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Quién mató al carabinero en Ercilla

Una bala calibre 38 mató al sargento segundo Hugo Albornoz en Ercilla. No se sabe todavía quién es autor de su muerte. La prensa informó originalmente que se trataba de una bala calibre 9, que es el calibre habitual que es posible encontrar ilegalmente en manos de civiles. Las armas calibre 38 son usadas preferentemente por fuerzas policiales. 

Sobre su muerte habrá todavía mucho que decir. Es un hecho lamentable, cualquiera sea su responsable.
Pero desde ya se pueden constatar irregularidades y falsedades en el parte policial. Según las declaraciones del sacerdote jesuita que se encontraba en la comunidad a la hora del allanamiento y que fue testigo ocular directo de los acontecimientos, al lugar llegaron cerca de cincuenta carabineros fuertemente armados para realizar un allanamiento. El incomprensible exceso de fuerza es evidente en la composición de la caravana policial, que incluía una tanqueta, un zorrillo, un bus blindado y varias camionetas. Es evidente que este contingente paramilitar para realizar un allanamiento es desproporcionado. Detener a una vecina mapuche por poseer un pasamontañas y un cartucho de escopeta es igual de arbitrario que absurdo. Nada de eso constituye delito. Su detención es totalmente ilegal.
Las afirmaciones de Carabineros de que fueron emboscados son igualmente falsas. Según las declaraciones del sacerdote, no había manifestantes ni hubo enfrentamientos. En las colinas cercanas se podía observar a sólo dos encapuchados. No es creíble que sean los autores del disparo que terminó con la vida del sargento Albornoz.
Por otro lado, el Observatorio Ciudadano, también sobre la base del testimonio del sacerdote católico, constató que se trató de un allanamiento innecesariamente violento en el que los carabineros de fuerzas especiales irrumpieron en la comunidad “violentando a hombres, mujeres y niños, rompiendo puertas y dejando orificios en las paredes en las viviendas de la comunidad” . Como ya es una deleznable práctica policial, los carabineros aprovecharon la oportunidad para robar “materiales de trabajo, vestuario y dinero en efectivo”. Esta práctica ha sido denunciada en numerosas ocasiones. Es casi una costumbre que en allanamientos policiales en sectores pobres o en casas de familias pobres, los carabineros destruyen y roban todo lo que pueden, incluyendo, delitos como el robo de ganado y abusos sexuales contra las mujeres. Estos actos aberrantes y completamente ilegales, lo mismo que la tortura de detenidos, ocurren a vista y paciencia de las autoridades políticas y policiales.
Es hora de que Carabineros se convierta en una institución que guarde genuinamente las leyes y no las utilice como excusa para cometer abusos como los descritos.
No sabemos todavía quién mató al sargento Albornoz, ni sabemos qué abusos cometió. Pero el contexto en que ocurrió su muerte hay demasiada violencia, demasiados abusos y humillaciones, demasiada destrucción y robos, demasiados asesinatos cometidos por fuerzas especiales como para sorprenderse.
Lo peor, en este contexto, es que la ciudadanía no puede esperar demasiado ni de las autoridades judiciales ni de la clase política. Los carabineros en Chile matan con práctica y absoluta impunidad, reciben penas ridículamente bajas en sus propios tribunales militares y, con las fiscalías, tienen el hábito de falsificar las evidencias, o crearlas enteramente. Cuando en septiembre de 2007 una bala mató al cabo Vera (véase Mérici), se culpó y encarceló a un joven que es evidentemente inocente de esa muerte, con argumentos fantasmagóricos: según el tribunal, y pese a los testimonios de expertos, una bala calibre 9, disparada a más de setenta metros, habría atravesado el escudo y casco del carabinero Vera, causándole la muerte tras atravesar su cráneo y volver a salir para perderse para siempre. En ese caso, lo más probable no fue nunca investigado: que el cabo Vera fue asesinado, quizá accidentalmente, por otro carabinero, pues su muerte fue provocada por una bala de grueso calibre, incluso, según peritos, por un arma de guerra (calibre 38 o 45, o quizá un fusil de 7mm o un rifle M16 o un AK 47). En el asesinato anterior de un manifestante (Cristián Castillo Díaz), en septiembre de 2005, el autor –un carabinero- negó durante un año haber sido el autor del disparo que mató al joven, pero finalmente confesó y declaró que era una práctica habitual, tolerada u ordenada por sus superiores, llevar armas de grueso calibre para reprimir manifestaciones sociales. Las armas debían ser ilegales, para  poder desviar la investigación en caso de que se usaran, y tenían la orden de negar toda participación en ese tipo de crímenes.
Estos antecedentes no nos permiten esperar ni transparencia ni justicia. La doctrina de Carabineros parece reñida con la verdad. Las instigaciones de la institución y las insólitas declaraciones del ministro del Interior nos hacen esperar lo peor.         

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Eliminar justicia militar es ineludible

Esta es una decisión aberrante e injusta que confirma, lamentablemente, las peores sospechas que abriga la ciudadanía sobre la justicia militar. En sí misma, la decisión da más peso al clamor ciudadano que exige eliminarla derechamente y llevar a juicio a esos jueces militares por casos evidentes de prevaricación. Ciertamente, es una abierta provocación contra las autoridades políticas en momentos en que buscan recomponer las relaciones con la ciudadanía después de los terribles abusos cometidos por las fuerzas especiales de Carabineros. Qué duda cabe que la ausencia de justicia en el país podría conducir, en el mejor de los casos, a llevar este caso, y otros similares, a instancias internacionales, y, en el peor, a hacerse justicia por propia mano. La decisión del tribunal castrense enturbiará evidentemente la percepción de los esfuerzos del gobierno de intervenir en los fallos judiciales, porque se entenderá que mientras pide mano dura para los manifestantes, deja en la impunidad a los elementos policiales que usan su posición para cometer delitos tan graves como homicidios, y hará más profunda la brecha entre ciudadanía de un lado, y fuerzas policiales y gobierno del otro.
La impudicia de la decisión castrense es inaceptable por muchos motivos. Primero, no se entiende por qué fue juzgado por la justicia militar en circunstancias en que el ex sargento Millacura disparó contra civiles y estando de franco. Pero, además, el tribunal castrense deja sin investigar lo que pareció evidente después de cometido ese asesinato, a saber, que ese crimen fue cometido con premeditación, que el entonces sargento Millacura, sin estar de servicio, pudo sin embargo sacar armas de servicio de la comisaría y convenció a otros carabineros para armarse de similar manera y dirigirse al lugar donde cometería el asesinato y el asesinato frustrado contra otra persona que se encontraba en el lugar. Eso se llama conspiración para delinquir, y el crimen, homicidio premeditado.
¿A qué organización pertenece el ex sargento Millacura? ¿Quién le ordenó cometer ese crimen? ¿Quiénes son los otros carabineros que extrajeron armas ilegalmente para cometer ese y otros crímenes? ¿Qué relación tiene el asesinato del joven Gutiérrez con el llamado a carabineros del vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el día anterior, a disparar a matar contra los manifestantes?
Si el gobierno permite esta impunidad, dañará de manera definitiva la imagen que tiene la ciudadanía de la derecha. Manuel Gutiérrez no era un manifestante ni un encapuchado. Era simplemente un observador y fue víctima de una táctica frecuente de Carabineros de disparar a mansalva y a ciegas contra personas en poblaciones pobres en una deleznable estrategia de intimidación social. Si el gobierno admite esta aberración, la ciudadanía le pasará la cuenta de muchas maneras.

La decisión es también mucho más que una provocación contra el gobierno. Es también un repudio explícito de las condenas internacionales que ha recibido Carabineros por los intolerables abusos que ha cometido contra ciudadanos chilenos en los últimos meses.
Lo que también queda en evidencia con esta decisión es que la justicia militar, y en realidad las fuerzas armadas y Carabineros, siguen siendo un enclave autoritario, empecinado en defender no sólo los crímenes del pasado, sino además los abusos policiales actuales.
Por eso es urgente que el gobierno y la clase política emprendan dos tareas que siguen siendo urgentes: la derogación de la justicia militar y una purga definitiva de las fuerzas armadas y carabineros para eliminar de entre sus filas a sus elementos parias, aliados o subalternos de la derecha psicótica.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Gobierno usa la ley para intimidar

El tema es tratado de manera torcida en esta nota. Es incomprensible la formulación de que el gobierno quiere evaluar las “resoluciones que hayan adoptado en las libertades o prisiones que decretan con los delincuentes que participan en actos de violencia tras cada manifestación”. ¿Qué quiere decir? ¿Que los participantes en manifestaciones son delincuentes? ¿O que los delincuentes participan en manifestaciones? ¿O que los detenidos y acusados por el ministerio público de cometer desórdenes públicos son delincuentes? Cualquiera sea el caso, o lo que tuvo el redactor en mente, ningún detenido puede ser considerado delincuente -o sea, que ha cometido el delito del que se le acusa- mientras no lo falle el juez. Describir como delincuentes a los acusados es una aberración ideológica y lingüística. Denota un proceso mental torcido y un mal uso de la lengua.
Que un ciudadano sea detenido y acusado por Carabineros de participar en desórdenes públicos no implica que sea culpable, pues la fuerza pública debe probar primero que ese ciudadano efectivamente participó en ese delito. Evidentemente, la mera palabra de un policía no basta. Abogados de derechos humanos y civiles, organizaciones sociales y la prensa han comprobado que en la mayoría de los casos las detenciones son arbitrarias. Normalmente los agentes no detienen a los vándalos, sino a manifestantes que se encuentran en las cercanías. Los jueces lo saben. Lo aberrante es que los agentes persistan en esta inútil pérdida de tiempo. Se ven de lejos sus intenciones de torcer el sentido de la ley para utilizarla como instrumento de intimidación. Cuando los policías detienen a manifestantes no lo hacen porque hayan participado en desórdenes públicos sino para terminar con la manifestación intimidando -mediante golpizas y otros vejámenes, incluyendo el abuso sexual de las detenidas en los buses policiales- a los participantes. Lo que se impone realmente es investigar por qué repite la fuerza pública esta práctica estéril de acusar falsamente a los detenidos. Esta práctica autoritaria es un delito -abuso de poder- que debiese ser condenado con más severidad cuando es cometido por la fuerza pública.
Es lamentable que los jueces den por superado un intento tan explícitamente totalitario de someter al poder judicial a los designios del gobierno. El Congreso debería intervenir porque simplemente es inaceptable que el ministro Ribera permanezca en el cargo después de las inaceptables amenazas que formuló contra el poder judicial.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Quiénes son los usurpadores

El senador Girardi simplemente impidió un mal mayor. De haber intervenido la policía, hoy tendríamos mujeres y hombres apaleados, quizás uno o dos niños asesinados a balazos por la espalda y niñas manoseadas y ultrajadas por carabineros en los buses policiales. Con esto, Girardi se gana el respeto y el respaldo de la ciudadanía.
Pero la intervención de los manifestantes en el Senado en Santiago tiene también una dimensión simbólica que no se debe desdeñar. El gobierno quiere eludir su responsabilidad, y justificar de manera encubierta su intención de proteger el lucro en la educación y seguir protegiendo el despojo de nuestros recursos naturales y destruyendo el típico paisaje chileno, enviando proyectos de ley al Congreso, pese a que las organizaciones ciudadanas le habían pedido que las escuchara primero. Vale decir, el gobierno quería arreglarse los bigotes con los políticos por encima de la ciudadanía. Los manifestantes se apersonaron para decirles precisamente eso, e insistir en que fueran tomados en cuenta. Los ciudadanos no tienen muchas oportunidades de hacerse oír y esa era una ocasión. Quizás no es la mejor estrategia, pero es efectiva en cuanto deja en claro para todo el mundo, también para el extranjero, que este conflicto se deriva sobre todo de la falta de legitimidad de la clase política chilena, fundamentalmente porque nadie elige a esos políticos, que se eligen a sí mismos (como Escalona o Larraín, por ejemplo) o se hacen nombrar candidatos (los otros, lo que asegura su elección o reelección). Ningún senador o político chileno es realmente elegido, ni siquiera los que reciben los votos como primeras mayorías. (Esto porque fueron candidatos nombrados por las directivas de sus partidos y no en primarias abiertas y democráticas. El voto ciudadano sólo ratifica una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía.)
Chile no es una democracia y los ciudadanos están hartos. El único modo de recuperar la paz social y que los ciudadanos acepten decisiones tomadas por el Congreso es que este Congreso sea elegido democráticamente, de modo que sus decisiones sean aceptadas aun si no nos gustan. En las condiciones actuales, eso es imposible. Por eso la única solución a corto y largo plazo es derogar el sistema binominal y rescribir la Constitución, para lo cual se hace indispensable convocar a una asamblea constituyente. Recuperar la democracia es la única solución, y sería bueno que todos, izquierda y derecha, se comprometiesen en ello sin trampas ni engaños.
Porque lo que dejó claro la arremetida ciudadana en el Senado es que no son los ciudadanos los usurpadores, sino los políticos que estaban en el edificio, que vienen usurpando la voluntad y representación ciudadana desde 1990. A los dirigentes ecologistas y estudiantiles los eligen al menos sus propias plataformas. A los senadores y diputados no los elige nadie. El edificio del Senado, si pertenece a alguien, es al pueblo, no a una clase política autocrática que carece de toda legitimidad.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Votar es una pérdida de tiempo

El senador binominal Carlos Larraín (derecha conservadora, RN) vuelve a insistir en una columna reciente sobre la inestabilidad que causaría en la vida política chilena reformas políticas como la derogación del sistema binominal y el retorno a la democracia representativa -que incluye un sistema electoral proporcional. Según él, el sistema binominal “potencia la estabilidad, tiene un alto grado de representatividad y produce efectos muy similares a los que produciría un sistema formalmente proporcional”.  Esta es derechamente una representación absurda del sistema político que defiende.

El senador no ha querido entender que las protestas y movimientos sociales de los últimos cuatro meses desmienten sus creencias interesadas. La estabilidad de que ha gozado Chile no se derivó del sistema binominal, sino del hecho de que los partidos políticos de izquierda en el Congreso adoptaron la misma ideología neoliberal introducida por la dictadura pinochetista. La estabilidad se deriva del alejamiento de la izquierda tradicional de sus luchas históricas por la democracia y la libertad.

Muy probablemente, a la estabilidad también puede haber contribuido el régimen de terror en que todavía vive Chile tantos años después del alejamiento aparente de los militares parias de la vida política. En los últimos veinte años Carabineros ha asesinado a decenas de manifestantes, sin que la Concertación levantara siquiera una ceja. Con luz verde para matar es fácil mantener el orden: en esto Larraín y los otros pinochetistas tienen mucha experiencia.

¿Qué entenderá Larraín por representatividad? Hagamos un repaso del binominal. De los 38 senadores que deben ser elegidos, en cada circunscripción (19) cada bloque (Concertación y Alianza) presenta 2 candidatos (o sea 4, y hay que elegir a 2). El que saca la mayor votación es elegido 1er senador. Pero el 2o senador no es el que tenga la segunda mayoría de votos, sino la priemra mayoría de la otra lista, aunque tenga menos votos que el segundo candidato de la lista rival. Los diputados son elegidos según el mismo patrón. (Por esa razón en las primeras elecciones parlamentarias en 1990 salió elegido senador el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, aunque sólo tenía el 17 por ciento de los votos, casi la mitad que los candidatos de izquierda.)

Esto quiere decir, simplemente, que los electores elegimos sólo a un senador, si acaso y dicho esto con mucha generosidad: al político elegido en primera mayoría. Los otros no son elegidos, sino nombrados por las directivas de los partidos, que de este modo secuestran ilegítimamente la voluntad ciudadana. Los senadores y diputados nombrados directamente por las directivas, sin pasar por el paripé de las elecciones, son un ejemplo extremo de lo que algunos llaman la democracia chilena. El sistema binominal es derechamente una negación de la democracia. (A esto agreguemos que los candidatos tampoco son elegidos democráticamente, sino que nombrados igualmente por sus directivas).

No vale la pena detenerse en las otras insensateces (por ejemplo, que los anarquistas quieren participar en elecciones) y falsedades del senador. La última en su texto es que la extrema izquierda es la que pide democracia. Yo no me siento de extrema izquierda y sin embargo quiero que mi país vuelva a ser una democracia que se rija por un principio fundamental que distingue a este régimen político de todos los demás: un ciudadano equivale a un voto. En el sistema binominal, el voto del ciudadano vale la mitad, si acaso. El sistema binominal es una farsa humillante. Ir a votar no tiene el menor sentido y es una completa pérdida de tiempo. Por esa razón, los demócratas debemos seguir negándonos a participar en las elecciones, porque sólo legitiman un sistema injusto y estúpido que es la negación de una de nuestras principales virtudes como país y que perdimos en septiembre de 1973.

Comentario sobre una columna del senador Carlos Larraín en Diario 21.

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Cruzada contra las libertades públicas

Yo creo que es de burros insistir, como hace el ministro Chadwick, que los manifestantes se vienen manifestando por la reforma de la educación desde hace cinco meses para pedir la educación gratis para los ricos. Además de ser una irritante distorsión de la posición de estudiantes y profesores -y de la opinión del 80% de los chilenos-, es de manifiesta mala fe. Resulta insólito que este ministro acuse a los estudiantes indignados de ser intransigentes. ¿Cómo podría saberlo si ni siquiera sabe interpretar correctamente el punto de vista de los proponentes de la reforma?
El proyecto de ley sobre el orden público es un claro intento de socavar las libertades públicas e intimidar a los ciudadanos, y es innecesaria. La incapacidad policial no puede ser encubierta por una ley autoritaria. El gobierno puede decir todo lo que quiera, pero desde que empezaron las manifestaciones estudiantiles los carabineros han ejercido una salvaje e injustificada violencia contra manifestantes, algunos de ellos niños de 12 o 15 años, y contra vecinos en general, arrojando bombas lacrimógenas en edificios, infiltrando las marchas, golpeando a los estudiantes en los buses, torturando, asesinando a Manuel Gutiérrez, agrediendo a niñas que bailan -y esas imágenes, además de indesmentibles, han dado la vuelta por todo el mundo. No se ha escuchado a ninguna autoridad de gobierno anunciar un proyecto de ley para castigar más severamente los abusos, atropellos, insolencias y violencias a que someten carabineros a los manifestantes.
Expresiones como “no nos va a temblar la mano” son impropias de un ministro, que no soluciona problemas blandiendo un arma. Ese tipo de frases hechas pertenecen al mundo de las películas de vaqueros, y ahí deben quedar.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Gobierno prefiere el matonaje

Este es un proyecto completamente innecesario que sólo surge de la necesidad del gobierno de tapar su propia incompetencia y sus propios errores y falencias, desviando la atención de la opinión pública: ciertamente, el delito que ha afectado a más chilenos (La Polar) no llama la atención del presidente, pese a que sería una buena oportunidad de imponer penas más duras para delitos de este nivel de conmoción social. Los delitos económicos graves, como el de La Polar y otras empresas similares, debiesen ser imprescriptibles y llevar la pena adicional de inhabilitación perpetua para cargos públicos y para participar en actividades económicas. Los graves delitos que cometen carabineros: torturas, malos tratos, humillaciones, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, cobros ilegales, asesinato de manifestantes, montajes policiales, infiltración de movimientos sociales, seguirán igual, pese a que son muchísimo más graves que los destrozos que causan los encapuchados. Y los agentes del Estado (incluyendo las agencias de espionaje) que espíen a senadores y otros ciudadanos chilenos debiesen sufrir también penas duras. Esos eran los temas que nos ocupaban hasta la renuncia del general Gordon, y no los hemos olvidado.
El evidente intento de criminalizar las protestas sociales es una decisión infame y contraproducente que no ataca las causas del problema. Castigar a los estudiantes exaltados y a infiltrados ajenos al movimiento social, y dejar sin castigo de prisión efectiva e inhabilitación a los ejecutivos de La Polar, sólo puede explicarse de una manera: esos delincuentes de cuello blanco pertenecen a la misma clase que el presidente y han sido y son colaboradores y socios del presidente, y, como ha informado la prensa, pertenecen también a los círculos de amigos del presidente.
Quiere uno creer que los políticos binominales mostrarán sensatez y se abstendrán de aprobar este proyecto inútil. Esto es, si quieren tener alguna esperanza de ser elegidos democráticamente una vez que recuperemos la democracia, cuando en Chile vuelva a tener sentido el uso del voto como castigo. Si persisten, cuando vuelva la democracia los ciudadanos, y los otros chilenos que no lo son plenamente, ajustarán cuentas con ellos.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Leyes autoritarias e irrelevantes

Es dudosa la necesidad de este paquete de leyes autoritarias. Muy probablemente son irrelevantes y serán pasto de lingüistas y juristas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que los saqueos, en términos de cifras y de personas perjudicadas, desaparecen en la nada si se los compara con las cifras que se manejan en casos de estafa -como la del presidente Piñera cuando era ejecutivo en Talca y robó 240 millones de dólares- y otros delitos económicos -como vender o comprar acciones con información privilegiada -otro delito del que el propio presidente se ha hecho culpable. Estos delitos, que han afectado a millones de chilenos (el escándalo de la Polar afectó a más de un millón de personas), quedan intocados. Los ladrones de la Polar, amigos del presidente, no irán a prisión. Las propuestas de convertir algunos delitos económicos de esta magnitud en delitos imprescriptibles y con inhabilitación perpetua para cargos públicos, aparentemente no han llegado a oídos del presidente.
Por otro lado, hacer más severas las penas para delitos relacionados con Carabineros y el orden público es derechamente un insulto a la inteligencia de los chilenos. No necesitamos más leyes que castiguen a los ciudadanos. Necesitamos, en cambio, leyes más severas para castigar a carabineros que disparan contra manifestantes y leyes para castigar a los jueces que les protegen y encubren. Necesitamos leyes más severas para castigar a los funcionarios policiales que se extralimiten en sus atribuciones y para castigar la corrupción. En realidad, la mayor sensación de inseguridad no la provocan los vándalos, sino la policía: son numerosas e indesmentibles las denuncias de que la propia policía infiltra las manifestaciones para provocar disturbios, la que -con la complicidad de fiscales- monta juicios falsos con acusaciones falsas y evidencias falsas, la que en democracia sigue torturando y asesinando sin pagar por ello las consecuencias. Y es mayor el peligro de un carabinero corrupto o violento que se sabe protegido por sus superiores, que un vándalo al que de todos modos puedes meter en prisión.
Estas propuestas deficientes nos permitirán juzgar nuevamente a la inútil clase política. Los que apoyen estos proyectos, quedarán marcados como enemigos del pueblo.

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No fue violencia innecesaria, fue homicidio

El carabinero Miguel Millacura no estaba de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez. Según todos los informes de prensa que han aparecido desde entonces, Millacura se dirigió voluntariamente a la comisaría y sustrajo, con los otros miembros de la patrulla, subametralladoras UZI. Esto evidentemente implica que los carabineros conspiraron para delinquir y eso se llama normalmente asociación ilícita. También sabemos, por la investigación de la PDI, que el suboficial Millacura mintió cuando dijo que habían disparado en defensa propia porque estaban siendo atacados con armas de fuego. La PDI desmintió que los manifestantes y vecinos que observaban la escena hayan disparado contra los carabineros. Además, la pesquisa posterior ha determinado que Millacura disparó contra otro vecino con la misma UZI, dejándolo herido en un hombro. Entre otros delitos que cometió, los principales son homicidio y homicidio frustrado.
Pero que no haya estado de servicio la noche en que mató a Manuel Gutiérrez quiere decir principalmente que la acusación es errónea, porque el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte sólo puede ser cometido, evidentemente, por carabineros en actos de servicio. Los delitos cometidos por Millacura son por tanto delitos comunes y consecuentemente escapan al ámbito de la justicia militar. Sus delitos son, además, cubiertos por la legislación antiterrorista, porque el objetivo evidente era castigar, intimidar y aterrorizar a la población civil. Pero supongo que nadie querrá usar esta última argumentación.

Comentario sobre una nota en Radio Bíobio y en La Nación.

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Liberalismo y derecha psicótica

Renovación Nacional no es un partido liberal y dudo que haya liberales de verdad en ese partido. Sobre esto no hay mucho que decir: un liberal no se habría aliado jamás con un partido de extrema derecha -la UDI. Quizás la acusación de que RN se ha derechizado no es completamente correcta, pero que tenga como secretario general a Mario Desbordes, un fanático de la tendencia psicótica que propuso un bruto proyecto de ley para permitir que Carabineros disolviera las manifestaciones y protestas sociales a balazos justo el día antes de que un carabinero asesinara a balazos al joven Manuel Gutiérrez, habla de la insolvencia moral de RN. De paso, nadie ha señalado la responsabilidad intelectual de Desbordes en ese asesinato.
No estoy de acuerdo en que el candidato Piñera haya seducido al país con alguna mística. Creo que su elección dejó ver algunos de los peores aspectos de nuestra identidad como chilenos: la pusilanimidad y el carácter acomodaticio. Sigue siendo incomprensible que los votantes hayan optado por un hombre con antecedentes delictivos por estafa. Todavía creo que de esto no puede salir nada bueno.
Sí, los empresarios aplaudieron los gobiernos de la Concertación. Esto demuestra también que no es el régimen binominal el que explica la estabilidad de Chile, sino el hecho de que los partidos tradicionales de izquierda simplemente traicionaron las causas populares y adoptaron la ideología y las instituciones que legó la dictadura.
Un verdadero liberalismo lucharía, entre otras cosas, por recuperar la democracia, derogar (no modificar) el sistema binominal, terminar con la designación de parlamentarios, fortalecer las libertades personales y purgar las instituciones armadas y el poder judicial de sus elementos psicóticos y de extrema derecha.

Comentario sobre una entrevista con el senador Francisco Chahuán en La Nación.

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La persistencia del mal

El día que renunció el general Gordon a la jefatura de Carabineros, cuando caminaba rodeado por su séquito hacia el Palacio de La Moneda, se le acercó una mujer que lo increpó por no defender a sus hombres, reprochándole haberlos abandonado. El general replicó, entre balbuceos, que él no abandonaba a su gente. La mujer insistió y le dijo que no debería haberlos dado de baja, refiriéndose al sargento Millacura y los otros agentes que se encontraban en la patrulla la noche en que el primero asesinó al joven Manuel Gutiérrez y estuvo a punto a matar a otro vecino que se encontraba cerca de Manuel.
Para esta mujer el asesinato de ese chico es algo legítimo, razón por la cual, en su opinión, no se había cometido ningún delito ni era por tanto explicable que se expulsase a los agentes implicados, pese a que en ese momento ya sabíamos todos, informados por las propias autoridades, que el sargento había disparado sin provocación alguna, que su versión de que los carabineros estaban siendo atacados con armas de fuego era falsa, que los vecinos contra los que disparó no eran manifestantes ni habían atacado a la policía en modo alguno y que había disparado con la intención de matar.
Así, ¿cómo se explica la posición de la mujer? ¿Que matar a chicos que salen por la noche es legítimo? ¿Que un carabinero puede matar siempre y cuando quiera, a cualquiera, en cualquier lugar y sin motivo alguno? ¿Que es bueno que la policía mate de vez en cuando, aunque sea injustamente, para asentar su poder e intimidar a la sociedad civil? ¿Que, tratándose de un barrio pobre y de niños pobres, matarlos es lícito porque sus vidas son desechables?
Probablemente piensa todo eso, y cosas peores. En la declaración que emitió Carabineros explicando por qué habían borrado del parte policial el nombre del hijo del general Gordon después de chocar y darse a la fuga el año pasado, en un accidente carretero sin mayores consecuencias, se explica que agentes subalternos alteraron el parte para proteger la seguridad institucional de la fuerza pública -esto es, que revelar el nombre del hijo del general podría poner en peligro a la institución, un argumento muy similar al que usaron Carabineros y fuerzas armadas para negarse a juzgar o entregar a violadores de derechos humanos porque se pondría en riesgo la seguridad nacional.
Vale decir, en el mejor de los casos, que si los agentes cometen errores o delitos, es necesario ocultarlos y dejarlos impunes para mantener el prestigio y respeto de esas instituciones -una suerte de justificación y elogio de la impunidad.

Hay muchos en Carabineros y fuerzas armadas que comparten esta ideología criminal. El asesinato de Manuel ocurre en un contexto en que la fuerza pública emplea una violencia aberrante para disolver protestas sociales, lo que ha causado a menudo el asesinato de manifestantes en zonas indígenas y en el resto del país. Si no se modifica radicalmente la actual doctrina de Carabineros, estos crímenes volverán a ocurrir. No basta con separar a Gordon, aceptando su renuncia. Es necesario purgar Carabineros, deshacerse de sus elementos pinochetistas y de extrema derecha y simples psicópatas y proveer a la institución con una nueva doctrina en que el respeto de los derechos humanos sea central.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Ministro Hinzpeter, ¿por qué no se calla?

Como profundamente hiriente, errada, inoportuna e innecesaria ha de considerarse la declaración del ministro Hinzpeter sobre la renuncia del general Gordon. Resulta incoherente que diga que “muchos ciudadanos enfrentan a las fuerzas de orden y seguridad como si fueran sus adversarios o enemigos” cuando nos estamos refiriendo al incidente en que un carabinero asesinó al joven Manuel Gutiérrez.
¿Cómo y por qué ocurrió ese asesinato?
El sargento Millacura, que estaba libre, se trasladó voluntariamente a la comisaría y, con sus compañeros, retiraron varias UZI para salir de patrulla. Originalmente declaró que estaban siendo atacados con armas de fuego y que usó su arma para disuadir el ataque. Todo esto era falso. La investigación de la PDI desmiente que los manifestantes hayan disparado y estos ciertamente no se encontraban en el grupo de vecinos que miraban desde lejos (150 metros) lo que estaba pasando. O sea, el ataque contra ese grupo de vecinos fue arbitrario.
Aun se han de dilucidar muchos aspectos de este asesinato (por ejemplo, quién autorizó u ordenó a los carabineros a llevar armas de guerra para reprimir la manifestación), pero lo que es evidente es que ocurre en el marco o como consecuencia de una doctrina de Carabineros en que no se respetan en absoluto ni los ddhh ni las libertades públicas ni el estado de derecho vigente -una doctrina en la que manifestantes, encapuchados violentos, delincuentes y vecinos de poblaciones pobres son todos una sola y misma cosa: enemigos.
Sin duda hay ciudadanos que ven a Carabineros como enemigos, pero la percepción es comprensible porque Carabineros participó en un golpe de estado y dictadura de inspiración y mandato extranjeros -que empezó con el asesinato del comandante en jefe René Schneider en octubre de 1970, por un grupo neonazi (Patria y Libertad; más tarde se harían pasar por católicos para fundar la UDI) a la paga de la embajada estadounidense. Si algunos ciudadanos ven a Carabineros como enemigos de la patria, hay buenas razones para ello.
Decirle a la familia Gutiérrez que el niño Manuel murió porque muchos chilenos ven a Carabineros como enemigos está muy cerca de la infamia, porque la verdad es que lo mataron porque Carabineros ve a los chilenos como enemigos.
El general Gordon debió haberse marchado hace mucho tiempo, pues su mandato ha estado asociado a intolerables actos de violencia: el asesinato frustrado (por un carabinero) de Kathya Rojas Mora, niña de 10 años, en circunstancias similares al asesinato de Manuel, en septiembre de 2008; el asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009; el asesinato en un furgón policial, de un culatazo en la cabeza, de Francisco Coronado Cárdenas, en junio de 2010; y otros incidentes reprochables, como las golpizas y torturas de estudiantes en buses policiales (comprobado por la directora del Instituto de Derechos Humanos), los allanamientos ilegales (en el sur y en Santiago), el espionaje de parlamentarios, la infiltración de marchas estudiantiles para provocar disturbios y justificar la intervención policial, y muchos otros incidentes que muestran en Carabineros el culto de una violenta cultura policial antipopular (la humillación de Juanito Mozo, el bautizo violento de aspirantes a carabineros, la muerte de dos aspirantes en Curacaví).
Hizo bien el gobierno en aceptar la renuncia de este general, pero sería mejor que el ministro Hinzpeter se abstuviera de declaraciones inoportunas e innecesarias.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Aberrante e injustificada violencia policial

No se puede decir que “la policía ha enfrentado en forma prudente y mesurada la violencia desatada en muchos sectores de la capital, incluso con ataques armados” en los meses que vivimos de protestas estudiantiles. Ni tampoco se puede asumir, como pretende el autor del editorial de La Tercera, que los que han atacado a Carabineros incluso con armas de fuego hayan tenido algo que ver con las manifestaciones. Esa es una idea infame que La Tercera no puede probar.
No se puede decir que la policía haya sido prudente porque sólo haya asesinado a dos manifestantes y no a diez, por ejemplo. La manera en que Carabineros cree que se pueden resolver problemas de orden público de este tipo es aberrante y revela un fanatismo político, un clasismo fomentado por las autoridades políticas y una falta atroz de profesionalismo.
Con la represión injustificada y sin provocaciones, que ha sido la norma en los últimos meses, Carabineros pretende ocultar su incapacidad profesional y el gobierno mantiene la situación porque cree que le conviene que los ciudadanos asocien las protestas con vandalismo. Y esto viene ocurriendo desde hace muchos años.
Pero La Tercera olvida una larga lista de conductas policiales violentas inadmisibles: golpizas y torturas a estudiantes en buses policiales, de las que fue testigo presencial, y casi víctima, la directora del Instituto de Derechos Humanos; allanamientos ilegales (de una concejala de Santiago); infiltración policial de protestas para incitar y provocar disturbios y justificar la intervención policial; espionaje de parlamentarios y dirigentes sociales a cargo del servicio secreto de Carabineros. Ninguno de estos actos delictivos tiene nada que ver con el resguardo del orden público.
Muchos de los actos violentos que cometen Carabineros ocurren porque existe un marco en el que la policía considera a los manifestantes como enemigos a los que se ha de machacar, no como ciudadanos con derechos. Cuando un carabinero dispara con balas de guerra en un barrio pobre con construcciones de madera sabe que puede fallar el tiro, pero le da lo mismo, porque manifestantes, delincuentes y pobladores pobres son para él, como para la clase política y el gobierno, una sola y misma cosa. Su vida tiene poco valor. Son ciudadanos de segunda, desechables.
Esto lo que tiene que cambiar. Los efectivos implicados en estos actos de violencia deben ser excluidos todos del cuerpo de Carabineros y llevados a justicia. Los enclaves autoritarios deben ser destruidos: se debe hacer una purga profunda y definitiva de los elementos pinochetistas en las instituciones armadas. Pero más fundamentalmente lo que debe cambiar es la doctrina que orienta a Carabineros y otras instituciones.

Comentario sobre una nota en La Tercera.

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Quién le dijo a Millacura que disparara

Ahora se olvida el señor Desbordes que apenas hace unos días él mismo contribuyó al clima de violencia con su proyecto -inútil, redundante, ridículo- para permitir que Carabineros use balines en las manifestaciones. ¿Qué se puede esperar de un subalterno si oye a uno de los más altos dirigentes políticos del país proponer semejante memez? Y el sargento Millacura hizo exactamente lo que Desbordes proponía en un lugar público (soy testigo): “A los encapuchados hay que dispararles a la guata”. (En la explicación que dio posteriormente, dijo que los tiros en el estómago no eran peligrosos y que se resolvía todo llevando a los heridos al hospital para que les extraigan los proyectiles.)
RN hace un papelón pidiendo a estos inútiles que defiendan al ministro Hinzpeter. Podría ser incluso contraproducente.
“El agua y el gas no son suficientes”, dijo Desbordes, “y hay pensar en autorizar el uso de otros elementos de disuasión mayor como por ejemplo balines de goma” en una declaración que el periodista de esta nota omitió mencionar.
Actos delictivos cometidos por carabineros no son hechos aislados. Aun en los casos en que se trata de reacciones individuales irracionales -lo que es posible-, estas ocurren en un contexto en que Carabineros maneja una doctrina que define a la población civil de su propio país como grupo enemigo. Ese carabinero disparó contra un grupo de gente al que definió de antemano como hostil. Que hubiesen sido ellos los que les habían atacado previamente, dejó de tener interés. Ese carabinero disparó o porque tenía órdenes de hacerlo o porque le parece que, en ese lugar, manifestantes y vecinos son todos lo mismo.
Sin embargo, dudo que un carabinero con 18 años en la institución cometa semejante crimen sin haber recibido órdenes. Ahora urge saber quién se las dio.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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Ineludible reestructuración de Carabineros

Qué punto de vista tan pequeño. Las conductas abusivas o ilegales de Carabineros no se limitan a este asesinato. En los últimos meses hemos conocido casos de espionaje a parlamentarios, allanamientos ilegales, infiltración de marchas estudiantiles, torturas en buses policiales y otras vejaciones sobre las que ni el gobierno ni la propia institución han tomado medida alguna. Es evidente que el general Gordon es el principal responsable, porque ha defendido públicamente la violencia contra manifestantes y se ha expresado además políticamente, llamando traidores a los que rechazan HidroAysén. Gordon debió marcharse hace meses. Ahora su retiro es urgente. Aunque sonó severo en su declaración, es evidente que nada de eso habría pasado en Carabineros si ese tipo de conductas no hubiesen sido toleradas en el pasado. El gobierno debe demostrar que en el ministerio del Interior manda Hinzpeter, no Gordon.
Las juventudes de derecha podrían haber aprovechado la oportunidad para unirse a los chilenos en su lucha por recuperar la democracia, condenar este asesinato, rechazar su traspaso a la justicia militar y exigir la renuncia de Gordon y la reestructuración de Carabineros.
Los concertacionistas hicieron la vista gorda con otros incidentes de violencia y muerte durante sus gobiernos. Pero las juventudes de derecha vienen haciendo la vista gorda desde hace casi cuarenta años. Pese a los varios asesinatos cometidos por carabineros con ocasión de protestas durante gobiernos de la Concertación, nunca hicieron otra cosa que aplaudir.

Comentario sobre una nota en La Nación.

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