la recesión económica, que según ellos se puede lograr desviando fondos públicos hacia la inversión privada. Esto, en el mejor de los casos. En otros, a los economistas de derechas no se les ocurre otra cosa que reducir el gasto público -vale decir, despedir a los maestros y funcionarios, que son las víctimas habituales de los recortes presupuestarios. Nada puede contribuir mejor al estancamiento de un país, a corto y largo plazo.
Chile es un ejemplo. Desde los años setenta, con la dictadura, se desviaron masivamente fondos públicos a la inversión privada, incluyendo las privatizaciones. Del feroz periodo neo-liberal -que sin embargo no parece querer subsistir sin apropiarse de fondos públicos-, alentado igualmente por sucesivos gobiernos de la Concertación, el país, después de 32 años, no ha logrado nada en términos de desarrollo. Pese a los involuntarios sacrificios de los trabajadores, Chile logró ubicarse entre los países más desiguales del mundo y en uno de los más aberrantes en otros aspectos -por ejemplo, el abandono del estado de sus funciones naturales en educación, dejándola en manos de usureros incompetentes, lo que hoy se traduce en una clase profesional profusa e intensamente mediocre. O el abandono de sus funciones en salud, con parecidas consecuencias.  A largo plazo, es un desastre.
Cuando se desvían fondos públicos a la inversión privada, lo que suele ocurrir es que los empresarios no los utilizan para crear empleo, sino normalmente para hacerse de otras empresas más pequeñas o para usarlo en proyectos especulativos de alto riesgo. Eso introduce distorsiones en el mercado. La idea misma de que es bueno desviar fondos para que los empresarios funden nuevas empresas y creen empleos es sospechosa. El empleo no significa nada en términos de desarrollo. Lo único que significa es que habrá más personas asalariadas que, sin embargo, no pasarán demasiadas penurias y que, y esto interesa a políticos y empresarios, no harán ninguna presión sobre los programas sociales ni sobre la seguridad social. La creación de empleos no es sinónimo de desarrollo.
Los países se desarrollan cuando cuentan con un estado activo. En Chile, las grandes empresas del siglo pasado fueron prácticamente todas iniciativas públicas. Chile se desarrolló gracias a que el estado invirtió en su infraestructura, se hizo cargo de la educación y de salud y ejerció un control estricto sobre las empresas privadas -sin dejar de lado el apoyo permanente a empresas medianas y privadas, que hicieron de Chile un país de clase media que dejó de ser en prácticamente todos los ámbitos. Hoy, las clases patronales dominan y controlan todo.
El gobierno ha estado balbuceando que quiere privatizar empresas públicas -las que quedan- o vender activos del estado, aparentemente también para financiar mejoras, no reformas, en la educación.  Con esto no se contribuye al desarrollo. Como durante la dictadura, la privatización es simplemente despojo y se utilizó y se utiliza hoy como un modo de pagar favores políticos y recompensar a los leales. Eso ciertamente nada tiene que ver con el desarrollo. Además, lo que el gobierno llama mejoras es muy sospechoso. ¿Se mejora la educación financiando a las universidades privadas?
En los últimos treinta años, el estado ha financiado masivamente a la empresa privada, y el resultado es un desastre. Por ese rumbo no llegaremos a ninguna parte.

Recomiendo leer:
La inversión privada no sirve
James Livington

Comentarios sobre una nota en La Tercera.

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Le llaman estabilidad a la opresión

Las propuestas del gobierno y de los partidos de extrema derecha son cosméticos y no resolverán la grave crisis de legitimidad que vive Chile desde hace décadas. Fastidia que la derecha psicótica insista en que es el sistema binominal el que da estabilidad a Chile. Es fácil la, ejem, estabilidad, cuando la paz social se consigue matando a manifestantes a balazos y oprimiendo al resto de la ciudadanía en un sistema social y político aberrante, injusto y estúpido. La única democracia verdadera es la democracia representativa proporcional. Estos cambios no van en esa dirección y deben ser por tanto rechazados. Es de esperar que la Concertación esté a la altura del momento histórico y rechace de plano estas reformas huecas.
Lo que algunos políticos llaman estabilidad la consiguió Chile gracias a la traición de la izquierda tradicional, que dejó a los chilenos a merced de una clase dominante parásita, mediocre, ruin, imbécil y antipatriota. Y la izquierda traicionó a Chile cuando aceptó la Constitución de la Bestia, cuando aceptó el binominal y cuando adoptó la ideología neoliberal. La estabilidad, que es otra manera de decir opresión, no se consigue con el binominal. Se consigue con la exclusión, la explotación, el ahogamiento de las libertades personales y públicas -exactamente lo que es Chile hoy: una dictadura encubierta.
En el sistema electoral binominal los ciudadanos no eligen a los políticos que los representan. Cuando un político como Jaime Guzmán es elegido pese a que sólo llegó en tercer lugar y apenas con un 17% de los votos, evidentemente no se puede hablar de democracia. Los chilenos elegimos sólo al 50% de los candidatos -los que son elegidos con primera mayoría. El resto son nombrados por las directivas de los partidos, porque son elegidos senadores o diputados independientemente de la cantidad de votos emitidos a su favor. Aun así, tampoco es exacto que los candidatos elegidos en primera mayoría sean elegidos realmente, porque llegan a ser candidatos tras ser nombrados por las cúpulas de los partidos y no en primarias abiertas. Los ciudadanos sólo ratificamos una decisión tomada a nuestras espaldas por gente que no ha sido elegida nunca para nada. Encima, el sistema permite que algunos representantes -como la Guatona Nazi, por ejemplo- lleguen al Parlamento sin elección alguna, como también permite que algunos políticos se designen a sí mismos -como los senadores Larraín y Escalona. Este sistema no debe ser reformado, sino rechazado completamente.
Muchos en la Concertación (incluyendo a los socialistas pinochetistas) dicen que no tenían alternativa entonces porque negociaron con la pistola en el pecho. Si fue así, eso no fue una negociación. Como quiera que sea, la Concertación tiene ahora la posibilidad de redimirse y hacer suyas las aspiraciones de la ciudadanía: recuperación de la democracia, nueva Constitución, nacionalización de los recursos naturales y de la banca, educación pública gratuita y de calidad, respeto del derecho internacional, reforma y purga del poder judicial, cárcel común para los criminales pinochetistas. Ojalá estén los políticos a la altura. Ojalá volvamos a tener una izquierda popular (es decir, que represente los intereses de la ciudadanía). Ojalá tuviésemos una derecha decente y demócrata. ¿Es mucho pedir?

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Chile ad portas de la tiranía

Está demás subrayar la gravedad de las palabras del ministro Ribera. No son amenazas veladas; son amenazas explícitas. El ministro ha amenazado con truncar la carrera judicial de los jueces si no aplican la interpretación de la ley que favorece el gobierno cuando se trata de detenidos por desórdenes públicos. Es una amenaza escandalosa que debiese implicar una acusación constitucional y la destitución del ministro.
Aparte de que viola el derecho constitucional que consagra la independencia de los poderes, en lo que atañe el fondo la exigencia de que los jueces fallen según le parece al gobierno implica que, por decreto, los jueces debiesen adoptar el punto de vista de una de las partes en el litigio, lo que es una aberración en la jurisprudencia occidental. Ese punto de vista nos acerca peligrosamente a una tiranía.
El poder judicial no está libre de culpa. Durante la dictadura hizo la vista gorda o colaboró con el régimen. Ninguno de esos jueces colaboracionistas ha sido ni denunciado ni llevado a juicio. Los nombramientos políticos, aberrantes en algunos casos, han implicado fallos escandalosos que protegen a los criminales pinochetistas con penas ridículamente leves, aplicación de la ley de amnistía o de prescripción de la acción penal -pese a que Chile ha firmado todos los convenios internacionales que tienen estas figuras como ilegales. Los crímenes de derechos humanos no prescriben ni pueden ser amnistiados. Sin embargo, ni los gobiernos de la Concertación ni este de la Alianza han emprendido nada contra esos jueces -que son en realidad fanáticos de extrema derecha infiltrados en el poder judicial por el presidente Lagos- por lo que debiéramos suponer que fueron nombrados, y son tolerados justamente para que se encarguen del trabajo sucio de proteger a los militares más cobardes, traidores y crueles en la historia de Chile como parte del pacto entre la dictadura y la clase política a fines de los años ochenta.
Si además de esta situación que describo, ahora los jueces debieran aplicar la ley según le parece a este gobierno de extrema derecha, entraríamos de lleno en una situación que sólo se puede describir como tiranía.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Estamos lejos de ser una democracia

Somos muchos los que vemos las cosas de otra manera. Es irritante escuchar a cada rato que somos una democracia cuando es tan evidente que estamos lejos de serlo. ¿Qué pretenden los políticos en insistir una y otra vez en esta descripción inapropiada del régimen político chileno? ¿Lavarnos el cerebro? Debido al binominal, los chilenos sólo elegimos a las primeras mayorías, vale decir, a la mitad de los senadores y diputados. La otra mitad la designan las cúpulas de los partidos. Todo esto se dice con mucha generosidad, porque los políticos que son presentados como candidatos al Senado o a la Cámara Baja no son elegidos en primarias democráticas y abiertas, sino que nombrados por esas mismas cúpulas. Lo que el establishment llama elecciones no es más, si acaso, que una burda ratificación de decisiones tomadas en los cuartos traseros de los cuarteles políticos. ¿A esto le llaman democracia?
Dicho esto, se entiende que cuando el gobierno rechaza el diálogo con los estudiantes, profesores y padres y apoderados que buscan una reforma de la educación, prefiere la brutal represión de las fuerzas especiales de Carabineros y criminaliza la protesta, que cuando pretende que el tema termine en el Parlamento, la ciudadanía empieza a temblar, porque, no tratándose de políticos elegidos democráticamente, y que parecen estar más interesados en mantener el status quo que los convirtió en multimillonarios que en gobernar por el bien común, el temor generalizado es que se arreglen los bigotes con el gobierno. Después de todo, del actual sistema educacional chileno son responsables tanto la dictadura como la Concertación. En educación, y en muchas otras cosas, la Concertación y la Alianza son las dos caras de la misma moneda.
La actuación del senador Girardi fue correcta y se evitaron males mayores. Si se hubiese autorizado la presencia de fuerzas especiales, se habría autorizado que carabineros golpeasen a mujeres y niños indefensos, habrían llenado el edificio de gases lacrimógenos y, quizás, algún elemento más asilvestrado que otros le habría pegado un balazo por la espalda a algún niño. Girardi evitó todo eso. La sesión pudo continuar. El senador merece elogios y todo el respaldo de la ciudadanía.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Votar es una pérdida de tiempo

El senador binominal Carlos Larraín (derecha conservadora, RN) vuelve a insistir en una columna reciente sobre la inestabilidad que causaría en la vida política chilena reformas políticas como la derogación del sistema binominal y el retorno a la democracia representativa -que incluye un sistema electoral proporcional. Según él, el sistema binominal “potencia la estabilidad, tiene un alto grado de representatividad y produce efectos muy similares a los que produciría un sistema formalmente proporcional”.  Esta es derechamente una representación absurda del sistema político que defiende.

El senador no ha querido entender que las protestas y movimientos sociales de los últimos cuatro meses desmienten sus creencias interesadas. La estabilidad de que ha gozado Chile no se derivó del sistema binominal, sino del hecho de que los partidos políticos de izquierda en el Congreso adoptaron la misma ideología neoliberal introducida por la dictadura pinochetista. La estabilidad se deriva del alejamiento de la izquierda tradicional de sus luchas históricas por la democracia y la libertad.

Muy probablemente, a la estabilidad también puede haber contribuido el régimen de terror en que todavía vive Chile tantos años después del alejamiento aparente de los militares parias de la vida política. En los últimos veinte años Carabineros ha asesinado a decenas de manifestantes, sin que la Concertación levantara siquiera una ceja. Con luz verde para matar es fácil mantener el orden: en esto Larraín y los otros pinochetistas tienen mucha experiencia.

¿Qué entenderá Larraín por representatividad? Hagamos un repaso del binominal. De los 38 senadores que deben ser elegidos, en cada circunscripción (19) cada bloque (Concertación y Alianza) presenta 2 candidatos (o sea 4, y hay que elegir a 2). El que saca la mayor votación es elegido 1er senador. Pero el 2o senador no es el que tenga la segunda mayoría de votos, sino la priemra mayoría de la otra lista, aunque tenga menos votos que el segundo candidato de la lista rival. Los diputados son elegidos según el mismo patrón. (Por esa razón en las primeras elecciones parlamentarias en 1990 salió elegido senador el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, aunque sólo tenía el 17 por ciento de los votos, casi la mitad que los candidatos de izquierda.)

Esto quiere decir, simplemente, que los electores elegimos sólo a un senador, si acaso y dicho esto con mucha generosidad: al político elegido en primera mayoría. Los otros no son elegidos, sino nombrados por las directivas de los partidos, que de este modo secuestran ilegítimamente la voluntad ciudadana. Los senadores y diputados nombrados directamente por las directivas, sin pasar por el paripé de las elecciones, son un ejemplo extremo de lo que algunos llaman la democracia chilena. El sistema binominal es derechamente una negación de la democracia. (A esto agreguemos que los candidatos tampoco son elegidos democráticamente, sino que nombrados igualmente por sus directivas).

No vale la pena detenerse en las otras insensateces (por ejemplo, que los anarquistas quieren participar en elecciones) y falsedades del senador. La última en su texto es que la extrema izquierda es la que pide democracia. Yo no me siento de extrema izquierda y sin embargo quiero que mi país vuelva a ser una democracia que se rija por un principio fundamental que distingue a este régimen político de todos los demás: un ciudadano equivale a un voto. En el sistema binominal, el voto del ciudadano vale la mitad, si acaso. El sistema binominal es una farsa humillante. Ir a votar no tiene el menor sentido y es una completa pérdida de tiempo. Por esa razón, los demócratas debemos seguir negándonos a participar en las elecciones, porque sólo legitiman un sistema injusto y estúpido que es la negación de una de nuestras principales virtudes como país y que perdimos en septiembre de 1973.

Comentario sobre una columna del senador Carlos Larraín en Diario 21.

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Liberalismo y derecha psicótica

Renovación Nacional no es un partido liberal y dudo que haya liberales de verdad en ese partido. Sobre esto no hay mucho que decir: un liberal no se habría aliado jamás con un partido de extrema derecha -la UDI. Quizás la acusación de que RN se ha derechizado no es completamente correcta, pero que tenga como secretario general a Mario Desbordes, un fanático de la tendencia psicótica que propuso un bruto proyecto de ley para permitir que Carabineros disolviera las manifestaciones y protestas sociales a balazos justo el día antes de que un carabinero asesinara a balazos al joven Manuel Gutiérrez, habla de la insolvencia moral de RN. De paso, nadie ha señalado la responsabilidad intelectual de Desbordes en ese asesinato.
No estoy de acuerdo en que el candidato Piñera haya seducido al país con alguna mística. Creo que su elección dejó ver algunos de los peores aspectos de nuestra identidad como chilenos: la pusilanimidad y el carácter acomodaticio. Sigue siendo incomprensible que los votantes hayan optado por un hombre con antecedentes delictivos por estafa. Todavía creo que de esto no puede salir nada bueno.
Sí, los empresarios aplaudieron los gobiernos de la Concertación. Esto demuestra también que no es el régimen binominal el que explica la estabilidad de Chile, sino el hecho de que los partidos tradicionales de izquierda simplemente traicionaron las causas populares y adoptaron la ideología y las instituciones que legó la dictadura.
Un verdadero liberalismo lucharía, entre otras cosas, por recuperar la democracia, derogar (no modificar) el sistema binominal, terminar con la designación de parlamentarios, fortalecer las libertades personales y purgar las instituciones armadas y el poder judicial de sus elementos psicóticos y de extrema derecha.

Comentario sobre una entrevista con el senador Francisco Chahuán en La Nación.

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Chile debe estabilidad a la traición

El régimen electoral binominal es evidentemente antidemocrático, entre otras cosas porque corrompe uno de los principios fundamentales de la democracia, que es que un ciudadano vale un voto. Con este sistema, el voto ciudadano vale medio voto, porque la mitad de los parlamentarios (senadores y diputados) no son elegidos por los votantes, sino nombrados por las cúpulas de los partidos. El poder de estas cúpulas usurpa la voluntad ciudadana -como hemos visto recientemente con el de la señora von Baer, y el más descarado caso de Larraín, que se nombró a sí mismo. Estas prácticas son completamente inaceptables.
Diga lo que diga el capo de la extrema derecha, nunca podrá convencer a nadie que en un sistema donde un candidato que obtiene una minoría de votos es elegido, y el candidato rival que obtiene la segunda mayoría no (como ocurrió en las primeras binominales de 1990, cuando de 4 candidatos se eligió a Zaldívar con el 31,27% de los votos, y a Guzmán con 17,19%, y no a Lagos, que obtuvo el 30,62%). Esto evidentemente no es democracia.
Disociar los principios éticos del régimen electoral es una postura inmoral. En las democracias verdaderamente representativas, un ciudadano es un voto, y la representación es proporcional.
Es por la representación usurpada que representa el Parlamento actual que se ha convertido en una instancia en la que no se puede confiar. Ese Parlamento no representa a los chilenos. El país necesita recuperar la democracia, entre otras cosas para deshacernos de los usurpadores y terminar con la nefasta influencia de los partidarios del Mal.
Por otro lado, la tan alabada estabilidad del país ciertamente no se debe al binominal. Queda claro en la incoherente frase de Coloma: “Cada vez que yo acompañé a un ex Presidente de la Concertación en algunos de sus viajes, al final terminaba lleno de condecoraciones y alabanzas por la estabilidad política de Chile.” La estabilidad no es el objetivo de la democracia, sino la soberanía popular. El país ha sido estable porque la Concertación abandonó la causa popular y pactó con sus antiguos victimarios para instalar el neoliberalismo y continuar de manera encubierta con la dictadura. El binominal fue la recompensa para repartirse en partes iguales eternamente el poder y sus privilegios.

Comentario sobre entrevista con Juan Antonio Coloma, capo de los fascistas, en La Nación.

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Inevitable crisis de legitimidad

Muchos de los problemas que está teniendo el presidente Piñera ahora, no los tuvieron en esa medida los gobiernos de la Concertación porque entre la sociedad civil y esa coalición política se compartía la lucha contra la dictadura y porque esos gobiernos lograron darle una cara humana al neo-liberalismo. Pero en estos dos últimos años se agudizaron las peores falencias del modelo político y económico chileno. El sistema binominal es una burda usurpación de la voluntad ciudadana y despoja de legitimidad toda acción de la clase política. Lo sabíamos desde 1990, cuando fue elegido el senador fascista Jaime Guzmán con apenas el 17% de los votos. Ese tipo de burda y descarada usurpación se vuelve a reproducir con la designación senatorial de von Baer y Larraín -y es especialmente reprochable la primera designación, pues la señora von Baer venía de perder las elecciones. Estos nombramientos han sido cruciales para el estallido social que estamos viviendo.
El caso de La Polar ha dejado en evidencia las prácticas usureras y la desprotección de los consumidores que ha favorecido la clase política en su conjunto. La gigantesca dimensión de la estafa parece haber sido posible porque sus directivos se sentían protegidos o por el gobierno o por la clase política. Quizá no sea así. Pero el hecho de que entre sus directivos hubiera asesores y amigos del presidente y parientes de parlamentarios y ministros refuerza la temible imagen de que ejecutivos de grandes empresas y parlamentarios y ministros pertenecen a un solo y mismo grupo. El escándalo de HidroAysén pertenece igualmente a esta serie: una decisión irregular, presiones, falsificaciones y dos hechos terribles -que el director de la empresa sea cuñado del presidente y que la primera dama recibiera una donación de un millón de euros para su fundación. Eso huele terriblemente mal.
Luego el escándalo de la educación por lucro, el endeudamiento, la segregación. La intolerable represión de los mapuches. La violencia policial injustificada. La infiltración policial de las marchas. El espionaje de parlamentarios. La politización de las fuerzas de orden por un general que da opiniones política de ultradrecha sin que nadie lo llame al orden. Los montajes policiales. El vergonzoso salario mínimo y el descaro con que ministros y políticos discuten alegremente sobre si reajustar ese salario con un dólar más -mientras que, al mismo tiempo, senadores y diputados se han fijado los salarios más altos del mundo (unos 15 mil dólares).
Estas protestas ciudadanas pudieron haber ocurrido hace más de treinta años. Ocurren ahora porque la caldera ya no aguanta más. Chile vive una permanente y cada vez más grave crisis de legitimidad. Y la solución sigue siendo la recuperación de la democracia.

Comentario sobre una columna de Antonio Leal en La Nación.

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Estamos chatos con el sistema

Con injurias y provocaciones no logrará Larraín ni convencer de que el descontento sea producto de una conspiración comunista ni contribuirá en nada para superar este periodo. Su estilo ordinario y agresivo podría incluso empeorar la situación si empuja a la oposición a negarse al diálogo con los partidos de gobierno. Podría provocar que el presidente Piñera se vea obligado a marcharse a casa anticipadamente, como le está ocurriendo a Rodríguez Zapatero en España. Su, ejem, análisis, no tiene ningún asidero. Primero, debería demostrar, ojalá en tribunales, que los comunistas están implicados en una conspiración. Y podría explicar, de paso, por qué considera comunistas al 80% de los chilenos que, como los estudiantes, rechazan la educación por lucro y favorecen el retorno a la educación pública.
Le irrita seguramente, como dicen prácticamente todos los actores sociales en este momento, que la solución es simplemente redactar una nueva Constitución, pues en esta está el origen del mal. En la Constitución y en un sistema electoral aberrante que usurpa la representación ciudadana. Por esta sencilla razón tienen los estudiantes y profesores toda la razón en rechazar de plano el recurso al Parlamento. Allá los políticos, alejados de la vida real y designados por ellos mismos en sus partidos, ciertamente se pondrían de acuerdo en archivar el caso -porque este sistema educacional y la estúpida sociedad en la que nos han obligado a vivir como esclavos es un engendro compartido por la dictadura y la clase política en su conjunto.
Si la Concertación quiere recuperar su vínculo con los chilenos, deberá rehusar toda componenda con el oficialismo y exigir de una vez por todas sentarse a dialogar para convocar a una asamblea constituyente, derogar el sistema binominal, terminar definitivamente con los enclaves de la dictadura y purgar de manera estricta de sus elementos fascistas a las ffaa, Carabineros y el poder judicial. Estos deben ser los únicos temas sobre los que la oposición debe acceder a tratar durante este gobierno, dejando todos los demás hasta después de la entrada en vigor de una nueva Constitución. El gobierno debe acceder a dar este paso histórico, o hundirse en medio de una revuelta social sin parangón, con huelgas indefinidas, manifestaciones, sabotajes y desobediencia civil. La democracia nos conviene a todos, a la derecha y a la izquierda, pero fundamentalmente a todos los chilenos. Estamos hartos. Estamos indignados. Estamos chatos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Pinochetistas alaban masacre en Noruega

Es prácticamente imposible entender su punto de vista. Primero, la Unidad Popular no se parece pero absolutamente en nada a la Concertación. No se si usted sabe que en esa época, la democracia cristiana pertenecía al bloque de oposición a los socialistas y empujó una feroz resistencia, incluyendo una brigada terrorista, para desalojar al gobierno de Allende. Pero, lo más importante, la Unidad Popular representaba un proyecto social socialista, mientras que la Concertación aceptó la Constitución gremialista (fascista) de Jaime Guzmán, que suplanta a la democracia representativa, y adoptó el neoliberalismo. Lo “ideología marxista atea” debe de ser otro malentendido suyo. De cualquier modo, la orientación religiosa de los partidos de la época nunca fue tema. Sólo a partir de la dictadura, cuando los católicos piden al Papa la excomunión de Pinochet, la orientación religiosa sí empieza a jugar un papel: los católicos rechazan al régimen militar.
Sobre la “minoría marxista” o la izquierda revolucionaria de la época: Efectivamente, esta izquierda buscaba imponer por las armas un modelo socialista. Pero era entonces absurdo, y lo es hoy, considerar que constituía un peligro. Nuestros tribunales funcionaban perfectamente bien, muchos de esos militantes estaban en prisión -lo mismo que los fanáticos de derecha que, desde antes de la investidura de Allende, empezaron a cometer atentados contra la infraestructura y asesinatos (en cooperación con la embajada de Estados Unidos), como el del general Schneider.
Nunca ha cometido la izquierda chilena un acto de violencia y cobardía comparable a las atrocidades cometidas por el régimen militar y ciertamente de ninguna manera con los atentados de Oslo.
Su, ejem, análisis no tiene base alguna, se sustenta en falsedades y sólo busca justificar de algún modo el asesinato de esos jóvenes socialistas noruegos. Su punto de vista es derechamente una apología del crimen.
Espero que usted no sea docente en la universidad que menciona. Después de dedicarle el tiempo que le dediqué a sus, eh, opiniones, me queda la amarga conclusión de que hablar con usted no tiene el menor sentido.

Comentario sobre una opinión en La Nación.

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Binominal distorsiona voluntad ciudadana

En Chile ningún parlamentario es realmente elegido, como en las democracias representativas, que no somos. Cuando los ciudadanos deben optar por ley entre dos opciones, no se puede hablar de elección. Por la misma razón es ilusorio creer que en este sistema hay partidos con más votación que otros. Eso es un espejismo que crea el propio sistema binominal. (Esto quiere decir, por ejemplo, que en una democracia tradicional, no secuestrada, la UDI no superaría el 12% de los votos y ciertamente no sería un gran partido. Normalmente hablando, los partidos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, superan rara vez el 12% de los votos.) La burla de la ciudadanía se viene prolongando desde 1973.
¿Repasemos el binominal? De los 38 senadores que deben ser elegidos, en cada circunscripción (19) cada bloque (Concertación y Alianza) presenta 2 candidatos (o sea 4, y hay que elegir a 2). El que saca la mayor votación es elegido 1er senador. Pero el 2o senador no es el que tenga la mayoría de votos, sino la 1ra mayoría de la otra lista, aunque tenga menos votos que el 2o candidato de la lista rival. Por eso hay siempre el mismo número de senadores aliancistas que senadores concertacionistas, en un empate eterno que impide gobernar y distorsiona gravemente la voluntad ciudadana. Nuestro sistema electoral es una farsa estúpida y, junto con la aberrante Constitución del dúo de sátrapas Pinochet-Lagos, un obstáculo para recuperar la democracia.

Comentario sobre una nota en El Ciudadano.

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UDI y RN, una alianza contra natura

La alianza de RN con la UDI es contra natura y que en algún momento los que se definen como liberales en ese partido entenderán que es una aberración insostenible. En realidad, ideológicamente, hay más cercanía entre partidos de la Concertación y RN que entre esta y la UDI. Pero se argumenta que este es un partido poderoso: el más grande del país, medido por sus diputados y senadores. Eso es no comprender el sistema binominal. Al dividir artificialmente la votación en dos mitades, y eliminar la representación proporcional, se distorsiona de tal modo la voluntad ciudadana que pretender que la mayoría de un partido signifique algo es simplemente una necedad. En una democracia de verdad, con una pluralidad de partidos, y con representación proporcional, la UDI, como partido extremista, no superaría el 12 a 15% de la votación, y ya no podría ni secuestrar la voluntad ciudadana ni extorsionar a nadie.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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