lísperguer

text

A algunos presos los quemaron vivos

Ayer publicaba Página 12 una entrevista con el historiador argentino Miguel di Fino, que escribe la historia de represión ilegal en la ciudad de Campana durante la dictadura. Uno de sus hallazgos más impresionantes es que algunos secuestrados por las fuerzas de seguridad fueron quemados vivos. “[…] En un barrio de Campana que se llama Las Praderas”, cuenta, “hay un lugar que hemos denominado ‘la hoguera de las praderas’. En la bajada hacia los bañados llegaban los camiones del Ejército cargados de cuerpos y los quemaban en cubiertas. Y muchos de ellos llegaban vivos y los quemaban vivos”. El historiador se basa en declaraciones de un testigo ocular.

Pese a su horripilante violencia, esta masacre de los años ochenta en Argentina no es la primera en la que ciudadanos secuestrados por agentes de seguridad durante dictaduras o campañas represivas de extrema derecha sean quemados vivos. Se sabe que algunas milicias paramilitares colombianas llegaron a construir hornos crematorios para deshacerse de sus víctimas, algunas de las cuales fueron quemadas vivas. Los hornos crematorios fuero utilizados en Norte de Santander. Alias el Iguano confesó “que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas”. “Hay muchos muertos que no se han encontrado”, declaró, “porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos”. El objetivo era hacer desaparecer a las víctimas. La primera víctima que fue quemada viva fue uno de sus propios hombres, “porque se había robado una plata”. El paramilitar prosigue: “El horno lo manejaba un señor que le decían ‘Funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”. El Iguano mismo, según propia confesión, echó vivas al horno a cerca de quince personas; y muertas, a cerca de cincuenta. Alias Danielito, uno de los proponentes del horno crematorio, fue igualmente quemado vivo cuando se disputó con uno de los cabecillas.
En Chile la dictadura usó, en algunos casos, hornos para deshacerse de los cadáveres. En sesiones de tortura, Manuel Contreras, jefe de la policía política de Pinochet y agente de la CIA, solía quemar a los prisioneros con un soplete. Algunas de las víctimas eran luego envenenadas con cianuro y sus ojos extraídos de las cuencas. Un agente de Contreras les sacaba las tapaduras y dientes de oro, que eran posteriormente reducidos en el mercado. Es escalofriante pensar que puede haber personas en Chile que compraron al general esas piezas de oro y que ahora las llevan en sus bocas, como antes las víctimas del matón pinochetista. Aparentemente, en esa época era peligroso lucir dientes dorados: te acusaban de comunista para matarte y quitártelos.

Tags: /Miguel di Fino /ciudad de Campana /quemados vivos /barrio Las Praderas /la hoguera de las praderas /Argentina /extrema derecha /paramilitares colombianos /hornos crematorios /Norte de Santander /alias el Iguano /Juan Frío /Villa del Rosario /Puerto Santander /Medellín /alias Funeraria /grasa humana /alias Danielito /Chile /torturas /Manuel Contreras /policía política de Pinochet /CIA /soplete /cianuro /ojos extraídos /tapaduras y dientes de oro

text

Manifestación de subnormales para subnormales

El proyecto de ley que se discute en el Senado sobre tenencia responsable de mascotas, no incluye en ninguna parte la eliminación de los perros callejeros –ni los abandonados ni los perdidos. Cuesta entender cómo han llegado estos manifestantes a creer semejante falsedad. Obviamente, no se trata de manifestantes que leen, porque es evidente que no han leído el proyecto de ley. Obviamente son manifestantes que, como no leen, creen a ciegas en sus dirigentes, que los engañan y manipulan. Y esto habla mal de lo que entienden por participación ciudadana.

En la manifestación misma no han gritado aparentemente consignas contra el judío Hinzpeter, pero cualquiera que haya visitado las páginas en Facebook de las organizaciones convocantes podrán leer llamados a matar a Hiznpeter por su presunto origen judío.
En el proyecto de ley se encuentra el artículo 25, que preveía el sacrificio de perros que hubiesen causado la muerte o lesiones graves a humanos. En conversaciones con el movimiento animalista CEFU, el ministerio del Interior accedió a reformular ese artículo. El que se debe discutir ahora establece que los perros en esta condición (que hayan agredido o dado muerte a humanos), y en contexto estricto de un proceso judicial (o sea, cuando haya un litigio entre la familia del agredido y la de los dueños del can), serán rehabilitados por alguna organización animalista especializada (que contará tras licitación con fondos del estado) con el fin de entregarlos en adopción. El artículo establece que en el caso eventual, y prácticamente imposible, de que la organización animalista no acepte al can, ni haya otra persona distinta al dueño que lo adopte, será sacrificado de manera indolora.
Francamente, no me parece que una interpretación sana de este artículo pueda llevar a alguien a concluir que el proyecto de ley incluye la matanza de los perros de la calle.

Le he dado muchas vueltas a este asunto, porque en realidad intriga, también desde un punto de vista epistemológico, cómo de la lectura del artículo 25 se puede concluir que su intención es eliminar a los perros callejeros.
Veamos, es evidente que el proyecto, que podría incluir el sacrificio de algún perro peligroso que no pudo ser rehabilitado ni adoptado, no podría interpretarse en el sentido en que lo hacen los manifestantes porque la ley establece que sólo puede ocurrir en el contexto de un litigio. Vale decir, que no se trata de un programa sistemático de eliminación de perros, que la ley no incluye.
Para llegar a esa conclusión absurda hay que creer que los únicos perros peligrosos que pueden causar lesiones graves o la muerte a humanos, son los perros de la calle, que es una idea que desmienten todos los estudios que se han hecho sobre el tema. La inmensísima mayoría de los ataques contra humanos (más del 90 por ciento) los cometen perros con dueño o perros guardianes no adiestrados por profesionales.

Es lamentable que organizaciones que se presentan como animalistas repitan las insensateces del partido anti-perro. Estas organizaciones, entre las que se incluyen algunas cooptadas por la WSPA (como ProAnimal, con la nefasta Patricia Cocas), parecen a veces estar muy alejadas no sólo de la verdad sino también de la sanidad mental. Engañar a los seguidores, entregarles información falsa y sacarlos a la calle a marchar contra leyes que no existen ni nadie quiere ni propone que existan es ciertamente un acto mucho más cercano a una psicopatología que a una posición política. Esta manifestación parece haber sido organizada por subnormales para subnormales.

Por otro lado, la difusión de estas interpretaciones ridículas y malsanas, y los violentos y groseros ataques contra el ministro Hinzpeter por su condición de judío, que en la manifestación sin embargo los convocantes dejaron de lado (pero que se pueden leer en sus páginas en Facebook), difaman terriblemente al ministro, que ha dicho en varias ocasiones en los últimos dos años que, mientras él sea ministro, el actual gobierno no aprobará ni promulgará incluso ninguna ley que incluya la matanza de perros callejeros. Para todos los que quieren entender, en la lucha por los derechos animales y en la defensa de la piedad humana, el ministro Hinzpeter es mucho más que un aliado, porque comparte muchos de los sentimientos y posiciones de los animalistas.

Estos ataques son injustos e intolerables. El ministro debiese tomar medidas legales para terminar con este hostigamiento.

Tags: /tenencia responsable de mascotas /perros callejeros /perros abandonados /perros perdidos /ministro Hinzpeter /antisemitismo /sacrificio de perros /lesiones graves /movimiento animalista /CEFU /proceso judicial /artículo 25 /WSPA /Patricia Cocas /sanidad mental

text

La ley fantasma

Nuevamente en estos días varias organizaciones dedicadas a la protección animal llaman a manifestarse contra el proyecto de ley del gobierno de Piñera sobre tenencia responsable, llamado “la ley Hinzpeter”, que incluiría como uno de sus capítulos el “exterminio de los perros abandonados” o vagos. El proyecto de ley al que se refieren los convocantes, sin embargo, no incluye nada que se parezca ni de lejos a este plan de exterminio. El único lugar en que se habla de muerte y perros en el proyecto, es en el artículo 25, que en su redacción original dispone el sacrificio de los perros que hayan causado daños graves o la muerte a un humano. Pero el artículo ya ha sido enmendado por el propio Ministerio del Interior, que lo había enviado, y los perros en esa situación, en el estricto contexto de un proceso judicial, serán entregados para su rehabilitación y adopción a organizaciones de protección animal.

Desde hace unas semanas vienen estas personas manifestándose contra un proyecto inexistente. Es patético. Es evidente que sus dirigentes manipulan la verdad, y los manifestantes mismos no tienen la suficiente iniciativa como para informarse ellos mismos, directamente. Cualquiera que lea el proyecto de ley en la página web del Senado puede comprobar que esas organizaciones manipulan la verdad. Que ni la Comisión de Salud ni el gobierno ni Hinzpeter ni siquiera el malvado Ruiz Esquide están preparando ninguna muerte de ningún perro.
Y digo que esas organizaciones manipulan la verdad porque en sus páginas en Facebook y otros sitios, si tratas de informarles y participas en los foros, sus encargados simplemente te borran. Persisten en la manipulación e impiden que sus lectores accedan a la verdad. Te acusan a ti de mentir. ¿Qué resultará de todo esto?
¿Qué explica que un ciudadano vaya a protestar contra un proyecto sin haberlo leído? Esta conducta implica, por lo menos, que el ciudadano no tiene parámetros morales y que muestra lealtad de la misma manera que los animales, con independencia de todo contexto moral. Esto se explica porque teniendo evidentemente la posibilidad de enterarse directamente, prefiere y acepta la información que le entregan sus dirigentes, sin cuestionarla ni por un instante. Y esta conducta es todo lo contrario de lo que esperamos de un ciudadano: independencia de juicio, objetividad, ecuanimidad, interés por el bien común. ¿En qué época podía servirle a alguien ser leal incondicionalmente a algunas personas? ¿En qué época ser leal de esta manera bruta era elogiable y motivo de orgullo? Porque uno sospecha que esos manifestantes –los que no saben que la ley no incluye el sacrificio de perros de la calle- son más leales hacia sus jefes que hacia la causa que defienden.
¿A qué dirigente político o comunitario de hoy le puede interesar mantener un séquito fiel hasta el absurdo y manipulable? Con la tecnología, medios y redes de hoy, sus trucos y abusos no demoran en quedar al descubierto. También sus mentiras se desvanecen.  Pero los caudillos siguen existiendo, y los irracionales les seguirán creyendo y siguiendo.
Tampoco es fácil saber qué exactamente lleva a estos dirigentes a interpretar las cosas de manera tan torcida, ni qué objetivo tienen. Ciertamente, sus bases no parecen realmente interesadas en el resultado. Si los senadores de la Comisión de Salud adoptan el proyecto de ley, podrán decir que tenían razón, porque según ellos la ley incluye el exterminio. Si, al contrario, los senadores lo rechazan, podrán argumentar que se debió a sus manifestaciones y protestas –es decir, en el caso fantasmagórico de que los senadores votaran contra sus propias indicaciones. Cualquiera sea el caso, los manifestantes tendrán siempre la razón.
Esto es lo que uno piensa en el mejor de los casos, porque existe también la posibilidad de que los dirigentes realmente crean que el proyecto de ley incluye el exterminio, digan lo que digan los que lo han leído. O sea, leen o deducen cosas que nada autoriza, tuercen la realidad o la inventan y se niegan en redondo al diálogo. O sea, son psicópatas o débiles mentales. Y sus seguidores, una especie de zombis gagá. ¿O hay alguna otra manera de interpretar estas manifestaciones surrealistas? ¿Organicemos una contra la letra a?

Tags: /protección animal /ley Hinzpeter /exterminio de perros vagos /artículo 25 /proceso judicial /rehabilitación /adopción /Comisión de Salud /ministro Hinzpeter /senador Ruiz Esquide /objetividad /ecuanimidad /bien común /caudillos /psicópatas

text

La enseñanza de historia

De los programas de estudio para la asignatura de historia, el Consejo Nacional de Educación ha determinado que se remplace la palabra “dictadura” por “régimen militar”. Pero no es el único cambio. El diputado Sergio Ojeda informó que también se remplazaría “violaciones a los derechos humanos” por “excesos”, y “derechos humanos” por “derechos esenciales”. Más que un cambio insensato e inoportuno de terminología, se trata de implantar en los niños una visión torcida de la historia. Digo visión o interpretación torcida de la historia porque creo que hay una verdad que imponen los hechos, que son más difíciles de desarmar, pese a que su descripción misma pueda estar teñida por alguna ideología o por alguna rutina.

Testarudas opciones ideológicas llevan a muchos a tratar el tema de las causas del golpe de estado (o pronunciamiento), pasando por alto el ahora pintoresco Plan Z, y hasta incluso el Libro Blanco, o empiezan ese periodo sin mencionar el asesinato del general Schneider. Otros pretenden que el periodo del presidente Allende fue una taza de leche. No hay para qué pretender que nos vamos a poner de acuerdo.

Pero en la descripción y enseñanza de la historia de ese periodo (1973-88, 1973-90), en lo que se refiere a los capítulos pertinentes, debiesen tomarse como punto de partida las descripciones y conclusiones de los informes de nuestras propias comisiones de la verdad y en los fallos judiciales, que todos o casi todos aceptamos porque creemos que representan el más objetivo acercamiento a la verdad que se ha logrado definir consensualmente y que no puede refutar ni siquiera la extrema derecha.

Por el tenor del debate, es más que evidente que los que idearon y redactaron la reforma no han tomado en cuenta ni esos informes ni fallos de tribunales que, por ejemplo, han descrito a la policía política del régimen militar como una asociación ilícita, los delitos que cometieron como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables, y las violaciones a los derechos humanos como sistemáticas, y no excesos –lo que además evidencia que no se debe tratarse de profesionales. Y esto último es muy preocupante, porque aparentemente los programas de estudio son redactados por personas no idóneas o que creen que la verdad se la chupa uno del dedo. En las democracias las comisiones de investigación se forman precisamente para establecer la verdad, que es el mismo objetivo que persiguen tribunales, justamente para impedir que se interpreten los hechos de cualquier manera.

Tags: /programas de estudio /asignatura de historia /Consejo Nacional de Educación /palabra dictadura /régimen militar /diputado Sergio Ojeda /derechos esenciales /derechos humanos /Plan Z /Libro Blanco /general Schneider /presidente Allende /comisiones de la verdad /fallos de tribunales /policía política /asociación ilícita /delitos de lesa humanidad /delitos imprescriptibles

text

Irracionalidad y movimiento animalista

[El absurdo afiche en que se convoca a manifestarse contra el proyecto de ley de tenencia responsable anuncia falsamente que el proyecto dispone el sacrificio de perros callejeros. Una muestra de la irracionalidad que se ha introducido en sectores del movimiento animalista.]

[Claudio Lísperguer] En el actual debate sobre la ley de tenencia responsable y responsabilidad civil algunos sectores del mundo animalista, incluyendo también a parte del bienestarismo, han asumido posiciones que son derechamente irracionales, y algunas de ellas también al borde de lo psicopatológico. En las últimas manifestaciones contra el proyecto de ley se ha visto a manifestantes violentos portando pancartas incomprensibles y, muchas veces, con textos obscuros y falsos. En blogs y páginas de Facebook, las organizaciones convocantes (Movimiento Animal Abandonado, Movimiento Animal Callejero, ProAnimal Chile, CDA)  y de miembros de estas organizaciones (algunas asociadas a la WSPA) toleran expresiones racistas y amenazas de muerte, y excluyen las participaciones razonadas. Son derechamente enemigos del diálogo, de la racionalidad y de la inteligencia.

En esas manifestaciones y páginas en la red –que convocan o llevan los grupos mencionados- se llama  a oponerse al proyecto de ley porque este, conocido como ley Hinzpeter, legalizaría el sacrificio de los perros de la calle. Esto es absurdo, porque en el proyecto de ley no se habla para nada de este presunto sacrificio de perros definidos como abandonados. He leído incluso a algunos afirmando que la ley busca matar a todos los canes, aseveración todavía más absurda. Muchos de estos grupos se han sumado a una campaña de difamación contra el ministro Hinzpeter, al que acusan, por decirlo así, de ser judío, y al que o le desean la muerte o anuncian que matarán por lo mismo o por la intención de querer matar, según se imaginan, a los perros.
Muchos creen que se trata de personas y grupos desinformados, pero eso es difícil de creer. Ciertamente, odiar al ministro por ser judío no tiene nada que ver con estar mejor o peor informado. Es verdad que estas expresiones antisemitas no las ventilan abiertamente las organizaciones convocantes, pero las toleran en sus foros, al tiempo que excluyen a los lectores que protestan por estas expresiones de odio e irracionalidad.
Por esta razón, creo que se trata de otra cosa. Estas organizaciones y personas buscan desinformar a otras, porque es absolutamente falso que el proyecto de ley incluya algún artículo que legalice la matanza o exterminio de perros de la calle. Pero por más que se lo repitas y les entregues la información disponible, desechan tus intervenciones, borran tus comentarios y te insultan y amenazan. Es evidente que no quieren que sus lectores y seguidores se enteren de la verdad.
El proyecto no gira sobre los perros de la calle. El proyecto trata sobre los perros potencialmente peligrosos o perros que han agredido o matado a personas. El artículo 25 original de la ley establecía que “el juez competente deberá disponer el comiso y sacrificio de perros declarados potencialmente peligrosos que causen lesiones graves o la muerte de una persona, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales del dueño o poseedor del animal”, y dispone que sean sacrificados con algún método de los llamados indoloros, a costas del dueño del perro (boletín 6499-11).
Esta formulación se prestaba a numerosas interpretaciones y dejaba la puerta abierta para todo tipo de abusos. Por ejemplo, no quedaba claro qué instancia declaraba peligrosos a los perros y todos temíamos que las municipalidades encargaran a algún funcionario que marcara a los perros de la calle como peligrosos para poder matarlos. Ni explicaba la ley por qué habrían de ser esos perros sacrificados, porque estos simplemente no pueden ser condenados como si fuesen los autores de algún delito ni es racional matar a un perro para castigar al dueño.
Pero este artículo fue debatido en la Comisión de Salud, la que invitó a varias representantes de organizaciones animalistas a exponer su punto de vista. Gracias a la intervención de CEFU el Ministerio del Interior redactó una nueva formulación del artículo 25, que dice:

“El juez competente en materia penal, deberá disponer el comiso  de los perros declarados potencialmente peligrosos en el proceso judicial que causen lesiones graves o la muerte de una persona, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales del dueño o poseedor del animal. El perro comisado, será puesto a disposición de las organizaciones de protección animal registradas conforme a esta ley, [las que] se harán cargo de él para efectos de que sea rehabilitado si fuere posible, y reubicado en un hogar apto, previo examen de expertos de forma que no constituya un peligro para las personas”.

¿Cuáles son las diferencias? En el nuevo texto queda más claro que lo que decida el juez competente sólo podrá ocurrir en el marco de un proceso judicial –vale decir, sólo si hay un litigio entre las víctimas de alguna agresión canina y los dueños de los canes, y no tendremos que temer que algún funcionario municipal empiece a marcar a los chuchos. Luego, los perros no serán sacrificados por orden del juez sino que puestos a disposición de una organización que se encargará de su rehabilitación y adopción. Sólo en el caso eventual de que no haya ninguna persona que no sea el dueño u organización que pueda o quiera encargarse de la rehabilitación o si esta fuera imposible, el tribunal podrá decretar su sacrificio.
Esta última parte está todavía siendo debatida, aunque es muy improbable que ocurra alguna vez –quiero decir, es difícil imaginar que una organización con fondos del estado pueda negarse a la rehabilitación de un perro declarado peligroso. La eutanasia sólo se aplicará en casos de que su rehabilitación no sea posible. De todos modos, es posible que se pueda insistir en que esos perros no sean sometidos a eutanasia, sino que derivados a un santuario hasta el término natural de sus vidas sin que constituyan peligro ni para humanos ni para otros animales. Dicho esto, tampoco hay que olvidar que si este artículo llegara a aprobarse, con las garantías y protecciones indicadas, no afectará a miles de mascotas, como insisten tan brutamente los convocantes, sino que a muy pocos perros, pues incidentes de esta naturaleza (humanos atacados por perros con resultado de muerte) son para nada habituales, usualmente menos de cinco al año, si acaso.

Posteriormente el presidente de la Comisión de Salud, el senador Fulvio Rossi, comunicó en su cuenta de Twitter que la ley no era eutanásica y que los perros en cuestión (que hayan provocado lesiones graves o la muerte de humanos u otros animales) quedarían a cargo de organizaciones [que se encargarían de su rehabilitación]. Estamos pues rogando que todo salga bien, que se apruebe la nueva redacción y que se interne en santuarios a los perros irrecuperables.
Curiosamente, pese a todos estos desarrollos positivos, algunos en el movimiento animalista han declarado que el senador Rossi miente, sin explicar qué razones tendría para mentirnos, o que no es pitoniso y que no puede saber si los otros senadores votarán a favor o no de la nueva redacción del artículo 25. Algunos afiebrados dicen que podemos amenazarlos con no votar por ellos, con lo que manifiestan un absoluto desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral chileno, en el cual, en las elecciones de parlamentarios, el voto ciudadano es irrelevante. Es decir, el voto no lo podemos usar como castigo simplemente porque no es pertinente.
Algunos grupos –bienestaristas y animalistas- han organizado manifestaciones rechazando la ley con argumentaciones falsas y absurdas, como vimos al principio: que la ley busca matar a todos los perros, a todos los perros callejeros, a todos los perros peligrosos, al mismo tiempo que permiten en páginas en la red expresiones racistas, amenazas contra el ministro Hinzpeter, llamados neo-nazis a su muerte y peroratas en las que se habla del pueblo y del proletariado combatiente anti-judío. Esas expresiones, y el espacio que se les permite ocupar, delatan un monstruoso concubinato entre grupos de extrema izquierda, comunistas y pinochetistas, cuyas ideólogas, conocidas por todos, se esconden detrás de organizaciones de nombres rimbombantes y fantasiosos, algunas creadas a toda prisa para crear la impresión de que hay mucho pueblo detrás de los convocantes.
Manifestarse contra el proyecto por el hecho de que todavía incluiría la eutanasia de perros no rehabilitables, o por otros aspectos de la ley, sería justificable, pero las exageraciones, falsedades, manipulaciones, insultos y amenazas de los convocantes hacen imposible que los animalistas que nos consideramos normales podamos participar. No nos verán tomados de la mano con neo-nazis, pinochetistas y otros extremistas protestando contra una ley imaginaria y azuzando al pueblo a matar a un ministro. Eso es derechamente impresentable. El daño que pueden causar estos grupos al movimiento animalista es incalculable y no debemos hacer la vista gorda.
¿Qué querrán? Considerando la insensatez de las reclamaciones de estos grupos, que rechazan leyes que no existen y denuncian propósitos que las autoridades tampoco tienen, sólo se puede imaginar un motivo: si finalmente, como esperamos, los senadores borran la eutanasia de la ley, este montón de viejas avinagradas y ordinarias  dirán que se lo debemos a ellas.

Personalmente, si los senadores de la comisión aprueban el artículo que dispone la eutanasia de perros declarados peligrosos en el contexto de un proceso judicial -y que no sean adoptados por una persona que no sea el dueño o una organización animalista que se encargue de su rehabilitación y adopción-, aunque yo hubiese preferido que fueran en ese caso hipotético enviados a un santuario, y no sacrificados, no me arrepentiré nunca de no haber marchado con estos cavernícolas. Su intervención y su presencia en el movimiento animalista es realmente una desgracia.

Nota
La siguiente intervención servirá de ejemplo del tenor de las opiniones admitidas en foros de las organizaciones convocantes y miembros de estas:

“Este es un hijo de puta cionista [sic] judío culiao los mismos que crusificaron [sic] a Jesus [sic] solo a funarlo y hecharlo [sic] que se vaya estos mismos matan palestinos no tienen conciencia” (en esta página).              

Tags: /movimiento animalista /ley de tenencia responsable /responsabilidad civil /bienestarismo /psicopatología /Movimiento Animal Abandonado /Movimiento Animal Callejero /ProAnimal Chile /CDA /WSPA /amenazas de muerte /ley Hinzpeter /sacrificio de perros de la calle /perros abandonados /judío /antisemitismo /perros potencialmente peligrosos /comiso y sacrificio de perros /lesiones graves /boletín 6499-11 /Comisión de Salud /organizaciones animalistas /CEFU /proceso judicial /rehabilitación /adopción /agresión canina /eutanasia /santuario /mascotas

text

Gobierno prohíbe palabra cerdo

Gobierno chileno, tras prohibir palabra dictadura, quiere prohibir también la palabra cerdo, porque así llaman los chilenos al dictador. También prohibirá las palabras: bestia, rata, comemierda, limpiaculos, traición, traidor, campo de concentración, torturas, nazismo, fascismo, extrema derecha, pedofilia, esclavitud, neo-liberalismo, hijo de puta, malparido, milico, paco culiao, estafa, cocaína negra e incluso Banco de Talca, piraña y otras.

Tags: /dictadura /dictador Pinochet /presidente Piñera

text

Incoherencia e inmoralidad del cavernícola

Hoy publica la prensa algunos resultados de la encuesta CERC con una espeluznante medición: el 12 por ciento de los entrevistados dijo justificar los asesinatos y otras violencias cometidas por los militares para impedir el comunismo. Las mismas personas desglosadas por intención de voto arrojan los siguientes resultados: UDI, un 23 por ciento (vale decir, el 23 por ciento de los entrevistados que dijeron que votarían por un candidato de la UDI); Democracia Cristiana, 20 por ciento: Renovación Nacional, 18 por ciento y PPD, 16 por ciento. Llama la atención que haya más partidarios de los crímenes entre los demócrata-cristianos, que han gobernado con la centro-izquierda durante los últimos veinte años, aparentemente más por oportunismo que por principios, que entre los conservadores de RN. Pero lo más sorprendente es que el 6 por ciento de los que votarían por el Partido Socialista, cuyos militantes fueran igualmente perseguidos y asesinados, también justifica la barbarie. Y nada menos que el 4 por ciento de los que votarían por el Partido Comunista, que suma la mayor cantidad de víctimas de la dictadura, también justifica las masacres.

¿Estamos leyendo bien? De por sí, estos resultados son impresionantes, pero la idea de que personas que votan comunista aprueben la eliminación arbitraria de ciudadanos comunistas es derechamente incomprensible.  Equivale a decir incoherencias como: “Estoy muy contento que hayan matado a los comunistas. A mí me gustan los comunistas, así que espero que también me asesinen a mí”. O: “Matar a una persona inocente e indefensa con torturas, es un acto noble y valiente”. O: “Los militares chilenos que violaban a las detenidas son héroes”. O: “Mi mamá es comunista. Ojalá la violen y maten con torturas porque el comunismo es muy malo. Incluso me gustaría que los valientes militares me entregaran sus huesos para hacer una sopa”. ¿Existe alguna ideología que defienda barbaries semejantes? Y si esto es dudoso, ¿cómo se explica esa respuesta? ¿Entendieron los encuestados las preguntas?

Si alguna de estas opiniones incoherentes refleja creencias reales, y no es el resultado de una encuesta mal hecha o con preguntas torcidas, que el 12 por ciento de los chilenos justifique la barbarie militar demuestra que los gobiernos de los últimos veinte años no han hecho bien su trabajo. Tuvieron veinte años para educar e informar a la población de que la dictadura no fue nunca justificada, que los argumentos de los militares para dar el golpe de estado eran falsos, que nunca hubo una conspiración comunista (Plan Z) para instaurar una dictadura, que el golpe fue instigado y pagado por Estados Unidos, que el dictador Pinochet recibió dinero de ese país, que la desaparición forzada (vale decir, el asesinato de los detenidos o secuestrados) fue utilizada para impedir que los detenidos contaran la verdad sobre los militares y hacer creer al resto de los chilenos y del mundo que aquí había una guerra que nunca hubo.

Si alguna vez algún gobierno de la Concertación intentó contar la verdad, esta encuesta demuestra que fracasó. Pero lo más probable, si se toma en cuenta que hay ciudadanos que se llaman cristianos y otros de izquierda también justifican la barbarie militar, es que esos partidos y esos gobiernos no hayan querido nunca contar la verdad. Y quizás el nombramiento de dos jueces pinochetistas (uno de ellos con pasado militar, que participó incluso en los ridículos consejos de guerra) a la Segunda Sala de la Corte Suprema, que han defendido siempre a los acusados pinochetistas en violación incluso de los tratados internacionales firmados por Chile, por el presidente Lagos, quizás, digo, tenga que ver con esta idea aberrante de que es bueno matar comunistas aunque no hayan cometido ningún delito y que es bueno matar a otros y decir que eran comunistas para poder robarles, y que es igualmente bueno introducir ratas en las vaginas de las detenidas y arrancar los ojos a los asesinados y extraer sus dientes de oro para venderlos en el mercado, como hacía el general Contreras, jefe de la policía política del dictador y agente de la CIA. Digo, un 12 por ciento de los chilenos tiene probablemente menos principios morales que una sanguijuela.

Tags: /encuesta cerc /comunismo /dictadura /fascismo /udi /democracia cristiana /renovación nacional /ppd /demócrata-cristianos /centro-izquierda /conservadores /rn /partido socialista /partido comunista /torturas /héroes /barbarie militar /golpe de estado /conspiración comunista /plan z /estados unidos /dictador pinochet /desaparición forzada /concertación /cristianos /izquierda /jueces pinochetistas /consejos de guerra /segunda sala /corte suprema

text

Elecciones primarias precocinadas

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley que instituye y regula las elecciones primarias de los candidatos a presidente, parlamentarios y alcaldes. Ahora el proyecto debe pasar al Senado para su siguiente trámite constitucional.
Muchos políticos, especialmente de gobierno, han celebrado la medida como un desarrollo positivo hacia la democratización. El diputado Salaberry, de la UDI (extrema derecha pinochetista), considera la nueva ley como un perfeccionamiento de la democracia.
Pero, de hecho, con el nuevo proyecto la verdad es que no se avanza en absoluto. Es simplemente una vuelta de burro más a la noria de la desfachatez de la clase política.

Un reclamo persistente de la ciudadanía ha sido que los candidatos a senadores y diputados no son elegidos en elecciones abiertas al interior de los partidos que los postulan. Esos candidatos son simplemente nombrados por las directivas de los partidos, permitiendo así que grupos de poder (clanes) se perpetúen en su mando, rotando a sus candidatos a cargos en alguna de las cámaras. Estos candidatos son luego ratificados por la ciudadanía en un paripé de proceso electoral que, la verdad sea dicha, no sirve absolutamente para nada, excepto crear la ilusión -en todo caso para muchos- de que son los ciudadanos quiénes realmente deciden. Nada más lejos de la verdad.

Tags: /elecciones primarias /Cámara de Diputados /candidatos a presidente /parlamentarios /alcaldes /Senado /democratización /UDI /extrema derecha pinochetista /democracia /clase política /directivas de los partidos /grupos de poder /clanes /proceso electoral /proceso democrático /Consejos Generales /boletín N°7911-06 /Consejo Regional /diputado Pepe Auth /PPD /diputado Salaberry

text

Lagos y la impunidad en Chile

Hace unos días el Pleno de la Corte Suprema tomó una aberrante decisión: en remplazo del juez Milton Juica, el próximo presidente del poder judicial será un juez de reconocida militancia pinochetista, Rubén Ballesteros. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (en La Nación), desde entre 2006 y 2011 el juez Ballesteros falló a favor de los acusados en causas de derechos humanos en 85 de los 90 casos que pasaron por sus manos, aplicando las figuras de prescripción de la acción penal, media prescripción y el decreto de amnistía de la dictadura, dictado en 1978. Pese a la ilegalidad de sus fallos y el evidente prevaricato, nunca fue impugnado y ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera hicieron nada para excluirlo del poder judicial.

Pese a que Chile ha firmado todos los tratados internacionales pertinentes en materia de derechos humanos que prohíben la aplicación de la prescripción penal y amnistía en casos de derechos humanos, el juez Ballesteros continuó aplicando sin protesta alguna figuras patentemente ilegales amparado probablemente en el hecho de que la clase política chilena ha dejado de lado la reforma de las leyes pertinentes para incluir las leyes que emanan de los compromisos internacionales firmados por Chile. Sucesivos gobiernos chilenos borran así con el codo lo que firman con la mano.
Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1961 convierte en innecesario, aunque no inútil, este paso. El tratado establece que en casos de derechos humanos los países firmantes están obligados a aplicar el derecho internacional pese a la ausencia o retraso en la adaptación de sus legislaciones nacionales. En casos de crímenes contra la humanidad, el tratado debe ser aplicado incluso retrospectivamente si a la fecha de cometidos esos delitos de lesa humanidad, estos eran considerados igualmente graves en el derecho internacional.

En su artículo 15, el Pacto establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Vale decir, Chile, con la firma del tratado de 1961, está obligado a respetar el compromiso de no aplicar prescripción ni amnistía en casos de crímenes contra la humanidad, haya o no adaptado sus leyes en conformidad con el pacto y otros tratados.
Pese a esto, sucesivos gobiernos chilenos no sólo no han respetado estos tratados, sino además los han infringido sistemáticamente permitiendo que jueces prevaricadores como Ballesteros apliquen criterios ilegales, perimidos e ilegítimos en sus fallos para proteger a acusados pinochetistas.
Esta es una situación intolerable.

Indigna todavía más saber que este juez paria fue propuesto al poder judicial por el ex presidente Ricardo Lagos en agosto de 2005, haciendo caso omiso de las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos y pese a saber que Ballesteros había sido uno de los colaboradores civiles de la dictadura –por tanto, cómplice de los crímenes de la dictadura pinochetista- como miembro de al menos cinco consejos de guerra militares realizados contra perseguidos políticos.
“Ballesteros participó en los consejos de guerra de Osorno”, escribe Ascanio Cavallo en La Tercera. “No fueron los peores, ese título no se lo disputa nadie a los de la FACh, pero tampoco son un modelo de temperancia. La Comisión Valech estableció, sin espacio de duda, que todos los consejos de guerra actuaron al margen de las normas de debido proceso, lejos de las leyes penales, fuera de los mismos códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Y todo eso sin guerra”.
Según Cavallo el informe Valech menciona dos fallos de los consejos de guerra  de Osorno como “ejemplos de iniquidad jurídica”. En uno de esos consejos se condenó a un militante del MIR porque esa militancia “indica un concierto para alcanzar fines ilícitos” aunque no se hubiese cometido delito alguno. En el otro caso  se condenó a dos militantes socialistas por “espionaje de secretos militares […] para su entrega al enemigo sin especificar cuál sería el impacto de tales secretos sobre las operaciones” ni identificar al enemigo.
Cavallo menciona otro ejemplo de iniquidad jurídica encontrado en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad. El acusado Alfonso Heriberto Oliveros Angulo fue condenado a quince años de cárcel por “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado (?)”. Otros dos acusados, Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, chilenos ambos, fueron condenados fantasmagóricamente a veinte años de cárcel por “ingreso clandestino en fecha indeterminada”. Estos consejos ilegales y fallos aberrantes y absurdos fueron dictados tanto por la estupidez como el odio de militantes de extrema derecha como el juez Rubén Ballesteros.

Pero no es todo. Durante su paso por la Corte de Apelaciones de Santiago entre 2001 y 2006, el juez Ballesteros falló sistemáticamente a favor del ex dictador y de otros criminales del régimen de facto en causas como la Caravana de la Muerte, el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, la masacre de Calle Conferencia, los homicidios y atentados terroristas de Operación Cóndor y el caso del Banco Riggs.

Lo más terrible y enervante es que cuando el ex presidente Lagos nombró a Ballesteros, estaba completamente al tanto no sólo de su mediocridad sino especialmente de su complicidad con los crímenes de la dictadura. Fue nombrado por Lagos, pues, pese a ello, o debido precisamente a su pasado. Se sospecha efectivamente que Lagos procedió al nombramiento de Ballesteros como parte de un pacto secreto con el militante y entonces senador de extrema derecha Pablo Longueira justamente para asegurar la impunidad de los acusados en casos de derechos humanos –una decisión inadmisible de todo punto de vista y que ha causado un daño incalculable a las víctimas y familiares de las víctimas y a la causa de los derechos humanos y el retorno de la democracia en Chile.
Sin embargo, esta aberrante decisión del ex presidente Lagos pudo ser, y puede ser todavía anulada. La Constitución Política de Chile establece en su artículo 76 que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. En cualquiera de estos casos, por prevaricación (la aplicación a sabiendas de criterios torcidos o ilegales en la administración de justicia) y denegación de justicia, que es el caso del juez Ballesteros, la Corte Suprema “por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”. Ni la ex presidente Bachelet ni el presidente Piñera han aludido a este caso.
El juez Ballesteros, pese a su complicidad en crímenes de la dictadura, y por ende con los acusados, no se declaró tampoco nunca incompetente o inhabilitado, lo que constituye otro argumento más en su contra por la evidente intención de prevaricar. Ni ha sido nunca llevado a juicio por su actuación durante la dictadura militar y durante el golpe de estado mismo.

Una vez iniciado el proceso de destitución del juez Ballesteros, deberían igualmente declararse nulos los fallos de la Segunda Sala Penal a favor de los acusados pinochetistas si su voto, junto con el del juez Nibaldo Segura, hubiese sido determinante en la aplicación viciada y torcida de la prescripción penal y la amnistía. La corte debería simplemente fallar de nuevo, basándose esta vez en el derecho internacional que Chile dice que respeta y acata, pero que en realidad simplemente se pasa por el sobaco. El juez Segura fue también nombrado en la Corte Suprema por el ex presidente Lagos.

La elección de Ballesteros a la presidencia de la Corte Suprema no hubiese ocurrido si el ex presidente Lagos no lo hubiese propuesto para la corte y, en lugar de eso, hubiese procedido a su procesamiento por su complicidad con la dictadura cuando fue miembro de los aberrantes consejos de guerra de la dictadura. Por eso irrita cuando habla sobre Chile y los desafíos que todavía debemos recuperar la democracia y una justicia que se base en un estado de derecho democrático. Si aún no tenemos democracia, si aún vivimos en una dictadura encubierta, si los criminales pinochetistas siguen libres en las calles con el consecuente peligro para la seguridad nacional, es también en parte gracias a la colaboración de Lagos con esos criminales. Lagos es un factor de impunidad.

Más allá de estos casos aberrantes, el nombramiento de Ballesteros y la permanencia de Segura y otros jueces prevaricadores en el poder judicial deja una vez más de manifiesto la urgente necesidad de efectuar una purga profunda y definitiva de los elementos criminales enquistados en el poder judicial y la necesidad no menos urgente de llevar a juicio a los civiles que colaboraron con la dictadura.

Tags: /derechos humanos /dictadura de Pinochet /Corte Suprema de Chile /Rubén Ballesteros /Observatorio de Derechos Humanos /prescripción de la acción penal /amnistía /presidenta Bachelet /presidente Piñera /tratados internacionales de ddhh /Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos /delitos de lesa humanidad /presidente Ricardo Lagos /colaboradores civiles de la dictadura /consejos de guerra /Comisión Valech /Ascanio Cavallo /MIR /debido proceso /justicia militar /prisioneros de guerra /Convención de Viena /iniquidad jurídica /Vicaría de la Solidaridad /extrema derecha /Corte de Apelaciones de Santiago /Caravana de la Muerte /general Prats /masacre de Calle Conferencia /Operación Cóndor

text

Quiénes son los irresponsables

[Las autoridades suelen acusar a los ciudadanos de ser culpables de problemas imaginarios (como la sobrepoblación canina) y ofrecen soluciones derechamente criminales. ¿Qué entienden las municipalidades por tenencia responsable?]

El concepto tenencia responsable forma parte del mobiliario ideológico con el que las autoridades, y algunos incautos, pretenden solucionar problemas de nuestra relación con las mascotas que nadie sabe a ciencia cierta en qué consisten exactamente. Por lo general, las autoridades exigen que los dueños de mascotas asuman las responsabilidades que conlleva la tenencia o propiedad. Para el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA) la tenencia responsable de mascotas es “el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar una mascota para asegurar el bienestar de los animales, de las personas y del entorno” y como el compromiso de satisfacer las necesidades básicas de la mascota en cuanto a su alimentación, espacio y entorno, limpieza y desinfección, cuidados sanitarios y cariño y respeto. Un dueño responsable, dice SESMA, no “abandona a su mascota [ni] permite que deambule libremente en la calle [ni] permite que se alimente de basura o desperdicios [ni] permite que se reproduzca descontroladamente”. Un dueño responsable “evita que su mascota pueda transformarse en un riesgo para la salud de la familia, vecinos, otros animales o el ambiente”.

Esta y otras definiciones circunscriben la responsabilidad del cuidado de las mascotas exclusivamente a sus dueños. Tal parece que las municipalidades, por ejemplo, por definición no podrían actuar nunca de manera irresponsable en cuanto al trato que dan  las mascotas en espacios públicos. La razón es más bien de burocracia lingüística: como estrictamente las municipalidades no son dueñas de mascotas mal podrían maltratarlas. Pero es evidente que las autoridades también deberían respetar las reglas pertinentes de la tenencia responsable, especialmente las que guardan relación con el maltrato.

Pese a la majadera insistencia de las autoridades de que los dueños de mascotas las tratan de manera irresponsable, los casos más escandalosos e inhumanos en cuanto al trato dado a las mascotas en situación de calle, por ejemplo, son precisamente las autoridades. Son los alcaldes los que mandan a sus subordinados a sacrificar clandestinamente a los chuchos de la calle, procurándoles muertes indignas y arbitrarias y dejando sus cadáveres a la vista de todo el mundo –a veces incluso en la puerta de templos y escuelas- como una suerte de escarmiento y enfermiza demostración de poder (por ejemplo, recuérdese la matanza de San Joaquín, ordenada ilegalmente por su alcalde, Sergio Echeverría).

Justamente este alcalde, que en realidad debería estar siendo procesado por esa y otras matanzas ordenadas por él (se dice que ha seguido enviando a sus funcionarios a matar perros), se ha propuesto organizar charlas de tenencia responsable para los vecinos de su comuna en una iniciativa que es bastante ridícula. Este alcalde es el peor ejemplo de tenencia responsable. ¿No llama la atención que un alcalde que no tiene ni el más mínimo respeto por la vida animal, que manda matar clandestinamente a los perros de la calle y que expone sus cadáveres al público o comete impunemente sus matanzas a la vista de todo el mundo, crea que puede dar lecciones de tenencia responsable a la comunidad? ¿No es él que debería seguir esos cursos, preferentemente en la cárcel donde esperamos que termine?

Con estas iniciativas lo que se pretende es culpar a la comunidad de la presencia de perros en la calle, que las autoridades tienden a definir de mala fe como perros abandonados, pese a la ausencia de investigaciones y pese a las evidencias de que en realidad la mayoría de ellos son perros perdidos, que no necesitan que se los mate sino que se los ayude a rencontrarse con sus familias humanas. Las personas que abandonan a sus mascotas son una ínfima minoría y es evidente que se trata de personas que saben que actúan mal o cometen un delito. Que lo cometan de todos modos se debe fundamentalmente a la liviandad de las penas, a que los jueces no toman en serio este delito y a las dificultades de demostrar la propiedad de un perro en un país donde no existe ni la obligatoriedad del registro canino ni una policía animal. Esas autoridades pues, muy al estilo nazi, pretenden castigar a toda la comunidad por los delitos de unos pocos y hacernos creer que la ciudadanía es la fuente de sus problemas.

Las autoridades suelen definir lo que llaman el problema con los perros de la calle subrayando temas como las fecas en los espacios públicos, el rompimiento de las bolsas de basura, el peligro para la salud pública, el imaginario peligro de la sarna, las peleas por la comida, los ataques contra los transeúntes, el aseo y ornato de las calles, etc. Sin embargo, para muchos ciudadanos, el mayor problema es la situación de precariedad de los perros en situación de calle, que vivan sin los cuidados y el calor de un hogar humano y para quienes la única o mejor solución es su adopción por alguna familia humana.

Por la misma razón, y para inducir soluciones erradas, y sin el menor fundamento, insisten las autoridades en describir a los perros en situación de calle como abandonados, negándose siquiera a considerar que las evidencias indican que la mayoría de ellos son simplemente perdidos. El énfasis en que se trata de perros abandonados tiene por propósito culpabilizar a la población y ofrecer soluciones autoritarias, entre las cuales el sacrificio, justificado por el mezquino razonamiento de que la comunidad no puede encargarse de la irresponsabilidad de otros. Si entendieran que se trata de perros perdidos, es evidente que las soluciones serían enteramente diferentes.

El hecho de que esos perros de la calle terminen en su gran mayoría adoptados en refugios familiares, y que otros, que no han podido ser adoptados, sean alimentados y cuidados en la calle por las madrinas de barrio -las viejas locas, las organizaciones de base, las agrupaciones franciscana- es una demostración formidable de que es escandalosamente injusto acusar a la ciudadanía de ser irresponsable. Irresponsables son las autoridades que creen que la solución es matar a los chuchos de la calle, o someterlos a otras violencias, en lugar de ayudar a esos grupos ciudadanos y atacar las causas del abandono, o buscar la manera de facilitar el rencuentro familiar.

Peor aun, estos cruzados de la tenencia responsable hacen todo lo posible por aniquilar el espíritu de piedad que anima a los ciudadanos y les incitan y quisieran obligarles a tratar a los animales de las maneras incluso criminalmente más irresponsables, prohibiendo so pena de multas que se los alimente o cuide en la calle, o que se les construya casetas para que sobrevivan las estaciones frías. Estas violencias se encuentran en numerosas ordenanzas en las que como si tal cosa se llama a los vecinos a dejar morir de hambre a los chuchos de la calle, o de enfermedad, o simplemente de abandono. Y estas son las mismas autoridades que dicen que hay que tratar a las mascotas con cariño y respeto.

En Chile hay decenas de miles de refugios caninos familiares con cientos de miles de chuchos adoptados que vivían previamente en la calle. Sin estos refugios, el problema de los perros en la calle sería inimaginable. Yo creo que hay pocos pueblos en el mundo donde se trate a los perros con más piedad y cariño que Chile, donde las amenazas de las autoridades, sobre todos de las edilicias, no han logrado nunca impedir ni frenar este movimiento ciudadano. Debido a la enorme presión ciudadana, ningún partido, ningún político, se atrevería hoy en día, salvo casos aberrantes (que los hay, como el senador Ruiz Esquide), a proponer abiertamente que los perros de la calle sean exterminados. La ciudadanía ha dejado en claro que no tolerará que se mate a las mascotas. Y decenas de miles de ciudadanos, en todas y cada una de las manzanas y calles del país, más responsables que todos los alcaldes y funcionarios y autoridades juntas, salen a calle todos los días del año sea a adoptar a los chuchos perdidos para cuidar de ellos en sus casas o alimentar y cuidar a los que no pueden ser absorbidos.

¿Tenencia responsable? Las autoridades tienen mucho que aprender.

[En la foto, funcionarios de la municipalidad de San Joaquín meten a una bolsa de plástico a un perro que acaban de matar por orden de su alcalde, Sergio Echeverría. El alcalde es responsable del sacrificio ilegal de decenas de perros. En ocasiones sus funcionarios han incluso entrado en casas particulares a sustraer perros para su ejecución.]
[Foto viene del blog Cuba Out.]

Tags: /tenencia responsable de mascotas /mascotas /perros /perros perdidos /Sergio Echeverría /viejas locas /refugios familiares /agrupacions franciscanas /piedad /ordenanzas antiperro /senador Ruiz Esquide

text

Grupos de base y causa animalista

En debates recientes en el movimiento animalista ha surgido lo que parece una creciente oposición entre ONGs y organizaciones ciudadanas. La oposición se ha exacerbado ahora porque en la discusión del actual proyecto de ley sobre tenencia responsable y responsabilidad civil que se discute en el Parlamento, la Comisión de Salud del Senado ha invitado persistentemente a funcionarias de ONGs, dejando de lado a los ciudadanos y organizaciones de base. 

No creo que haya mala fe en esta aparente exclusión, al menos no de parte de los senadores. Ciertamente las ONGs son más visibles, más ruidosas, más burocratizadas y más centralizadas que los grupos de base. Incluyen también habitualmente a profesionales. Actúan con relativa rapidez y ocupan rápidamente los espacios de donde se excluye, a veces por mala fe, a veces naturalmente (cuando los grupos de base no se dan a conocer y ni siquiera aparecen), a las bases. También, sociológicamente, están mucho más cerca de los senadores que los grupos de base.

Con ciudadanos y grupos de base me refiero a las innumerables asociaciones de barrios y comunas formadas habitualmente por mujeres que se ocupan de alimentar, cuidar y proteger a los perros de la calle y que también habitualmente gestionan, a lo largo de todo el país, decenas sino cientos de miles de pequeños refugios familiares. En estos refugios, normalmente de entre cinco a diez perros (aunque los hay de veinte y más, hasta de cien o más chuchos), se reúne a perros previamente en situación de calle (sea porque se perdieron o porque fueron abandonados). Los perros son alimentados, provistos de cuidados médico-sanitarios, esterilizados, desparasitados, vacunados, y, sobre todo, considerados y tratados como miembros de una familia humana. Estos refugios, y las madrinas y padrinos que los llevan (incluyendo a las que sólo trabajan con perros de la calle), no reciben ayuda oficial y viven en un permanente estado de zozobra. Los grupos ciudadanos son muy diversos. Algunos sólo de ocupan de esterilizar. Otros sólo aparecen en invierno. Muchos de estos grupos se inspiran en la filosofía de San Francisco de Asís y utilizan su nombre para denominarse. Siempre activos, se desarrollan en una casi total marginación del mundo oficial y manifiestan una declarada desconfianza hacia todo lo que provenga de ese mundo, especialmente de las autoridades y la clase política.
Aparentemente, como consecuencia de la influencia y agitación de las ONGs, los senadores parecen que han decidido proporcionar fondos a las ONGs, sin incluir en su generosidad ni a estos grupos ciudadanos y sin considerar ninguna de sus reivindicaciones más habituales. Quizá piensan que estos grupos ciudadanos van a seguir actuando, cuenten o no con apoyo oficial. Esta es una tremenda verdad. La ausencia de ayuda y de reconocimiento no les ha impedido actuar nunca, y no es probable que ocurra ahora. Estos grupos no se mueven por consideraciones políticas, ni de oportunidad, ni de empleo, ni nada. Son grupos fundamentalmente éticos.

No sé si estos grupos y su papel en el ámbito de la protección de las mascotas –las callejeras y otras- han sido estudiados alguna vez a fondo en todo el país. Pero no me cabe ninguna duda de que sin ellos en Chile tendríamos un macanudo problema con los perros de la calle. Cientos de miles de ellos, quizás millones, no están en la calle porque han sido adoptados por ciudadanos movidos por la piedad. Esta es la mayor fortaleza de estos grupos. Y pueden absorber a todavía más chuchos en situación de calle. Su efecto en sus comunidades no se limita a estas adopciones ni a su socorro de los perros que no pueden ser incorporados en esos refugios familiares. También esterilizan, procuran atención médica y enseñan a otros miembros de sus comunidades en lo que se llama habitualmente tenencia responsable.

Estos ciudadanos están en un permanente enfrentamiento con las autoridades locales, las que no escatiman esfuerzos por hacerles la vida imposible, en lugar de ayudarlos. Abundan los alcaldes que sacrifican ilegalmente a los perros de la calle (como el aborrecido alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría), y abundan las ordenanzas, con amenazas de multas, que prohíben alimentar a los perros de la calle, o construirles casetas para que sobrevivan los rigores de las temporadas frías. Son las autoridades, que se pretenden responsables, pero que matan y maltratan a las mascotas de la calle, las que entorpecen a estos admirables grupos de vecinas. Pero sus necesidades no son reconocidas, ni siquiera mencionadas.

¿Qué podrían los senadores hacer por estos grupos de base –en los que participan no apenas algunos profesionales, sino cientos de miles de personas? Muchas cosas. Por ejemplo, prohibir por ley esas ordenanzas brutas que amenazan con multas y prohíben alimentar o dar cobijo a los perros de la calle. Por ejemplo, destinar fondos para crear clínicas veterinarias de base sin fines de lucro. Por ejemplo, otorgar un subsidio a los refugios familiares. Por ejemplo, facilitar sus acciones cuando organizan campañas de adopción. Por ejemplo, proveerlos de medios para crear y fortalecer sus redes. Muchas cosas más.

Pero muchos sospechan que las ONGs ven la presencia de estos grupos como competidores por los recursos que las autoridades definen como escasos, o hacen escasos, creando innecesarios recelos y conflictos. Más que dinero, los grupos de base necesitan reconocimiento y una mayor integración a nivel municipal. Por esta razón, las organizaciones profesionales ignoran y silencian la labor de los grupos de base. En medio del bosque de funcionarias que compiten entre ellas y que han rodeado a los senadores, es muy difícil que los grupos de base se abran camino para explicar sus necesidades.

Sin embargo, creo que este conflicto puede ser superado con un poco de buena voluntad. Los grupos de base pueden hacer mucho para avanzar en una nueva relación humano-animal. Los refugios familiares pueden absorber a los chuchos perdidos. Pueden educar en sus comunidades. Pueden hacer muchas cosas más, incluso a nivel de la creación de pequeñas empresas asociadas al mundo de las mascotas. Lo que se entiende como el problema con las mascotas no tendrá solución si se ignora a estos grupos.

Pero hay algunas cosas que estos grupos ciudadanos no pueden hacer. Por ejemplo, crear clínicas veterinarias (obviamente sin fines de lucro). Por ejemplo, crear y financiar centros jurídicos para ofrecer asistencia en casos de maltrato animal. Por ejemplo, crear centros de estudio para contribuir con investigaciones profesionales serias a un mejor conocimiento de la realidad de las mascotas en muchos ámbitos (sólo para mencionar algunos temas: la realidad de los perros perdidos, por qué existe el abandono y cómo podemos atacar sus causas y no sólo sus síntomas, la calidad del alimentos comercial para mascotas y su efecto en la salud de nuestros chuchos y meninos, cómo funcionan los refugios familiares y cuántos hay en el país).

Es evidente que los grupos ciudadanos y ONGs pueden colaborar en muchos sentidos. Los refugios familiares en los barrios, los perros que todavía viven en situación de calle, seguirán necesitando cuidados médicos profesionales. En los numerosos litigios por maltrato animal en los municipios esos grupos y ciudadanos animalistas seguirán necesitando ayuda jurídica. Seguirán necesitando asesoría sobre la alimentación de los chuchos. Y seguirán necesitando a profesionales para estudiar la realidad de los chuchos e influir, si posible, en las autoridades municipales –para convencerles, por ejemplo, que prohibir que nuestras queridas viejas locas alimenten a las mascotas en la calle es una demostración de una intolerable inhumanidad. No es lo que la gente entiende por tenencia responsable.

Más por Francisco de Asís que por otra cosa, estos grupos rechazan el sacrificio de mascotas y se puede decir por ello que pertenecen al amplio movimiento Sacrificio Cero. En sus estrategias y planes, las iniciativas profesionales (como el canil de Ñuñoa y organizaciones como EDRA) y los grupos de ciudadanos son reconocidamente aliados: ambos implementan campañas permanentes de adopción como una solución permanente al problema de los perros en situación de calle y rechazan el sacrificio de perros asilados en caniles municipales. Estas dos organizaciones han implementado proyectos de un inmenso valor y en el curso de menos de dos años han logrado dar en adopción a miles de chuchos.

Algunas ONGs rechazan estos proyectos porque creen, pese a las evidencias, que no contribuyen a la solución del problema. Las mismas rechazan igualmente a los grupos de base, porque postulan que la solución sólo puede provenir de gremios profesionales (como los veterinarios). Este tipo de ONG (que son, derechamente, las asociadas a la WSPA o que han adoptado sus puntos de vista) son obviamente enemigas irreconciliables del movimiento animalista de base que acabo de describir, que son ellos mismos ya una gran parte de la solución que andamos buscando todos: las mascotas en situación de calle deben encontrar su camino hacia familias humanas adoptivas.

Pero con la mayoría de las ONGs las diferencias que menciono pueden ser superadas, porque son en gran parte artificiales. Es necesario, y urgente que las ONGs que actúan de buena fe, pero que igualmente hasta el momento han preferido ignorar al movimiento ciudadano, dejen de bloquear su acceso a la Comisión de Salud y les permitan explicar su filosofía, sus necesidades, sus estrategias y sus planes.
[Foto viene del blog El Mundo de Ayer y Hoy.]

Lecturas recomendadas

Pepa García
La verdad sobre la WSPA

Amado de Mérici
Qué hace la WSPA en Chile

[Hay una versión abreviada.]

Claudio Lísperguer
Girardi y la declaración de la WSPA

Tags: /mascotas /perros /Chile /movimiento animalista /ONGs /organizaciones ciudadanas /tenencia responsable de mascotas /responsabilidad civil /Comisión de Salud del Senado /grupos de base /agrupaciones de barrio /refugios familiares /perros callejeros /esterilización /desparasitación /vacunas /viejas locas /San Francisco de Asís /clase política /madrinas /padrinos /piedad /adopciones /matanzas de perros /sacrificio animal ilegal /alcalde de San Joaquín /Sergio Echeverría /ordenanza municipal /clínicas veterinarias /centros de ayuda jurídica

text

Animalistas y bienestaristas

En uno de los foros de la página web del senador Guido Girardi ha estallado recientemente una especie de diálogo de sordos entre animalistas y bienestaristas después de que Pepa García (Teleperra) criticara a Patricia Cocas (ProAnimal) que se presente como animalista al mismo tiempo que representa a la WSPA (Sociedad Mundial para el Bienestar Animal), que es una organización que no sólo propugna el sacrificio de mascotas, sino además fomenta el consumo de carne y rechaza agresivamente el vegetarianismo y veganismo. La WSPA es financiada por  la industria ganadera.

No parece que todos estemos de acuerdo en lo que significa ser animalista. Hay muchos que se definen como animalistas, pero no lo son. El principal principio de los animalistas es la defensa del derecho a la vida de los animales, y no solamente de los animales domésticos o mascotas. Para un animalista, un león tiene el mismo derecho a la vida que un perro. Los bienestaristas luchan porque los animales, tanto las mascotas como los de producción y consumo, sean bien tratados y que no sean sometidos a tratos crueles ni torturas. Por eso a menudo se los encuentra proponiendo nuevos métodos de sacrificio, que dicen que son indoloros, o nuevos modelos para mataderos, o reformas en el tamaño de las jaulas y en las condiciones de transporte hacia el matadero. A diferencia del animalismo, el bienestarismo acepta que los humanos puedan matar animales para su consumo como carne y utilización de partes de su cuerpo. Por esta razón, para muchos el bienestarismo equivale a tratar bien a los animales para que la carne sea más blanda.

La WSPA se ha infiltrado en Chile y busca expandir su influencia cooptando a activistas animalistas y bienestaristas y tratando de penetrar en círculos políticos y legislativos para fortalecer sus intereses, que son los de la industria ganadera. La organización tiene entre sus objetivos explícitos el fomento del consumo de carne e impedir el desarrollo del vegetarianismo. También busca reforzar el poder de los veterinarios, dejando en su poder decisiones sobre la vida o muerte de mascotas, alegando que esta es una decisión técnica antes que moral. Por supuesto, esto no lo dicen  ni explícita ni abiertamente. Pero la investigación de Pepa García, que logró tener acceso a documentos internos e igualmente públicos de la organización, es indesmentible.

La WSPA trabaja activamente en un proyecto de Declaración Universal sobre Bienestar Animal, que quiere que sea adoptado por gobiernos en todo el mundo. Para ello, no escatiman ni recursos ni esfuerzos ni estratagemas, llegando incluso al colmo de difundir informaciones falsas sobre el contenido de la declaración, la que, dicho sea de paso, no se encuentra ni en su propia página web, donde ofrecen solamente una versión incompleta y resumida y siempre cambiante.
En una de sus páginas la organización resume partes de la declaración. La declaración podrá “animar a las industrias que usan animales a mantener el bienestar a la vanguardia”; “crear una actitud global más compasiva hacia el bienestar animal”; “mejoraría la vida de más de mil  millones de personas que dependen de los animales para sus sustentos y de muchas otras que los tienen como compañeros”. El bienestar animal, se lee en el documento, “contribuye a sistemas de producción sostenibles y al mejoramiento de la seguridad en la comida para humanos”. En la página llaman inmediatamente a firmar esa declaración, pero el enlace que entregan te envía a un borrador de la declaración de 2003, en la cual sólo aparecen cuatro puntos (son ocho). En el punto 1 declara que los animales son seres sintientes con derecho a “consideración y respeto”, pero no con derecho a la vida. El punto 2 declara que los veterinarios deben tener un papel esencial en la salud y bienestar de los animales. El punto 4 pide reconocer el trabajo de la World Organization for Animal Health (OIE), que es una organización de veterinarios dedicada a la sanidad animal y a mejorar las condiciones de la explotación animal. En los últimos párrafos se puede leer en la declaración que “el uso humano [trato humanitario] de los animales puede tener importantes beneficios para los humanos”. ¿Tiene alguien alguna duda de que la WSPA no es una organización animalista?
A esto hay que agregar que en esa declaración (cuya primera versión dataría de 1991) la WSPA no menciona para nada el documento previo sobre derechos animales, la Declaración Universal de los Derechos Animales de Naciones Unidas que, aunque no es la Biblia, sí reconoce en su primer punto que “todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Esta declaración data de 1977, catorce años antes que la declaración de la WSPA y que esta no menciona en ninguna parte, como si no existiera.

En lo que se refiere a las mascotas, la WSPA ha tenido históricamente una actitud deleznable. En sus primeros documentos proponía el sacrificio de perros y otras mascotas sanas como método de control demográfico, algo que está prohibido en muchos países del mundo, incluyendo a Chile. En esos documentos se pueden leer cosas como que conviene matar a los cachorros recién nacidos dándoles golpes en la nuca y sugiriendo otros métodos igual de salvajes. Con el tiempo, la organización ha ido cambiando. Ahora dice que respeta las diferencias culturales, lo que, si nos atenemos a su propia declaración y otros documentos, es simplemente falso. Pero, sin embargo, sigue proponiendo cosas como el sacrificio de los perros de la calle. Tan obsesionada está la WSPA con hacerse con poder, que está dispuesta incluso a decir que rechaza el sacrificio de perros si, como en el caso de Chile, eso le permite meter el pie en la puerta. Pero no debemos cometer el error de creerle.

El proyecto de ley actual –sobre tenencia responsable y responsabilidad civil- no gira ciertamente sobre los animales en general, sino particularmente sobre las mascotas y cuando se apropian algunos falsamente de la representación del movimiento animalista el gravísimo resultado es que quita espacio a proyectos valiosos y relevantes sobre qué hacer con los perros de la calle. La WSPA rechaza explícitamente los principios y objetivos del movimiento Sacrificio Cero (No Kill), que se opone el sacrificio de mascotas y propone intensificar las campañas de adopción y la participación ciudadana para su logro. En Chile hay al menos dos o tres experiencias terriblemente positivas que rechazan el sacrificio de animales de la calle y procuran su adopción, rehabilitación e inserción  en la sociedad humana con espectaculares resultados. Una de ellas es la del canil municipal de Ñuñoa, que en el curso de dos años ha logrado encontrar familias adoptivas para cientos de perros. La otra es la del Equipo EDRA, que, entre otras cosas, coordina campañas de adopción para madrinas y padrinos de perros, con un increíble éxito. Estas son experiencias que deben ser conocidas por los senadores antes de tomar una decisión. Los bienestaristas de la WSPA y otros han hecho todo lo posible por ignorar y silenciar estos desarrollos, que ciertamente desmienten sus propios e interesados proyectos. La nefasta influencia de la WSPA se hace notar pues no solamente en el ámbito de la explotación animal, sino también en el terreno de nuestra relación con las mascotas.

Por eso creo que es hora de separar la paja del trigo. Por razones históricas que no vienen a cuento, animalistas y bienestaristas han terminado en el mismo bloque. Pero esto ya no tiene ningún sentido. Bienestaristas y animalistas no tenemos nada en común. Muy al contrario. Los animalistas no debemos aceptar a nadie que represente los intereses de la industria ganadera, que es la principal enemiga de la vida de los animales, ni que acepte otra opción que la defensa irrestricta de las mascotas. Los bienestaristas están al otro lado de la barricada, junto a los ganaderos. No somos primos hermanos. No estamos en el mismo bando. Somos derechamente enemigos.

Las prácticas matonescas de Cocas son ampliamente conocidas. Se rodea de un grupo de matones y matonas que lanzan frecuentemente campañas de intimidación y difamación contra los que opinan de otro modo o los que se atreven a denunciar sus malas artes. Ahora mismo, incluyendo el foro del senador Girardi, asistimos a una de esas campañas, y esas señoras amatonadas recurren a la xenofobia, al insulto, a las amenazas, en una palabra al matonaje, como si fueran armas legítimas de debate.

La Pepa tiene toda la razón. No debemos seguir tolerando los intentos de usurpación ideológica de nuestro movimiento.

Lecturas recomendadas

Pepa García
-Las 5 libertades, las declaraciones y el lenguaje proteccionista

-La verdad sobre la WSPA

-WSPA confirma que son pro sacrificio

-Los pavos y las culturas inventadas

Amado de Mérici
Qué hace la WSPA en Chile

Claudio Lísperguer
Girardi y la declaración de la WSPA

Tags: /animalistas /bienestaristas /Guido Girardi /Pepa García /Patricia Cocas /Claudio Lísperguer /sacrificio animal. /eutanasia /veganismo /WSPA /OIE /canil de Ñuñoa /EDRA /Sacrificio Cero /No Kill /Declaración Universal de los Derechos Animales /DUBA /viejas locas /matonaje /xenofobia /intimidaci´n /derechos animales /consumo de carne

text

Para quién es el diamante

La comisión senatorial que trata el proyecto sobre tenencia responsable de mascotas trató en estos días el tema de otorgar financiamiento a ONGs que formen parte de un misterioso “Consejo”. Esto es derechamente inaceptable. En Chile, enfrentados a unas autoridades hostiles o indiferentes, los que se ocupan de los perros perdidos y abandonados y maltratados han sido y son hoy los ciudadanos. Son estos ciudadanos, esas decenas de miles de personas que llamamos viejas locas o madrinas y padrinos, las que nos sacan las castañas del fuego -las que se ocupan de alimentar, cuidar, proveer de cuidados médicos y acompañar a esos chuchos dejados de la mano de Dios. Ciertamente si hay fondos disponibles, estas son las personas que debiesen recibirlos.
¿De qué serviría que el estado financie a ONGs? De mucho y de poco al mismo tiempo. Más grave es que estas organizaciones están tratando de usurpar la representación ciudadana y algunas funcionarias de ONGs pretenden descaradamente que ellas nos representan. Y la verdad es que no representan a nadie, por la sencilla razón de que nadie las elige. Esas ONGs más parecen clanes de gitanos que otra cosa. Sería francamente un desastre que estas funcionarias recibieran fondos del estado que estarían mejor invertidos en fomentar y apoyar a las organizaciones ciudadanas de base, porque finalmente la solución de lo que llamamos el problema con los perros está en manos de los ciudadanos, a nivel local, y difícilmente en manos de superestructuras ansiosas de poder y congresos internacionales.

No quiero sonar injustamente negativo con las ONGs. Algunas son serias. Otras no. Y muchas son bienestaristas y entre estas hay incluso algunas que representan derechamente a la industria ganadera. Pero no se entiende que los senadores quieran privilegiar a estas organizaciones del ámbito semi-profesional cuando en el país hay literalmente miles de organizaciones rescatistas de barrio que viven en constante zozobra por la falta de recursos y de reconocimiento. Estos grupos de base -presentes en casi todos los barrios o comunas chilenas- usualmente se autodenominan franciscanas (por Francisco de Asís) y se dedican al monitoreo, alimentación, cuidado y adopción de los perros de la calle. Habitualmente todos sus miembros han montado caniles familiares privados en casa. Cualquiera que conozca mínimamente el ambiente animalista, sabe que estos grupos viven en una constante y desesperante búsqueda de recursos. ¿Por qué no otorgar fondos a estas organizaciones de base para esterilizar y montar campañas de adopción y simplemente para ir tirando? Quizá los senadores, alejados de los barrios populares de Chile, desconozcan esta realidad y todavía crean que hay que enviarles ONGs para educarlas en tenencia responsable o cosas similares. Las mujeres en los barrios no necesitan clases de responsabilidad de nadie. Su vida y compromiso de todos los días son un ejemplo. Irrita sobremanera que en las deliberaciones de los senadores ni siquiera son mencionadas, mientras que el minúsculo grupo de ONGs amenazan con apoderarse de todos los fondos.

Comentario sobre una nota en la página web del Senado de Chile.

Tags: /madrinas de perros /ongs /organizaciones de base /padrinos /representación ciudadana /tenencia responsable de mascotas /usurpación /viejas locas /Francisco de Asís /barrios populares /organizaciones rescatistas de barrio /caniles familiares

text

Quiénes son los perros peligrosos

Según los senadores son perros peligrosos los que son definidos así por alguna autoridad. En la Comisión de Salud que discute el proyecto de tenencia responsable de mascotas y responsabilidad civil, los senadores definieron ayer lo que llaman animales potencialmente peligrosos como “todo animal que ha sido calificado como tal por una autoridad competente, según un reglamento”. Esta formulación recuerda peligrosamente la idea de delito que se maneja en Chile, a saber, que es delito lo que las autoridades definen como delito antes que una conducta que afecte a terceros –que es la definición más moderna y corriente internacionalmente. ¿No sería realmente mejor que una definición funcional de perro peligroso se empleara para describir conductas agresivas reiteradas contra humanos u otros animales, y que la condición de peligroso no la describiera una autoridad competente, como dicen los senadores, sino una comisión de personas en el contexto de un litigio? 

Con estas formulaciones se corre el peligro de clasificar abusivamente como peligrosos a perros que no lo son. En el origen de muchos casos de agresión de perros contra humanos se encuentran a menudo conductas agresivas de humanos contra perros. Por ello, en muchos casos, los perros simplemente se defienden o reaccionan frente a una agresión humana. ¿Se definirá a estos perros como peligrosos, con las inevitables consecuencias que algunos malvados ensoberbecidos ya están maquinando?
Hay algunos que quieren dejar la decisión sobre la vida o muerte de un perro definido como agresivo en manos de un juez de policía local. Si los etólogos tienen dificultades paran clasificar a un perro como agresivo, ¿no las tendrán también funcionarios que nade saben ni entienden de conducta animal? En este contexto, es previsible que los perros se lleven la peor parte. Por esto, sería mejor formar una comisión que en estos casos difíciles pueda estar formada por un número impar con personas que defiendan desde un punto de vista ético (vale decir, que los miembros no deben ser necesariamente profesionales) los intereses de la parte agredida y los de los responsables del agresor.

[Hace unos años, los funcionarios de la municipalidad de Viña del Mar querían matar a un perro que se les ocurría a estas autoridades competentes que era peligroso. Se trataba de un enorme gran danés que, en realidad, no tenía nada de agresivo. Alojado en un hogar adoptivo, un día fue atacado a pedradas por un vecino cuando el chucho se encontraba en el patio. Viéndose agredido, el perro saltó la verja y atacó al agresor, es decir, se le lanzó encima, haciéndolo caer. Enseguida, en lugar de morderlo o agredirlo de otro modo, el chucho se marchó. El vecino paria amenazó con matarlo.]

Comentario sobre una nota en la página web del Senado de Chile.

Tags: /Comisión de Salud /tenencia responsable de mascotas /responsabilidad civil /animales potencialmente peligrosos /delito /conductas agresivas reiteradas /comisión ética /conductas agresivas de humanos /perro agresivo /juez de policía local /viña del mar /gran danés /hogar adoptivo

text

Chuchos perdidos o abandonados

En las últimas sesiones de la Comisión de Salud del Senado que debe legislar sobre el proyecto de ley de tenencia de mascotas y responsabilidad civil, finalmente ha empezado a salir humo. Pero muy probablemente se trata del humo de cerebros fundidos, porque las ideas discutidas no son muy coherentes. Lo primero que llama la atención es la definición de perro abandonado que según la comisión “son aquellas mascotas que no tienen la vigilancia de la persona responsable […] o que [deambulan sueltas] sin su identificación”. Pero según proyecciones preliminares, y como ocurre en países como Estados Unidos e Inglaterra, un porcentaje alto, sino la mayoría de los perros en situación de calle, no son canes abandonados sino perdidos. Algunos expertos sospechan lo mismo para el caso chileno. Esto lo saben los senadores tan bien como nosotros. ¿Por qué, pues, etiquetarlos como abandonados?
Dependiendo de si los clasificamos como perdidos o abandonados, la imagen que se forma uno en la mente es muy diferente. Con perro abandonado imaginamos a un chucho arrojado a la calle por un humano irresponsable e insensible. La solución para estos chuchos abandonados es encontrar una nueva familia humana que los adopte.
Cuando nos enteramos de que se trata de perros perdidos, lo primero que se nos viene a la cabeza es que lo más sensible y responsable que se puede hacer es facilitar el reencuentro de los extraviados con sus familias humanas. Según encuestas recientes, más del cincuenta por ciento de los chilenos con perros han perdido alguna vez a un chucho. Hasta hoy, una familia humana que busca a un perro perdido no cuenta con ningún apoyo de las autoridades locales, excepto casos excepcionales. Un centro de información y búsqueda municipal ayudaría enormemente a este reencuentro.

Comentario sobre una nota en la página web del Senado.

Tags: /Comisión de Salud del Senado /proyecto de tenencia de mascotas /responsabilidad civil /mascotas /perros en situación de calle /perros abandonados /perros perdidos /familia humana adoptiva /reencuentro con familias humanas /centro de información y búsqueda