January222012
Manifestación de subnormales para subnormales
El proyecto de ley que se discute en el Senado sobre tenencia responsable de mascotas, no incluye en ninguna parte la eliminación de los perros callejeros –ni los abandonados ni los perdidos. Cuesta entender cómo han llegado estos manifestantes a creer semejante falsedad. Obviamente, no se trata de manifestantes que leen, porque es evidente que no han leído el proyecto de ley. Obviamente son manifestantes que, como no leen, creen a ciegas en sus dirigentes, que los engañan y manipulan. Y esto habla mal de lo que entienden por participación ciudadana.
En la manifestación misma no han gritado aparentemente consignas contra el judío Hinzpeter, pero cualquiera que haya visitado las páginas en Facebook de las organizaciones convocantes podrán leer llamados a matar a Hiznpeter por su presunto origen judío.
En el proyecto de ley se encuentra el artículo 25, que preveía el sacrificio de perros que hubiesen causado la muerte o lesiones graves a humanos. En conversaciones con el movimiento animalista CEFU, el ministerio del Interior accedió a reformular ese artículo. El que se debe discutir ahora establece que los perros en esta condición (que hayan agredido o dado muerte a humanos), y en contexto estricto de un proceso judicial (o sea, cuando haya un litigio entre la familia del agredido y la de los dueños del can), serán rehabilitados por alguna organización animalista especializada (que contará tras licitación con fondos del estado) con el fin de entregarlos en adopción. El artículo establece que en el caso eventual, y prácticamente imposible, de que la organización animalista no acepte al can, ni haya otra persona distinta al dueño que lo adopte, será sacrificado de manera indolora.
Francamente, no me parece que una interpretación sana de este artículo pueda llevar a alguien a concluir que el proyecto de ley incluye la matanza de los perros de la calle.
Le he dado muchas vueltas a este asunto, porque en realidad intriga, también desde un punto de vista epistemológico, cómo de la lectura del artículo 25 se puede concluir que su intención es eliminar a los perros callejeros.
Veamos, es evidente que el proyecto, que podría incluir el sacrificio de algún perro peligroso que no pudo ser rehabilitado ni adoptado, no podría interpretarse en el sentido en que lo hacen los manifestantes porque la ley establece que sólo puede ocurrir en el contexto de un litigio. Vale decir, que no se trata de un programa sistemático de eliminación de perros, que la ley no incluye.
Para llegar a esa conclusión absurda hay que creer que los únicos perros peligrosos que pueden causar lesiones graves o la muerte a humanos, son los perros de la calle, que es una idea que desmienten todos los estudios que se han hecho sobre el tema. La inmensísima mayoría de los ataques contra humanos (más del 90 por ciento) los cometen perros con dueño o perros guardianes no adiestrados por profesionales.
Es lamentable que organizaciones que se presentan como animalistas repitan las insensateces del partido anti-perro. Estas organizaciones, entre las que se incluyen algunas cooptadas por la WSPA (como ProAnimal, con la nefasta Patricia Cocas), parecen a veces estar muy alejadas no sólo de la verdad sino también de la sanidad mental. Engañar a los seguidores, entregarles información falsa y sacarlos a la calle a marchar contra leyes que no existen ni nadie quiere ni propone que existan es ciertamente un acto mucho más cercano a una psicopatología que a una posición política. Esta manifestación parece haber sido organizada por subnormales para subnormales.
Por otro lado, la difusión de estas interpretaciones ridículas y malsanas, y los violentos y groseros ataques contra el ministro Hinzpeter por su condición de judío, que en la manifestación sin embargo los convocantes dejaron de lado (pero que se pueden leer en sus páginas en Facebook), difaman terriblemente al ministro, que ha dicho en varias ocasiones en los últimos dos años que, mientras él sea ministro, el actual gobierno no aprobará ni promulgará incluso ninguna ley que incluya la matanza de perros callejeros. Para todos los que quieren entender, en la lucha por los derechos animales y en la defensa de la piedad humana, el ministro Hinzpeter es mucho más que un aliado, porque comparte muchos de los sentimientos y posiciones de los animalistas.
Estos ataques son injustos e intolerables. El ministro debiese tomar medidas legales para terminar con este hostigamiento.
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October202011
Sobre la matanza de San Joaquín
Es imposible describir los sentimientos de impotencia y profunda indignación que provoca esta matanza arbitraria, insensible, estúpida, innecesaria y cruel. Nada la justifica y es probablemente uno de los casos más impactantes y claros de maltrato animal cometidos por autoridades edilicias en los últimos años. Los propios autores del maltrato han entregado muchas evidencias indesmentibles de la carnicería, que ningún abogado podrá desvirtuar. En muchos casos anteriores de matanzas de animales los animalistas no llegaron a ninguna parte por la falta de pruebas. En este caso, las pruebas son abundantes, directas y atrozmente gráficas.
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Hay que establecer en primer lugar que esta matanza no se encuentra justificada ni en la ley ni en el polémico dictamen número 69.752 de la Contraloría en 2010. En la respuesta que dio Contraloría a un requerimiento de reconsideración del dictamen, presentada por CEFU (representada por Fernando Andrés Rolleri Saavedra), el contralor reafirma que “[…] el dictamen cuya reconsideración se solicita, no ha autorizado a las municipalidades para eliminar perros vagos […]. Por el contrario, en él se expresa ‘que no existe facultad legal que habilite a los municipios para dar muerte a los perros abandonados en la vía pública, como una forma de controlar la población canina’”. El dictamen autoriza la aplicación de eutanasia a perros hallados en la calle sólo si y cuando se encuentren “enfermos o gravemente heridos [y] cuya vida no [sea] viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios”.
Los perros de San Joaquín no fueron sometidos a eutanasia por razones médicas, que es la única que se permite. Los propios funcionarios que los eliminaron declararon que se trataba de perros sanos. Sabemos también por otras fuentes que no se trataba de perros abandonados, como suelen argumentar las autoridades, sino que de perros en situación de calle bajo el cuidado de tutores, que los cuidaban y alimentaban. El daño psicológico que se les ha causado es enorme.
Recuérdese también que en el caso de ser retirados de la vía pública, la municipalidad no puede hacerlo para eliminarlos, sino para trasladarlos a caniles donde deben ser protegidos y alimentados.
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Un segundo aspecto representa igualmente un terrible escollo para la protección animal y es que los funcionarios subalternos no pueden desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido -exactamente como señalaron los funcionarios sorprendidos en la matanza. Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua “al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores”. Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual para aumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años.
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Los funcionarios entrevistados declararon sentirse apesadumbrados por la matanza. Este es un aspecto que ha tocado de Mérici, señalando que “el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas”. Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los padrinos y madrinas que, ese día, se enteraron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.
Reflexiones sobre una nota en Pachnews.
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June222011
Catolicismo y causa animalista
Encuentro terriblemente enervante y odioso que Alejandra Cassino, de CEFU (la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana), describa la tradición católica como una que define a los animales y a la naturaleza como creados para “el usufructo del hombre”. Esto no tiene nada que ver con el catolicismo. Concuerdo con Pepa García que señala que Cassino confunde la tradición católica con la bíblica. En lo que se refiere a la causa animalista, la activista prefiere ignorar que San Francisco de Asís es uno de los grandes precursores de la lucha por los derechos animales y que inspira a decenas de organizaciones animalistas de base que llevan su nombre. En realidad, los grupos católicos de base forman la espina dorsal del movimiento por los derechos animales en Chile. Le hace un flaco favor a la causa al referirse de manera ofensiva a la tradición católica, a la que además describe de manera sesgada, como pilar de la explotación animal. Quizá convenga que sepa que los católicos no se inspiran en el Viejo Testamento y que, en general, el catolicismo se basa más en tendencias históricas iniciadas por filósofos y santos (como Francisco de Asís) que en textos sagrados. Debería saber, además, que los católicos se encuentran a la vanguardia en la lucha por los derechos animales y que, entre otras cosas, se han reunido en Estados Unidos, hace unos años y con otras filosofías (musulmana, judía, budista), para iniciar un movimiento de defensa de los animales, pidiendo a los fieles que dejen de comer carne y fomenten la piedad como fundamento de un nuevo tipo de relación con los animales. No es muy relevante que los amigos de los animales seamos católicos, budistas o anarquistas, pero es decepcionante que se ataque a los católicos de manera tan injusta.
Comentario sobre una ponencia en Observatorio Género y Equidad.
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December302009
Las quejas del senador Ruiz-Esquide
http://perros.wordpress.com/2009/12/30/ruiz-esquide-renuncia-por-exterminio/#more-3564
El senador se queja de que el ministerio quiera revisar más opiniones, pero la verdad es que es una buena decisión y debería estar agradecido de que este retraso (el proyecto vuelve a la Comisión de Salud) impedirá que la interesada prisa de algunos termine aprobando un proyecto que incluye la subasta y el exterminio de los perros sin dueño. El proyecto original del senador Girardi gira sobre tenencia responsable y fija responsabilidades civiles. El exterminio de los perros vagos no fue nunca parte del proyecto original. La culpa del retraso de la aprobación del proyecto de tenencia responsable la tiene el propio gobierno. Si el gobierno retirara la indicación substitutiva, la ley sería aprobada inmediatamente.
Pero, no la quiere retirar. Prefiere que se vuelva a discutir.
El senador Ruiz-Esquide debería saber que las consultas nunca fueron suficientes. Muchos de los invitados por la Comisión de Salud a opinar sobre el proyecto no están francamente a la altura de la tarea. Por ejemplo, invitan regularmente a opinar a dueños de criaderos o de clubes de perros de raza, que se pronuncian todos, sin tener arte ni parte ni conocimientos ni formación, a favor del exterminio de los perros vagos. ¿Quién invita a estos personajes? También han invitado a funcionarios del ministerio de Salud a las rondas de opiniones, que son personas con intereses creados y formación insuficiente, partidarios todos igualmente del asesinato de los perros. El engaño es patente. Los senadores sólo invitan a sus aliados o sus contactos, y no a quienes deberían consultar.
Muchas organizaciones animalistas representativas no fueron invitadas y el gobierno pidió tiempo al senador justamente para oír ahora sus opiniones. Las organizaciones animalistas rechazan en su inmensísima mayoría el proyecto de exterminio de los perros vagos y han presentado repetidas veces proyectos serios y basados en experiencias internacionales que excluyen el asesinato. Los profesionales del Minsal no están al tanto de estos desarrollos o no tienen la formación suficiente para estar al tanto.
Los proyectos presentados por organizaciones animalistas -como CEFU (Control Ético de la Fauna Urbana)- utilizan la esterilización masiva, la adopción y las campañas de tenencia responsable para solucionar lo que se percibe como sobrepoblación canina o peligro para la salud pública. Sólo el Estado puede hacerse cargo de un enfoque nacional coordinado y permanente y que además respete la voluntad ciudadana. La mayoría de los chilenos se opone al exterminio.
Dicho todo esto, se olvida que los perros abandonados o vagos son los que menos daños y problemas causan. La inmensa mayoría (más del 90%) de las mordeduras y ataques en comisarías y postas, según partes policiales y médicos, son ocasionados por perros con dueño. Se exageran los problemas de salud pública, pese a que la rabia está definitivamente controlada y otros contagios son de muy rara ocurrencia, como la sarna. Recientemente un grupo de pediatras del sur pidió el exterminio de los perros vagos debido a que habían constatado hidatidosis en dos niñas. Sin embargo, no sabían cómo se habían contagiado (el contagio se produce por el consumo de vísceras de ganado vacuno).
Y se olvida lo principal, que es que en Chile tenemos una excelente aunque breve ley que sanciona el maltrato animal y reglamentos que prohíben el asesinato de perros y mascotas. El único motivo admitido legalmente en Chile para matar a un perro es que se compruebe, por el seremi de Salud y tras diez días de observación, que presenta síntomas de rabia. Todo otro motivo es ilegal y puede ser sancionado hasta con un año y medio de cárcel.
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