February92012
Qué está pasando en Alemania
En menos de medio año, Alemania vuelve a ser sacudida por un escándalo relacionado con las fuerzas de seguridad –esta vez, el servicio de inteligencia. Hace unas semanas espías alemanes fueron descubiertos –por el semanario Der Spiegel- espiando y haciendo operaciones de seguimiento a legisladores del Partido de Izquierda, lo que provocó indignación general en el país. Otro organismo de seguridad –la policía- ya se encontraba en entredicho por el caso del grupo neonazi que cometió, entre 2000 y 2006, diez asesinatos, sin que la policía lograra identificarlo. Las acusaciones y las sospechas son graves, y no son infundadas.
A fines del año pasado la policía encontró entre los restos humeantes de una caravana, los cadáveres calcinados de dos hombres que, según confesaría días después, tras entregarse, la tercera militante del grupo neonazi, entre 2000 y 2006 habían cometido diez asesinatos –nueve inmigrantes y una mujer policía con cuya arma se cometieron las ejecuciones. Pese a que se trataba de crímenes en serie, ejecutados de la misma manera, la policía nunca logró conectar al grupo con los asesinatos. La incapacidad policial fue increíble. Los neonazis no eran tipos que se ocultaran. Participaban en manifestaciones. La policía sabía dónde podría encontrarlos. En febrero de 2007 fue descubierto y visitado por la policía el escondite del trío, pero, la que abrió la puerta, Beate Zschaepe (la que se entregó después del aparente suicidio de sus compañeros en la caravana), dio múltiples alias y datos contradictorios y no dejó entrar a los agentes. La policía, sin embargo, no volvió a tocar el asunto, pese a que Zschaepe ya era buscada por la policía*, que incluso tenía una foto de la militante. Agréguese a este colosal fiasco el hecho de que el servicio secreto y la policía trabajan con numerosos informantes y que las organizaciones neonazis están prácticamente todas infiltradas. Un informante pagado cultivaba la amistad del grupo de criminales.
Muchos no quieren ver en este escándalo sólo incapacidad policial. No es creíble tanta inocente mediocridad cuando se trata de la vida de diez personas. Nadie cree que semejante incapacidad sea posible. (¿Cómo habría actuado la policía si las víctimas hubiesen sido alemanas?) Peor, muchos atribuyen la impunidad de la banda durante tantos años y la vergonzosa actuación policial a encubrimiento o incluso complicidad de funcionarios policiales. De hecho, la identificación de los criminales tampoco fue un logro policial. Aunque en la caravana se encontraron materiales que conectaban al grupo con algunos asesinatos, esos hechos fueron relatados a la policía por la tercera militante, que se entregó días después de la misteriosa muerte de los neonazis. Ciertamente, este caso no fue resuelto por la policía.
El caso de espionaje de legisladores de izquierda es igualmente enervante. El Partido de Izquierda se hizo en las últimas elecciones nacionales de 2009 con casi el doce por ciento de los votos. El gobierno no ha logrado ofrecer una explicación ni medianamente atendible que justificara la interceptación y espionaje sin una orden judicial. Ninguno de los legisladores es sospechoso ni de vínculos con el terrorismo islámico ni de lazos con la extrema izquierda incendiaria. Lo más elaborado que ofreció el ministro del Interior para justificar el espionaje de otros ciudadanos alemanes es que el partido propone cambios radicales en la sociedad y el estado. Este argumento extemporáneo -¿es la función oficial del servicio de inteligencia espiar a personas que propongan cambios?- no podría nunca convencer a un demócrata, porque la esencia de la democracia es precisamente el cambio. Los ciudadanos de todo signo participamos en política –en elecciones, en partidos, en organizaciones sociales- porque queremos intervenir las situaciones que nos desagradan, precisamente para cambiarlas. Obviamente no vamos a querer que se nos espíe porque queramos cambiar. Que los cambios propuestos parezcan radicales es un juicio enteramente subjetivo y, por ende, irrelevante en un contexto institucional. El servicio de inteligencia no puede tener por función espiar a los ciudadanos que proponen cambios en la sociedad. Además, el argumento es falaz, porque como lo demuestra el caso de los neonazis, cuando estos actúan para cambiar la sociedad y asesinan a extranjeros, el servicio de inteligencia simplemente hace la vista gorda.
Una intolerable desfachatez fueron las declaraciones del ministro del Interior, Hans-Peter Friedich. Dijo que estaba dispuesto a revisar la lista de espiados por el servicio secreto, pero que no sabía si eso implicaría agregar nuevos nombres a la lista. Vale decir, podría extenderse, por ejemplo, a los periodistas de Der Spiegel que denunciaron el espionaje. Esto es quizás lo más grave. El gobierno, en lugar de intervenir el servicio de espionaje y excluir a sus funcionarios de extrema derecha, amenaza con más espionaje. Aparte de todo lo que esto pueda significar en términos políticos, lo que sorprende mucho es el descaro con que se burla el ministro de las víctimas del espionaje y de la prensa. Eso no augura nada bueno. Así hablan los políticos que se creen por encima del bien y del mal. Y es sobre todo lamentable que en un país con el pasado de Alemania surjan políticos elegidos que crean que están por encima de la ley.
Nota *
Este episodio es muy intrigante. En 2007, por alguna buena razón, la policía, que buscaba al menos a la neonazi Beate Zschaepe, dio con su escondite. Zschaepe misma abre la puerta, les cuenta un cuento, no les deja entrar y los policías se marchan. Si los agentes buscaban a la militante, ¿por qué no la detuvieron enseguida? Supongamos que no la reconocieron en ese momento, sino después, en la comisaría. En ese caso, igualmente, lo que correspondía era volver a la casa allanada y proceder a la detención de la prófuga. O vigilarla a partir de ese momento. Pero ni se la detuvo ni se la vigiló, pese al hecho de que la policía la buscaba.
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November132011
Chile rinde culto a criminales
Hace unos días el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamaba el retraso en la tramitación de un proyecto de ley que “prohíbe la exhibición de imágenes y monumentos públicos que honren la memoria del ex dictador Augusto Pinochet”. El proyecto de ley se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las policías secretas de la dictadura eran asociaciones ilícitas. Consecuentemente, no es comprensible que Chile rinda tributos a personas que han sido juzgadas y condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, homicidios, torturas, violaciones, saqueo de bienes de las víctimas, internamiento en campos de concentración y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Permitir monumentos públicos a la memoria de Pinochet y otros miembros de la Junta Militar sería como si Alemania permitiera que se honrara la memoria de Adolf Hilter.
El proyecto de ley de ley especifica que “se prohíbe en los espacios y organismos públicos, así como en los establecimientos educacionales, las imágenes, estatuas, placas o escudos que honren o recuerden al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte” y otros miembros de la Junta Militar durante el periodo del gobierno de facto del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
El proyecto fue redactado de alguna manera en el mismo espíritu que la ley argentina, aprobada el año pasado, que prohíbe similarmente el culto a funcionarios de facto condenados en juicios por delitos de lesa humanidad y se extiende a toda la historia republicana de ese país. La ley argentina prohíbe igualmente que se recuerde a funcionarios de facto en nombres de calles, plazas, escuelas e incluso regimientos.
Por esto, este proyecto chileno debiese ser ampliado para incluir a funcionarios de facto (lo que incluye a los dictadores que ha tenido Chile en su historia) y a funcionarios, entre ellos militares, que hayan cometido delitos graves, como matanzas de manifestantes y felonías similares, que abundan en la historia chilena. Que los nombres de notorios e infames criminales adornen nuestras calles y plazas e incluso sirvan como nombres de escuelas y otros espacios públicos es una afrenta permanente a los que sí merecen nuestro respeto y recuerdo, que son los que fueron víctimas de estas alimañas.
Duele encontrarse en prácticamente todas las ciudades chilenas con calles y plazas con el nombre de personajes como el general Roberto Silva Renard, Rafael Sotomayor, Pedro Montt -responsables de la espantosa carnicería de cientos de mineros conocida como la Matanza de Santa María de Iquique- y, más recientemente, de personas como Edmundo Pérez Zujovic -autor intelectual de la masacre de Pampa Irigoin en 1969, en la que Carabineros dispararon a matar contra un grupo de pobladores desarmados, ultimando a nueve de ellos, entre ellos un bebé. Por ese horrendo crimen, el entonces ministro del Interior no fue juzgado nunca. Ninguna calle, ni plaza, ni escuela, ni regimiento, ni salón, ni universidad, ni nada deben llevar nunca el nombre de ninguno de estos criminales. Su culto hiere y humilla a los descendientes de las víctimas y deshonra y degrada a los que ven a sus victimarios como militares victoriosos.
La aprobación de esta ley, ojalá ampliada para incluir a otros criminales anteriores, y posteriores, a la dictadura de Pinochet, es una tarea urgente.
Comentario sobre una nota en La Nación.
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May202011
Para quién trabaja el fiscal Moreno Ocampo
El fiscal Moreno Ocampo fija el inicio de su acusación a mediados de febrero de 2011. No es por nada. El coronel Gadafi no ha cometido grandes violaciones a los derechos humanos. Si buscamos en la red, es difícil encontrar casos específicos. El más espantoso es una masacre de presos comunes en los años noventa, tras un motín carcelario. Los otros delitos graves los cometió en su colaboración en la lucha contra el terrorismo fundamentalista con Estados Unidos: torturas, detenciones arbitrarias, cárceles secretas, entrega ilegal de prisioneros y probablemente ejecuciones extrajudiciales. Pero fueron delitos cometidos por encargo y/o en colaboración con Estados Unidos. Si se decide juzgar estos delitos, habría que llevar al banquillo también a los gobernantes de países como España, Alemania, Italia, Jordania, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y otros.
La presunta masacre desde el aire de cerca de mil manifestantes, según los rebeldes, no ocurrió nunca. Así lo concluyó la comisión parlamentaria de la UE que visitó Libia al día siguiente. Pero este informe no fue tomado en cuenta por Estados Unidos ni la OTAN.
Pero los delitos cometidos por la OTAN son todavía peores, si se quiere: desde hace semanas vienen atacando objetivos civiles con la intención de presionar a Gadafi para que renuncie. Y han atacado las residencias familiares de Gadafi, masacrando a parte de su familia, incluyendo sus nietos. Estos son los crímenes de lesa humanidad que debiese investigar el TPI. Los presuntos crímenes de Gadafi, así como los de los rebeldes, deberán ser investigados obviamente después del conflicto, porque las partes en conflicto no son fuentes de información ni objetivas ni creíbles. Lo que menos se puede decir sobre el fiscal Moreno Ocampo es que su conducta es sospechosa y que se acerca peligrosamente a lo que llamamos prevaricación, vale decir, la administración a sabiendas de criterios de manifiesta injusticia.
Comentario sobre nota en Semana.
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